La Policía Departamental Concordia, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad, Guardia Urbana y Obras Públicas, llevó a cabo un operativo de desalojo en un predio privado ubicado en la intersección de calles Gualeguay y España.

El desalojo se realizó debido a una denuncia presentada por la empresa Gas NEA por el delito de usurpación.

Durante el operativo, se procedió al desarmado de casillas precarias y elementos de cercado perimetral que habían sido instalados en el predio. Según se informó, el predio de cuatro hectáreas había sido tomado, perimetrado, y vendido parcelas a $50.000 cada una.

Personal Policial de Comisaria Cuarta, Comisaría Séptima, Grupo Especial, Sección Cuerpo y Guardia, trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Urbana, camiones de Obras Públicas y la empresa Gas NEA para garantizar que los caños no hayan sufrido inconvenientes.

Fuente: Policía de Concordia

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El Tribunal de Revisión de Mercedes confirmó la orden de desocupación del predio de la Cruz Gil, tras desestimar una impugnación presentada por la defensa. La medida, respaldada por el Ministerio Público Fiscal, se considera urgente por el interés público y debe cumplirse antes del fin de semana, pudiendo utilizarse la fuerza pública si es necesario.  

El Tribunal de Revisión de Mercedes confirmó la orden de desocupación del predio de la Cruz Gil, tras analizar una impugnación presentada por la defensa de seis imputados en un caso de usurpación. La medida debe realizarse antes del fin de semana, con posibilidad de uso de fuerza pública si no se cumple voluntariamente.

El viernes pasado, el Tribunal de Revisión de Mercedes, integrado por los doctores Enrique Eduardo Deniri, Carlos Antonio Martínez y Jorge Alberto Esper, abordó la impugnación contra la medida cautelar dictada por la Juez de Garantías de Mercedes, doctora Benasayag. La defensa, a cargo del abogado Pablo Andrés Fleitas, cuestionó la resolución que ordena la desocupación del Complejo Recreativo-Religioso de la Cruz Gil. Sin embargo, el Tribunal ratificó la necesidad de desocupar el predio, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia.

El fiscal Casarrubia subrayó que la urgencia de la desocupación responde al interés público y al cumplimiento de la Ley N° 6628 sobre utilidad pública. Además, el Fiscal de Estado de la Provincia, doctor Horacio Ortega, destacó la importancia de liberar el área para facilitar la urbanización integral que está siendo gestionada por el Estado Provincial. La defensa argumentó que la urgencia era infundada, citando causas contenciosas pendientes que podrían afectar la posesión del inmueble. No obstante, el Tribunal aclaró que tales circunstancias no influían en la medida cautelar, enfocada en la investigación por presunta usurpación.

La desestimación de la impugnación implica que los imputados deben cumplir la orden de desocupación antes de que finalice el fin de semana. En caso de no hacerlo de manera voluntaria, se prevé la intervención del Ministerio Público Fiscal para llevar a cabo el desalojo con el uso de la fuerza pública.

Fuente: Misiones Online

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La oficial de policía a cargo del operativo desalojo en El Bolsón actuó con firmeza pero convicción.

El pacífico pero firme accionar de la institución provincial en el inmediato desalojo de un intento de usurpación en El Bolsón, Río Negro, fue felicitado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Estamos cambiando el paradigma de la seguridad en la Argentina”, enfatizó en un tuit que distribuyó a través de la red social X, acompañado de un video que muestra la negociación.

Sucedió el sábado en un predio privado de la localidad sita al sur de Bariloche, cuando unas treinta personas fueron interceptadas por personal policial justo en el momento en que ingresaban al terreno privado.

De resultas del operativo, dos de ellas quedaron demoradas y se investiga si fueron las que organizaron la iniciativa.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría 12º de El Bolsón, acompañado por miembros de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de los destacamentos de los parajes Villegas y Mallín Ahogado.

La oficial a cargo

Tuvo la singularidad de que lo encabezó una oficial que cumple funciones en esa dependencia. 

Fue la encargada de advertirles a los usurpadores que serían “demorados” los integrantes del grupo que se negaran a salir.

“Les pido que se retiren del lugar o daré la directiva al personal de proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar”, dijo.

“No tenemos intenciones de agredir, queremos ver el oficio de la Justicia”, respondieron los usurpadores, a lo que ella respondió rápidamente: “No necesitamos un oficio [de un juez]. Yo soy la oficial a cargo y  estamos ante un delito infraganti, podemos actuar sin orden”, reiteró”..

Cuando uno de los usurpadores le transmitió que harían una asamblea para decidir cómo actuarían ante la advertencia policial, lo rechazó.

“Si quieren hacerla será fuera de la propiedad privada. Tengo la persona que está haciendo la denuncia. No necesito ninguna orden, así que les pido que se retiren o le voy a dar la directiva al personal que se encuentra en el lugar para proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar”, continuó implacable.

Sin necesidad de ejercer violencia, la convicción de las fuerzas del orden fue suficiente para desarticular el intento de usurpación. 

Sólo se demoró a dos personas que fueron trasladadas a la unidad policial y se procedió al secuestro de sus teléfonos celulares, para determinar su participación en el intento de usurpación.

Tanto desde la jefatura de la fuerza policial como de la conducción de la Unidad Regional III destacaron el proceder de la oficial a cargo del operativo, como también del personal interviniente, quienes actuaron con celeridad y solvencia para evitar la ocupación del predio.

Noticias Argentinas

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El conflicto se inició a mediados de este año, cuando la administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó un proyecto que incluye el desalojo de emblemáticos comercios y propiedades históricas de la Isla Martín García.

El plan del gobernador causó consternación en gran parte de los bonaerenses, dado que consiste en transformar a la reserva natural en un lugar de descanso exclusivo para los funcionarios de su gestión, acorde a las denuncias de los vecinos de la zona. Por otro lado, los lugareños intimados por la provincia aseguraron que eran intimidados y hasta amenazados por representantes de la gestión Kicillof.

En efecto, la propietaria de uno de los comercios más emblemáticos de la Isla Martín García, la panadería Rocío, aseguró a REALPOLITIK que “después de amenazas y hostigamientos de los funcionarios, nos exigieron a entregar la panadería en quince días, incluyendo los utensilios que incorporamos con esfuerzo a lo largo de treinta años”.

En las últimas horas, la Justicia acertó un duro golpe para las intenciones de Kicillof y de sus funcionarios Diego Simonetta, director de Gestión Integral de Islas Martín García, y Eugenio Liggesmeyer, director provincial de Islas. A través de una resolución, se aceptó el amparo judicial impuesto por los propietarios, quienes durante estas horas ya comenzaron a volver a sus rutinas habituales.

La propietaria de la panadería Rocío, en comunicación con REALPOLITIK, aseguró: “Ya pudimos abrir. No por llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia, sino por una medida cautelar que salió a nuestro favor. Esto implica que podemos abrir y trabajar como siempre hasta que haya una resolución definitiva”.

(www.REALPOLITIK.com.ar) 

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