La ciudad de San Francisco presentó una demanda sin precedentes contra Coca-Cola, Nestlé, Kraft Heinz, PepsiCo y otras multinacionales, acusándolas de promover y comercializar alimentos ultraprocesados que afectan gravemente la salud pública.

La acción judicial apunta directamente contra la industria de los alimentos ultraprocesados, señalando su responsabilidad en el aumento de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

Los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas, que contienen poco o ningún alimento entero. Suelen incluir colorantes, saborizantes y conservantes, siendo ricos en azúcares, grasas y sodio, pero bajos en valor nutricional. Diseñados para ser hiperpalatables, listos para consumir y duraderos, su alto consumo se asocia con enfermedades crónicas.

La expansión de la industria de los alimentos ultraprocesados ha tenido consecuencias directas en los hábitos alimentarios y la salud de la población.

Leé también: “Estamos eligiendo la muerte sobre la vida”: explosiva denuncia de la nueva Directora de Salud Pública de EE.UU.

Impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud pública

La industria de los alimentos ultraprocesados no pueden considerarse comida saludable. Aunque se vendan como prácticos o accesibles, son productos industriales formulados para maximizar el consumo, no para nutrir.

Productos ultraprocesados y salud

• Exceso de azúcares, sodio y grasas de baja calidad
• Uso de aditivos artificiales
• Pérdida casi total del alimento original

Diversos estudios vinculan el consumo habitual de comida ultraprocesada con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Efectos del consumo habitual de alimentos ultraprocesados:

• Mayor riesgo de obesidad
• Diabetes tipo 2
• Enfermedades cardiovasculares
• Trastornos metabólicos
• Inflamación crónica

Marketing engañoso y ultraprocesados

La demanda también denuncia el marketing agresivo de estos alimentos, especialmente dirigido a niños y adolescentes.

Durante años, estas empresas presentaron productos ultraprocesados como parte de una dieta equilibrada, ocultando sus efectos reales.

San Francisco sostiene que la industria de los productos ultraprocesados conocía los daños asociados a su consumo y aun así los promovió masivamente.

Ultraprocesados y salud pública

El impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud pública no es solo individual. Los sistemas sanitarios absorben los costos derivados de enfermedades asociadas al consumo prolongado de estos productos.

Por eso, esta demanda contra los alimentos ultraprocesados busca también una compensación económica y un cambio en las reglas de comercialización.

Un precedente clave contra la comida ultraprocesada

Así como ocurrió con el tabaco, esta acción legal podría sentar un precedente global contra la comida ultraprocesada, abriendo la puerta a regulaciones más estrictas y a nuevas demandas en otros países.

Celebrar esta denuncia es reconocer una verdad incómoda:
👉 los alimentos ultraprocesados no son alimentos sanos.

Conclusión

La demanda de San Francisco marca un punto de inflexión en el debate sobre los alimentos ultraprocesados y la salud. No se trata de una moda ni de una exageración, sino de una discusión urgente sobre qué comemos y quién se beneficia.

FM del Este 100.5

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Denuncia Pública en Chajarí: ¿Intento Político de Apropiación del Aeroclub?

Una reciente entrevista con Marcelo Brignardello (periodista de La Fusta Digital) en el programa “El Despertador” (FM del Este 100.5) expuso una grave denuncia pública sobre lo que podría ser un intento político concertado para desfinanciar y apropiarse del Aeroclub Chajarí, una de las instituciones más antiguas y con mayor patrimonio inmobiliario de la ciudad.

Brignardello, en su relato, describe una supuesta “manera de operar” que —según él— se habría replicado en otras instituciones locales, con fines políticos y económicos.

El Caso del Aeroclub y la Demanda Millonaria

El eje central de la denuncia gira en torno a una demanda laboral millonaria interpuesta contra el Aeroclub. Según Brignardello, el reclamo busca obtener “arriba de 200 mil dólares, más honorarios”, lo que equivaldría a unos 500 millones de pesos actuales.

El demandante, de apellido Tavella, fue durante 17 años tesorero y miembro de la comisión directiva del Aeroclub. Brignardello sostiene que la demanda “carece de fundamento”, ya que los estatutos institucionales establecen que los cargos directivos se ejercen ad honorem, es decir, sin remuneración alguna.

El denunciante también asegura que la acción judicial estaría financiada por socios expulsados y/o sancionados del Aeroclub. A uno de ellos lo Identifica con nombre y apellido: Bartolomé Aguiñagalde, y que el trasfondo de la maniobra sería “el despecho y la revancha personal”. En sus palabras, comparó el conflicto con la historia bíblica de Caín y Abel, afirmando que “buscan destruir la institución”.

El “Modo Operativo” y los Nombres Involucrados

Brignardello vincula el conflicto actual con una estrategia política empresarial de vieja data, que —según afirma— comenzó entre 2003 y 2005 con un supuesto plan de expropiación encubierta del predio del Aeroclub.

El esquema, detalla, buscaba expropiar un terreno (otro) para construir un nuevo aeródromo, sin conocimiento de la institución, y luego quedarse con el predio original del Aeroclub, considerado de altísimo valor inmobiliario.

Durante ese período, se habría aprobado una ordenanza municipal (N°239) que solicitaba la expropiación, la cual fue ratificada en 2005 por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
El objetivo final —según Brignardello— era desarrollar un barrio privado en el actual terreno del Aeroclub, utilizando como argumento la construcción de una nueva terminal de ómnibus y un polo educativo.

En su exposición, el denunciante menciona a figuras políticas locales y provinciales presuntamente vinculadas con esa maniobra:

• Juan Javier García, exintendente de Chajarí.
• Pedro Galimberti, entonces concejal y socio político de García.
• Horacio Garay, exconcejal.
• Orlando Engelman, expresidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
• Graciela Zambón, exsenadora departamental.
• Jorge Franzoy exconcejal y ex integrante de ACAR
• entre otros

Un Patrón que se Repite: Otras Instituciones Afectadas

Según Brignardello, el intento de desfinanciamiento del Aeroclub no sería un hecho aislado, sino parte de un “modo operativo” replicado en otras entidades sociales de Chajarí.

Cita como ejemplo el caso del Club Primero de Mayo, que habría enfrentado una demanda laboral realizada por Liliana Lorenzatto , liderada por un grupo vinculado a Marcelo Zarza, (ex candidato a intendente de Chajarí, por la línea de su padrino político, Juan Javier García) la cual terminó con un fallo adverso y pérdidas millonarias que afectaron a la institución demandada.

Impacto Comunitario

El entrevistado advierte que la posible destrucción o debilitamiento del Aeroclub afectaría a toda la comunidad, ya que se trata de una institución histórica, formativa y socialmente valiosa para la región.
“Cada institución que se pierde es una hermana nuestra que muere”, concluyó.

FM del Este 100.5

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Según la demanda, las afirmaciones de marketing de Pfizer sobre la eficacia, la duración de la protección y la capacidad de su vacuna COVID-19 para prevenir la transmisión violaron la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas .

La demanda también alega que Pfizer citó estadísticas engañosas, ocultó datos negativos y realizó declaraciones sin fundamento sobre la eficacia contra variantes como Delta. “Buscamos justicia para el pueblo de Texas, muchos de los cuales fueron obligados por mandatos tiránicos de vacunas a aceptar un producto defectuoso vendido con mentiras”, dijo Paxton en un comunicado de prensa . “Los hechos son claros. Pfizer no dijo la verdad sobre sus vacunas COVID-19”.

Cuando el fracaso de su producto se hizo evidente, “Pfizer pasó a silenciar a quienes decían la verdad”.

La demanda cita quejas hechas por el ex funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), Scott Gottlieb, en X (anteriormente Twitter) sobre los escépticos de las vacunas.

Paxton solicita más de 10 millones de dólares en sanciones civiles, además de medidas cautelares que impidan a Pfizer hacer afirmaciones sobre la eficacia de la vacuna similares a las impugnadas en la demanda.

«Hasta ahora, Pfizer ha eludido la responsabilidad sobre los posibles problemas de salud como la miocarditis , gracias a las amplias protecciones de responsabilidad otorgadas a las compañías farmacéuticas» por la Ley PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness), escribió The Federalist ”.

La mayor esperanza es que la información contenida en la demanda de Texas impulse al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. o al Fiscal General de EE.UU. “a iniciar finalmente una acción coercitiva contra los fabricantes de vacunas por no haber sido completamente sinceros con la FDA sobre la seguridad y eficacia de las vacunas”.

El marketing de Pfizer «no se parecía en nada a la realidad»

La demanda alega que la afirmación de Pfizer de que su vacuna tenía una eficacia del 95% contra la infección fue «altamente engañosa desde el primer día» porque representaba sólo la » reducción relativa del riesgo » en lugar de la «reducción absoluta del riesgo».

En su cálculo de la reducción del riesgo relativo, Pfizer comparó solo los pequeños subconjuntos de los grupos de vacuna y placebo que desarrollaron sistemas COVID-19 durante el ensayo (8 versus 162 personas, respectivamente) en lugar de considerar toda la cohorte de casi 35.000 participantes del ensayo, según a la petición.

«Según los propios datos de Pfizer, prevenir un caso de COVID-19 requirió vacunar a 119» personas, afirma la petición, «pero la avalancha de representaciones públicas de Pfizer no se parecía en nada a la realidad».

La petición describe tres áreas principales de engaño relacionadas con la representación “95% efectiva”:

1. La FDA sólo tenía dos meses de datos de Pfizer antes de autorizar la vacuna, afirmando que “’no era posible’ saber qué tan efectiva permanecería la vacuna más allá” de ese tiempo.
2. Cuando la FDA le dijo a Pizer que necesitaba información adicional para determinar si la vacuna protegía contra la transmisión, Pfizer emprendió una “campaña de alarmismo, explotando los intensos temores del público al insinuar que la vacunación era necesaria… para proteger a sus seres queridos de contraer COVID-19. «
3. Pfizer hizo afirmaciones falsas y sin fundamento sobre la eficacia de la vacuna contra variantes, específicamente la variante Delta, cuando sus propios datos demostraban lo contrario.

La denuncia también afirma que a finales de 2021, “un mayor porcentaje de personas vacunadas contrajeron e incluso murieron a causa de COVID-19 que las no vacunadas”.

Como resultado de la conducta engañosa de Pfizer, alega la demanda, el fabricante de vacunas pudo vender cientos de millones de dosis al gobierno de Estados Unidos “y su vacuna penetró rápidamente en el mercado a través de una adopción pública generalizada”.

La Dra. Naomi Wolf, cuya organización Daily Clout ha realizado análisis detallados de los documentos de Pfizer , le dijo a Steve Bannon que los propios documentos de Pfizer muestran que sabían, “dentro de los dos meses posteriores a su lanzamiento, que la vacuna no funcionaba…

La campaña de censura e intimidación de Pfizer

Cuando se hizo evidente que su vacuna estaba fallando, Pfizer respondió “intimidando a quienes difunden la verdad y conspirando para censurar a los críticos de la vacuna ” coaccionando a las plataformas de redes sociales para que los silenciaran, alega la demanda.

La autorización de la FDA , según la petición, “no le dio a Pfizer un cheque en blanco para difundir seriamente tergiversaciones… para enriquecerse a expensas de un público asustado”.

Gottlieb, quien dirigió el comité regulatorio y de cumplimiento de Pfizer, se comunicó más de una vez con Twitter por «violaciones percibidas de la política de Twitter», afirma la demanda. En un caso, Gottlieb habló de los tuits del periodista Alex Berenson , donde afirmaba que la vacuna no detenía la infección ni la transmisión y tenía una ventana de eficacia limitada.

«Estas eran declaraciones indiscutiblemente verdaderas basadas en el registro científico de ese momento, incluidos datos de los propios estudios de Pfizer, así como los propios hallazgos de la FDA», según la demanda.

En múltiples ocasiones, Pfizer empleó métodos “con la intención de provocar y, en última instancia, provocar censura en las plataformas de redes sociales sobre contenido adverso a las ventas o el consumo de su vacuna”, incluso a través de un grupo fachada llamado “ Proyectos de Bien Público ”, alega la demanda.

La petición también critica al director ejecutivo de Pfizer, Alfred Bourla , por decir el 9 de noviembre de 2021 que las personas que difunden la llamada “información errónea” sobre las vacunas eran “criminales” que “literalmente han costado millones de vidas”.

El mismo día, Pfizer publicó el reclamo de “desinformación” en su cuenta de Twitter, según la demanda:

Segunda demanda de Texas contra Pfizer en menos de dos semanas

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Texas demanda a Pfizer. El 20 de noviembre, Paxton reveló una demanda contra el fabricante de vacunas y su fabricante de medicamentos , Tris Pharma, alegando que las compañías vendían medicamentos a niños a pesar de que sabían que el medicamento era ineficaz y potencialmente peligroso.

La demanda , presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Harrison, alega que Pfizer, a sabiendas, distribuyó un medicamento utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a niños con Medicaid, a pesar del patrón de que el medicamento no pasó las pruebas de control de calidad.

El fármaco, Quillivant XR , es un estimulante que afecta las sustancias químicas del cerebro y los nervios implicadas en la hiperactividad y el control de los impulsos.

De 2012 a 2018, “Pfizer y Tris manipularon continuamente las pruebas Quillivant para ocultar prácticas de fabricación deficientes y defraudar al programa Medicaid de Texas”, según un comunicado de prensa .

Durante esos años, muchas familias se quejaron de que la medicación no surtía efecto. Según la denuncia: “En ningún momento los demandados advirtieron a los proveedores o tomadores de decisiones de Medicaid de Texas que Quillivant conocía problemas de fabricación que afectaban su eficacia, privando así al programa Medicaid de la información crucial en la que se basa. … Como resultado, miles de niños de Texas recibieron una Sustancia Peligrosa Controlada de Lista II adulterada”.

(Con información de John-Michael Dumais)

Fuente: Adelanteespana.com

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El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ayer firmó la demanda contra el Gobierno nacional por la aplicación del  programa “Compre sin IVA” y la eliminación del impuesto a las Ganancias. Se espera que a esta medida se sume el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y el resto de los mandatarios electos, luego del 10 de diciembre 

La presentación se realizó contra el Gobierno nacional ante la Corte Suprema por el fuerte recorte que sufrió la provincia en los recursos coparticipables desde que se instrumentó el programa “Compre sin IVA” y la eliminación del impuesto a las Ganancias, según habían adelantado.

“Corrientes demandó a la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el decreto N°473/2023 como la ley N°27.725, que redujeron la alícuota del Impuesto a las Ganancias que percibimos”, afirmó Valdés en sus redes sociales.

Además, indicó: “solicitamos la inconstitucionalidad de las normas y presentamos una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos”.

Según el mandatario, “la normativa  afecta a Corrientes en $15 mil millones este y el próximo mes,  con una proyección de más de $100 mil millones para 2024”.

Se espera que a esta medida se sume el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Luego se sumarán los siete mandatarios restantes, cuando asuman sus funciones el 10 de diciembre próximo.

En este marco, ayer el Fiscal de Estado, Horacio Ortega en diálogo con la prensa ratificó la demanda firmada por Valdés y explicó que la misma “tiende a declarar la inconstitucionalidad de las normas” y que esperan que “la Corte se expida en una medida cautelar donde solicitamos que, ante esta retracción de recursos de las ganancias de la Nación, para que el Gobierno se haga cargo de lo que no le va a ingresar a la provincia”.

En lo que respecta a la masa coparticipable destacó que “esta afecta en sumas importantísimas para terminar el año en los últimos meses, en un monto equivalente a $15 mil millones y con lo que refiere al 2024, la ley establece la misma proyección y vemos una merma a los 100 mil millones de pesos”.

De esta forma, la Provincia busca que las normas sean consideradas inconstitucionalmente para que “se mantenga la masa coparticipable” para “que la Provincia no sufra daños ya que Corrientes tiene obligaciones donde ya cuenta con números para la definición del fin de año y el que viene”. “y con estas dos normas complica a la Provincia no solo en la cuestión fiscal sino en todos los órdenes provinciales”.

Balotaje

De cara al balotaje presidencial del domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, Valdés aseguró ayer que no vio el debate y que asistió al partido de Mandiyu . “Si a los políticos se les conoce no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Eso es para que la gente tome su decisión. Pero yo estoy convencido y se lo que hay que hacer y fundamentalmente que es lo que tenemos que hacer en Corrientes”, señaló 

“Yo no me tengo que convencer, después miró por tik tok lo más importante”, remarcó.

Consultado sobre si va a votar a Javier Milei, Valdés dijo “yo voy a votar por el cambio”. “Sergio Masa dice que va a cambiar, espero que cambie. Si cambia es porque se da cuenta de sus errores”, agregó después.

Respecto a la coalición de Juntos por el Cambio Valdés afirmó que los diez gobernadores de este espacio estarán unidos en representación de sus territorios. “Ya hicimos un comunicado al respecto y vamos a tener poder territorial y poder en la cámara legislativa nacional”, anunció.

En esa línea destacó la importancia de la unidad en el ámbito político para lograr objetivos comunes y asegurar una representación efectiva en el ámbito legislativo. 

Fuente: El Litoral de Corrientes

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Julio César Lescano, de 25 años, fue asesinado el 20 de enero de 2017 en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Su homicidio ocurrió en un lugar que, al menos en teoría, debería ser seguro para los reclusos: la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. El autor del crimen fue Cristian Ibarra, quien admitió el hecho en un juicio abreviado donde aceptó purgar una pena de 12 años y seis meses de cárcel. La historia de este crimen no terminó allí, ya que que la familia de la víctima interpuso una demanda contra el Estado provincial por la suma de $11 millones por haber incumplido su deber de seguridad y custodia.

La demanda comenzó a tramitarse en el juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, a cargo de Fabián Morahan. El 3 de septiembre de 2019, el magistrado hizo lugar parcialmente al reclamo y ordenó al Estado a pagar una suma total de $2.566.883, a repartirse entre la madre del joven y la viuda, en representación de sus dos hijos. En rigor, el magistrado estableció que la madre del joven reciba una parte por los rubros de daño moral, gastos funerarios y tratamiento psicológico; mientras que la concubina debía percibir otra suma por daño moral, lucro cesante y tratamiento psicológico.

Esa cifra, muy inferior a lo reclamado, no conformó a las demandantes y por esa razón interpusieron una recurso de apelación para que se revea el monto indemnizatorio. En tanto, la Fiscalía de Estado apeló en busca de la anulación de la sentencia fundamentando que no tenía responsabilidad por la muerte del joven. Dicha discusión llegó ahora al pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En una resolución a la que accedió UNO, fechada el 24 de julio, los vocales del máximo tribunal declararon la competencia para entender en la causa.

Antes de que el caso ascendiera al máximo tribunal provincial, hubo otras resoluciones de importancia: el 19 e octubre de 2021 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de esta ciudad confirmó la sentencia de primera instancia y, ante la apelación de Fiscalía de Estado, elevó las actuaciones a la Sala Nº2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. Esta Sala del STJ se declaró incompetente de tratar el asunto el 26 de septiembre de 2022 y remitió el legajo al STJ para que analice si es competente su intervención. Finalmente se supo que sí accedió a entender en la causa.

Lescano fue asesinado alrededor de las 23 del 20 de enero de 2017. Recibió una puñalada en el pecho con una tijera. El ataque se dio en el sector de cocinas de la Unidad Penal N° 7 “Casiano Calderón”, de Gualeguay. De acuerdo al relato del abogado de la familia de la víctima, Lescano “fue víctima de una apuñalada practicada por otro interno, el cual ocasionó su deceso”.

“El ataque fue propinado por el interno Ibarra, provisto con un elemento punzo cortante, sin que se haya acreditado legítima defensa o agresión alguna por parte de la víctima, que ante el incumplimiento del deber primario de seguridad y custodia de los internos, por el cual debe velar el Estado provincial a través del Servicio Penitenciario, resulta responsable civilmente de los daños y perjuicios que dicho hecho provocó y continúa provocando a mis mandantes”, agregó.

En otro momento, adujo que el Servicio Penitenciario incumplió “el deber de seguridad que debió garantizar a los condenados y/o procesados”. Además, señaló que la madre de la víctima no fue informada claramente de lo que había sucedido y que incluso recién pudo dar con el cuerpo de su hijo a las 21.30 del sábado 21 de enero.

“Agrava la responsabilidad objetiva de seguridad que pesa sobre el Servicio Penitenciario la circunstancia de que la muerte de Lescano fue un hecho que previsiblemente pudo haberse evitado, con la toma de debidos controles y cuidados para prevenir altercados y lesiones”, manifestó.

Además, el abogado planteó que dos meses antes, Lescano estaba alojado en el pabellón modelo en la celda N° 4, con los internos Ibarra, Valussi, Reynoso y Godoy, y que una vez le pidió al director de la Unidad Penal “que lo trasladen a otro pabellón por problemas que tenía con Ibarra, originados en ataques verbales y hostigamiento personal que le infligía”.

Tras el homicidio de Lescano, el fiscal Ignacio Telenta aseguró que “hubo una pelea” pero que desconocía el motivo. Por entonces barajaron dos hipótesis: un problema con una pareja o venta de droga en la cárcel. Ninguna fue probada. En otro fragmento, el abogado de la familia destacó un dato no menor: Lescano iba a salir en libertad el 5 de noviembre de ese año, ya que finalizaría la condena que le aplicaron en 2014.

La causa por el crimen se resolvió rápido en la sede penal. Cristian Ibarra confesó haber sido el autor del homicidio y firmó un acuerdo de juicio abreviado. Fue condenado el 22 de junio de 2017 (cinco meses después del hecho) a la pena de 12 años y seis meses de prisión. Al momento del hecho, el homicida cumplía una condena a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado.

Qué dice el Estado

Al responder la demanda, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirmó que “el suceso objeto de autos ocurrió de manera totalmente imprevisible, rápidamente, sin posibilidad alguna de haber podido prevenir la situación que desencadenó el fallecimiento de Lescano, destacando que tales testigos así lo describen resaltando la rápida y oportuna actuación del personal del servicio penitenciario que se encontraba de guardia en ese momento, con los escasos recursos con que cuenta”.

Sostuvo que “el luctuoso evento motivo de estas actuaciones obedece a una situación donde Ibarra realizó un hecho ilegítimo y violento, totalmente imprevisible que de ninguna manera pudo haberse evitado dado lo sorpresivo e imprevisto del suceso”.

Subrayó que “para atribuir responsabilidad al Estado por falta de servicio, debe acreditarse que se han infringido normas de actuación” y “siendo asimismo imprescindible ligar el daño a la omisión o actuación irregular para que ello será resarcible, y que tampoco es factible endilgar al Estado la satisfacción permanente de un nivel máximo o ideal de prestaciones en los servicios a su cargo, pues siempre existirá una brecha entre las prestaciones ideales o supremas y las que puedan otorgar en los hechos en un momento y circunstancia histórica determinada”.

Así las cosas, será el SJT quien dirimirá el asunto sobre la responsabilidad o no del Estado en la muerte violenta de Lescano ocurrida hace seis años.

Uno Entre Ríos

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El juez Leopoldo Bruglia cumplió con su advertencia: esta semana presentó una demanda millonaria contra Alberto Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública. Fue cuando lo trató de ocupar un cargo en la Cámara Federal en contra de la Constitución Nacional. Según la documentación, a la que accedió Infobae, el camarista no solo reclama un resarcimiento económico y la retractación pública del jefe de Estado. En plan de demostrar su postura, le pidió a la justicia que confirme si el Presidente es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ordene un peritaje que determine los “criterios de realidad” del mandatario y llame a declarar a un grupo de testigos, entre los cuales sobresale la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, sostuvo en su demanda. A criterio de Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.

Y añadió: “No se ha privado el doctor Fernández, especialista en derecho penal en la UBA, de no dejar duda alguna en cuanto a lo que se refiere a mi persona. Prueba de ello es que me mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, en mi carácter de juez federal, publicando una seguidilla irreflenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo de Revolución Federal”. Ante esto, Bruglia advirtió: ”Fallé legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya 30 años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara”.

No es un dato menor que el juez mencione su medio siglo de carrera judicial y sus tres décadas como juez. Es que Alberto Fernández y Leopoldo Bruglia se conocen de otra vida. Se cruzaban en la facultad de derecho como estudiantes. Bruglia fue muy cercano al grupo de amigos de la hermana de hoy jefe de Estado.

Como en toda demanda por daños, el afectado debe pedir una cifra. Bruglia reclama 40 millones de pesos y la retractación pública “por el mismo medio y cuenta personal” del jefe de Estado y por los principales medios nacionales en papel y digital. Se busca una “condena justa y equitativa, que contempla la magnitud del daño provocado y su dimensión”, señaló.

“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos (…). Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad”, afirma el escrito que lleva la firma de los abogados patrocinado Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.

Los tuits de Alberto Fernández que generaron la demanda civil

El eje de esa demanda es la publicación que Alberto Fernández hizo el 2 de noviembre pasado, a las 16:42, desde su cuenta de Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su intento de homicidio ocurrido el 1 de septiembre. Para criticar el fallo, el jefe de Estado aseguró que dos de los integrantes de ese tribunal “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”.

De inmediato, Bruglia denunció públicamente la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones. En su demanda, el juez volvió sobre esa entidad. Es más, señaló que esta presentación formal es una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo de sus pares.

Las palabras del Presidente apuntaban a deslegitimar el rol de Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. En julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner (Aglaplata)

El jefe de Estado firmó un decreto desplazándolos y devolviéndolos a tribunales orales. El caso, que generó un enorme ruido judicial, político y mediático, llegó a la Corte Suprema vía per saltum. Los jueces resolvieron allí terminar con el sistema de traslados. Dijeron que para estar en la Cámara Federal Bruglia y Bertuzzi debían ganar un concurso y conseguir acuerdo del Senado. Pero advirtieron que lo mismo corría para el resto de todo el universo de jueces en esa condición. Mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi podían permanecer en sus cargos.

No obstante, los jueces fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aseguraron, tal como lo reveló la semana pasada Infobae, que “quedó demostrada la maniobra de destitución selectiva de jueces” porque sólo se activaron los concursos que buscaban reemplazarlos a ellos y al juez del Tribunal Oral Federal Federal 7, Germán Castelli, que interviene en el futuro juicio por “Cuadernos”.

Desde la Sala I de la Cámara Federal, a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens les tocó intervenir en la investigación del atentado contra la vicepresidenta. Y también en una causa que analiza si la agrupación Revolución Federal difundió “masivamente propaganda de odio” y cometió “actos violentos” contra dirigentes del Frente de Todos para “combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor”. El juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita detuvieron a cuatro de sus integrantes y la Cámara Federal decidió excarcelarlos tras imponerles una serie de reglas. Ahí aparecieron los tuits del presidente.

Segunda parte los mensajes del Presidente tras el fallo de Revolución Federal

Como en toda demanda civil, antes de ir a tribunales se fija una mediación. La cita tuvo lugar el 23 de diciembre en una oficina de la calle Paraná al 300, aunque las partes podían participar virtualmente. Bruglia se conectó por zoom desde su despacho en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002. El presidentefaltó a la cita. A esa hora se reunía con un grupo de gobernadores peronistas para resolver que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y plantear la recusación de los ministros del máximo tribunal.

Ante la ausencia de Alberto Fernández, Bruglia quedó habilitado para avanzar en el juicio. Previo pago a la tasa de justicia, el camarista presentó por estas horas su demanda, que ya fue sorteada por la Cámara en lo Civil. Según la documentación, a la que accedió Infobae, Bruglia acusó al jefe de Estado de causarle “daño al honor, reputación y dignidad, con afectación moral; daño a su imagen pública, familiar, social e institucional exponencialmente propagados sin límite alguno por la irrefrenable herramienta pública utilizada por el ofensor que llegara a la comunidad toda” y con “fuertes implicancias en el ejercicio de mi actividad de juez”. Eso, agregó, provocó “un daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad”.

El escrito de 43 páginas apuntó contra “la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada” por el Presidente en la red social Twitter. Para Bruglia, Alberto Fernández incurrió en la “transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe” porque “los hechos públicamente transmitidos” por el jefe de Estado “son absolutamente mendaces, en tanto no cuentan con asidero, ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho”.

Uno de los puntos de la demanda es resaltar el “daño ilimitado” que provocó: el demandado es “abogado, hijo de juez, profesor universitario y Presidente de la Nación Argentina; características que lo convierten en un personaje especialmente cualificado, lo que provoca que su conducta asuma ribetes que no son ordinarios, así como tampoco las consecuencias dañosas de sus dichos. Y su escondida motivación solo él la sabrá. Tal vez intenta agradar. Quedara solo en el campo de lo condicional y las suposiciones”, dijo y añadió: “Lo que ya no puede conjeturarse es la clara intención política”.

Para Bruglia, la “degradación verbal” que intentó el jefe de Estado tuvo su origen en el enojo que le provocó el fallo. “El origen son las resoluciones que no le gustaron al señor presidente de la Nación” y así se buscó “el desprestigio de mi persona: la actitud públicamente desarrollada, calificándome de usurpador del cargo, sumamente improcedente y arbitraria, no fue otra cosa que una crítica parcial, sin sustento alguno, antojadiza e inconsistente al fallo dictado por la Sala que integro”.

Fue entonces que Bruglia adjuntó a la demanda el fallo de la Corte Suprema que demuestra “la legitimidad que tengo para desempeñarme en el cargo, corroborándose así que no estoy usurpando la jerarquía que ostento y la falaz manifestación del demandado”. El fallo anuló el decreto de destitución que había firmado Fernández y ordenó su vuelta a la Cámara Federal. “Cargo que ostento hasta la actualidad y en virtud del cual se dictó el fallo que, huelga decir, no fue de agrado del demandante”, resaltó. “Al sostener falsamente en cada uno de los tweets a los que me remito -en un texto que avasalla mi dignidad y afecta toda mi trayectoria judicial de casi 50 años- que no cuento con legitimidad para su ejercicio, no solo pretende avasallar la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que ademas quiso ‘plantar’ una falsedad ideológica en la población”

Las pruebas de la demanda: de Twitter a la UBA y de “Lilita” a un peritaje de personalidad

Leopoldo Bruglia en la puerta del Palacio de Tribunales (Ariel Torres)

El camarista pidió incorporar el fallo sobre Revolución Federal que ordenó excarcelaciones, las diferentes notas sobre las críticas presidenciales y la resolución del máximo tribunal sobre los traslados. También que se le consulte al Consejo de la Magistratura si registra “algun tipo de sanción, falta u observacion respecto de su trayectoria como juez” desde que comenzó a ejercer su cargo. Y a la secretaría general de la Cámara Federal porteña sobre su propio legajo donde surge su trayectoria.

Además, Bruglia pidió librar oficio a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para saber si Alberto Fernández es allí profesor y desde cuándo.Incluso, reclamó una copia de su legajo personal, “con la documentación adicional que integre su formación académica”. Es de público conocimiento que el presidente da clases allí, una actividad que interrumpió aún ejerciendo la titularidad del Ejecutivo. Pero Bruglia subrayó que “esta medida probatoria se justifica en cuanto a su especialidad y desempeño como docente en la UBA determina una capacidad mayor de motivarse” y conocer “el alcance y la gravedad” de sus actos. “Incide efectivamente sobre la magnitud del aspecto subjetivo en la intención de dañar” y “ofender, repercutiendo también la extensión del daño. Algo interesante para discutir en el presente”.

La demanda reclamó informes a Twitter: quiere tener acreditado detalles de la cuenta de Alberto Fernández, su verificación y seguidores, y el número de veces que cada tweet fue visto, cada vez que fue retuiteado y cada vez que le dieron likes. También reclamó un perito informático para que acredite, entre otras cuestiones, si hubo modificaciones en los mensajes que son eje de esta causa.

De testigos, Bruglia propuso llamar a declarar a cinco personas: Cristian Abritta, ex secretario de la Corte Suprema que intervino en la causa de los traslados; el abogado Mauricio D’Alessandro, un experto en el fuero civil para dimensionar el daño causado; el constitucionalista Daniel Sabsay, y el diputado del PRO Pablo Tonelli, que como miembro del Consejo de la Magistratura vio cómo se gestionó el traslado a la Cámara Federal y cómo luego el actual oficialismo decidió cuestionarlo. La última testigo propuesta es la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en su carácter de constitucionalista. “Lilita” fue una de las dirigentes políticas que más fuertemente salió a respaldar a Bruglia y Bertuzzi cuando se dispuso removerlos.

Como reserva final, Bruglia dejó planteada la posibilidad de hacer un peritaje “vinculado a aspectos de la personalidad del demandado, exclusivamente en cuanto a su percepción de criterios de realidad”.

Por último, Bruglia acotó: “mal podría argumentar” el presidente “que estaba haciendo uso del derecho a la libertad de expresión cuando faltó a la verdad deliberadamente, indujo a error a los demás de manera premeditada, intencional e inaceptable con la sola finalidad de causar una gravísima lesión”. “Todos y cada uno de los argumentos esbozados por el Dr. Fernández son falsos. Lo sabía y solo quería descalificar (…) La libertad de expresión debe ser concebida como una garantía de acceso a la democracia y no como un mecanismo que permita dañar la imagen de las personas”.

El juicio recién comienza.

Fuente: Infobae

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Demanda de ADECEN (Asociación de defensa al consumidor de Entre Ríos) :

Tras una avalancha de amparos particulares en el año 2016 por un voraz aumento de la tarifa eléctrica, que no fue publicado en el Boletín Oficial, ADECEN tomó la decisión de presentar un amparo colectivo en el ámbito Civil y Comercial contra la distribuidora Enersa para que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016” por cuanto esos aumentos no cumplieron con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, de Paraná, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021.

Enersa y la Fiscalía de Estado apelaron esa resolución, pero la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó lo resuelto.

El caso llegó al STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley planteado por la Fiscalía de Estado. Planteó la excepción de litis pendencia, esto es que hay un juicio pendiente por el mismo tema que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En su dictamen, el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García opinó que debía hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Estado Provincial, revocarse el fallo impugnado admitiéndose las excepciones planteadas y rechazarse la acción interpuesta.

Dijo el Procurador que en este caso “existe litispendencia y que el derecho de fondo aplicable a la solución del presente, es el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, Ley Nº 8916, decreto reglamentario y Contrato de Concesión de la Distribuidora de Electricidad en la Provincia, poniendo de relieve la deficiente y errónea integración de la litis dado que el ente emisor de las resoluciones cuya legitimidad se cuestiona (Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos) no ha sido convocado al proceso”.

Palabras más, palabras menos:

La defensa oficial determinó que el amparo no era la vía para establecer reclamos y que debía irse por la Justicia Ordinaria.

A todas luces, esta decisión buscaba la dilación de la resolución, que podría tomar muchos años, evidenciando que la decisión oficial se tomó ante la necesidad de la defensa de impedir una resolución oficial cuasi inmediata.

La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó una resolución que se convirtió en un gran alivio para el Estado provincial y, fundamentalmente, para la distribuidora Energía Entre Ríos SA (Enersa): frenó los efectos de dos fallos que habían condenado a la devolución a los usuarios del servicio eléctrico de un aumento del 136% dispuesto en 2016, y que según la demanda que inició la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) se había aplicado de modo irregular y sin cumplir la legislación vigente.

Fuente: FM del Este 100.5

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Adecen inició una demanda contra la distribuidora Enersa para que se declare “la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016” por cuanto esos aumentos no cumplieron con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La demanda planteó que se “ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período”, y que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8.916” de Marco Regulatorio Eléctrico
La jueza Silvina Rufanacht, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6, de Paraná, dictó un primer fallo favorable a Adecen el 6 de agosto de 2021.
Enersa y la Fiscalía de Estado apelaron esa resolución, pero la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Paraná confirmó lo resuelto. Según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, de aplicarse esos fallos Enersa debería enfrentar la devolución a sus usuarios de una cifra cercana a los $2.000 millones por aquel aumento de 2016 que quedaría sin efecto.

El caso llegó al STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley planteado por la Fiscalía de Estado. Planteó la excepción de litis pendencia, esto es que hay un juicio pendiente por el mismo tema que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En su dictamen, el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García opinó que debía hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley planteado por el Estado Provincial, revocarse el fallo impugnado admitiéndose las excepciones planteadas y rechazarse la acción interpuesta. Dijo el Procurador que en este caso “existe litispendencia y que el derecho de fondo aplicable a la solución del presente, es el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, Ley Nº 8916, decreto reglamentario y Contrato de Concesión de la Distribuidora de Electricidad en la Provincia, poniendo de relieve la deficiente y errónea integración de la litis dado que el ente emisor de las resoluciones cuya legitimidad se cuestiona (Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos) no ha sido convocado al proceso”.

Con el voto de los vocales Martín Carbonell y Leonardo Portela, la Sala Civil del STJ declaró “procedente” el recurso de inaplicabilidad de ley presentado por el Estado Provincial, admitió la excepción de litispendencia por conexidad interpuesta y, en consecuencia, dispuso “casar la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná”. En el punto central, el alto cuerpo ordenó que “se suspende hasta el dictado de un pronunciamiento definitivo de la cuestión debatida en la causa que tramita ante el fuero contencioso administrativo”.

“Esa sentencia es fundamental”, evaluó el fiscal Rodríguez Signes. “Planteamos una litispendencia. Es decir, dijimos que hay otro juicio conexo a este, en el cual somos parte, radico en la Cámara Contencioso Administrativo. La sentencia hizo lugar a nuestro planteo, suspende los efectos de la sentencia, y manda a sustancia primero el juicio en contencioso administrativo. Según la suerte de ese juicio será el efecto de este juicio de Adecen. Para nosotros es triunfo enorme esta sentencia porque para los efectos de una sentencia que patrimonialmente es devastadora para el patrimonio de Enersa”, apuntó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La millonaria demanda de una asociación de consumidores contra la distribuidora estatal Energía Entre Rios SA (Enersa), que está a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un recurso de inaplicablidad de ley, tuvo la baja de una jueza: la vocal Gisela Nerea Schumacher, que integra la Sala Civil y Comercial.

La magistrada se excusó de intervenir en ese caso por cuanto «resolvió en dos peticiones que son idénticas a las formuladas por la misma parte actora en dos causas que tramitaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 en las que intervino como magistrada y emitió diversos pronunciamientos». Antes de ser designada en el STJ, Schumacher fue vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Se trata de una demanda que inició  la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra un aumento tarifario aplicado en 2016 por Enersa y que habría fallado en un punto: no fue publicado en el Boletín Oficial y, por tanto, entiende que no podría haber cobrado vigencia. Dos fallos le dieron la razón a Adecen, pero el Gobierno acudió ante el STJ.

En una resolución que firmaron los vocales Martín Francisco Carbonell, Leonardo Portela y Miguel Ángel Giorgio, la Sala Civil y Comercial del STJ  entendió que Schumacher «viene asistida de una razón atendible, puesto que las opiniones expuestas en los precedentes señalados tienen relación directa con las impugnaciones realizadas por Enersa y el Estado Provincial en sus respectivos recursos de inaplicabilidad de ley».

«En efecto -señalaron los magistrados-, en el particular caso, cabe concluir que existen razones suficientes como para que la Sra. magistrada excusada se sienta afectada íntimamente, en tanto ha emitido opinión o juicio de valor, con carácter previo, conforme las exigencias previstas por la normativa procesal, respecto de cuestiones que a la postre terminarán siendo valoradas por esta Sala a los fines de dilucidar el presente pleito en esta instancia extraordinaria».

La decisión de la jueza se da en el marco de un pleito de envergadura. La Fiscalía de Estado en su afán por intentar dar vuelta dos sucesivos fallos que anularon un aumento en la tarifa eléctrica aplicado por la distribuidora oficial Enersa, en 2016, y que fue reprochado judicialmente por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen).

Jueces Portela, Carbonell y Giorgio.

Adecen inició una demanda contra Enersa para que se declare «la nulidad o ilegitimidad de los incrementos de tarifa registrados entre el 1/1/2016 al 31/10/2016» por cuanto ese incremento no cumplió con una cláusula prevista en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico: su publicación en el Boletín Oficial.

La demanda planteó que se «ordene la devolución de las sumas percibidas por los incrementos de tarifa por ese período», y  que “se declare la nulidad y/o ilegitimidad de todas modificaciones en los parámetros tarifarios operadas desde el 1º de enero de 2016 y hasta el mes de octubre de 2016 sin la previa notificación a los usuarios conforme las previsiones del artículo 45 inciso c de la Ley Nº 8.916” de Marco Regulatorio Eléctrico.

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial, con la firma de los vocales Rodolfo Guillermo Jáuregui y Norma Viviana Ceballos, concedió los recursos de inaplicabilidad de ley presentados el 4 de abril de 2022 y el 5 de abril de 2022 por Fiscalía de estado y Energía Entre Ríos SA (Enersa) contra la sentencia dictada el 156 de marzo de 2022.

Entre Ríos Ahora

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por Carlos Claá

Periodista político

Más allá de la investigación oficial por el atentado a Cristina Kirchner, muchos dirigentes del oficialismo empezaron a marcar a presuntos autores ideológicos de lo que podría haber sido un magnicidio: uno de los más señalados fue el fiscal Diego Luciani, el funcionario judicial que acusó a la vicepresidenta por la Causa Vialidad.

A pesar de intentar mantenerse al margen de la agenda noticiosa, Luciani sintió el impacto de cada una de las declaraciones que lo responsabilizan del ataque y finalmente explotó: ahora evalúa denunciar a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, y a cada uno de los dirigentes que lo agravió.

Ataques. “El objetivo (del intento de magnicidio) era deshacerse de la vicepresidenta y yo no puedo dejar de relacionarlo con lo que escuchamos hace poquito de un exponente judicial que también quería erradicarla de la vida política”, dijo en conferencia el gobernador de Buenos Aires. Para el fiscal, esa comparación ameritaría una demanda. Se asesora para saber si es viable realizarla, mientras continúa escuchando los alegatos de los abogados defensores en la Causa Vialidad.

Es que Luciani vive en la provincia de Buenos Aires, por eso teme que algún militante, envalentonado por las palabras del gobernador, pueda realizar un acto violento hacia él o su familia, a quienes les tocó vivir momentos desagradables desde el alegato.

Mientras tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) manifestó una “profunda preocupación” por los dichos del gobernador. “Se ha llegado al extremo de construir una relación de causalidad entre la tarea técnica de los fiscales y el conflicto social”, indicaron en la carta.

Kicillof no fue el único. El senador K José Mayans, cercano a Cristina, pidió que pararan la Causa Vialidad para que “haya paz social”. Y el sindicalista de la CTA Gonzalo Rubiola llamó a “acomodarle los dientes” a Luciani: diputados de la oposición lo denunciaron por “intimidación pública y amenazas”.

De acuerdo al entorno de Luciani, si las demandas que evalúan prosperan, el fiscal no se quedará con lo obtenido. “Vamos a donar todo, no quiero un peso. Sólo que no voy a permitir que me difamen a mí y a mi familia”, les pidió a quienes lo asesoran sobre la factibilidad del juicio.

Por ahora, Luciani cree que no han podido derribar sus argumentos. La fiscalía busca que las ofensas que reciben no hagan mella en el ánimo del equipo y confían en que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 no serán permeables a tantas declaraciones que suceden fuera de Comodoro Py, en el mundo de la política, donde todo arde.

Fuente: Perfil

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La justicia Admitió parcialmente la demanda y resolvió ANULAR la Resolución 1099/22 del 11/mayo/22 de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos; en su artículo 2 en tanto habilita la caza para el presente año de las especies autóctonas:

Pato Picazo (Netta peposaca),

Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata),

Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor),

Pato Capuchino (Anas versicolor) y

Perdiz Chica (Nothura maculosa),

y artículo 3 en lo referente a ellas, por falta de estudios y razones que lo justifiquen incurriendo conforme se expresa en los considerando en ilegalidad al contraponerse con las Ley Provincial N° 4841 y las Nacionales N° 22421 y N°25675, e inconstitucionalidad e inconvencionalidad en tanto contraviene la Constitución Nacional -art.41- y Provincial -art.22- y las Convenciones y Acuerdo Internacionales (Ramsar, Bonn y Río, Escazú); quedando prohibida por este año en toda la Provincia la actividad cinegética en relación a estas especies todo CON EFECTO INMEDIATO -art. 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

La resolución judicial:

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Sofía Diamante LA NACION

Un nuevo fallo en contra de YPF obliga a la petrolera a indemnizar a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) con un pago de más de US$230 millones por facturas impagas entre febrero de 2007 y enero de 2011. La causa tiene una razón política de fondo: a fines de 2006, a causa de la pronunciada caída en la producción local de gas, el entonces presidente Néstor Kirchner comenzó a prohibir las exportaciones a Brasil y Chile, y eso perjudicó a YPF, que debió incumplir contratos asumidos.

La petrolera, que durante esos años era controlada por la española Repsol, tuvo que dejar de exportar gas a la central eléctrica brasileña de AES Uruguaiana (AESU). Para ello, había contratado la capacidad de transporte de TGN por 2,8 millones de metros cúbicos diarios (m3), a través de un contrato firmado en 1998. En diciembre de 2012, TGN demandó en la Justicia a YPF por incumplimiento de contrato, que le habría ocasionado daños por US$142 millones, ya que había realizado importantes inversiones en el sistema para transportar ese volumen de gas, según informó en ese entonces.

YPF envió un Hecho Relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) e informó que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal había confirmado la sentencia de primera instancia de octubre de 2020 y que la condena por daños y perjuicios implicaba una suma “de US$231.048.177,19 más intereses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina a la fecha de pago”.

Además de esta indemnización, la petrolera deberá hacerse cargo de las facturas impagas, cuyo monto será determinado por una perito contadora que intervendrá en la etapa de ejecución de sentencia. En la denuncia que presentó TGN en su momento, se reclamaba el pago de facturas impagas por alrededor de US$74 millones.

La única buena noticia que trajo la sentencia de segunda instancia para YPF es que se redujo la tasa de interés aplicable, del 6% al 4% anual. La petrolera, además, deberá pagar los costos legales de la apelación.

YPF, sin embargo, indicó que “interpondrá los recursos legales a los que tiene derecho en los plazos correspondientes, y continuará ejerciendo todas las acciones necesarias para la defensa de sus intereses” y añadió: “La sentencia no tiene carácter definitivo hasta que todos los recursos legales disponibles sean agotados”.

En este sentido, fuentes de la empresa indicaron que van a apelar la sentencia a la Corte Suprema porque plantean que es una cuestión federal la que está en debate, ya que el Gobierno nacional está de por medio. Además, aseguran que YPF no tomó la decisión de dejar de exportar por una estrategia comercial, sino que fue una causa de fuerza mayor.

En el juicio, TGN, por su parte, indicó que la prohibición de exportaciones impactó en varios de sus contratos con otros clientes y que con todos pudo lograr una salida consensuada, excepto con YPF, con la cual nunca se pudo llegar a un acuerdo hasta que decidió ir a la Justicia.

Ahora, la Corte deberá declarar si es competente para tomar el caso. Si la rechaza, ya no quedan más instancias para apelar e YPF deberá pagar la indemnización.

Contexto

En noviembre de 2007, el entonces mandato de Néstor Kirchner determinó que las exportaciones de gas natural sólo serían autorizadas por el Poder Ejecutivo a través del decreto 1705, que modificó cinco incisos del artículo 3º de la reglamentación de la Ley 24.076. Esta prohibición ya se estaba llevando adelante en la práctica muchos meses antes. El texto estaba firmado por Kirchner, el entonces jefe de Gabinete y actual Presidente, Alberto Fernández, y por Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En los considerandos, señalaba el decreto que “dada la importancia actual y futura que tiene para el desarrollo en la REPÚBLICA ARGENTINA el gas natural como recurso energético no renovable y estratégico, resulta necesaria la inmediata adopción de medidas tendientes a optimizar la utilización de dicho recurso y brindar seguridad para el desarrollo económico y social de nuestro país”.

Por Sofía Diamante

Fuente: La Nación

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