Las diferencias en el costo de la electricidad residencial se profundizaron en noviembre de 2025 y muestran un mapa energético fragmentado. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar promedio puede pagar hasta seis veces más de acuerdo a la provincia en la que vive, aun considerando el mismo consumo promedio mensual de 265 kWh. Las variaciones surgen de la combinación entre los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía y los distintos valores del componente de distribución (VAD) autorizados en cada jurisdicción.

El informe señala que la Resolución 434/25 unificó los precios mayoristas de la energía eléctrica a partir del 1° de noviembre, pero “el ritmo de los incrementos tarifarios correspondientes al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias”. Esa divergencia es la que explica el salto entre las facturas finales de cada distrito, incluso cuando la energía mayorista y los impuestos se rigen por parámetros comunes.

Brecha de costos entre provincias

La comparación de facturas finales —incluyendo impuestos y sin descuentos— exhibe una dispersión inédita. Para un consumo mensual de 265 kWh, el monto más bajo del país es inferior a $20.000, mientras que las jurisdicciones más caras superan ampliamente los $120.000. La relación entre ambos extremos alcanza una diferencia cercana a seis veces.

En concreto, un usuario de ingresos bajos de Neuquén paga actualmente una factura media de $85.271, mientras que un usuario de Santa Cruz abona $12.209. En ese ejemplo, la diferencia es de 6,6 veces. En el caso de los usuarios de nivel medio la brecha es de cinco veces, mientras que en los de ingresos altos la distancia es más corta, de 3 veces.

El documento advierte que la dispersión es multicausal. “Conviven empresas públicas, privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales”, remarcan desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios. Además, los cuadros tarifarios responden a estructuras de costos distintas, a la frecuencia con que se actualiza cada componente y al impacto de las cargas impositivas locales.

La composición de la factura también varía según el nivel de ingresos del usuario. En promedio país, un hogar N1 —clasificado como de altos ingresos— abona $69.935 mensuales por la electricidad, mientras que un usuario N2, considerado de bajos ingresos, paga $43.598 y uno N3, de ingresos medios, $50.758. En términos relativos, la factura de un usuario N1 “es 1,6 y 1,4 veces superior respecto de la de un hogar N2 y N3, respectivamente”.

En el caso de Entre Ríos, según la gráfica elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP centrada en usuarios N2, está ubicada entre las 11 más caras y por encima del promedio. El costo es de 49.567, mientras que el valor promedio nacional se ubica en 43.598.

Cómo se distribuye el costo de cada factura

El análisis del IIEP detalla la estructura típica de una factura según el segmento. En el caso de los usuarios N1, la energía representa el 33%, el VAD el 41% y los impuestos el 27%. En los hogares de ingresos bajos (N2), la participación del VAD crece hasta el 55% y la energía baja al 18%, mientras que los impuestos permanecen en torno al 27%. Para los usuarios de ingresos medios (N3), la factura se compone por 31% de energía, 42% de VAD y 28% de impuestos.

La carga impositiva también cambia entre provincias. Algunas jurisdicciones aplican tributos adicionales —como tasas municipales o fondos específicos— que elevan el valor final, mientras que otras sostienen esquemas fiscales más acotados.

Subsidios y cobertura de costos

Pese a las subas en los precios desde 2024, persiste una brecha entre el costo real de la energía y el precio que pagan los hogares. El informe destaca que, en promedio nacional, la cobertura de costos para la categoría residencial es del 58%: los usuarios aportan esa proporción vía tarifas, mientras que el Estado financia el 42% restante.

Incluso los hogares N1 mantienen un nivel de subsidio, según la página 9 del documento. Para este segmento, la tarifa eléctrica permite cubrir el 89% del costo reconocido por la Secretaría de Energía, por lo que el Estado continúa absorbiendo la diferencia. En el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura es más reducida: 30% y 44%, respectivamente.

El esquema de bonificaciones aplicado en 2025 —establecido por la Resolución 36/2025— introdujo “una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025”, lo que implica un sendero gradual de reducción en la asistencia estatal, especialmente sobre los segmentos medios y bajos.

Qué factores explican las diferencias

El informe identifica varios elementos que generan la dispersión tarifaria:

*Actualizaciones del VAD: cada provincia define la frecuencia y magnitud de los ajustes según la estructura de costos de su distribuidora.

*Características de la red: densidad poblacional, extensión territorial y condiciones climáticas inciden en los costos de operación.

*Modelo de gestión: empresas públicas, privadas y cooperativas presentan costos y esquemas regulatorios diferentes.

*Impuestos y tasas locales: algunos distritos aplican cargos adicionales que elevan la factura final.

*Anomalías regulatorias: el documento menciona “factores exógenos que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.

El IIEP advierte que las comparaciones deben interpretarse con cautela. “Una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación… pero debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada jurisdicción”, concluye el estudio.

Fuente: Infobae

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En los últimos años, Entre Ríos fue una de las provincias con la tarifa eléctrica más alta. Sin embargo, gracias al esfuerzo realizado desde la provincia y pese a la reducción de subsidios nacionales, la tarifa de energía eléctrica para las familias entrerrianas de bajos y medianos ingresos se ha alineado con la media nacional y está mejor posicionada que las de sus pares de la Región Centro. Además, Entre Ríos se destaca por la calidad del servicio, ya que, incluso en momentos de alta demanda debido a las elevadas temperaturas, no se han registrado cortes de energía importantes.

Actualmente, la provincia está entre las mejor posicionadas en cuanto a tarifas para los sectores de bajos ingresos (hogares con ingresos inferiores a un millón de pesos), con costos aproximadamente un 10 por ciento inferiores a los de otras provincias de la Región Centro. Esto beneficia a casi 200.000 familias.

En el segmento de ingresos medios y medios-altos (hogares con ingresos entre 1 y 3,5 millones de pesos), Entre Ríos también se ubica por debajo de las tarifas de Córdoba y Santa Fe, mejorando su promedio a nivel nacional. En este sector, que comprende a 110.000 familias, el gobierno provincial ha dispuesto un subsidio del 15 por ciento sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) a partir del 1 de febrero. Esta medida se reflejará en las próximas facturaciones.

El gobernador Rogelio Frigerio explicó que esta mejora es el resultado de diversas decisiones adoptadas para amortiguar la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional. “Gracias al congelamiento del componente provincial en la tarifa, el aumento de los subsidios y la eliminación de impuestos provinciales, Entre Ríos ya dejó de ser la provincia con la energía más cara del país y se encuentra cerca del promedio nacional. De continuar esta tendencia, se podrá seguir mejorando en el ranking nacional”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, destacó que las medidas adoptadas alcanzan al 70 por ciento de los usuarios residenciales, pertenecientes a los sectores de bajos y medianos ingresos. También resaltó que el servicio de energía eléctrica en la provincia es superior al de otras jurisdicciones en términos de calidad. “No hay cortes de energía como sí sucede en otras provincias. El 10 de febrero, por ejemplo, cuando se registró la mayor demanda en la provincia debido a las altas temperaturas, el servicio se mantuvo estable”, afirmó.

En cuanto a los sectores productivos, comercios y servicios en general, que requieren energía de pequeña, mediana y alta demanda, Entre Ríos también se encuentra bien posicionada a nivel regional con tarifas competitivas. Con el subsidio recientemente anunciado y el nuevo escalonamiento tarifario que entrará en vigencia en febrero, la provincia mejorará aún más su competitividad en el sector.

Se adjuntan debajo los gráficos comparativos del promedio en pesos de las tarifas eléctricas en diferentes provincias y distribuidoras de energía, actualizado a enero y febrero de 2025. Los datos fueron extraídos del informe mensual sobre el tema publicado por la Universidad de Buenos Aires.

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Es evidente que en Entre Ríos, la falta de políticas energéticas orientadas al desarrollo productivo y social, ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, una suerte de vaso comunicante entre las distintas gestiones, tanto de uno como de otro color político.

Fue esa distinción transversal y sostenida en el tiempo, la que selló fatídicamente el destino de subdesarrollo provincial, demostrando una manifiesta incapacidad de la clase política entrerriana, para comprender cabalmente la importancia vital de una política energética orientada al desarrollo.

Así fue como Entre Ríos, sostuvo en forma dogmática, casi religiosa, una política energética que se limitó a proponer tarifas de las más altas del país, y una de las resultantes negativas de esta errática “DECISIÓN POLÍTICA” puede verse a través del éxodo de productores de arroz y citrus, quienes emigraron hacia provincias vecinas (Corrientes y Santa Fe), persiguiendo condiciones energéticas mucho más favorables.

De manera tal, que esa acción puede sintetizarse como: el uso de una tarifa eléctrica como vector de transferencia de rentas, y fue como se señaló anteriormente, una DECISIÓN POLÍTICA QUE TRASCENDIÓ A TODOS LOS GOBIERNOS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, es decir, una triste coincidencia cuyo resultado es la realidad. Dicho lo cual, para aquellos escépticos e incrédulos o desconfiados, la sola comparación con provincias vecinas puede resolver cualquier duda o perplejidad.

Dicho lo anterior, resulta evidente que, tanto los reclamos sobre: 1- las resultantes hidroeléctricas de Salto Grande; 2- los daños generados como producto de las obras inconclusas de la represa; 3.- o los producidos por los impactos negativos resultantes de la construcción de la represa no resueltos jamás o,  hasta inclusive, 4- la creación de una empresa con capacidad de comercializar la energía de la represa (la última idea de quienes nos trajeron hasta este punto y dejaron el gobierno hace 120 días, energía que consideramos de propiedad entrerriana), por la que NUNCA se entablo una disputa formal con la Nación, NO son elementos que, en sí mismos, garanticen un cambio radical de esa “DECISIÓN POLÍTICA” que hemos señalado por viciada en lo referente a la incomprensión esencial sobre el fenómeno “DESARROLLO”, el que no responde (y nunca lo hará), al paso del tiempo sino que es la resultante de un proceso dirigido por un Estado administrado por un objetivo político, que en el caso de Entre Ríos, evidentemente nunca existió.

Sintéticamente reclamamos que: EL OBJETIVO POLÍTICO SEA EL DESARROLLO PROVINCIAL y para que eso ocurra, es necesario (pero no suficiente) que la tarifa eléctrica definida, resulte inferior a la del AMBA (la región más desarrollada del país y vecina a nuestra provincia), para lo cual se requiere trazar una estrategia tal que permita alcanzar ese objetivo.

Esa tarifa eléctrica señalada, que es parte indivisible y medular de una política energética, es la que debería hacer viable toda actividad productiva e industrial y a la vez, la que debería surgir de los costos reales, una vez alcanzado el objetivo de obtener y utilizar razonablemente las resultantes energéticas de nuestros recursos naturales, y nunca como resulta ahora, de la arbitrariedad de un burócrata de turno, quien discrecionalmente garantiza una renta a las empresas distribuidoras eléctricas, impidiendo el desarrollo provincial y asociando a los municipios en esa transferencia dolosa. O sea, atender a la utilidad o renta social, antes que a la de naturaleza económico financiera, como si se tratase de una empresa privada.

Para que este análisis no se convierta en algo abstracto y meramente enteléquico, es importante y necesario señalar que las tarifas resultantes del actual TARIFAZO decidido por el gobierno de turno, no tienen fundamentos. La falta de transparencia en su cálculo o estimación es evidente. Nadie, seria y realmente sabe cómo se calcularon, puesto que no hay justificación de costos, ni se conoce qué rigurosidad legal tienen estas nuevas tarifas, de tal suerte que, como se señaló, resultan ostensiblemente gravosas por trasladarse a todos los usuarios y formar parte de la matriz de costos de nuestra producción provincial.

EL RECLAMO
Entre Ríos, por el hecho de ser copropietario de un recurso natural como es el rio Uruguay, que permitió la construcción de la represa hidroeléctrica Salto Grande, debería tener (como lo tienen las provincias petroleras) un beneficio por su carácter de propietario del mismo, y esta propiedad en conjunción con una acción política orientada en el sentido indicado, debería “asegurar” que la energía en Entre Ríos, sea mucho más barata que en el resto del país, incluyendo al AMBA.

El proceso de desarrollo que reclamamos (recién después de más de 40 años de funcionamiento de la represa), fue el objeto principal del proyecto de la represa hidroeléctrica y formó parte de los fundamentos del “desarrollismo” en todo el mundo,  y eso puede verificarse en otros lugares, por ejemplo, después de la creación de parte de Roosevelt, durante el “new deal”, del Tennesse Valley Authority (TVA), un proyecto que desarrolló una gran región de EEUU a partir de un conjunto de represas hidroeléctricas y el control del flujo fluvial.
En contraste con lo anterior, vemos el caso de la provincia de Entre Ríos, donde se sostiene una situación de extractivismo neocolonial que lleva más de 40 años y que fue la resultante de la incomprensión de la política provincial, que permitió, por acción u omisión, una flagrante distorsión del proyecto original que, como se dijo, perseguía el desarrollo de esa zona en particular y de la provincia en general, y en cambio de eso, tenemos a los pies de la represa la ciudad más pobre del país (Concordia).
Nuestra posición es federal, y por ello creemos en la necesaria solidaridad de las provincias que tienen recursos naturales, pero aun así no podemos dejar de señalar que debe existir un necesario grado de razonabilidad, es decir que, en este caso, la energía eléctrica utilizada en la provincia y que permitiría el desarrollo de industrias electro intensivas, debería tener una importante incidencia del costo de Salto Grande, algo parecido al costo puro de generación, sin el agregado de un peaje (desde Ezeiza) tan ridículo como distorsivo.
Esto anterior, como se dijo, considerando la solidaridad con las provincias o regiones que no tienen el recurso, por ejemplo, el AMBA.

LOS MODELOS

Debemos señalar que, en nuestro caso provincial, existen dos modelos en tensión para la gestión de esos bienes naturales (Energía). Por un lado, uno netamente extractivista con una planificación pública básica y lineal, flagrantemente rústica, que priorizo la renta por regalías, es decir, desestimó el agregado de valor en origen, sin orientación de las ganancias generadas por la explotación del recurso energético en sinergia con la inversión productiva. Es decir, un modelo donde la posibilidad de industrializar la región es mínima y exclusiva de los segmentos concentrados del capital, sin distribución de la riqueza y con aumento de las brechas de desigualdad.
Por el otro, un modelo donde la conducción de la política energética está en manos de un Estado inteligente y a través de su planificación, centralización y jerarquización para la acumulación de capacidades tecnológicas provinciales, se orienten los esfuerzos a maximizar la equidad energética y la potenciación de la estructura productiva y tecnológica provincial mediante alianzas que permitan intercambios comerciales con agregado de valor local, es decir, CON UNA IMPORTANTE INCLUSIÓN DE TRABAJO ENTRERRIANO. Un modelo donde las fortalezas que devienen de la inigualable dotación de recursos energéticos (los ríos más caudalosos del país), sea aprovechada para el crecimiento económico y el desarrollo de la provincia.
Es un imperativo categórico ineludible, reflexionar respecto a qué modelo debe impulsar nuestra política provincial en materia energética para alcanzar el desarrollo (que debería ser el objetivo político económico por antonomasia),  lo cual requiere comprender la necesaria sinergia que se debe alcanzar entre la producción primaria y los recursos energéticos que nuestra provincia posee en grandes cantidades.

16 de abril 2024

Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y Dr. Rubén Pagliotto – Integrantes de ETER (Entre Rodos Entre Ríos) y de la Mesa Federal Energética.

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“Fue una buena reunión de trabajo en donde pudimos avanzar con varios temas estratégicos de nuestra gestión”, afirmó Frigerio finalizado el encuentro en las oficinas de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Reforzamos nuestra postura de reclamar para que las regalías y los excedentes que recibe la provincia por la generación de Salto Grande, tenga una valoración acorde a la utilización del recurso hídrico que constitucionalmente le corresponde a Entre Ríos. Es una demanda histórica que debe ser compensada y es uno de los compromisos más importantes que asumí con los entrerrianos”, explicó el mandatario.

“También insistimos con la necesidad de tener un precio justo para la generación de energía en Salto Grande y que Entre Ríos deje de tener un tratamiento discriminatorio como el que han tenido en las últimas décadas”, sintetizó.

Por último, Frigerio aseguró que “más allá de estas gestiones, estamos agotando además todas las instancias administrativas e institucionales, y también estamos terminando de trabajar una demanda judicial ante la Corte Suprema que detallaremos en el transcurso de esta semana”.

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El gobernador Rogelio Frigerio decidió suspender a partir del 1 de enero y por el término de un año, la aplicación de impuestos a la energía eléctrica. De este modo, los usuarios residenciales verán reducido el monto total a abonar la factura de la luz.

Mediante el decreto 256, del 27 de diciembre de 2023, el mandatario busca garantizar el servicio eléctrico en forma regular y continua, al menor costo posible para los usuarios entrerrianos.

La medida se tomó teniendo en cuenta el contexto energético y los posibles aumentos en el precio mayorista de la energía y potencia, sobre los cuales no tiene injerencia la provincia. Se advierte en este sentido que existen inequidades que desfavorecen particularmente a la provincia de Entre Ríos, generadora de energía eléctrica, “y que ameritan reformas estructurales de fondo a nivel normativo nacional tendiente a una reparación histórica”.

En el mismo decreto, se invita a los municipios a hacer lo propio, reduciendo la carga impositiva municipal en las facturas por consumos de energía eléctrica. También se instruye a la Secretaría de Energía a coordinar con el Ministerio de Economía para dar cobertura a las obras de energía eléctrica y gasíferas que sean requeridas, con fondos del Tesoro provincial.

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En la oportunidad, la agenda del Canciller incluyó una visita al Complejo Binacional Salto Grande y una recorrida por las instalaciones de la procesadora de alimentos Doña Pupa.

“Sin una mirada federal el récord de exportaciones del 2022 no hubiera sido posible. Las provincias y los municipios fueron centrales para potenciar el comercio exterior de las PyMEs y las grandes empresas”, apuntó Cafiero al respecto en sus redes sociales.

“En Concordia, con Enrique Cresto visitamos Doña Pupa, PyME exportadora de Entre Ríos que desde hace más de 20 años se dedica a la comercialización de comestibles con presencia también en provincias del Norte Argentino. Para el año que viene tienen proyectado aumentar un 50% sus exportaciones”, detalló el Canciller en Instagram.

“No se trata solo de un número. Detrás del récord de USD 100 mil millones está el esfuerzo de las empresas, muchas de ellas familiares”, dijo también Cafiero.

En Doña Pupa, Cafiero y Cresto fueron recibidos por el titular de la empresa, Oscar Rodríguez; el secretario de Desarrollo Productivo, Guillermo Satalía Méndez, y el director del Parque Industrial, Santiago Caprarulo.

En la oportunidad, Cresto reveló que en esta visita se trataron “cuestiones vinculadas a la agenda conjunta de promoción de la producción y trabajo que llevamos adelante con el gobernador Gustavo Bordet; la potencialidad de nuestros circuitos productivos; la importancia estratégica de la industrialización de las cadenas de valor y la generación de fuentes de trabajo en la región”.

En la misma línea, el Intendente valoró la presencia de Cafiero en la represa de Salto Grande, donde el Canciller, Cresto, y Kuider compartieron una reunión con el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto, y el senador provincial Armando Gay, para luego recorrer la sala de turbinas y generación hidroeléctrica del complejo.

“Hablamos de los procesos de integración con la vecina República Oriental del Uruguay, de las cuestiones energéticas y su importancia fundamental para el desarrollo y de las iniciativas presentadas por el senador Kuider, por nuestro municipio y el Gobernador para que la industria, el turismo y la producción puedan contar con costos energéticos bonificados y accesibles”, señaló el jefe comunal.

En este mismo sentido, Kueider expuso “la necesidad de avanzar con esquemas tarifarios más equitativos para Entre Ríos”, recordar que “hemos presentado en el Senado una iniciativa legislativa para que se mejore el valor de la energía que se paga a Salto Grande, a fin de obtener mayores excedentes para que se vuelquen a proyectos, obras de desarrollo para la región y una reducción de la tarifa eléctrica para todos los entrerrianos”, concluyó el legislador entrerriano.

Fuente: Prensa Municipalidad de Concordia

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