Por Federico Millenaar

Tras dos semanas que estuvieron marcadas por la agenda judicial con la reforma del Consejo de la Magistratura y el intento de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, gran parte del arco opositor alcanzó un inusual consenso en el Congreso para instalar un viejo debate resistido por el oficialismo: la implementación de la boleta única de papel.

Este miércoles por la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió un pedido de sesión especial para el próximo jueves a las 12 para tratar una reforma del sistema electoral. Sin embargo, el dato saliente es que la nota llevaba las firmas de representantes de los principales bloques de la oposición: Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Juan Menuel López (CC), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Encuentro Federal), Alejando “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Emilio Monzó (Encuentro Federal), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), entre otros.

Con el apoyo de todos estos bloques, la iniciativa suma los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum y podría debatirse el tema en el recinto. Si bien la mayoría simple ya está asegurada, ningún proyecto sobre Boleta Única tiene dictamen en comisión, por lo que se necesitarían dos tercios de los votos para aprobar cualquier proyecto “sobre tablas”, algo imposible sin el apoyo del Frente de Todos.Juntos por el Cambio (Telam)

Dentro de la oposición reconocen que el principal objetivo es simplemente presionar al oficialismo. Por un lado, para que -tras dos meses de demora- constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por otro, para forzar un posicionamiento sobre un tema incómodo para el Gobierno.

La agenda de transparencia y calidad institucional ya se venía discutiendo durante los últimos meses entre algunos referentes de la oposición. Según explicaron a Infobae, si bien la reforma del sistema electoral puede no ser prioritaria para gran parte de la sociedad, solo puede debatirse con seriedad en un año par, es decir, sin elecciones.

Las principales espadas legislativas de la oposición reconocieron que no hubo contactos previos con el Frente de Todos para buscar consensos. Sin embargo, recuerdan el antecedente de 2016, cuando Cambiemos logró darle media sanción en Diputados a una reforma que incluía boleta única y voto electrónico. El kirchnerismo votó en contra junto con la izquierda. Luego el proyecto naufragó en el Senado, donde por entonces Miguel Ángel Pichetto comandaba la bancada oficialista.

Miguel Angel Pichetto, al frente del bloque peronista en el Senado

Ahora, entre los más optimistas de Juntos por el Cambio algunos recuerdan que hubo integrantes del Frente de Todos que seis años atrás votaron a favor de la boleta única, como Cecilia Moreau y Carlos Selva.

Hay otro antecedente. El año pasado cuando el Gobierno pidió posponer las PASO debido a la pandemia, la oposición intentó negociar la adopción de la boleta única. Desde la Casa Rosada argumentaron que no había suficiente margen de tiempo para encarar una reforma electoral pero el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se comprometió a analizar el tema en 2022.

Hasta el momento el oficialismo evitó pronunciarse. De hecho, “Wado” de Pedro, se encuentra de gira por Israel y ya era de noche cuando trascendió la noticia.

Wado de Pedro y Máxmio Kirchner

Si la oposición logra darle media sanción a algún proyecto con un mínimo de votos en Diputados, en el Senado el panorama es diferente. Aunque no completamente desalentador. El quórum es de 37 senadores y el oficialismo cuenta con 35 bancas. Pero en este caso puntual probablemente no cuente con dos aliados clave, Alberto Weretilneck y Alejandra Vigo, ya que los rionegrinos y los cordobeses, apoyan la Boleta Única en Diputados.

Con esos dos votos, la oposición ya cuenta con 35 voluntades. “Hay que ver cómo juega la misionera Magdalena Solari Quintana. Será decisivo el rol de los gobernadores”, adelantaron desde Juntos por el Cambio. Sin embargo, el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales y Cristina Kirchner podría usarla para bloquear cualquier iniciativa.

Por lo pronto, según pudo saber Infobae, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, planea formalizar hoy mismo la convocatoria. Hasta el jueves que viene todos los ojos estarán puestos en el bloque oficialista de la Cámara baja.

Fuente: Infobae

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Por Brenda Struminger

Mientras tanto, en el kirchnerismo pasan factura por la falta de acción del Presidente. Dudas sobre el futuro funcionamiento del interbloque

La lectura en la Casa Rosada de la inesperada movida política de Cristina Kirchner en el Senado para quedarse con un lugar adicional en el Consejo de la Magistratura fue modificándose ayer a medida que pasaron las horas. Por la tarde, cuando no se había cumplido un día de la polémica decisión, en el entorno de Alberto Fernández seguían sosteniendo que fue una jugada “inteligente” para imponerse en el órgano vital del sistema judicial, pero también resintieron la falta de consulta y consideraron que la nueva configuración en el Senado podría tensionar aún más al frente oficialista, jaqueado por las internas. En tanto, el pronunciamiento del presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez, en contra de la decisión del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, causó desconcierto en los sectores moderados del Frente de Todos, mientras que el Presidente decidió mantenerse alejado, al menos públicamente, del grave conflicto.

Luego de que el martes por la noche el Frente de Todos en el Senado anunciara que dividía el bloque en dos para dirimir a su favor la disputa para cubrir las vacantes en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, en el Gobierno no descartan que la Vicepresidenta utilice el nuevo bloque para marcar la cancha al albertismo en el Senado de manera organizada. Se basan en los antecedentes más recientes: ya vienen haciéndolo, de manera continua, hace meses.

El principal hito fue la votación en contra del acuerdo con el FMI de los senadores aliados a Cristina Kirchner -de los cuales la mayoría forma parte del nuevo bloque Unidad Ciudadana-, pero el albertismo anota cada una de las sucesivas embestidas de los delfines kirchneristas en el Senado -Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, por nombrar algunos- a través de declaraciones públicas por distintos temas.

“Fue una picardía buena, inteligente”, dijeron ayer, temprano, en Olivos, sobre la jugada que despertó las críticas más duras de parte de la oposición, en especial de Luis Juez, el senador radical por Córdoba que se vería imposibilitado, en este escenario, de asumir su lugar en el Consejo. También juraron que Alberto Fernández ya conocía la decisión de Cristina Kirchner. Pero hacia la tarde un alto funcionario admitió que la jugada no había sido consensuada, sino únicamente notificada. Lo que más molestó en la Casa Rosada fue la selección exclusiva de legisladores del riñón cristinista, que dejó afuera a los representantes del sector “blando”. Sobre todo, resintieron que no se hubiera hecho espacio, desde la Presidencia del Senado, para debatir los nombres de los tres senadores que nombró la Vicepresidenta en el Consejo (Martín Doñate, Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara).La nueva conformación del Consejo de la Magistratura

“Sin dudas esto tensiona. Lo que no sabemos es cómo va a seguir. Pero es una muestra más de que el frente está roto en los hechos”, dijo un senador de diálogo permanente con el Presidente, cuando Cristina Kirchner ya había enviado la nota de designación, como representante de la Cámara alta, de Doñate, dirigente de La Cámpora y que responde directamente a su mando. “A esta altura, ni siquiera se arreglaría con una foto entre Cristina y Alberto. Nadie lo creería”, agregó el legislador que participó junto a otros senadores no kirchneristas de un sinfín de reuniones de emergencia, que tuvieron su correlato en distintos despachos de Diputados, para sopesar lo que acababa de ocurrir.

Mientras tanto, llamativamente, el jefe del Estado se mantuvo ajeno a la disputa. Permaneció durante toda la jornada en la quinta presidencial, excepto por una breve, aunque significativa salida rumbo a José C. Paz. La excusa fue el dictado de una clase en la universidad local, que estaba programada previamente. Pero luego se trasladó a la sede del PJ local, donde lo esperaba el intendente Mario Ishii, cacique bonaerense que hizo de anfitrión en varios actos del Presidente durante los meses previos y posteriores a las elecciones legislativas.

Allí, en un plenario de referentes barriales, mientras los propios en el Senado discutían cómo seguir y cuáles eran las consecuencias en el complejo nuevo escenario legislativo, Alberto Fernández evitó referirse al tema y, en cambio, dio un discurso de claro tinte proselitista. Con un tono entusiasta que no utilizaba hace tiempo, lanzó: “El que diga que el 2023 está perdido, yo le digo: ‘Un carajo que está perdido’”. Los militantes que lo escuchaban entre banderas del PJ y el Movimiento Evita lo apoyaron con una ovación. No casualmente, el primer mandatario estaba acompañado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco, nombrado recientemente para ocuparse del armado y la profundización del vínculo con los intendentes.

El Presidente no emitió una sola palabra en público sobre la apuesta de Cristina Kirchner. Tampoco lo hicieron sus principales colaboradores. El único que se refirió al tema fue su jefe de Gabinete, Juan Manzur, que se limitó a defender la legalidad de la resolución. Después, Alberto Fernández lo recibió en Olivos, pero la charla quedó en reserva.

En este contexto, por la noche, un gesto político de parte del recientemente designado presidente del bloque en Diputados complicó aún más el panorama. Martínez, dirigente santafecino que responde al ex ministro de Defensa y aliado de Alberto Fernández, Agustín Rossi, salió a diferenciarse de la posición del titular de la Cámara baja, Massa, que había aceptado la designación de la radical Roxana Reyes, a contramano de Cristina Kirchner. Pero no quedó claro si el guiño a la Vicepresidenta fue producto de una orden del jefe de Estado, que a lo largo del miércoles mantuvo la distancia del agitado conflicto entre el oficialismo en el Senado, la Corte Suprema, y la oposición.

Cristina Kirchner y Martín Doñate

En el Gobierno lamentan que nuevamente el tema central de la agenda pública sea “algo que no le importa a ningún ciudadano”, como se refirió un colaborador de Alberto Fernández al Consejo de la Magistratura, en el marco de crisis económica, alta inflación y salarios a la baja. Si bien cuestionan a la Corte Suprema y a Juntos por el Cambio, se quejan de que no haya habido lugar para una solución menos confrontativa, para evitar el escándalo.

El kirchnerismo tiene una mirada exactamente opuesta y se sienten ofendidos por los cuestionamientos. Esperaban que Alberto Fernández los defendiera de la aplicación de la nueva ley a través de un DNU que la dejara sin efecto, teniendo en cuenta la delicada situación de la ex presidenta en la Justicia. De hecho propusieron, como dijo el diputado radical K Leopoldo Moreau, que se lleve al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a juicio político. Ayer aseguraron que Cristina Kirchner actuó “en defensa propia”.

No es la primera vez que en el Instituto Patria le pasan factura al primer mandatario por la falta de ímpetu para plantarse en el ámbito judicial. De hecho, ese malestar fue el principal causante de la salida de la ex ministra de Justicia Marcela Losardo del Gabinete, para ser reemplazada por Martín Soria, afín a La Cámpora. En el Gobierno aseguran que una confrontación tan abierta con la Corte crearía una “crisis institucional” que “haría más daño”, mientras dudan sobre la continuidad en el vínculo con el ala dura en el Senado, donde a partir de ayer se agudizó la tensión, a pesar de los persistentes intentos de los interlocutores de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por canales subterráneos y hasta ahora frustrados, para acercar posiciones.

Fuente: Infobae

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Los trece senadores del Frente de Todos que votaron en contra del acuerdo con el FMI difundieron un documento de ocho páginas para explicar los motivos que los llevaron a votar de manera distinta que el resto de los miembros de su bancada política.

“Esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter, de aceptarse, se transformaría en la derrota no solo del pueblo, que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar”, afirmaron en el texto.

En el documento, que fue publicado en redes sociales al finalizar la sesión en la que se aprobó el acuerdo con el FMI con 56 votos a favor, los senadores alertaron como “de difícil cumplimiento” a las metas fijadas en el entendimiento y afirmaron que no permitirían el crecimiento económico.

Algunos de los senadores como Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde o Eugenia Duré publicaron los argumentos en sus redes al finalizar la votación.

En un texto titulado “Crecer para pagar. ¿Es posible con este pacto?”, los legisladores sostienen que su posición “no es espasmódica ni repentina, sino que es el resultado de un proceso, no exento de tensiones y debates, que se vienen desarrollando desde el primer momento en el que comenzaron las negociaciones con el FMI y los resultados a los que se arribó en la negociación de la deuda externa que condiciona al país y la vida de las familias argentinas”. 

Los senadores aseguraron que el préstamo político a Macri “se hizo bajo múltiples irregularidades para la legislación y la institucionalidad de nuestro país y para el propio FMI”.

“Aquí radica, creemos, la cuestión institucional y política más grave de toda la operación. En lo que constituye quizás el hecho más pernicioso de los últimos años para la salud y la calidad institucional de la Argentina, la toma de deuda de Macri fue hecha de forma irregular, informal, y de espaldas al pueblo”, sostuvieron.

Luego de enumerar una serie de irregularidades en la toma del préstamo, aseguraron que “toda la operación de esta deuda fue violando el propio estatuto del Fondo”.

“Cuando la cifra por fuga de capitales alcanzó los 86 mil millones de dólares, el propio FMI debió solicitarle al expresidente Macri que coloque controles de salidas de capitales, cosa que terminó haciendo, dejando el Gobierno con un nuevo “cepo”, el cual habían prometido que no volvería más”, señalaron.

Añadieron que hoy se está “frente a la aprobación de un nuevo pacto con el Fondo, que dada la experiencia de nuestro país, sabemos que no logrará cumplir con el objetivo de ‘crecer para poder pagar'”.

Asimismo, afirmaron que no son “ingenuos” y que “nunca” esperaron que “el FMI se volviera “keynesiano”, ni que dejara de promover planes de ajuste”.

Por eso, agregaron, “más allá de la aprobación de esta renegociación, creemos que el centro del debate político en Argentina es cómo tener un programa de crecimiento económico que supere las recetas fallidas de programas de ajuste y recesión”.

“Tras cuatro años de ‘doctrina de shock’ macrista, dos años de la peor pandemia internacional del último siglo y transitando una guerra que afecta el precio internacional de las materias primas, la economía argentina necesita fuertemente crecer”, subrayaron.

Y agregaron: “Creemos firmemente que las deudas deben ser honradas, y nuestro movimiento político así lo ha demostrado en los hechos pagando deudas que no contrajo, y que fueron contraídas por Gobiernos de signo ideológico opuesto. Pero a pesar de nuestra voluntad de honrar las deudas, también sabemos que ajustar a los sectores de ingresos medios y bajos es por definición contraproducente con los propios objetivos de crecimiento económico que cualquier programa necesita para no fracasar”. 

En otro de sus párrafos, el documento retoma una definición de Máximo Kirchner al afirmar que “los números tienen que ‘cerrar con la gente adentro'”, mientras que al entrar en detalles económicos vaticina que el acuerdo con el FMI provocará una caída del consumo y de la actividad económica, y por lo tanto de la recaudación, al mismo tiempo que tendrá efectos inflacionarios por las exigencias devaluatorias.

“Con estas premisas resulta imposible impulsar el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay industria, ni autoabastecimiento energético, menos aún cambio tecnológico y diversificación exportadora que son las bases reales de un modelo de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza”, plantearon.

“Por todo lo expresado, entendemos que los números tienen que ‘cerrar con la gente adentro’ y, lamentablemente con este pacto, millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos”, concluye el texto.

Fuente: Ambito

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