Una nueva medida del Gobierno nacional vuelve a encender el debate sobre la reducción del rol del Estado en áreas técnicas y de control. Tras la Resolución 213/2025, el Ejecutivo dispuso el cese progresivo del control metrológico que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre los surtidores de combustible en todo el país.

La normativa establece que la transición deberá completarse antes del 30 de junio, fecha en la que más de 5.000 estaciones de servicio deberán migrar al sistema de verificación en manos de certificadoras externas. En la práctica, la principal beneficiaria es la empresa Lenor, vinculada al entorno del ministro de Economía Luis Caputo.

El proceso de la “argentinada” para ceder negocios millonarios a los amigos

Hasta ahora, el INTI realizaba la verificación de surtidores en 9 de cada 10 estaciones del país, garantizando la precisión en la venta de combustibles. El organismo cobraba 25.000 pesos por pico expendedor, bajo un esquema sin fines de lucro y orientado al servicio público.

En una primera etapa, la gestión de Javier Milei incrementó la tarifa del INTI a 100.000 pesos, con el objetivo de que el mercado migrara hacia el sector privado. Sin embargo, las estaciones continuaron contratando al organismo por sus estándares técnicos, lo que finalmente derivó en la decisión de eliminar el servicio.

Un mercado millonario

Argentina cuenta con 5.349 estaciones de servicio activas y unas 45.000 bocas de expendio entre nafta, gasoil y GNC. Con el nuevo esquema, el costo de verificación ascendería a 75.000 pesos por pico, lo que habilita un negocio estimado en 12.000 millones de pesos para el sector privado.

Desde la empresa sostienen que existía “competencia desleal” por parte del Estado. El CEO de la firma, Julio Made, ingeniero industrial cercano al Propuesta Republicana (PRO), había cuestionado el rol del INTI en la prestación del servicio.

Impacto en el organismo científico

El cierre del área de Metrología Legal implica además un golpe financiero para el INTI. Esta actividad representaba cerca del 50% de la facturación por aranceles del Fondo Común de Centros de Investigación del organismo, por lo que la medida amenaza una fuente clave de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos.

La decisión se suma a otras reformas orientadas a reducir la intervención estatal y promover la participación privada, pero genera fuertes cuestionamientos por el aumento de costos, el impacto en la estructura del organismo y la posible concentración del negocio en manos de pocos actores.

La diputada Julia Strada lanzó una denuncia explosiva que sacude al sector productivo nacional. Según la economista, el Gobierno de Javier Milei está ejecutando un plan sistemático para desmantelar el INTI, eliminando funciones vitales de control y asistencia técnica. La legisladora advirtió que ya se dieron de baja más de 900 ofertas tecnológicas que servían de apoyo a nuestras empresas, dejando al organismo en un estado de parálisis operativa total por falta de fondos básicos como los viáticos para los técnicos.

El vaciamiento no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo la calidad de lo que producimos. Strada detalló que se eliminaron áreas clave de calibración y metrología legal, fundamentales para los estándares industriales. Para la oposición, este ajuste no es casualidad, sino una estrategia para que el país prescinda del desarrollo industrial y la innovación técnica, afectando directamente el futuro de la competitividad argentina. La situación de los convenios internacionales también está bajo la lupa tras cancelaciones masivas.

Prácticas predatorias y desregulación

   El gobierno justifica la medida en el achicamiento del Estado, pero críticos la califican como un desmantelamiento de capacidades científico-tecnológicas en favor de privados con conexiones políticas. “Luis Caputo habilitó la disolución de áreas clave del INTI para que sus amigos hagan negocios multimillonarios”, señalaron denuncias publicadas por La Nación, Clarín, Página 12 y otros medios.

   Desde Lenor, el director de Relaciones Institucionales, Alberto Schiuma, defendió la transición como “gradual pero positiva”. La empresa ya realiza verificaciones en varias provincias y asegura que garantizará costos acotados, aunque hasta ahora no ha publicado tarifas fijas para 2026. Mientras tanto, las estaciones de servicio deberán contratar estos servicios privados sin otra alternativa, en un mercado que se perfila como monopolístico.

FM del Este 100.5 con información de Cuchá y Diario Norte

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