Esta última semana la Argentina recibió otra mala noticia en los tribunales internacionales. En esta oportunidad el turno en los juzgados neoyorkinos en virtud de la mala praxis cometida por el Gobierno argentino al momento de estatizar la petrolera YPF en el año 2012.

Durante aquellos años kirchneristas el populismo estaba en pleno auge aunque empezando a demostrar algunos signos de agotamiento. El atraso sistemático en las tarifas de servicios, el ingreso al sistema jubilatorio de tres millones de personas sin aportes, la maquinita de hacer billetes abocada a multiplicar los planes sociales y un esquema de gasto público descontrolado que incorporó a la plantilla pública cerca de 1.500.000 empleados ya estaba impactando en la inflación a puntos donde el cepo y el atraso cambiario fueron el comienzo del fin de los primeros 12 años de supremacía K.

En este escenario Cristina Fernández de Kirchner envía al Congreso de la Nación su ley para estatizar YPF, la que se denominó “Ley de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. La misma fue aprobada con el voto no solo del oficialismo sino de buena parte de la oposición que se sintió seducida por un populismo que creyeron inofensivo. En aquella sesión el propio Axel Kicillof explicó cómo todo sería un gran negocio para el país.

En aquel tiempo se pagó por el 51% de la compañía unos 4.000 millones de dólares a través de bonos públicos (los que incluían además otros 4.000 millones de dólares en concepto de intereses). De igual forma se dispararon juicios en el exterior por la mala praxis que ocasionó que muchos de los accionistas se sientan discriminados en virtud de lo que marcaba el estatuto y las disposiciones de la propia empresa.

Este largo juicio está llegando a su fin. Si bien aún nos adentramos en la etapa de apelación y negociación por el pago, todo indica que el país deberá hacer frente a un pago de 16.000 millones de dólares adicionales. Esto equivale a casi toda la pérdida que sufrió el país por la última sequía y a un 50% más de lo que hoy vale toda la compañía petrolera.

El populismo nunca es gratis: tampoco es barato. Esta semana los argentinos hemos perdido algo así como 350 dólares cada uno debido a la mala praxis de una dirigencia política que ha hecho todo lo posible por hundirnos en la más absoluta pobreza.

Escrito por Manuel Adorni

NA – Buenos Aires, Argentina

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El juicio desarrollado en Nueva York sobre la estatización de YPF llegó a una resolución negativa para el Estado, que ahora deberá pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$17.000 millones. Con el resultado adverso, se puso en cuestionamiento el tratamiento que le dio el Congreso a la iniciativa en 2012.

Tras el impulso de Cristina Fernández de Kirchner, la iniciativa contó con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 afirmativos en el Senado. El proyecto se aprobó tras una maratónica sesión en la Cámara baja, el 3 de mayo de ese año se aprobó en ambas cámaras.

Si bien la iniciativa fue aprobada mayoritariamente por legisladores oficialistas, hubo también dirigentes de la oposición acompañaron el documento que entonces el Frente para la Victoria había enviado al Congreso.

Entre los oficialistas que levantaron la mano en aquella oportunidad se encuentran Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas, Héctor Recalde, Rosana Bertone, y hasta Omar Perotti.

Entre los legisladores que votaron afirmativamente hubo muchas voces que hoy critican al kirchnerismo. Entre ellos, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Gerardo Milman, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile o Julio Martínez, entre otros.

En tanto, entre los que votaron negativamente, en cambio, estuvieron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso, entre otros. Los ausentes más notables en esa votación: Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.

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