Bajo los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina extraditaron desde la República del Paraguay a un ciudadano paraguayo sobre quien pesaba un pedido de captura internacional requerido por Interpol, acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad.

La investigación se originó a partir de dos hechos ocurridos en la vivienda familiar. En el primero de ellos, el acusado sometió a una de sus hijas a reiterados abusos que comenzaron en 2015 y se prolongaron hasta 2020, cuando la víctima cumplió 13 años.

Los episodios se perpetraron de manera reiterada y se desarrollaron cada vez que el individuo quedaba bajo cuidado su hija. En ese contexto y con la finalidad de no recibir una denuncia en su contra, el agresor se encargaba se mantener amedrentada a la niña, manifestándole que atacaría físicamente a su madre en caso de que quisiera revelar las acciones por las cuales era coaccionada.

Los abusos no fueron únicamente a esa menor, ya que entre 2017 y 2019 violó a su otra hija, quien por entonces tenía entre 9 y 11 años.

Con el objetivo de conservar la impunidad utilizaba el mismo modus operandi: los sucesos ocurrían cuando quedaba solo en el domicilio con la menor, a la cual también amenazó con lastimar a sus hermanos si es que confesara lo ocurrido.

Tiempo después y una vez iniciada la causa en su contra, se dio a la fuga. Por ese motivo, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Zárate – Campana a cargo de la Dra. Lidia Fabiana Moro, convocó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, ordenando la captura internacional a través de una Notificación de Índice Roja de Interpol.

Consecuentemente, los agentes de la mencionada dependencia desarrollaron amplias tareas de inteligencia y establecieron que el forajido habría escapado rumbo a la República del Paraguay. A sabiendas de ello, se procedió a un fluido intercambio informativo con funcionarios policiales paraguayos, quienes finalmente localizaron y posteriormente materializaron el correspondiente arresto.

Con el aval de las autoridades judiciales de ambos países, una comisión policial perteneciente a la Policía Federal Argentina despegó desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, asumiendo la custodia y efectivizando la detención del imputado en la jornada del último miércoles 3 de diciembre.

El detenido, de nacionalidad paraguaya y 52 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal”.

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El Ministerio de Seguridad Nacional, en un trabajo en conjunto con Interpol, la Policía Federal Argentina y su Dirección General de Cooperación Internacional, llevó un operativo de extradición que permitió el arribo este lunes al país de cuatro ciudadanos paraguayos trasladados desde la ciudad de Asunción.

La acción se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional y contó con el apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las tareas de recepción y traslado.

Los detenidos son:

• Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento. Según una extensa investigación, integrarían la organización liderada por Olga “Tata” Medina, condenada por regentear zonas de venta de droga en Rosario y mantener vínculos con la banda de “Los Monos”.
• Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 por homicidio agravado.
• Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín por homicidio.

Extraditan desde Paraguay a cuatro peligrosos #Narcos y homicidas vinculados al crimen organizado en Argentina.
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El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a la ciudad de Rosario, donde se entregó a Rocha y Ferreyra Leguizamón a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral. Posteriormente, el viaje continuó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Algarín Brítez y Espínola Cañete fueron puestos a disposición de la Policía de la Ciudad y la Comisaría 2° de José C. Paz, respectivamente.

Prensa Ministerio de Seguridad Nacional

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El procedimiento se dio en Ciudad del Este el 4 de diciembre, durante uno de sus frecuentes viajes a la triple frontera con su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos quedaron detenidos bajo sospecha de contrabando de divisas

Según consta en el acta del Ministerio Público fiscal paraguayo, el dinero no fue declarado en la aduana, lo que motivó su detención y la imputación formal. Las autoridades además pusieron en duda la procedencia lícita de los fondos, en medio de una investigación que busca esclarecer si Kueider puede justificar su origen.

Desde Paraguay, Kueider negó cargo alguno, acusó a la Justicia paraguaya de irregularidades y afirmó haber informado la totalidad de los fondos incautados. Alegó además que el dinero no le pertenecía, sino que correspondía a un inversionista vinculado a la empresa de su secretaria, y anunció que presentará videos que probarían anomalías en el operativo.

Trámite judicial y pedido de extradición

Mientras se sustancia la causa en Paraguay, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado requirió el desafuero de Kueider para continuar y cumplir un pedido formal de extradición desde Argentina, en el marco de otra causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El trámite prevé el envío a través de la Cancillería argentina, el paso por Interpol y posible detención si es liberado en Paraguay.

En ese rol, la defensa del exsenador tendría la alternativa de aceptar la extradición, lo que podría cerrar automáticamente la causa local, o resistirse, prolongando así el proceso judicial.

Impacto político: expulsión del Senado argentino

El caso no quedó aislado en Paraguay. En diciembre de 2024, el Senado argentino expulsó a Kueider —quien había sido elegido como senador por el Frente de Todos y luego se sumó a La Libertad Avanza— con 61 votos a favor, en una sesión marcada por tensiones políticas. Aquella decisión no solo cerró su etapa legislativa, sino que alteró el balance de poder al dejar a Javier Milei sin un aliado clave, beneficiando al kirchnerismo con el ingreso de una senadora peronista.

Este caso se inscribe en un bloque de escándalos de corrupción que afectan al oficialismo, y ponen en entredicho el discurso “anticasta” de Milei, tal como advirtió El País: “Argentina está sacudida por dos escándalos de corrupción… Edgardo Kueider… enfrentando acusaciones de contrabando y posibles cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Argentina”.

¿Qué sigue?

FM del Este 100.5

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El trámite, según escribió José Amado para “Análisis Digital”, se encuentra en el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, y los argumentos de la defensa, que lo considera totalmente ajeno a estas empresas delictivas, se plantearán en dos semanas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

De qué lo acusan

Bonelli, hijo de un conocido jugador de rugby del Paraná Rowing Club fallecido, “Coco” Bonelli, trabaja en el campo y su especialidad son los caballos. Hace casi una década, por intermedio de un tercero, consiguió trabajar para un empresario italiano que tiene un equipo de polo en Inglaterra, como petisero. Regresó hace unos años a Chajarí y siguió con su vida. Hasta el pasado 21 de marzo cuando efectivos de la Policía Federal Argentina entraron a su casa y lo detuvieron.

Se hablaba de que estaba fugitivo hacía un año y medio, cuando vivía en Chajarí como un vecino más. Hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizaron su arresto para figurar como justicieros de un “delincuente” internacional.

La cuestión es que el Ministerio Público de Venezuela, en el marco de una investigación compleja por contrabando de petróleo de PDVSA, lo señala a Bonelli como testaferro del principal sospechoso, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, quien lo había contratado para cuidar sus caballos.

Bonelli niega haber jamás firmado un papel, un documento ni constituido alguna empresa en el exterior. En rigor, su vida cotidiana y su patrimonio no parecen tener relación con un delincuente de guante blanco que vendió miles de millones de dólares en hidrocarburos.

No quiere ser extraditado a Venezuela

La extradición aún no se concretó porque mediante su abogada defensora, Mariana Barbitta, viene insistiendo en una serie de planteos que buscan evitar esta medida judicial. Más allá de las cuestiones técnicas de la Ley de Extradición, hay un temor lógico por la situación que se vive en Venezuela, donde las garantías de las personas no están resguardadas. El mismo Ministerio Público que pide a Bonelli es el que solicitó la detención del opositor Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España.

El caso “PDVSA Cripto” y la detención

El caso conocido como “PDVSA Cripto” se trata de una presunta estafa de miles de millones de dólares relacionados con el contrabando de exportación de petróleo venezolano, por parte de una organización liderada por dos empresarios italianos multimillonarios, a través de varias empresas fantasmas. El mecanismo para el robo de hidrocarburos es complejo.

Uno de ellos es Erik Roveta, de 47 años, señalado como líder de la red criminal internacional. Lo acompañaba Alessandro Bazzoni, quien había reemplazado al colombiano Alex Saab (señalado como testaferro de Nicolás Maduro) en la venta ilegal del petróleo venezolano en todo el mundo. Junto a su esposa Siri Evjemo-Nysveen, lideraba PDVSA.

Bazzoni es propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la “alta sociedad”, a la realeza y a magnates europeos, según relatan las crónicas sobre el caso.

A partir de esta actividad, Bazzoni se relacionó con Bonelli en 2015, un joven petisero de Chajarí que cuidaba y entrenaba caballos de polo. A través de un tercero pudo hacer el contacto que le abrió puertas que nunca imaginó: viajó a Europa y trabajó en la elite de este deporte.

El año pasado, el Ministerio Público de Venezuela dictó la orden de captura internacional para una docena de involucrados en la trama de corrupción que investigaban, principalmente a Bazzoni como presunto jefe de la trama criminal y ya se nombraba públicamente a Bonelli. Pero el chajariense nunca se enteró de la alerta roja con su nombre. Por eso se sorprendió en la mañana del 21 de marzo pasado, cuando la Policía Federal Argentina irrumpió en su casa de avenida Belgrano.

Al día siguiente, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich como el mismo vocero presidencial, Manuel Adorni, daban a conocer la noticia y contaban que utilizaban “datos de bases de organismos y sistemas informáticos, incluyendo los de INTERPOL y redes sociales, para dar con el paradero del fugitivo”, quien seguía haciendo su vida y trabajando en el campo, en Chajarí.

Las acusaciones contra Bonelli incluyen “los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación”, y “contrabando agravado”.

Indicaban además que Bonelli figura como propietario y ejecutivo de empresas que “se dedicaban a actividades ilícitas como el trading y la adquisición de buques tanqueros, con el objetivo de robar cargas de petróleo para su posterior venta como si fueran de producción legítima”.

A su vez, lo sindicaban al hombre de Chajarí como el testaferro de Bazzoni. Y las autoridades argentinas ya lo condenaban: “Forma parte de una red de corrupción que involucraría a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el exvicepresidente Tarek El Aissami”.

“No tiene nada que ver, es una persona de campo”

La abogada defensora Mariana Barbitta explicó al programa “Cuestión de Fondo” la situación de Bonelli, los planteos realizados ante la Justicia Federal, los errores del expediente y la inocencia del entrerriano, así como cuestionó el “fusilamiento mediático” que sufrió por parte de autoridades nacionales:

“Advertimos que él había sido detenido a raíz de un pedido de extradición formulado por el Gobierno de Venezuela, en el marco de un expediente que nace en el 2021 aproximadamente, donde lo incorporan a Germán por haber sido quien trabajaba con uno de los imputados de nacionalidad italiana.

La actividad que realizaba Germán con respecto a al ciudadano italiano es totalmente lícita, porque históricamente se dedicó a ser petisero en la vinculación con caballos de polo. Él tuvo hace muchos años una oportunidad de poder viajar, lo contactaron a través de otra persona de Chajarí para que se ocupara de todos los caballos y todo lo que tiene que ver con las carreras de polo. Y por eso él tiene una relación con este señor italiano, que bueno finalmente pareciera, no se sabe todavía, que estaría potencialmente vinculado a alguna situación ilícita entre el gobierno venezolano en relación a la provisión de gas y de petróleo.

Ni bien tomé el caso pedí inmediatamente la libertad y la excarcelación de Germán. La excarcelación fue rechazada, pero sí me hicieron lugar a un arresto domiciliario en razón del interés superior del niño, porque Germán tiene un niño menor de edad que inclusive fue víctima de la detención. Germán nos cuenta que él salió de su domicilio, como siempre porque él vive en Chajarí ya hace un tiempo, todo el mundo conoce a Germán y sabía que donde estaba. Pero él nunca se enteró del pedido de extradición hasta que lo detuvieron por esta medida, a nuestro criterio muy desproporcionada, vinculada a la alerta roja.

En ese contexto, nosotros con el pedido de arresto domiciliario concedido por la jueza federal de Concordia, empezamos a plantear muchos incidentes, uno de los cuales es la nulidad. Nosotros entendemos que se afecta el este pedido de extradición la Ley de extradición. Veíamos, por ejemplo, que había errores, inclusive de tipeo de tipeo, que a nuestro criterio podían ser esenciales, porque en un momento hablan del Estado español. Entonces hay una confusión respecto de Argentina y España, pero más que nada vinculado a la exigencia de esta situación vinculada a la doble persecución. Para que un argentino o argentina sea extraditado, la Justicia Federal de nuestro país tiene que revisar con exactitud cuáles son las normas en juego. No solamente el pedido de extradición que formula el país venezolano con todos los detalles que implica eso, sino también una descripción clara, precisa y circunstanciada respecto a derecho.

Había una posibilidad de que habría confusión respecto a si era un argentino o una persona de otro país y si había relación entre Argentina y Venezuela y Argentina y España. Hay bastantes confusiones en el pedido de extradición e inclusive muy desproporcionado y violento fue el fusilamiento mediático que generó el inicio de esta de este pedido de extradición, porque inclusive la ministra Patricia Bullrich ha publicado determinados tweets dando a entender que era un ciudadano venezolano. Y todo lo contrario, es un ciudadano argentino, un joven con familia, de una ciudad de Entre Ríos.

Germán Bonelli al único que conoce es a Alessandro Bazzoni, que obviamente no lo va a desconocer nunca. Se lo dijo a la jueza y lo va a decir si eventualmente tiene que ir a juicio porque él no puede desconocer esta relación laboral. Inclusive, Germán lo tenía idealizado porque fue el que le dio la llave para poder viajar a otros países, ayudaba a este señor en los eventos de polo inclusive con el príncipe de Inglaterra. Nada que ver ni con criptomonedas ni con ninguna situación que pueda afectar a Germán, ni vinculado con armador o negociador, como en algunos momentos se mencionaba, y porque además no hay nada en la causa, no hay ningún contrato, ninguna firma de parte de Germán que lo pueda vincular con el hecho.

El trámite de extradición no discute si hay absolución, si hay condena, si hay responsabilidad penal o no. Pero sí es cierto que no hay chance de poder evaluar el juicio de extradición si no tenemos las bases claras, y no las tenemos.

De hecho, justamente el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo no menciona el petróleo. Si uno pensara en alguna legislación que podría estar vinculada a la Argentina, no habla de petróleo como uno de esos materiales estratégicos. Entonces no se puede extender legislaciones extranjeras en perjuicio del imputado, todo lo contrario, entonces esto es importante.

Germán no tiene ni idea de petróleo, de nada que tiene que ver con lo empresarial. Él ni siquiera tiene una formación académica. Es una persona de campo, que nació, se crio y ama el campo. Cuando lo vi por primera vez que estaba en situación de detención, en la Unidad Penal de Paraná, me encontré con un joven de bombacha de campo, muy asustado, muy angustiado, no entendía nada de la situación, no podía creer nada de lo que estaba sucediendo.

Hemos hecho algunas presentaciones a raíz de la situación actual que está viviendo Venezuela, donde hay unas denuncias internacionales muy fuertes respecto de la posibilidad de torturas a personas detenidas. Entonces, con ese criterio, nosotros lo que trasladamos a la a la República Argentina, al Juzgado Federal, es la advertencia de tener cuidado respecto a esto”.

Fuente: Análisis Digital – Cuestión de Fondo.

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“Hoy, en el transcurso de la mañana, fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, obviamente, corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público y el Gobierno va a estar atento, porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso”, sostuvo Monsalve en un contacto con la prensa desde el Congreso.

“Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde”, cerró el subsecretario del Interior.

También se refirieron a la detención e inicio de pedido de extradición parlamentarios chilenos.

“Este terrorista tiene que estar preso, cumplir 100% en la cárcel sin ningún beneficio. La Corte de Apelaciones nunca más le tiene que dar a un terrorista alguna salida o beneficio, porque ha atentado contra chilenos de trabajo”, manifestó al canal 24 horas el diputado opositor Miguel Mellado, representante de Renovación Nacional (RN) por La Araucanía.

Por su parte, el diputado independiente por La Araucanía Mauricio Ojeda señaló al mismo medio que “espera” que el proceso de extradición sea rápido para que “Jones Huala pague en Chile el daño causado”.

Además, invitó a que “los magistrados de la corte vean un poco más de noticias y se den cuenta lo que sucede cuando ellos dejan en libertad a sujetos que son tremendamente peligrosos”.

El diputado por La Araucanía Andrés Jouannet, en declaraciones a 24 horas, valoró la detención de Jones Huala y señaló que “es bueno que avancemos deteniendo a este tipo de delincuente, terrorista, que lo único que han hecho es daño, en el Sur de Chile, en La Araucanía, en Argentina y que no representa a nadie”.

Facundo Jones Huala fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte de armas”.

Desde 2018 estuvo preso en la cárcel chilena de Temuco, ubicada a 613 kilómetros de Santiago, y desde entonces se sucedieron diversas protestas para exigir su liberación.

El año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, tras lo cual dispuso su libertad condicional.

Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó nuevamente su detención, la cual no se hizo efectiva debido a que Jones se encontraba prófugo.

En tanto, en Argentina, fuentes oficiales informaron que Jones Huala “se encuentra a disposición del juzgado federal de San Carlos de Bariloche por haber sido detenido por una contravención”.

“La Argentina va a remitir una nota a la Embajada de Chile enviando el oficio judicial y solicitando que considere transformar la circular azul en rojo para que se proceda a la detención preventiva hasta tanto se formalice el pedido de extradición”, remarcaron.

Según información oficial, el arresto de Jones Huala se concretó tras una investigación de varios meses realizada por la fuerza de seguridad rionegrina, que lo encontró “escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza”.

Actualmente Jones Huala presenta una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre su identidad, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

“El Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición”, se informó oficialmente.

Asimismo, se aclaró que “no obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos”.

Sobre el arresto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, indicó: “En Río Negro mantenemos la firme convicción de que no toleramos delitos, ni abusos de armas o agresiones hacia las personas y los bienes”.

En diálogo con Radio Seis, la mandataria rionegrina destacó como “excelente” el trabajo de las fuerzas de seguridad provincial y marcó la importancia de aunar criterios con el Gobierno Nacional y la Justicia para lograr este tipo de resultados.

“Es para destacar la tarea que tuvo el Ministerio de Seguridad nacional con el operativo en Villa Mascardi y también la jueza y la fiscal federal, manteniendo la orden de captura respecto de las personas que están cometiendo estos delitos; de esta manera logramos aunar criterios para tener estos resultados”, apuntó Carreras.

En esa línea, explicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a cargo de Betiana Minor, ya está tramitando todo el procedimiento para que Jones Huala pueda ser extraditado a Chile.

“La etapa de investigación queda en manos de la Justicia, tanto Federal como Provincial”, precisó.

El año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, tras lo cual dispuso su libertad condicional.
Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó nuevamente su detención, la cual no se hizo efectiva debido a que Jones se encontraba prófugo.

Fuente: La Prensa

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