En el marco del mega-proceso por el caso de los cuadernos de la corrupción, la prolongación indefinida del debate genera alarma en las más altas instancias de la justicia federal argentina. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), junto con el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal (Casación), manifestaron su inquietud ante la estrategia adoptada por el tribunal oral que preside el juicio.

Audiencias vía Zoom y agenda reducida

El debate que reúne a 87 acusados —entre ellos figuras de alto perfil nacional— no se está desarrollando como un juicio presencial clásico, sino que se habilitó para realizarse por plataforma virtual a través de Zoom. Más aún, está previsto que las audiencias sean únicamente una vez por semana. Este formato, según los jueces de Casación —entre ellos los consejeros judiciales Daniel Petrone y Diego Barroetaveña— pone en jaque garantías fundamentales como el derecho a la defensa.

Los magistrados cuestionaron que la virtualidad, combinada con una frecuencia tan baja de audiencias, podría extender el proceso indefinidamente. En particular, se sugirió revisar el cronograma para evitar dilaciones que comprometan el principio de “juicio en plazo razonable”.

¿Una nueva sala para un juicio histórico?

Ante la magnitud del proceso —más de 600 testigos y decenas de imputados—, el Consejo de la Magistratura informó que entre el 10 y 15 de noviembre se activará una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py 2002, en la que podrían concretarse sesiones presenciales. La sala, fruto de una remodelación vinculada al nuevo sistema acusatorio, tiene capacidad para unos 200 asistentes, y está equipada con tecnología para transmisión, video-evidencias y público.

La inauguración de ese espacio subraya el reconocimiento institucional de que este juicio merece un tratamiento distinto al ordinario. En su configuración física evoca grandes debates previos; por ejemplo, en 2013 allí mismo se desarrolló el primer juicio oral y público por el atentado a la AMIA.

Riesgos y críticas al formato adoptado

Entre los hechos que marcaron el inicio del debate se destacan escenas que despertaron sorpresa: en la primera audiencia virtual, un acusado, el empresario Alberto Padoán (de la empresa Vicentin), siguió la sesión “desde su cama”, e incluso con un pote de helado en pantalla. En otro episodio, el exministro Julio De Vido almorzó mientras era captado por la cámara.

Estos incidentes alimentan el debate sobre la presencialidad vs. virtualidad: la virtualidad está permitida, pero según Casación, no puede reemplazar en todos los casos la presencia efectiva de las partes cuando ello afecta derechos clave del proceso.

Próximos pasos y calendario propuesto

Frente a estas circunstancias, los jueces que integran el tribunal a cargo del juicio intentaron adaptar su cronograma: hasta fin de año se mantendrán audiencias una vez por semana, pero a partir del 3 de marzo de 2026 está previsto aumentar la frecuencia a dos veces semanales (martes y jueves). No obstante, desde la CSJN y el Consejo de la Magistratura insisten en que la mejor práctica sería retomar lo antes posible sesiones presenciales diarias.

El desafío ahora es doble: por un lado, asegurar que la complejidad del caso —y su impacto institucional— no dilate injustificadamente el juicio; por otro, preservar los estándares de defensa, publicidad, inmediación y oralidad que constituyen el núcleo de un proceso penal justo.

Este caso, emblemático por escala y trascendencia política, pone en tensión la capacidad del sistema judicial para procesar causas masivas sin sacrificar garantías. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían sentar precedentes sobre cómo abordar juicios complejos en el futuro.

¿Te gustaría que revisemos también qué impacto político o social tendrá este formato de juicio, o explorar qué dicen los defensores de los acusados al respecto?

Fuente: Hernán Cappielo/La Nación

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