La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná otorgó este martes el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA-MTR en la ciudad de Gualeguaychú, procesada por amenazas coactivas, extorsión y usura en relación con el programa social “Potenciar Trabajo”.

En el fallo al que accedió AHORA, la defensa a cargo de Diego Szpigiel argumentó la necesidad de la madre en el hogar para sus hijos menores y cuestionó la valoración del juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri sobre la inexistencia de riesgo para ellos.

Finalmente, la Cámara Federal de Paraná, integrada por Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, revocó la decisión inicial y otorgó la prisión domiciliaria a Izaguirre, considerando el dictamen favorable del Fiscal General, Ricardo Álvarez, y estableciendo condiciones como control electrónico y prohibición de contacto con personas vinculadas a la investigación.

A Izaguirre se le atribuyó que, en el período comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, había pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social “Potenciar Trabajo”.

Estas intimidaciones consistían en obligarlos a abonar un porcentaje dinerario de dichos planes, a entregar sumas de dinero a cambio de la provisión de mercadería remitida por el estado nacional y a vender rifas, debiendo pagar los números no vendidos a su costo.

Además, se amenazaba a los beneficiarios para que realizaran actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas, entre otros, bajo la amenaza de ser dados de baja del plan social en caso de incumplimiento.

Las estimaciones indican un perjudico superior a los 50 millones de pesos.

Argumentos de la defensa y fiscalía

La defensa de Izaguirre presentó varios argumentos principales para solicitar la prisión domiciliaria, como ser: el arraigo, los hijos y el hogar constituido de Izaguirre, señalando que tiene dos hijos adolescentes de 14 y 18 años que necesitan la presencia de su madre para su guía y crecimiento.

La defensa enfatizó que el bienestar de los menores no se limita al aspecto material, sino que también abarca su salud física, mental y emocional. Cuestionaron el análisis del magistrado que consideró que el hijo menor no estaba en estado de vulnerabilidad por vivir con su padre y asistir al colegio, calificándolo de un análisis restrictivo de las necesidades del menor.

Más allá del trabajo de la defensa, el rol del Fiscal General fue crucial y determinante en la resolución del pedido de prisión domiciliaria de Carina Rocío Ester Izaguirre. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dictaminó por la negativa a la solicitud de prisión domiciliaria.

Sin embargo, en la instancia de la apelación ante la Cámara Federal de Paraná, el Fiscal General dictaminó en favor de la concesión del arresto domiciliario. En la audiencia, sostuvo expresamente que solicitaba que se hiciera lugar al recurso, pero solo bajo ciertas condiciones.

El Fiscal General propuso que el acceso a la prisión domiciliaria estuviera condicionado a la implementación de un dispositivo de contralor electrónico y a la prohibición expresa de comunicarse o acercarse a personas beneficiarias del plan social o vinculadas a la investigación en curso.

Además, sugirió que todo esto estuviera sujeto a una verificación periódica de su acatamiento. La Cámara Federal de Paraná, al tomar su decisión, destacó explícitamente lo dictaminado por el fiscal Álvarez.

El inicio de la causa

La investigación se inició a raíz de diferentes acusaciones telefónicas efectuadas ala Línea 134 habilitada por el gobierno de Javier Milei para recibir denuncias vinculadas al proceder de las organizaciones que administran recursos del Estado en materia de asistencia social.

En septiembre de 2024, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Virí, dio el primer paso en esa ciudad y ejecutó 23 allanamientos. El resultado fue el secuestro de celulares y documentación. Estos elementos fueron sometidos a pericias que permitieron que Virí ordene en diciembre pasado el arresto de Izaguirre, dirigente de la organización CubA-MTR en Gualeguaychú.

La investigación determinó que las organizaciones Cuba MTR, Movimiento Evita y UTEP habrían exigido un monto de dinero equivalente a un 10% de lo que les correspondía a cada beneficiario por el cobro del plan creado por el gobierno de Alberto Fernández “Potenciar Trabajo”.

Tras la detención de Izaguirre, el juez le tomó declaración y le denegó la excarcelación, por lo que fue trasladada hasta hoy a la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero”.

Entre otras cosas, al juez le llamó la atención el patrimonio de la dirigente social que, según dijo, se ganaba la vida como repostera. La mujer está registrada como pensionada, pero compró tres vehículos 0km entre 2022 y 2023, además de efectuar la compra de terrenos. Además, demostró que el nivel de vida de ella y su círculo familiar era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos declarados.

Además de Izaguirre, hay otras personas de su círculo íntimos involucradas y bajo investigación.

Fuente: Ahora

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