La denuncia penal del ingeniero Carlos Cadoppi Frigerio, patrocinado por el abogado Ricardo Luciano, -nuestro entrevistado en esta oportunidad- derivó en la convocatoria judicial de cuatro altos funcionarios provinciales y municipales. Se los acusa de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y omisión de control en torno a la extracción y lavado de arena silícea en Ibicuy y Gualeguaychú, utilizada en el fracking de Vaca Muerta.

Escuchá la nota completa al Dr. Ricardo Luciano en “El Despertador”

La polémica por la extracción de arena silícea en el sur entrerriano —materia prima esencial para el fracking en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta— acaba de ingresar en una etapa decisiva.
El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, resolvió citar a declaración indagatoria a cuatro funcionarios de peso del gobierno provincial y del municipio de Ibicuy, en el marco de la causa caratulada como Cadoppi Frigerio, Carlos Humberto s/ Denuncia penal por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y omisión de control.

La resolución judicial, fechada el 3 de octubre de 2025, —a la que accedió FM del Este— convoca al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; a la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; al secretario de Minería, Ricardo Iturriza; y al ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo, para que comparezcan ante el magistrado y brinden su versión de los hechos.

La medida corona tres años de reclamos, denuncias y presentaciones judiciales impulsadas por el ingeniero Carlos H. Cadoppi, con el patrocinio del abogado Ricardo José Luciano, quienes desde 2022 vienen advirtiendo sobre un esquema de falta de controles, permisos irregulares y violación de sentencias judiciales que ordenaban suspender la actividad arenera hasta la realización de estudios ambientales acumulativos.

El origen: fallos que no se cumplieron

La historia judicial se remonta a mayo de 2022, cuando la jueza Valentina Ramírez Amable ordenó —tras un amparo ambiental— suspender las habilitaciones y renovaciones de canteras y plantas de lavado de arena en Islas del Ibicuy y Gualeguaychú, hasta tanto se completara un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que evaluara los efectos acumulativos de la extracción sobre el ecosistema de humedales.

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El fallo fue ratificado meses después por la Cámara y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que dio 45 días de plazo al entonces gobernador Gustavo Bordet para disponer medidas concretas de control.

Sin embargo, según consta en los expedientes y en las declaraciones del abogado Luciano, las extracciones continuaron e incluso se otorgaron nuevos certificados de aptitud ambiental (CAA), pese a las prohibiciones judiciales vigentes.
“La Secretaría de Ambiente tenía pleno conocimiento de la situación. En los propios expedientes administrativos están las intimaciones, los vencimientos y las actas donde se reconocen las irregularidades”, sostuvo Luciano en diálogo con FM del Este.

Amparos, clausuras y advertencias

A lo largo de 2023 y 2024, Luciano presentó sucesivos amparos y denuncias administrativas que derivaron en clausuras temporarias de algunas areneras y plantas de lavado.
Entre ellas, mencionó a la firma Cristamine, que —según la denuncia— recibió un CAA en 2024 a pesar de que la justicia había ordenado previamente la suspensión de toda actividad hasta realizar el EIA. (Estudio de Impacto Ambiental)

“Es un caso paradigmático de falsedad ideológica: se firmaron certificados de habilitación que contradicen sentencias firmes. Hay pruebas documentales en cada expediente”, afirmó el letrado.

También señaló que los controles sobre el traslado y comercialización de la arena eran prácticamente inexistentes: “Los camiones circulan sin guías o con guías electrónicas autocompletadas, sin sellos, sin trazabilidad ni control cruzado. Las plantas lavan y descargan en lagunas sin tratamiento. Y mientras tanto, el Estado mira para otro lado”.

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La denuncia penal y la causa federal

Ante la falta de respuesta administrativa, en octubre de 2024 Luciano presentó formalmente una denuncia penal en sede provincial.
Tras la excusación de la fiscal local, la causa fue remitida a la órbita federal y recayó en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, donde se acumularon más de mil fojas de documentación: copias de expedientes administrativos, fallos judiciales, actas de inspección y material fotográfico que ilustran el impacto ambiental de la actividad.

El denunciante, Cadoppi Frigerio, sostuvo que los funcionarios habrían omitido sus deberes de control y permitido la continuidad de una actividad irregular que vulnera leyes provinciales y nacionales de protección ambiental.
Entre los delitos imputados figuran incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), falsedad ideológica (art. 293) y omisión de control o inspección (art. 45, en concurso con los anteriores).

La resolución del 3 de octubre de 2025

El documento judicial firmado por el juez Hernán Viri establece que, a partir de las pruebas reunidas, existen “indicios serios y concordantes” de posibles conductas delictivas y ordena la citación a declaración indagatoria de los cuatro funcionarios involucrados.

El acta fija fechas de audiencia para fines de octubre y primeros días de noviembre, y dispone además la notificación formal al Ministerio Público Fiscal y la preservación de la documentación obrante en los expedientes administrativos de Ambiente y Minería.

En los fundamentos, el magistrado subraya la “reiterada omisión de cumplimiento de órdenes judiciales previas”, la “persistencia de habilitaciones otorgadas sin sustento técnico suficiente” y la “falta de auditoría sobre el destino y volumen de arena extraída en las zonas de Ibicuy y Gualeguaychú”.

Un caso que trasciende Entre Ríos

La investigación tiene además derivaciones económicas y políticas de alcance nacional.
La arena silícea entrerriana es considerada estratégica para la industria del fracking en Vaca Muerta, por su calidad y proximidad geográfica.
Según estimaciones citadas por el abogado Luciano, más de cinco millones de toneladas mensuales habrían salido de la provincia durante los últimos años, muchas veces sin trazabilidad ni controles fiscales adecuados.

Desde 2023, varias publicaciones periodísticas advirtieron sobre un “saqueo de recursos naturales”, la venta en negro de arena y posibles maniobras de defraudación por parte de directivos de empresas del sector.

Lo que viene

Con la convocatoria a indagatoria, la causa entra en una fase clave: si el juez considera que las explicaciones de los funcionarios no despejan las sospechas, podría dictar el procesamiento de los imputados y avanzar hacia una instrucción formal con pedidos de prueba complementaria y eventuales pericias ambientales.

Mientras tanto, el abogado Luciano adelantó que solicitará nuevas medidas: inspecciones oculares, relevamiento de impacto hídrico y auditorías sobre los convenios firmados por la provincia con universidades nacionales.

“La justicia federal está empezando a mirar lo que durante años fue una zona liberada. No se trata solo de arena: hablamos de soberanía ambiental, de transparencia y del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano”, concluyó el letrado.

Fuentes:

• Entrevista en FM del Este al abogado Ricardo J. Luciano, patrocinante de Carlos H. Cadoppi (audio en la nota)
• Acta judicial del 3 de octubre de 2025, Juzgado Federal de Gualeguaychú.
• Publicaciones de El Día Online y FM del Este entre 2022 y 2025.
• Fallos judiciales previos (amparos ambientales 2022–2024).

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INCUMPLIMIENTOS CONSTITUCIONALES

Se tiene dicho: “La constitución es un marco de acero para los ciudadanos y uno de goma para quienes nos gobiernan.

La Constitución, se sabe, es la madre de todas las leyes, es la ley de leyes, tiene supremacía sobre toda otra normativa, sea esta una resolución administrativa, ordenanza, decreto, ley, ninguna constitución provincial puede desconocer y/o contradecir la Constitución Nacional.

“Constitución es en lo que consiste un Estado. Desde este punto de vista la constitución es equivalente al Estado: éste no tiene una constitución, sino que es una constitución. La constitución de un estado se integra por segmentos inescindibles del todo, que sólo se distinguen gracias al análisis científico” “El orden constitucional es creado por el poder constituyente y es el que ordena el funcionamiento y las competencias de los poderes públicos, poniéndoles límites en salvaguarda de los derechos de los particulares” – HUMBERTO QUIROGA LAVIÉ –

La constitución de Entre Ríos, reformada en el año 2.008, se incorporaron varios artículos que son fiel reflejo de la constitución nacional, por citar uno el art. 22º, es copia fiel del 41º de la constitución nacional, donde se incorporan los Derechos Ambientales.

Luego de esta introducción voy al tema que me ocupa, el art. 74 establece taxativamente algo que los Gobiernos que se sucedieron desde la reforma del 2008 a la fecha incumplieron:
Constitución de Entre Ríos reforma año 2008 – Art. 74º “El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la Provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social. Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores. El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización de sus acciones”.

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Los diferentes gobiernos provinciales deberían de haber cumplido con esta manda constitucional, no como han hecho hasta ahora realizar un contrato con un privado y ceder clientes y fondos públicos contradiciendo lo que el art. 74º establece taxativamente.

Cientos de miles de clientes cauticos, cientos de miles de cuentas judiciales cuyos fondos no le generan ningún tipo de interés a sus titulares, siendo que la mayoría de las veces esos saldos están depositados sin movimiento ergo a disposición del banco.

Para que nuestros “distraídos” funcionarios cumplan la constitución provincial inicie Acción de Ejecución art. 58 constitución de Entre Ríos para que cumplan con el art. 74º.

AM/57 – “LUCIANO RICARDO JOSE Y OTRO C/SR. GOBERNADOR CDOR. GUSTAVO EDUARDO BORDET S/ACCION DE AMPARO”
INCUMPLIMIENTOS CONSTITUCIONLAES.
Ricardo José Luciano
D.N.I. 13.815.662
Abogado.

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“ARGUMENTOS VACÍOS”

Eso, “Argumentos Vacíos” es lo que contestaron desde Fiscalía de Estado en el amparo "COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE IBICUY C/ CORUFA – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO", (Expediente Nº 14070). Que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº2, a cargo de la Sra. Jueza Susana M. G. REARDEN, Jueza suplente (a cargo del Despacho).

Que obliga a realizar los estudios hidrogeológicos del “Del Delta Aluvial – Formación Isla Talavera”, para saber en qué condiciones se encuentra, algo que se debería haber hecho antes de otorgar permisos irresponsablemente y sin control alguno.

Tan VACIO como es el accionar de nuestros funcionarios públicos en la defensa del Agua en particular, y el Medio Ambiente en general, a saber: Ministerio de La Producción, CORUFA, Secretaría de Ambiente, Hidráulica, Municipios.

Funcionarios que cuando llegan los fallos judiciales salen presurosos a justificar lo injustificable, a justificar sus ineficiencias, sus inacciones, sus incapacidades, aunque les duela las sentencias dicen eso, NADA hacen para proteger el agua y el Medio Ambiente, siempre corriendo de atrás a los acontecimientos que una sociedad preocupada les indica.

El AGUA no es intrascendente en la vida humana, animal y vegetal, es INDISPENSABLE, y por eso la debemos cuidar como el bien más necesario para la vida que es, además de ser sumamente frágil y escasa.

Todo esto que parece obvio para los ciudadanos, pero no se nota que lo sea para los organismos competentes de cuidarla y sus funcionarios responsables, es sin duda una deuda que se tiene con la vida, que parece que a los funcionarios no les interesa, porque si no seguramente lo tendrían en cuenta.

La DEPREDACIÓN que se está produciendo en el sur de nuestra provincia, aunque a algunos no les guste el término de “Ecocidio”, es eso un “Ecocidio”, sé que les molesta porque de mala manera me lo hacen saber, no importa, la verdad no ofende, y la verdad es ésa se está produciendo un “Ecocidio” a la vista de todos, y con la complacencia de nuestra autoridades, que salen de manera FURIBUNDA  a defenderse en los amparos que vengo presentando, si aplicaran esa reacción para defender el Medio Ambiente que distinto sería todo.

Como lo vengo diciendo y reitero, son Inoperantes o Cómplices, no hay duda, alguna que son las dos cosas, la realidad dice eso, pero esa misma realidad los pasa por encima, no se puede esconder debajo de la alfombra tanto DAÑO AMBIENTAL, y se olvidan que hay una sociedad que los mira y controla.

La sentencia seguro se va a apelar, y tengan por seguro que llevare mi queja hasta la Corte Suprema de Justicia de La Nación.

Está en peligro la salud de la población, además de la vida animal y vegetal, ustedes son los responsables, y se tendrán que hacer cargo.

“ARGUMENTOS VACÍOS”

Ricardo José Luciano.

D.N.I. Nº13.85.662

Abogado

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