Los reclamos comenzaron luego que los empleados de la oficina de Liquidaciones y Control de Haberes de Gobernación, a cargo del contador Miguel Angel Ulrich, descubrieron que debían cargar un nuevo código que incrementaría el sueldo de solo funcionarios de gobernación. La orden nunca fue acompañada del decreto correspondiente.

El aumento finalmente fue concretado, por medio de ese “secretísimo” decreto,  para evitar que salieran los recibos públicamente y así evitar que se generara un escándalo. Les llegó cual regalo de Reyes, el viernes 7 de enero. Dicen por los mentideros del Ejecutivo, que ni siquiera pusieron “los zapatitos” para no generar sospechas.

El Gobernador, en el mes de enero de este 2022, decidió otorgar a los docentes un aumento del 8,9%, diez veces menos del otorgado a los funcionarios del Ejecutivo. Los propios docentes se han manifestado en contra de la magra recomposición salarial y hasta de la conducción de su gremio que la ha aceptado. De no haber una nueva recomposición que acerque sus salarios a la canasta básica, no comenzarían el ciclo lectivo.

Paralelamente, el sector pasivo, los jubilados, han expresado también su repudio, ya que los aumentos nunca les llega o les llega meses después, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo. Dicen que están cansados de administrar miseria.

Sucede que, ratificado por el presidente de la Caja de Jubilaciones, el contador Edgardo Scarione, para que los pasivos entrerrianos puedan recibir el porcentaje que les corresponde por aumentos a activos, debe recibir el decreto correspondiente. De otra forma, los aumentos demoran hasta meses mientras no se reciba ningun decreto.

Agregado a esto, el propio presidente anunció que la Caja se ha incrementado en un 50%, de 20 mil a 31 mil millones de pesos, y hasta que pude peligar la continuidad del 82% móvil en la provincia.

A raíz de esta situación, algunos particulares que se sienten damnificados y discriminados por esta situación, decidieron presentar pedidos de informe para saber los fundamentos del decreto de Bordet por el cual se repartieron “excedentes”, que significaron un 87% de aumento a funcionarios de gobernación (diez veces más que lo otorgado a los docentes).

Desde Liquidaciones de Gobernación denegaron la información. La respuesta habría sido muy significativa: “hay estrictas órdenes de que el decreto no se publique”. Desde la oficina del contador Ulrich no se desmintió ni el decreto ni el aumento, lo que generó mayor indignación a quienes solicitaron la información, un derecho promocionado y a su vez restringido por el propio gobierno.

Seguramente la información se publicará en el Boletín Oficial en un año o más, pero estatales, docentes y jubilados (más allá que los gremios acuerden) preparan la rebelión. “La situación no da para más”, expresan entre pasillos.

Fuente: El Portal de Ricardo David

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