El presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Casa Rosada para modificar el régimen de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes del máximo tribunal con mayor rapidez, en un contexto donde el oficialismo evalúa acelerar la renovación del cuerpo.

El nuevo instrumento legal, que se publicará de forma inminente en las próximas, modifica de raíz el histórico decreto 222/03 de “autolimitación presidencial” dictado por Néstor Kirchner.

La nueva medida oficial elimina la instancia de impugnaciones y observaciones de la ciudadanía, las ONG y los colegios profesionales ante el Ministerio de Justicia (que disponía de un plazo de 15 días), así como la obligación de publicar la postulación del candidato en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días.

Desde el Gobierno argumentaron ante LA NACION que existía una “duplicación de instancias administrativas” y una innecesaria “opacidad”, defendiendo que estos cambios reducen drásticamente los tiempos del proceso de selección sin suprimir la transparencia, ya que el control ciudadano y el debate de los pliegos se mantienen garantizados en la etapa posterior que se lleva a cabo en el Senado de la Nación.

Los detalles del nuevo esquema y el fin del criterio de género

El decreto rubricado por Milei y Mahiques suprime de forma taxativa las recomendaciones del decreto de Kirchner para que las propuestas de los jueces de la Corte contemplen la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional de los postulantes.

Si bien estas pautas ya habían sido omitidas por la gestión actual al postular previamente al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, el trámite extendido del decreto 222/03 terminó multiplicando los días de desgaste político para el oficialismo debido a la acumulación de impugnaciones contra Lijo, las cuales luego volvieron a repetirse en la Cámara Alta.

Asimismo, la normativa moderniza el sistema de publicación adaptándolo a las tecnologías actuales, incorporando de manera obligatoria la difusión de las postulaciones en la página oficial del Ministerio de Justicia. En cuanto al plano patrimonial de los candidatos, se establece un régimen uniforme de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales:

-Se fija un plazo para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de los concursantes.

-Se otorga un plazo estricto de cinco días para que los postulantes presenten las declaraciones juradas de bienes que contempla la Ley de Ética Pública.

Alerta en el ámbito judicial y la disputa interna por las vacantes

La reforma judicial puso de inmediato en alerta a las ONG dedicadas a la transparencia y la lucha anticorrupción, las cuales aguardan conocer la “letra chica” del texto oficial antes de emitir pronunciamientos institucionales directos. El escenario coincide con una fuerte aceleración de la Casa Rosada para cubrir vacantes de jueces y fiscales en la Justicia Nacional y Federal, habiendo enviado ya más de cien pliegos al Senado, de los cuales 74 ya consiguieron el respectivo acuerdo constitucional y esperan la firma definitiva del Presidente.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia cuenta con solo tres de sus cinco miembros previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Javier Milei ha manifestado su preferencia por esperar hasta después de las elecciones de 2027 para cubrir las dos vacantes remanentes —apostando a un triunfo que le otorgue los dos tercios propios en el Senado—, el ministro Mahiques presiona para activar el debate de inmediato, respaldado en que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques (para renovar en Casación), cosechó 58 votos en la Cámara Alta.

A esta postura se suma el propio Ricardo Lorenzetti, quien se reunió con Milei para sugerir los nombres del camarista Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli. En tanto, otros sectores del sector judicial impulsan la postulación de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti, alimentando las especulaciones de que el nuevo decreto es el puntapié inicial para acelerar de inmediato la renovación de la Corte.

Fuente: Perfil

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La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica de manera profunda la Ley de Inteligencia Nacional, no solo reordenó organismos y competencias: reabrió una discusión sensible en la democracia argentina sobre el equilibrio entre seguridad, secreto y derechos civiles.

Firmado el 31 de diciembre, el DNU declara que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, amplía el alcance de la contrainteligencia y fortalece la centralización del sistema bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Para el Gobierno, se trata de una modernización necesaria frente a amenazas complejas. Para sus críticos, es una reforma de enorme impacto impuesta sin debate parlamentario y con definiciones peligrosamente amplias.

El problema no es solo qué cambia, sino cómo

Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso del DNU para reformar una ley que regula derechos y garantías constitucionales. Legisladores opositores y constitucionalistas advierten que no está acreditada la “necesidad y urgencia” que exige la Constitución, y que el Congreso fue directamente marginado de una discusión clave.

La historia reciente argentina convierte este punto en algo más que una formalidad: la inteligencia estatal ha sido, reiteradamente, un terreno fértil para abusos cuando el control democrático se debilita.

Definiciones amplias, riesgos concretos

El decreto redefine la contrainteligencia como la prevención de acciones de “influencia, injerencia o interferencia” de actores estatales y no estatales. Aunque el texto mantiene la prohibición de hacer inteligencia por razones políticas o sociales, introduce excepciones tan abiertas que dejan el límite sujeto a interpretación del propio sistema de inteligencia.

Ahí aparece la mayor preocupación: qué ocurre cuando la protesta social, la organización comunitaria o la defensa del ambiente son consideradas un “riesgo” o una “amenaza estratégica”.

Ambientalismo bajo alerta

Si bien el DNU no menciona explícitamente a los movimientos ambientales, organizaciones sociales advierten que el nuevo esquema podría facilitar la judicialización y el monitoreo de activistas, algo que no es una hipótesis abstracta. En Argentina existen antecedentes de defensores ambientales imputados por figuras penales amplias tras oponerse a proyectos mineros, extractivos o energéticos.

La combinación de secreto, cooperación obligatoria entre organismos del Estado y ampliación de facultades preventivas genera un escenario que inquieta: asambleas, referentes territoriales o comunidades organizadas podrían quedar bajo observación sin controles claros ni transparencia.

Más poder, menos control

El DNU refuerza la SIDE como órgano rector, crea comunidades de inteligencia e información con participación de numerosos organismos civiles y consolida un sistema altamente centralizado, donde el control parlamentario actúa a posteriori y con capacidades limitadas.

Para organismos de derechos humanos, el riesgo es claro: cuando todo es secreto y preventivo, la frontera entre seguridad y persecución se vuelve difusa.

Una pregunta que queda abierta

El Gobierno defiende la reforma como indispensable para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y los ciberataques. Sin embargo, la discusión de fondo sigue sin resolverse:

¿Puede un sistema de inteligencia más poderoso convivir con el pleno ejercicio de la protesta social y la defensa del ambiente, sin derivar en vigilancia, estigmatización o criminalización?

Esa respuesta, hoy, no la dio el Congreso. Y ese silencio institucional es, justamente, lo que más preocupa.

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Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA, consignó la agencia Noticias Argentinas. 

De esta manera, los decretazos del Gobierno nacional quedaron sin efecto debido a que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados.

AsÍ, entre las derrotas del oficialismo, se encuentra el decreto delegado que apuntaba a la disolución de Vialidad Nacional y, además, disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”, y asegurando que los recursos de Gendarmería Nacional eran suficientes para resolver los controles en el sector. La medida anunciada, en su momento, cosechó un amplio rechazo de familiares víctimas de accidentes fatales, organizaciones y, además, se dio en el marco del creciente rechazo de gobernadores por la falta de obra pública a nivel nacional y el pésimo estado de las rutas nacionales.

Acalorada defensa de Alfredo de Angeli al INTA

Por otra parte, en medio del debate, el jefe del bloque del PRO, Alfredo De Angeli, quien también es productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a “preservar su autarquía”.

SOBRE EL INTA

Quiero ser claro: acompaño muchas de las reformas que necesita la Argentina, pero me opongo a la modificación del INTA. Porque el INTA no es un organismo más: es ciencia, innovación y desarrollo federal. Gracias a sus investigaciones, el campo argentino creció, se… pic.twitter.com/JEyeznNmBa

— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) August 21, 2025

Banco Nacional de Datos Genéticos

En otro orden, el senador Eduardo Wado de Pedro, habló sobre el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado  “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”.

"Van a ajustar a 37 personas" 🗣️

El senador de Unidad Ciudad Eduardo 'Wado' de Pedro destacó que el decreto de Milei contra el Banco Nacional de Datos Genéticos "no tiene que ver con el verso del ajuste, si no con volver a una Argentina de la impunidad". pic.twitter.com/peyCdAaRHq

— El Destape (@eldestapeweb) August 21, 2025

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad, detalló NA.

Fuente: Infonews

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El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 suspendió este jueves la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida.

La decisión de la Justicia

La Justicia suspendió provisionalmente los efectos del DNU “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, al dejar sin efecto la eliminación que había decretado el Gobierno.

En la sentencia, la jueza Mora Fullana declaró la “competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa” y admitió la “viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional”.

También dispuso “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con ATE y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

La reacción desde ATE

“Qué boludos, qué boludos, al decreto se lo meten por el culo”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, desde sus redes sociales.

Más temprano, Aguiar había considerado que la medida del Poder Ejecutivo “inconstitucional” eliminar la jornada no laborable, ya que “está instituido como tantos días de otras ramas”.

QUÉ BOLUDOS, QUÉ BOLUDOS,
AL DECRETO, SE LO METEN EN EL CULO!! pic.twitter.com/nwAkruSted

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 26, 2025

MIRÁ MILEI CÓMO FESTEJAMOS EN ATE!

MAÑANA ES FERIADO CHE!

No te sirvió de nada hacerte el guapo con nosotros!! Igual seguís siendo un garca!! pic.twitter.com/MiKg716log

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 26, 2025

Vocero @madorni, se llevó derecho a marzo! Claramente usted no aprobaría los exámenes de idoneidad!!

En virtud que en algunos organismos estatales hay jefes que están diciendo a aquellos trabajadores que no están afiliados a ATE que tienen que ir a trabajar, debemos decir que… https://t.co/CHjEYZG8Wq

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 27, 2025

UNO Entre Rios

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que los legisladores opositores que votaron “junto al kirchnerismo” el rechazo del DNU que le asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE “eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo“.

“El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!“, expresó Bullrich en redes sociales.

Para la funcionaria, “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos”.

“El rechazo al DNU lo celebran los criminales“, enfatizó la ministra.

Bullrich se quejó además de que la SIDE se encuentra “desmantelada” cuando existen “amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación” y en un país que “sufrió dos atentados”.

La funcionaria cuestionó así a diputados del PRO y otros bloques “dialoguistas” que dieron quórum y aportaron votos para que la iniciativa gubernamental fuera rechazada en el recinto.

En un comunicado, Bullrich calificó además de “inconsciente” al ex presidente Mauricio Macri por no haber respaldado la iniciativa del presidente Javier Milei.

“Lamento la inconsciencia del PRO y de su presidente“, dijo y señaló que el partido amarillo “tomó una decisión que no toma en cuenta los riesgos que trae frente a los peligros y amenazas del financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera, y las actividades narcoterroristas en la ciudad de Rosario y en otros puntos del país”.

“Es absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto”, explicó.

En este sentido, la funcionaria de Milei precisó que esa información “no es abierta” porque “si no los criminales, y los terroristas sabrían que vamos a hacer”.

“Decir que rechazan el DNU por falta de información es de ignorantes“, arremetió.

La ministra sostuvo que desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que preside, están dispuestos “a brindarle información a la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia”.

“Lamentablemente en vez de analizar todo esto, o consultar, tiran abajo el decreto, cuya importancia radica en nutrir de fondos fundamentales para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia”, señaló la funcionaria, ex presidenta del PRO.

El legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que fue uno de los que votó por el rechazo, salió a contestar los dichos de Bullrich y le señaló a la funcionaria que ella “hubiera votado” del mismo modo.

“Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria”, replicó López en redes sociales, y agregó: “Con (Santiago) Caputo, (Sergio) Neiffert y el Gordo Dan no va a colaborar ningún país serio en materia de terrorismo“.

Otro que cruzó a Bullrich fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes, quien tildó de “disparate” el posteo de la funcionaria contra los legisladores que rechazaron el decreto.

“No es así, ministra. Me extraña que alguien con tan pocos caracteres diga semejante cantidad de disparates”, aseguró Manes.

Y agregó: “Son los diputados que votaron en contra del DNU de la SIDE los que están cuidando las prioridades de los argentinos, para reordenar los gastos de un Estado loco que quiere sacarle plata a las universidades para ponerla en una institución —al menos— cuestionada”.

“Las mafias, los narcos y el terrorismo se combaten con un ministerio de seguridad inteligente y capaz. De eso ustedes tendrían que hacerse cargo, ¿no?”, interrogó Manes.

Fuente: Noticias Argentinas

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En lo sustancial, la iniciativa mantiene una configuración de la vía navegable troncal que incorpora los ríos Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, que ha sido un reclamo de la provincia de Entre Ríos.

La incorporación de ese tramo se obtuvo mediante el Decreto 949/20 y se mantiene en el proyecto de DNU en trámite y es esencial no solo para la logística entrerriana, sino también para la Mesopotamia y la región. Allí están alojados los puertos entrerrianos de Ibicuy y Guazú, y es una zona apta para desarrollar otras terminales.

Concretamente, en el proyecto de DNU, y a diferencia del contrato celebrado en 1995, el tramo correspondiente a los ríos Ibicuy, Guazú y Talavera y la salida por el canal Martín García, está incorporado a la vía navegable troncal. Por dicha iniciativa, se faculta a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a efectuar el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

De este modo, Entre Ríos quedará incorporada a la vía navegable troncal de esa vía de navegación.

El proyecto dispone, además, declarar como servicio público a todas las actividades inherentes a la navegabilidad de la vía navegable troncal y demás vías navegables de la República Argentina.

El proyecto especifica que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables queda facultada para efectuar el llamado y adjudicación de la licitación para las tareas de dragado y redragado, mantenimiento y señalización, con relación a otros tramos de la vía navegable no comprendidos en los tramos mencionados.

Por último, el sistema de contratación será por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley Nº 17.520, a riesgo empresario y sin aval del Estado.

Hasta tanto sea adjudicada la concesión, se instruye a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado para que garantice la navegabilidad de la vía navegable troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio en un marco de eficiencia, eficacia, y transparencia.

Prensa Gobierno de entre Ríos

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Por Alan Longy

En estas horas se está terminando de definir la letra fina del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declarará la emergencia ferroviaria nacional, a un mes del choque de trenes en Palermo. Será una herramienta legal fundamental para avanzar con la desarticulación del sistema público de transporte, la reorganización financiera de las empresas estatales y el despido de decenas de empleados. El objetivo es dejarlas en las condiciones que los inversores exigen para la privatización. Las tarifas seguirán pisadas.

El decreto, que aguarda la firma del presidente Javier Milei, define el escenario de emergencia por 2 años con la posibilidad de prorrogarlo por otros 2 años más. “Implica la reorganización del sistema. Es optimizar los recursos de las empresas, tanto económicos como en la dotación de personal, agilizar los procesos administrativos de compras y contrataciones”, adelantó el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

En la Secretaría dicen contar con estudios que avalan el despido masivo de empleados en nombre de la eficiencia. Según los análisis que vocean, hay 8.000 trabajadores que deberían ser echados en los próximos meses en virtud de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades ferroviarias. En Casa Rosada, en tanto, sostienen que Trenes Argentinos “tiene 33.000 empleados y debería funcionar con 3.000”. La principal dificultad que encuentra el Gobierno para avanzar con el plan es la falta de recursos habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar tamaña cantidad de indemnizaciones.

El principal límite para avanzar a toda máquina con el plan es económico y político. La necesidad de mantener un rumbo de desinflación prima a la hora de definir el aumento del pasaje. En Transporte consideran que los valores que pagan hoy los usuarios corresponden al 10% del valor real del pasaje pero señalan que Caputo pisa cualquier nuevo tarifazo. Hoy los viajes oscilan entre los 200 y 320 pesos. 

Además sostienen que las empresas están endeudadas en hasta 100 millones de dólares. El decreto habilitará a Trenes Argentinos a renegociarlas y revisar o suspender contratos con proveedores. 

Desastrozo estado de las vías en el Ferrocarril Gral. Urquiza, Dpto. Federación, Entre Ríos

FFCC Gral. Urquiza. Dpto Federación. Desastrozo estado de la vía pic.twitter.com/yiUoKkWyG9

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) June 12, 2024

En medio del ajuste total a la obra pública, el DNU instruye a todas las firmas públicas del sector a presentar en 15 días una propuesta de medidas indispensables y urgentes que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio. Las empresas deberán priorizar con ese énfasis el esquema de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones de aquí en adelante.

“Prácticamente está terminado el proyecto de decreto. Le estará llegando en la brevedad al Presidente para su firma”, ratificó Moguetta. Aseguran que es inminente la publicación en el boletín oficial. En Rosada entienden que es, junto con la Ley Bases, un paso fundamental para lograr la privatización de las líneas ferroviarias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ya hay firmas privadas interesadas en hacerse de los trenes pero antes el Gobierno deberá dejarlas en las condiciones que los privados exigen: “En la situación en que están los ferrocarriles no hay quien los compre. Hay fondos importantes interesados de distintas nacionalidades con mucha inversión”.

En el proyecto que buscará ser sancionado con modificaciones el miércoles en el Senado se encuentran las empresas Belgrano Cargas y Ferrocarriles Argentinos en el listado a privatizarlas completamente. Esta última opera las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa. 

El 85% de los usuarios de trenes en el AMBA lo hacen en líneas gestionadas por el Estado, el 25% restante está concesionado a privados. En total en 2023 viajaron en tren alrededor de 480 millones de personas. Además de las líneas metropolitanas Trenes Argentinos brinda los servicios de larga distancia a Mar del Plata, Bahía Blanca, Bragado, Rosario, Córdoba, entre otras. 

Fuente: El Destape

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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mostró su “compromiso inclaudicable” con el mandatario nacional, Javier Milei, y con la Argentina, luego de la caída del DNU en la Cámara alta. 

En las últimas horas, Villarruel había recibido críticas producto de un supuesto enfrentamiento con el Presidente, luego que convocara una sesión en el Senado para tratar las medidas propuestas por el economista, ya que desde el oficialismo creían que los votos no les daban para que fuera aprobada. 

“Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un breve video difundido por X. 

A su vez, Villarruel señaló que el Senado “es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina”.

Villarruel aseguró que “no me voy a convertir en Cristina Kirchner”

Otro punto que mencionó sobre la supuesta pelea con Milei, fue en torno a la comparación con Cristina Kirchner, quien mostró sus diferencias con Alberto Fernández en la anterior administración.

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo la vce.

“No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”, finalizó.

Noticias Argentinas

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Hasta la última hora del miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel tenía decidido mantener sin cambios el temario que firmó de cara a la sesión convocada para este jueves y que incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con las reformas económicas establecido por Javier Milei pocos días después de haber asumido al frente de la Casa Rosada, lo cual reabrió las fisuras entre ambos.

La incorporación de esa cuestión, que la oposición reclamaba desde hacía tiempo discutir en el recinto, principalmente los integrantes de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular, sorprendió al Poder Ejecutivo Nacional, que pretendía postergar el debate.

“Yo me enteré cuando se convocó, no sabía nada”, reconoció a Infobae un funcionario cercano a Milei, que está molesto con la decisión que se dio, además, previo a que se les entregue a los gobernadores la nueva versión de la Ley Ómnibus, tal como anticipó este medio.

En el Gobierno, los principales funcionarios y asesores estaban convencidos de que el DNU no tenía que ser tratado hasta tanto el oficialismo no tuviera garantizados los 37 votos afirmativos que necesita para ratificarlo, un número que hoy estaría lejos de conseguir.

Milei ya había cuestionado la decisión de Villarruel de autorizar un aumento salarial para los senadores (AP)

El escenario para La Libertad Avanza se agravó recientemente, a partir de un hecho inesperado y trágico, que fue el fallecimiento de la esposa del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que por este motivo podría ausentarse durante la reunión.

A lo largo del miércoles, hubo algunos intentos para buscar alternativas que permitan frenar la votación del Decreto, ya sea postergando la sesión o quitando esta cuestión del temario, pero no hubo acuerdo.

Finalmente, según confirmaron a este medio distintas fuentes, el encuentro en el recinto se mantenía firme y Villarruel no tenía pensado modificar los puntos que se van a discutir en el mismo, a pesar de las quejas expresadas por el Gobierno.

La Vicepresidenta considera que ya logró detener durante bastante tiempo la discusión del Decreto, pero que tanto la oposición como los aliados del oficialismo en el recinto le reclamaban que dejara de dilatar el asunto y la forzaron a incluirlo en la sesión de este jueves.

Bartolomé Abdala podría ausentarse a la sesión de este jueves por cuestiones personales

Asimismo, en el bloque aseguran que hubo una falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales a la hora de buscar los consensos necesarios en la Cámara alta: “Desde mediados de enero que estamos con esto, ellos no quieren discutirlo hasta no tener los votos, pero no ayudaron a conseguirlos”, señalan.

En este sentido, algunos referentes del oficialismo recuerdan que la semana pasada, por ejemplo, ningún funcionario, “ni de primera ni de segunda línea”, asistió a la comisión bicameral del Congreso para defender el DNU.

En este contexto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que criticó duramente “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, en la previa de la firma conjunta del Pacto de Mayo y del tratamiento de la nueva Ley Ómnibus.

“El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, remarcó el organismo.

Aunque el texto no está dirigido contra nadie en particular, Milei sí se ocupó de agradecerles “a aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”.

“El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”, advirtió la Oficina del Presidente.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Esta situación marcó una nueva fricción entre Milei y Villarruel, luego de que hace tan solo unos días la titular del Senado haya lamentado por lo bajo la forma en la que el mandatario nacional criticó el aumento de sueldo que ella y Martín Menem, su par en la Cámara de Diputados, autorizaron para los legisladores.

En aquella oportunidad, la compañera de fórmula del economista le recriminó que solamente había firmado un incremento salarial similar al que se otorgó en el Poder Ejecutivo para los funcionarios. Sin embargo, el jefe de Estado no se convenció con ese argumento y ordenó cancelar todas las subas.

Aunque desde que asumieron en sus respectivos cargos se generaron algunas tensiones entre ambos, los dos mantienen una conversación fluida. Con menos de tres meses de gestión recorrida, ninguno de ellos quiere que la relación se vea perjudicada.

Fuente: Infobae

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También se refirió la estrategia que desarrollan con otros gobernadores de Juntos por el Cambio.

“Concuerdo mayoritariamente con la orientación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y con muchas de las medidas de la ley enviada al Congreso de la Nación”, subrayó el mandatario entrerriano.

No obstante aclaró que “tengo diferencias con cuestiones puntuales que nuestros legisladores tratarán de modificar, y están vinculadas, por ejemplo, al aumento de los derechos de exportación de nuestras economías regionales, a las que voy a defender a muerte, porque generan riqueza, empleo y el arraigo de la gente en el lugar en el que vive. Eso es fundamental en nuestra visión de gobierno”.

Fue durante la conferencia de prensa que brindó después de la reunión de gabinete. También anunció el envío de proyectos de ley a la legislatura, entre ellas: la ley de transición de gobierno, ley de acceso a la información pública, derogación de las jubilaciones de privilegio, ley de consorcios rurales, ley de ingresos por concurso, y ratificó el decreto que dispone el traspaso a Seguridad de los autos oficiales que no son de uso indispensable.

“Está claro que gran parte del deterioro que sufrimos en la provincia está vinculado con los privilegios de la política”, enfatizó Frigerio.

Respecto de la Caja de Jubilaciones, anunció que enviará un proyecto de Ley “para derogar las jubilaciones de privilegio”. Sostuvo que “no tenemos que tener miedo de debatir los temas de cara a la sociedad”, y recordó: “no le escapo a las responsabilidades. Los entrerrianos me eligieron para transformar la provincia, cambiarla, ponerla de pie; para que vuelva a ocupar el lugar que alguna vez ocupó. Y eso implica también enfrentar los problemas”.

Para eso, es necesario “terminar con todos los privilegios vinculados a la política”, explicó y remarcó que “tenemos una Caja propia, y la vamos a seguir manteniendo, pero esta Caja debe ser sostenible en el tiempo para garantizar el pago de las jubilaciones actuales y las futuras, y para eso se tiene que generar un debate franco, de cara a la gente, no sólo de la política sino también de los representantes de los trabajadores acerca de las reformas que necesitamos llevar adelante”.

También sostuvo que la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio “es el ámbito más importante que tiene la coalición para definir la dirección en la que tenemos que avanzar y las ideas que tenemos que defender”, y agregó: “esas ideas están vinculadas al papel de las provincias en el escenario nacional, a la importancia de la producción y el empleo y a los valores que nos unen”.

“Tenemos una coincidencia prácticamente total respecto del posicionamiento frente al gobierno nacional, los problemas que enfrenta la Argentina, la defensa del federalismo y de la gobernabilidad y el acompañamiento al cambio que la gente cristalizó en las elecciones”, concluyó.

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El Gobierno, a través del procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, apelará la decisión de la Cámara del Trabajo de suspender el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei al hacer lugar a un planteo que había iniciado la CGT. En un comunicado distribuido en la Casa Rosada, se informó que “la Procuración del Tesoro de la Nación apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, y pedirá la incompetencia de ese fuero”.

“El fallo contradice todos los dictados hasta ahora en el país” sobre cuestiones de competencia y DNU. Además, “desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales del país, tanto en la Capital como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”, en referencia al fuero Contencioso Administrativo Federal y, en el caso particular, al juez Esteban Furnari, que atrajo todas las presentaciones contra el DNU.

“El fiscal y un juez del mismo tribunal en minoría sostuvieron lo contrario a la medida cautelar”, precisó el Gobierno.

SUSPENSIÓN

La Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de las reformas en materia laboral incluidas en el DNU 70/2023, al considerar que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso.

El decreto introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical, que la CGT pidió anular. Si bien la vigencia operaba a partir del 30 de diciembre, ahora queda suspendida por la Justicia.

El fallo de la sala integrada por las juezas María González (votó en disidencia) y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera sostuvo que la extensa argumentación del PEN sobre “la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal”.

A la vez, los camaristas remarcaron que el presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.

De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el Gobierno en un área sensible como el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.

PARO CONFIRMADO

Tras conocerse el fallo, la CGT destacó que le “pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores”. También, el integrante del triunvirato Héctor Daer ratificó el paro general convocado para el 24 de enero.

“Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23, como ha solicitado la CGT”, sostuvo la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.
La central obrera explicó que el fallo “justifica su decisión de dictar la medida cautelar en que el DNU introduce importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral no habiendo explicado como las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa para los trabajadores”.

“Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso”, publicó Daer en su cuenta de X.

Fuente: La Prensa

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Los profesionales convocan a Tribunales para hoy a las 13.

Las principales entidades empresarias del sector farmacéutico se concentrarán mañana frente a Tribunales, en Capital Federal, para expresar su rechazo al DNU que desregula la economía.

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina convocaron para las 13 en la sede judicial de la calle Talcahuano bajo la consigna: “En defensa de la salud pública y el futuro de nuestra profesión”.

La Facaf advirtió que ese DNU “pone en riesgo los derechos indelegables de las provincias a organizar sus prestaciones y el poder de policía en cada uno de sus territorios”.

Además, dijo que esa medida oficial generó “una profunda inquietud en el seno de la farmacia argentina, ya que sus postulados ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica y los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo”.

“La esencia misma de la farmacia Argentina, concebida como un centro de salud con dispersión territorial, se ve amenazada por las disposiciones de este decreto, que promueven un modelo probadamente desacertado al intentar desregular la función de la farmacia”, alertó.

Y añadió: “esta pretendida acción que viene a salvaguardar la competitividad, deja abierta la comercialización, como si el  medicamento fuese una mercancía común y entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos”.

El DNU contempla la posibilidad de que las farmacias puedan ser adquiridas o impulsadas por sociedades anónimas, como sucede con empresas como Farmacity. 

Además, permite que un profesional farmacéutico pueda ser director técnico de más de una farmacia, entre otros puntos.

Fuente: Noticias Argentinas

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