El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, en La Pampa, organizó su casamiento y recurrió a una insólita solución para ahorrar costos: ordenó a seis detenidos que prepararan el asado, sirvieran el almuerzo y limpiaran el salón. Los presos caminaron sin custodia hasta el lugar y, tras la fiesta, regresaron por sus propios medios a sus celdas. Esta semana, el oficial enfrentó un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ocurrió el viernes 31 de mayo de 2024 en Lonquimay, un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. El oficial inspector Cristian Martín Galván contrajo matrimonio y, para celebrarlo, organizó una fiesta en un salón de eventos situado a una cuadra de la dependencia policial, ubicada sobre la calle Estanislao Zeballos.

Para reducir los gastos, ordenó a los detenidos que tenía bajo custodia que trabajaran durante la celebración. Curiosamente, los presos llegaron caminando, algunos sin custodia, y al finalizar la fiesta regresaron por sus propios medios para continuar detenidos.

El juicio

Esta semana se llevó a cabo en el Centro Judicial de Santa Rosa el juicio oral contra el oficial inspector Cristian Martín Galván, quien utilizó a seis de los ocho detenidos de la subcomisaría de la que estaba a cargo para trabajar en su fiesta de casamiento.

En diálogo con Infobae, el fiscal general de la I Circunscripción del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Sancho, confirmó que Galván se casó el 31 de mayo y utilizó a varios de los detenidos como parte del servicio de catering de su celebración.

“Fueron caminando. El local se llama Bar Véneto y está a una cuadra de la subcomisaría, sobre la calle Teniente Coronel Núñez. Había ocho detenidos y solo dos no participaron. Los demás colaboraron desde temprano: prepararon el salón, sirvieron el almuerzo y la torta y luego limpiaron. Uno de ellos hizo el asado, reconoció que estuvo encargado de asar el cordero. Iban y venían caminando, algunos lo hicieron varias veces durante la jornada”, detalló Sancho.

Durante el juicio, varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar. La mayoría continúa cumpliendo condena.

“Se trata de un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que los detenidos fueron liberados sin autorización. Galván tuvo suerte de que ninguno se fugara. En cuanto a los presos, no cometieron delito alguno: cumplieron una orden, salieron caminando y regresaron de igual modo”, afirmó el fiscal.

A la celebración asistieron unas 35 personas. Al día siguiente, el hecho se convirtió en un secreto a voces en el pueblo. Algunos lo tomaron con humor y destacaron incluso el buen comportamiento de los detenidos. Sin embargo, con el correr de los días, la situación llegó a oídos de los superiores de Galván. Se inició entonces un sumario interno que desembocó en la causa penal.

Cuando la Fiscalía comenzó la investigación, ya habían pasado varios días y las cámaras de seguridad de la comisaría no conservaban registros del movimiento de los presos durante esa jornada.

Sentado, a la derecha de la imagen y debajo de un policía, el oficial inspector Galván durante el juicio en su contra (Foto: La Arena)

Qué dijeron los testigos en la audiencia

Hubo hasta llantos. Declararon los seis detenidos esclavizados por Galván. Cuatro de ellos reconocieron haber participado de alguna manera en el evento, mientras que los otros dos negaron cualquier vínculo. Las declaraciones dejaron al oficial imputado en una situación comprometida.

El primero en declarar fue Oscar Urrutia, quien cumple su condena con régimen de semilibertad. En un principio negó haber estado en la fiesta, pero tras la intervención del juez Aníbal Olié -quien debió recordarle que estaba bajo juramento-, terminó admitiendo entre lágrimas: “Yo de mozo no estuve, fui a hacer el cordero”. Según su testimonio, Galván les pidió ayuda a él y a otros internos para colaborar con la organización del casamiento.

Otro de los testigos fue Oscar Sánchez, quien también intentó despegarse del hecho con una negativa rotunda. Sin embargo, al ser confrontado con otras declaraciones, reconoció que fue al salón “a llevar leña”, aunque aseguró que no participó de la fiesta. Dijo haberse enterado del evento porque los policías llevaron torta del casamiento a la comisaría.

El relato más comprometedor fue el de Claudio Araneda, quien afirmó haber sido mozo en la celebración. Explicó que él mismo se ofreció a colaborar, que limpió el salón, sirvió comida y que estuvo allí desde las 10 hasta pasadas las 15. Indicó que Urrutia fue el parrillero y que Sánchez llegó al mediodía.

En sintonía, Álvarez Pérez -otro detenido que estuvo esa semana en Lonquimay- confirmó que Galván lo sacó de su celda para que colaborara. Dijo que fue junto al oficial a pie hasta el salón, donde ya se encontraba Araneda. Detalló que entre cuatro o cinco internos limpiaron, armaron las mesas, sirvieron la comida y luego regresaron a la comisaría.

Por su parte, Oscar Meza y Juan Cuello fueron los únicos testigos que no fueron mencionados por los efectivos policiales como parte del evento. Ambos afirmaron no haber visto a sus compañeros salir y dijeron haberse enterado del casamiento por comentarios de los guardias.

Sobre el final de la audiencia, el juez volvió a convocar a Sánchez, luego de que otros testigos lo señalaran como mozo. Pese a esto, el interno insistió en su versión de que no participó del festejo.

Lonquimay, el pueblo pampeano de 2 mil habitantes donde el comisario se casó y llevó a los presos de mozos (Foto: Infohuella)

Con el caballo del comisario

Si ya resultaba alocada la historia de la fiesta de casamiento, hubo otro momento que le compitió casi a la par.

En las declaraciones, uno de los detenidos sostuvo que, como es estudiante de veterinaria, le atendía la mascota a Galván, un perro. Y no solo eso, también era su paciente un caballo que el jefe de la comisaría usaba para desfilar en los actos cívicos y gauchescos de la localidad.

Si, el detenido cuidaba al caballo del comisario.

El testimonio de Galván

Este viernes, habló Galván, pero no se refirió al hecho. No respondió preguntas del fiscal y se limitó a sostener que el hecho denunciado responde a una interna policial, de sus superiores. “Cuando un jefe te dice que te va a destruir, te destruye”, sostuvo.

Familiares y su esposa negaron la versión de los detenidos esclavizados. En su declaración, expresaron que ellos se ocuparon de servir en la fiesta, en contraste con lo que habían declarado anteriormente los presos.

El fiscal Guillermo Sancho contó a Infobae que siete meses después del hecho, en diciembre de 2024, Galván intentó improvisar una coartada. “Había dos vecinos de la localidad que habían firmado una exposición policial en la que aseguraban haber pasado por la celebración sin advertir la presencia de los presos. Pero este viernes, esa prueba se cayó. Porque en la declaración de los propios testigos presentados por la defensa quedó claro que esa exposición fue simplemente una firma en un papel que rubricaron rápidamente, sin leer detenidamente su contenido. Hoy, al leerlo en su totalidad, expresaron que eso no era cierto”, sostuvo el funcionario judicial.

El juicio culminó este viernes y el 28 de julio el juez Aníbal Olié dará a conocer la sentencia. El fiscal general Guillermo Sancho pidió un año y tres meses de prisión, de ejecución condicional -es decir, no efectiva- y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.

Por su parte, la defensa del oficial Galván, integrada por los abogados Marcos Bertolotti y Emanuel Morales, solicitó la absolución por considerar que el hecho no está probado y, subsidiariamente, apelando al principio de la duda, también pidió su absolución.

Infobae

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El Gobierno provincial dispuso la destitución por cesantía de Edgar Daniel Luna, exJefe de la Comisaría de Villa Domínguez, localidad ubicada en el centro de la provincia, a poco más de 170 kilómetros de Paraná, en el departamento Villaguay. Su expulsión fue por una razón fundada: en 2022 fue condenado por la Justicia por haber estafado a un anciano.

Luna fue sentenciado el 17 de marzo de 2022 por el delito de estafa en concurso real con violación de los deberes de funcionario público. Entonces, en el marco de un juicio abreviado, aceptó la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años. La sentencia fue emitida por el juez de Garantías de Villaguay, Rubén Alberto Chaia, quien homologó el acuerdo presentado por el fiscal Mauro Quirolo y el abogado defensor del Comisario.

La historia salió a la luz cuando la víctima se animó a contar lo que estaba viviendo. Su relato fue escuchado por empleados del área de Desarrollo Social del municipio y hasta por el intendente Juan Secundino Romero, quienes dieron cuenta de ello en el proceso judicial.

Al cumplirse un año de la condena, la Provincia informó oficialmente el 23 de marzo que Luna fue destituido mediante el decreto N° 3717, fechado el 26 de octubre de 2022. El decreto fue firmado por Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia.

De acuerdo al decreto de remoción, en el marco de un sumario administrativo, el Comisario fue destituido por haber violado el “artículo 201° inciso a) del Reglamento General de Policía, por la supuesta infracción al artículo 160°, 161° inciso 1) y 13) concordante con el artículo 4° inciso a) e i), artículo 11° inciso a) y f), artículo 12° inciso a), b), c), q) y s), artículo 162° con el agravante del artículo 187° inciso 1), 2), 3), 6) y 7) del Reglamento General de Policía”.

Las actuaciones se iniciaron en 2018 y se lo investigó por la “extracción y mal administración del crédito otorgado por el ANSES al ciudadano SS, por parte del funcionario policial Luna, como así también la conducta irregular desplegada por el causante al haber omitido la pertinente autorización del comando superior para la ubicación de dicho ciudadano en las instalaciones de la Comisaria de Villa Domínguez, Departamento Villaguay”.

Más adelante se agregó la sentencia que recayó sobre Luna, como así también el dictamen N° 093/22 del Honorable Consejo de Disciplina Policial II, quien opinó que “salvo mejor y más elevado criterio superior, se debería sancionar al Sub Comisario Edgar Daniel Luna con destitución por cesantía”.

Dicho criterio fue compartido por Gustavo Maslein, Jefe de Policía de Entre Ríos; y también la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia. Así las cosas, el organismo que encabeza Rosario Romero emitió el dictamen N° 849/22, donde explicitó que “no encontró objeción a la sanción sugerida por el Señor Jefe de Policía de la Provincia”.

El ahora exComisario de Villa Domínguez fue condenado por la Justicia en el marco de un juicio abreviado, es decir, en un proceso en el que reconoció haber estafado a un anciano de su localidad.

De acuerdo a la sentencia a la que accedió Entre Ríos Ahora, Luna admitió que entre 2017 y mayo de 2018 entabló una supuesta relación de solidaridad con un adulto mayor que vivía en condiciones precarias en la zona rural de Villa Domínguez, cerca de Las Moscas. La víctima recibía una magra jubilación mensual que fue aprovechada por el Comisario.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La causa

Ocampo, según señala la investigación, ponía la estructura policial a su alcance al servicio del empresario de Concordia, Guillermo Barrios, un hombre con un accionar temerario y vínculos en el ambiente delictivo. Según las sospechas firme que existen en la investigación de la Fiscalía, principalmente custodiaba con sus subalternos de la División Investigaciones la distribuidora de Barrios, cuando esos policías debían estar en funciones. Pero Ocampo también realizaba operativos y diversas averiguaciones requeridas por el empresario. El exjefe de Investigaciones de Concordia fue detenido en diciembre del año pasado y está cerca de ser enviado a juicio, aunque antes le van a imputar otro hecho más.

La historia comenzó en el marco de otra investigación que se venía llevando adelante en la Fiscalía de Concordia, a cargo de Francisco Azcué, a una banda narco que asediaba distintos barrios de la ciudad. Uno de los sospechosos era Barrios, quien habría estado involucrado en la compra venta de armas de fuego. Y por las escuchas telefónicas se detectaron innumerables contactos y comunicaciones de este hombre con el entonces jefe de un área clave y sensible de la Policía, como lo es Investigaciones.

De este modo, el fiscal José Arias comenzó una investigación al respecto. La actividad ilícita que se pudo detectar en esa pesquisa era el servicio de custodia policial que prestaba Ocampo a Barrios.

Se trata de un servicio llamado adicionales, que está reglamentado por la Policía y se realiza mediante pedidos formales a la Jefatura Departamental. Las autoridades envían al lugar requerido por el particular que solicita la seguridad en un lugar o evento, se firma un contrato y se paga a la misma administración pública. Luego se abona al policía el dinero correspondiente por las horas adicionales trabajadas, en su cuenta bancaria, y asentado en su recibo de sueldo.

Pero para Barrios, Ocampo decidió hacerlo más simple y redituable para él y sus muchachos. El personal policial que custodiaba su distribuidora de gaseosas Manaos era exclusivamente de Investigaciones, quienes en vez de estar cumpliendo funciones en su horario de trabajo, iba a la distribuidora o el lugar que Barrios necesite, según las evidencias que se fueron incorporando al legajo de investigación.

Y se detectaron otros servicios que Ocampo le prestaba a Barrios. Si el empresario veía un vehículo cerca de su distribuidora con personas a bordo que le parecían extrañas o sospechosas, llamaba al comisario, le pasaba datos de la patente y Ocampo le averiguaba quiénes eran. El favor no quedaba en el informe sobre la identidad de esos sospechosos, sino que encima el comisario enviaba una comisión policial y montaba un operativo para interceptar e identificar a esas personas. Es decir, la estructura del Estado que manejaba Ocampo, a la voluntad de un particular.

Otro dato elocuente sobre esta relación en la pesquisa surgió en torno al hermano de Barrios, quien estaba detenido con prisión domiciliaria, imputado por un homicidio. Un deber de la policía en estos casos es lo que se conoce como control saltuario, es decir, ir a la vivienda del detenido para corroborar que el mismo se encuentre cumpliendo la medida judicial. Y resultó ser que los únicos que realizaban ese control al hermano de Barrios era personal de Investigaciones, por lo que, a esta altura, sobran las dudas de si realmente lo hacían.

Un operativo para Barrios

El nuevo hecho que le imputará el fiscal Arias a Ocampo, y que revela aún más cómo el comisario disponía de la policía a merced de Barrios, tiene que ver con un conflicto que tenía el empresario. Este hombre quería imponer su monopolio en la distribución de Manaos en Concordia y la región de Salto Grande. Había un comerciante que no quería comprarle las gaseosas a él, sino que prefería conseguirlas en otros lugares. Lo presionaba y amenazaba reiteradamente, e incluso una vez denunció que le quería prender fuego su casa.

Un día, el comerciante viajó a Villaguay para comprar las Manaos y Barrios lo siguió. En el trayecto, cuando el hombre regresaba con la mercadería, lo interceptó y lo amenazó. En ese momento, Barrios se comunicó con Ocampo y el comisario movilizó nuevamente la estructura policial: llamó a la policía caminera y pidió montar un operativo cerrojo para detener la marcha del vehículo del comerciante, con el argumento de que llevaba mercadería que no estaría en regla. El procedimiento policial se realizó y el conductor del vehículo explicó la situación, dijo que lo estaban amenazando y justificó el transporte de las gaseosas.

Todo esto quedó registrado en las actas que se labraron en el operativo, y hasta en el libro de guardia donde quedó asentado el llamado que realizó Ocampo para pedir el mismo.

El 9 de diciembre del año pasado, el fiscal Arias solicitó los allanamientos a los investigados y se logró desbaratar el accionar delictivo. Y desde entonces, la causa avanzó con el análisis de más evidencias que fueron secuestradas. Así, surgió este segundo episodio que será endilgado a ambos acusados.

Una vez que este hecho sea imputado formalmente al comisario, la causa quedará prácticamente lista para ser enviada a juicio, donde la Fiscalía buscará una condena tanto para el policía como para el empresario, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.

Ocampo, que había llegado a la Policía de Concordia en 2013, en este momento se encuentra pasivo en la fuerza de seguridad provincial y probablemente, si lo terminan condenando, sea exonerado

Fuente: UNO Entre Ríos

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En el caso del ex comisario inspector Mario Alberto Núñez no fue así: tenía un trato telefónico frecuente y de confianza con el jefe de una organización narco que estaba con pedido de captura desde hacía varios años y lo mantuvo en secreto. Hasta que ese vínculo quedó registrado en escuchas telefónicas. En un primer juicio, Núñez fue absuelto por el beneficio de la duda. Luego, ese fallo fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal, y ahora el ex policía de Toxicología prefirió acordar con la Fiscalía federal una condena de prisión condicional por el delito de Encubrimiento.

Esta historia comenzó en 2013, cuando detuvieron en la costa de Colón a un hombre a punto de zarpar en una lancha con un cargamento de drogas; y terminó menos de dos años después con el arresto de una banda que operaba en ciudades de la costa del río Uruguay hasta Buenos Aires. Y ventiló el escándalo por la presencia de cuatro funcionarios de fuerzas de seguridad cómplices de los narcos: el mencionado Núñez, y además dos policías federales y un efectivo de Gendarmería Nacional. Por eso se conoció como “Causa Narcopolicías”.

Demasiadas sospechas

La investigación se inició a raíz de que, en septiembre de 2013, Carlos Callero fue sorprendido cuando intentaba exportar 42 kilos de marihuana y 3,300 kilos de cocaína a la República Oriental del Uruguay. En virtud de ello, en octubre de ese año, personal de la Dirección Toxicológica de la Jefatura Departamental de Colón de la Policía de Entre Ríos y de la Subprefectura Naval de Colón iniciaron una pesquisa en la que se estableció que el detenido Callero estaba vinculado a Javier Caire y a otros miembros de la organización. En mayo de 2017, el juez federal Pablo Seró ordenó los allanamientos que culminaron con las detenciones de 14 personas.

En el primer juicio desarrollado en 2017 se expuso el contacto asiduo que mantenía Núñez con el Gordo González. El entonces comisario declaró y no negó que hablaba con Mario González. De hecho reconoció su voz en las grabaciones de las escuchas. Pero su argumento fue que, en los momentos de las conversaciones, no sabía que hablaba con el narco prófugo, sino que para él era un “datero” más, anónimo.

La conversación más comprometedora fue una en la que Núñez le preguntó al narco dónde estaba, y este le dijo “por tus pagos”. Es decir, González sabía que el policía era de Concordia, al igual que él. Además, el investigador de Toxicología Néstor Garzón le preguntaba a Núñez si sabía dónde estaba González, pero le decía que no sabía nada.

Otros de sus compañeros también ya venían sospechando de él. Por ejemplo, el comisario Alexis Rotundo declaró que advirtió en la investigación que Núñez pasaba información a los narcotraficantes; y José Laumann (actual subjefe de la Policía) refirió los paupérrimos resultados de allanamientos a vendedores de drogas, como el caso de Claudia Bernal (en Villa Mabel en Paraná), así como las intromisiones del comisario en el área de Inteligencia.

El fiscal general José Ignacio Candioti había pedido condenarlo, pero para el Tribunal Oral Federal de Paraná esto eran meros indicios en el marco de un conflicto interno que había en Toxicología. Por eso el policía resultó absuelto por el beneficio de la duda. En esa misma sentencia condenaron a nueve de los 14 procesados, entre ellos los dos principales narcos, González y Javier Caire, los dos policías federales y el gendarme.

La confesión

Luego del recurso presentado por la Fiscalía, la Cámara de Casación en Comodoro Py revocó la absolución a Núñez y ordenó un nuevo juicio. Transitar un debate y afrontar una pena de prisión efectiva resulta un trastorno para muchos imputados. Quizás Núñez podría haber defendido nuevamente su versión en otro juicio, pero ya no está en las mismas condiciones que en 2017, cuando en el primer debate decía que quería pasar a dedicarse a entrenar perros para detectar drogas en controles. Ahora ya está expulsado de la fuerza, sus planteos deben ser otros, y prefirió firmar un acuerdo con la Fiscalía.

El juicio abreviado se realizó en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, presidido por Sebastián Gallino. El fiscal ad hoc Juan Sebastián Podhainy y el defensor de Núñez, Juan José Buktenica, presentaron el acuerdo de tres años de prisión condicional por el delito de Encubrimiento calificado. El mismo fue homologado por el juez en una sentencia, donde afirmó: “Es indiscutible el vínculo entre Núñez y el condenado González. Ambos se llamaban y enviaban mensajes por teléfono, lo que constituye un claro indicio en contra de quien se desempeñaba en calidad de jefe de la División Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos. No es habitual que un jefe de Tóxico que cumpla su función de forma lícita, hable amigablemente con un traficante prófugo sin tratar de efectivizar su captura”.

Un jefe narco que podía infiltrar la fuerza que quisiera

Mario González parecía tener demasiada suerte. Desde 2008 tenía un pedido de captura en una causa por narcotráfico, y cada vez que se ordenaba un allanamiento para su detención, no lo encontraban. Al parecer, esa suerte tenía su precio: había logrado tejer una buena relación con Núñez, quien llegó a ocupar la División Operaciones de la Dirección Toxicología.

Pero además, González supo armarse de buenos contactos en la Policía Federal: los sargentos José Gómez y Sergio García; y también de Carlos Acosta, un sargento del Escuadrón IV de Gendarmería.

Fuente: Diario Uno

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Ariel Ramón Gregoraschuk, jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental La Paz de Policía, fue condenado el 3 de marzo, en el marco de un juicio abreviado, a 2 años y 6 meses de prisión condicional (no va preso), por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento calificado y falsificación de documento público, en carácter de partícipe secundario.

En tanto, este martes la Justicia de La Paz homologó el acuerdo de abreviado alcanzado entre la Fiscalía y Betiana Anahí Villalba, oficial de la Jefatura de dicha ciudad, por los delitos de encubrimiento calificado y falsificación de documento público, en carácter de autora. Se le impuso la pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional, según reveló el periodista Gonzalo Núñez, para Entre Ríos Ahora.

Como regla de conducta, ambos deberán realizar por el período de sus condenas tareas no remuneradas para una institución de bien público.

Ambos participaron de una trama que comenzó la noche del domingo 16 de abril de 2017, cuando personal de la Jefatura de La Paz detuvo a Eduardo Godoy, entonces de 21 años. El joven había sido arrestado esa noche en inmediaciones del barrio Feria de La Paz por infringir los artículos 41º y 43º de la Ley Provincial N° 3815, de Contravenciones policiales, que refiere a infracciones por disturbios en la vía pública.

Horas más tarde de su detención, Godoy sería derivado al Hospital 9 de Julio de la localidad con graves quemaduras en todo su cuerpo. Así, se iniciaría una de las causas más graves por delitos cometidos por policías en esa ciudad entrerriana.

Con el correr de los meses, el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri -hoy con funciones en Paraná-, imputó por vejaciones, lesiones y encubrimiento, entre otros delitos, a ocho policías: Ruffino Miguel Adrián Arredondo, Pablo Roberto Emanuel Vargas, Neri Ubaldo López, Ariel Ramón Gregoraschuk, Juan Samuel Maidana, Pablo Hernán Silvetti, Betiana Anahí Villalba y Esteban José Marcciani.

En noviembre de 2021 se concluyó la investigación y se pidió la elevación a juicio de los acusados. No obstante, antes de que el caso llegue a ventilarse en un debate oral y público, algunos de los acusados lograron una salida alternativa.

El 3 de marzo, el policía Esteban José Marcciani, de 40 años, oriundo de Nogoyá, logró ser sobreseído de la causa, tras confirmarse que no tuvo ninguna participación en el grave hecho.

Ese mismo día, su superior, Ariel Ramón Gregoraschuk -de 48 años, de Rosario del Tala- acordó una pena condicional, tras admitir que ordenó falsear información para distorsionar los hechos. Por caso, admitió que horas después del traslado del joven con graves quemaduras, hizo insertar información falsa en un acta de novedades de la Jefatura e informó al fiscal de turno que un contraventor había prendido fuego un bien del Estado: un colchón. Tras ello, ordenó la limpieza del calabozo, haciendo desaparecer toda prueba para la investigación. Esto quedó registrado a las 6 de la mañana por una cámara que tomó a personal policial descartando en un tacho de basura material tomado del calabozo.

El accionar de Greogoraschuk y Villalba

En el acuerdo, su accionar quedó asentado de la siguiente manera. En primer lugar, reconoció que el 16 de abril de 2017, entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana, en servicio como Jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental La Paz de Policía, «estando en conocimiento del sometimiento físico que personal a su cargo sometió a Eduardo Emanuel Godoy, y que el mismo resultó con quemaduras con tal gravedad que motivaron su urgente traslado al Hospital 9 de Julio de La Paz, distorsionó los hechos al comunicarle deficientemente al Fiscal en turno Facundo Javier Barbosa lo sucedido, limitándose de exprofeso a anoticiar un hecho dañino contra los bienes del Estado, específicamente dando cuenta de que un contraventor había dado fuego a un colchón en el interior de una de las celdas».

Gregoraschuk omitió «dar aviso concreto de la situación ocurrida pese a tener la obligación legal de hacerlo, logrando con ello tiempo para hacer alterar las condiciones en que se encontraba el calabozo, procurando hacer desaparecer evidencias que se encontraban en su interior al ordenar la limpieza del mismo».

En segundo término, admitió que ese mismo día «hizo insertar por la Oficial en turno, Betiana A. Villalba, declaraciones falsas y datos falsos en la Nota Nº 168/2017, en el Informe de Novedad, y en el Acta Única de procedimiento, colocando, a sabiendas de su falsedad, información tergiversada en relación a las formas y circunstancias en que resultara con quemaduras Eduardo E. Godoy en el interior del edificio de la Jefatura Departamental La Paz en esa misma fecha».

Por su parte, la oficial Villalba aceptó que estando en conocimiento de lo que le sucedió al joven Godoy, «insertó declaraciones falsas y datos falsos en la Nota Nº168/2017, en el Informe de Novedad, y en el Acta Única de procedimiento, colocando, a sabiendas de su falsedad, información tergiversada en relación a las formas y circunstancias en que resultara con quemaduras en el interior de un calabozo edificio de la Jefatura Departamental La Paz en esa misma fecha».

Con su actuar, la oficial posibilitó «dar eficiencia a las referencias tergiversadas que el Jefe de la División Operaciones Ariel Ramón Gregoraschuk había dado al Fiscal en turno Facundo Javier Barbosa lo sucedido, limitándose de exprofeso a anoticiar un hecho dañino contra los bienes del Estado, específicamente dando cuenta de que un contraventor había dado fuego a un colchón en el interior de una de las celdas; obteniendo con ello alterar las condiciones en que se encontraba el calabozo, procurando hacer desaparecer evidencias que se encontraban en su interior al ordenar la limpieza del mismo».

La historia expone, una vez más, que la institución que debe proteger a la ciudadanía es capaz de cometer cualquier fechoría para «proteger» a los suyos.

Ahora, en la causa quedan cinco policías acusados, y son los que señalados como los autores de la golpiza al joven Godoy y de haberlo prendido fuego. Ellos son: Ruffino Miguel Adrián Arredondo, Pablo Roberto Emanuel Vargas, Neri Ubaldo López, Juan Samuel Maidana y Pablo Hernán Silvetti.

Limpieza de escena y la historia del encendedor

En la sentencia de Villalba, la Fiscalía menciona que el personal policial limpió la escena -el calabozo- y armó una versión de los hechos poco creíble, que dice que el mismo joven se prendió fuego con un encendedor.

De acuerdo a la investigación fiscal, las imágenes filmadas por la cámara de la Jefatura fueron clave para desmontar la versión de los policías. En primer lugar, se supo que la oficial Villalba insertó en el acta que en el calabozo se encontró un encendedor y una remera de Godoy, dos objetos que -según los policías- habrían sido usados para el inicio del fuego.

Sin embargo, las imágenes revelaron que el joven fue ingresado a la celda sin la remera y sus zapatillas, «por lo que inequívocamente la prenda de vestir fue colocada con posterioridad en el calabozo».

«Respecto del encendedor referido, en el informe criminalístico elaborado por Agrupación V de la Gendarmería Nacional, quedó concluido que ese encendedor, dado el estado impoluto en el que se encontraba, entero y sin hollín sobre él, no estuvo sometido al fuego y calor dentro del calabozo», señaló la Fiscalía.

De modo, concluyó que el encendedor y la remera fueron colocados en el calabozo «luego de la agresión con liquido inflamado y humo».

Se agregó que la oficial Villalba inscribió en los documentos de la Jefatura que Godoy había sido aprehendido por supuestas faltas contravencionales, y que se encontraba en estado de exaltación «lo cual no se constata en las visualizaciones de los registros de la cámara frontal del edificio de la Jefatura Departamental La Paz de Policía».

Luego se menciona que el muchacho es escoltado hasta un punto ciego para la cámara del edificio y, minutos más tarde, es llevado a la celda con la cabeza cubierta, con el calzado y la remera puestos, y esposado con las manos en su espalda. Más tarde aparece otra imagen: uno de los policías sale con el calzado y la remera del joven en sus manos.

«Lo demostrativo del ocultamiento policial posterior es que esa vestimenta aparece fotografiada en el relevamiento del hecho, realizado por el Gabinete Regional Criminalístico La Paz; en las actuaciones conducidas por Gregoraschuk y Villalba», subraya la investigación fiscal.

Finalmente, se agrega que el personal criminalístico de la Gendarmería Nacional Argentina concluyó que fue imposible que el joven haya provocado el incendio. Y ubicaron el inicio del fuego «sobre el dintel de las rejas superiores a la puerta, desde el lado externo hacia el interior y el recorrido de líquido inflamado de arriba hacia abajo» a una altura de «2,20 metros», imposible de alcanzar para el joven.

Así las cosas, ahora resta que los demás acusados sean llevados a juicio para que, de una vez, la historia del joven Godoy concluya con el juzgamiento a los demás responsables de sus graves quemaduras y el caso pase a integrar otro antecedente de la violencia policial en la provincia.

Fuente: Entre Ríos Ahora – Gonzalo Núñez

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El hecho

La falta se descubrió por cuanto quedó en evidencia que desde la Comisaría Quinta no se había elevado la correspondiente rendición al pago de las pensiones de la Ley 4.035, siendo que desde el entonces Ministerio de Salud y Acción Social se le habían entregado para el pago un total de 266 recibos. Pero ocurrió que luego de realizar una constatación con la documentación aportada por el titular de la Comisaría, quedó al descubierto el faltante de 13 pensiones sin abonar. Pero el dato revelador fue que no se contaba con el recibo de depósito y/o el dinero respectivo en carácter de devolución al Ministerio de Salud y Acción Social.

Esa irregularidad motivó el inicio de una causa penal, que tramitó en ese año el Juzgado de Instrucción N° 2 de Paraná. El caso tuvo resolución el 28 de agosto de 2013, cuando la Cámara Primera en lo Criminal Sala Segunda, informó que en el marco de la causa N° 4575 caratulada “Carrizo Diego Martín s/ Malversación de Caudales Públicos”, se declaró a Diego Martín Carrizo, el comisario que se había quedado con las 13 pensiones Ley 4.035, como autor material y responsable del delito de malversación de caudales públicos, y se lo condenó a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

A nivel de la Policía de Entre Ríos el sumario concluyó con la recomendación de una sanción con destitución por cesantía.

Dilatación de una resolución

El comisario Carrizo comenzó a actuar de la mano de su abogado defensor, Héctor Mario Cardona, que batalló a nivel administrativo para torcer esa decisión de la fuerza.

Un primer planteo fue rechazado por “improcedente”, aunque el letrado insistió y el 11 de noviembre de 2014 presentó un recurso de apelación jerárquica y nulidad contra la resolución de cesantía, que fue rechazado mediante Resolución N° 1356/14, del 9 de Diciembre de 2014, por cuanto no había sido presentado en tiempo y forma.

El 26 de enero de 2015, el defensor del comisario interpuso un recurso de apelación jerárquica y nulidad contra la Resolución N° 1356/14, aunque fue rechazado tal pedido mediante decreto N° 164 del Ministerio de Gobierno.

No se dio por vencido y el letrado acudió entonces con un recurso de prescripción de la falta endilgada a su defendido y solicita el sobreseimiento.

Pero un dictamen del Consejo de Disciplina de la Policía buscó cerrar el caso con la recomendación que, “salvo mejor y más elevado criterio superior se debería sancionar al comisario Carrizo con destitución por cesantía”.

Efectivamente, el 23 de junio de 2017, a través de la resolución N°100, la Jefatura de Policía de la Provincia dispuso la destitución por cesantía.

Pero el abogado de Carrizo recurrió esa decisión el 26 de julio de 2017, pero no logró nada distinto más que un nuevo rechazo.

El caso luego tuvo un giro cuando se decretó la nulidad de la resolución N° 100 de la Jefatura de Policía que había dispuesto la cesantía del comisario que se quedó con las pensiones Ley 4.035

Entonces, el defensor de Carrizo interpuso, primero, un recurso de queja, y después, un recurso de apelación jerárquica.

Sanción

Se llegó al año 2020 .Un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno recomendó el rechazo del recurso de revocatoria contra “la resolución atacada por cuanto devino abstracta dado que la Resolución N° 100/17, que dispuso la sanción de destitución por cesantía fue declarada nula por Resolución N° 133/17, notificada al recurrente y su abogado defensor el 2 de octubre de 2017”.

Respecto a la solicitud del Jefe de Policía de la Provincia, que, al compartir dictamen del Consejo de Disciplina Policial II mediante dictamen N° 085, obrante a fs. 953/955, solicita que el comisario Diego Martín Carrizo, sea sancionado con destitución por cesantía, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no encontró objeciones jurídicas al respecto”.

Así pues, el 27 de septiembre de 2021, 19 años después de los hechos ocurridos en la Comisaría 5ª, el Gobierno, a través del decreto N° 2.812, dispuso la destitución por cesantía del comisario Diego Martín Carrizo, y así, finalmente, cerró el caso.Fuente: Entre Ríos Ahora.

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