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El acceso permanecerá suspendido mientras se realizan tareas de resguardo y monitoreo.

La Administración de Parques Nacionales confirmó el cierre preventivo del circuito que conduce a la Garganta del Diablo, el principal atractivo de las Cataratas del Iguazú, como consecuencia de la crecida extraordinaria del río Iguazú, un fenómeno que algunos especialistas vinculan con el regreso de El Niño y otros con modificación artificial del clima (geoingeniería climática).

La restricción se extenderá por aproximadamente 40 días y tiene como objetivo preservar la infraestructura del paseo frente al incremento sostenido del caudal del río, que podría superar los niveles considerados seguros para la operación turística.

Según informaron las autoridades, la decisión fue adoptada de manera preventiva luego de los reportes hidrológicos que anticipan un aumento significativo del volumen de agua durante las próximas semanas. Los sensores instalados sobre el río y el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas permitieron anticipar el escenario y activar los protocolos de seguridad.

Protección de la infraestructura

Durante el período de cierre se realizarán tareas de inspección, mantenimiento y refuerzo de las pasarelas que conducen al balcón de la Garganta del Diablo, una de las estructuras más expuestas a la fuerza de las crecidas.

Las autoridades recordaron que el sistema de pasarelas flotantes está diseñado para soportar variaciones importantes en el nivel del río, aunque cuando los pronósticos indican una crecida extraordinaria resulta necesario suspender el acceso para evitar daños materiales y garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores.

Los visitantes podrán recorrer:

• Centro de Visitantes Yvyrá Retá.
• Territorio Yaguareté.
• Tren Ecológico de la Selva.
• Circuito Superior.
• Circuito Inferior.
• Sendero Verde.
• Sendero Macuco.
• Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas.
• Locales gastronómicos y tiendas comerciales.

El impacto de El Niño

Los especialistas explican que el fenómeno climático de El Niño suele provocar precipitaciones superiores a los valores normales en gran parte del sur de Brasil y la cuenca alta del río Iguazú, lo que termina incrementando el caudal que llega hasta las Cataratas.

El Niño o Manipulación climática?

Aunque las lluvias más intensas ocurran cientos de kilómetros aguas arriba, sus efectos se reflejan días después en el Parque Nacional Iguazú, donde el volumen de agua puede multiplicarse varias veces respecto de los registros habituales.

El resto del parque continuará abierto

Pese al cierre del circuito Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú continuará recibiendo visitantes. Permanecerán habilitados los demás recorridos que no presenten riesgos, aunque las autoridades advirtieron que el funcionamiento estará sujeto a evaluaciones permanentes de acuerdo con la evolución del río.

Los responsables del área protegida recomendaron a quienes tengan previsto visitar las Cataratas consultar previamente el estado de los circuitos y seguir las indicaciones del personal del parque, ya que las condiciones hidrológicas pueden modificarse rápidamente.

La medida busca minimizar riesgos y preservar uno de los principales destinos turísticos de la Argentina frente a un escenario climático que podría mantenerse durante las próximas semanas.

FM del Este 100.5

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La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

El comunicado de la compañía al que accedió la Agencia Noticias Argentinas informó que “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

• Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
• El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
• Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

En este marco, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

#AgenciaNA

• Piden el Procesamiento del presidente de la fábrica de jugos “El Carmen S.A.” por la contaminación de la cuenca del Mandisoví Chico
• Entre Ríos batió un nuevo récord exportando servicios basados en el conocimiento
• Localización de HIF Global: “Frigerio siempre estuvo convencido de que el camino era el diálogo y la diplomacia”, afirmó Colello.
• El Ente Provincial Regulador de la Energía autorizó incrementos en las tarifas de septiembre
• La Corte Suprema confirmó la condena a 8 años al exgobernador Sergio Urribarri y los fiscales pidieron su detención

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Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni recordó que la medida sirve para cerrar “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, en clara alusión al juicio por la causa Vialidad que terminó con la condena de Cristina Kirchner por sobreprecios y abandono de obras.

Qué implica la disolución de Vialidad Nacional

Según fuentes oficiales, la DNV contaba con 5.184 agentes, de los cuales solo el 33% realizaba tareas operativas. El resto formaba parte de una estructura administrativa excesiva y costosa, con un promedio de un cargo directivo cada tres empleados operativos. El resultado, advierte el Gobierno, fue una ejecución lenta de obras y altos costos operativos.

El anuncio del vocero presidencial @madorni Manuel Adorni, informando el cierre de Vialidad Nacional pic.twitter.com/uIc7gczYci

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) July 8, 2025

El mensaje fue contundente: “Se firma el cierre definitivo de Vialidad Nacional y otros dos organismos”, informó Adorni. Se destacó que la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales se abrirá en breve, con la idea de incorporar al sector privado para reducir gastos y aumentar eficiencia.

¿Quién se queda con las funciones?

• Ministerio de Economía asumirá tareas vinculadas al diseño, construcción, conservación y mejora de la red nacional de rutas.
• La nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte —fusión de la CNRT con funciones de ANSV y CNTySV— se encargará de la fiscalización, control de concesiones y aplicación de sanciones.
• Podrá recepcionar reclamos de usuarios, supervisar licencias, inspeccionar vías y aplicar multas.
• La Gendarmería Nacional asumirá controles de tránsito en rutas nacionales.

También se anuncia la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que estará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte, ahora restringida al ámbito aeronáutico.

Ahorros y críticas

El Gobierno calcula que la medida generará un ahorro cercano a los 100 millones de dólares por año, además de contribuir a la “motosierra”, el plan de reordenamiento masivo del Estado. Además, sostienen que las facultades delegadas —que vencen hoy mismo— generaron un alivio fiscal equivalente a 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión genera inquietud en sectores críticos. Sindicatos del sector vial advierten sobre posibles despidos y temen que la licitación de rutas derive en menor control comunitario. Fuentes sindicales estiman que podrían perderse 5.500 fuentes de trabajo y alertan sobre la posibilidad de que su función pase a manos del sector privado sin garantías para la infraestructura pública .

Balance final: El cierre de Vialidad Nacional y la reorganización del transporte constituyen una reforma estructural ambiciosa, que apuesta a la eficiencia y austeridad. Pero también conlleva riesgos sociales y políticos que serán debatidos en el Congreso y en la calle.

FM del Este 100.5

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Buenos Aires, 25 de junio de 2025 – En una decisión que ya despierta repercusiones en todo el país, el Banco de la Nación Argentina anunció el cierre de 60 puntos de atención en distintas provincias.

Desde la presidencia del banco aseguran que la medida forma parte de un “Plan Estratégico 2024‑2027”, que tiene como eje la eficiencia, el fortalecimiento de los canales digitales y la re-adecuación de la estructura interna del banco. Sin embargo, gremios bancarios, sectores políticos y ciudadanos del interior del país ya expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de esta transformación.

Recorte

El recorte llevará al Banco Nación a contar con 709 puntos de atención, casi el mismo número que tenía en 2015. También se anunció la reducción de las gerencias zonales, que pasarán de 33 a 29, reorganizadas de acuerdo con la segmentación actual del INDEC. Según fuentes oficiales, la medida permitirá un ahorro estimado de más de 139 millones de pesos por mes, y más de 800 millones en lo que queda del año.

En cuanto a los Centros de Atención PyME, se plantea un cambio profundo: ya no funcionarán en oficinas fijas, sino que serán itinerantes. La idea es que los ejecutivos se trasladen a las empresas y emprendimientos para brindar asesoramiento personalizado. Este modelo también apunta a reducir alquileres y gastos operativos.

Uno de los pilares del plan es la apuesta fuerte por la digitalización. Desde el banco señalan que el 98 por ciento de las transacciones ya se realizan por canales electrónicos, y que las operaciones presenciales en ventanilla cayeron un 25 por ciento en el último año. También destacan el crecimiento de Nación Servicios, la empresa que gestiona el sistema de pagos para el transporte público, que ya superó el millón de viajes procesados.

Que pasará con los empleados?

Pero detrás de las cifras, crece el debate. ¿Qué pasará con quienes no tienen acceso o habilidades para operar en forma digital? ¿Cómo impactará en pueblos y ciudades donde la sucursal del Nación era la única presencia bancaria? ¿Se trata solo de un cambio tecnológico o de un paso más hacia la privatización?

La reconversión del banco en sociedad anónima es otro de los puntos que genera controversia. Si bien todavía no se concretó, está en la agenda del oficialismo y forma parte de un proceso más amplio de reforma del Estado, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Por ahora, no se informó cuáles serán las 60 sucursales afectadas, pero en provincias como Mendoza, Río Negro y Neuquén ya se encendieron luces de alerta. Sindicatos y legisladores provinciales exigen detalles y advierten sobre el impacto social y laboral que podría tener esta decisión.

Lo cierto es que el Banco Nación, una institución con más de 130 años de historia y un rol central en la vida económica del país, está entrando en una nueva etapa. Una etapa que plantea desafíos, tanto para el sistema financiero como para los ciudadanos comunes que siguen viendo en su sucursal de siempre mucho más que un lugar para hacer trámites.

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El Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate ha suspendido temporalmente sus operaciones comerciales debido a una falla en su principal autobomba, esencial para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). Esta situación ha llevado a la degradación del aeropuerto a la categoría 2 del SSEI, impidiendo la operación de vuelos comerciales según las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Como consecuencia, se cancelaron varios vuelos, incluyendo cuatro de Aerolíneas Argentinas y uno de LADE, afectando tanto despegues como aterrizajes.

Para solucionar el problema, se ha decidido trasladar una autobomba desde el aeropuerto de Río Gallegos a El Calafate. Un camión de la Municipalidad de El Calafate se dirigió a la capital provincial para transportar el vehículo, con el objetivo de restablecer la operatividad del aeropuerto lo antes posible.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que el aeropuerto permanecerá inhabilitado para vuelos comerciales hasta nuevo aviso y recomendó a los pasajeros comunicarse con sus respectivas aerolíneas para obtener información sobre el estado de sus vuelos.

Este incidente ha generado confusión y reclamos entre los pasajeros afectados, algunos de los cuales quedaron varados en diferentes destinos. En un caso, un avión que había despegado de Buenos Aires con destino a El Calafate tuvo que regresar a la capital minutos después de haber iniciado su vuelo.

Las autoridades trabajan para resolver la situación y restablecer las operaciones normales en el aeropuerto de El Calafate a la brevedad posible.

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El reciente cierre del Registro de la Propiedad del Automotor en Chajarí, dispuesto por la Resolución MJ Nº19/2025 del Ministerio de Justicia de la Nación, ha generado alguna inquietud. Sin embargo, esta medida podría traer consigo beneficios económicos para los chajarienses en términos de reducción de costos administrativos y operativos.

Reducción de Costos Administrativos

El cierre de registros seccionales forma parte de una estrategia nacional para optimizar recursos y reducir costos. Los Registros de la Propiedad del Automotor en Argentina no son organismos estatales en su totalidad, sino que funcionan bajo un sistema de concesión privada, donde cada registro tiene un encargado titular que, en muchos casos, tiene vínculos políticos o influencias dentro del Estado. Estos encargados reciben un porcentaje significativo de los ingresos generados por cada trámite realizado, lo que ha convertido a los registros en un negocio altamente rentable para un reducido grupo de personas. La mayor parte del dinero que los ciudadanos pagan en gestiones como transferencias, inscripciones y certificaciones no va directamente al Estado, sino a estos intermediarios, lo que encarece innecesariamente el proceso y dificulta cualquier intento de modernización o digitalización del sistema.

Digitalización y Trámites en Línea

El Gobierno Nacional ha estado impulsando la digitalización de diversos servicios públicos, incluyendo los relacionados con el registro automotor. Esta tendencia hacia la modernización permite a los ciudadanos realizar numerosos trámites de manera virtual, evitando desplazamientos y ahorrando tiempo y dinero. Aunque el cierre físico del registro en Chajarí implica que ciertos trámites presenciales deban realizarse en otras localidades, la ampliación de las plataformas digitales ofrece una alternativa conveniente y económica para muchos procedimientos.

Si bien el cierre del Registro de la Propiedad del Automotor en Chajarí presenta desafíos, también ofrece oportunidades para que los residentes se beneficien de una administración pública más eficiente y de la creciente disponibilidad de servicios digitales.

El Comunicado del Gobierno de Chajarí expresa textualmente:

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“En poco más de un año de gestión ya cerramos 320 Registros Automotores con el objetivo de tener un Registro único 100% digital”, escribió la cartera nacional en sus redes sociales, donde también destacaron que “modernizamos la cédula azul para que puedas obtenerla en menos de 5 minutos a través de la aplicación Mi Argentina”.

“Además, permitimos la libre inscripción de los vehículos 0 km en cualquier sede del país, sin restricción por domicilio”, agregaron.

El plan del Gobierno con los registros automores

Hace varios meses, el Gobierno nacional había anunciado que se cerrarían el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevaban intervenidos más de 2 años. Luego se procedería con el cierre de los restantes intervenidos.

La decisión fue parte de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos.

Registros Automotores: los cambios que implementa el Gobierno

• Reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
• Se eliminó la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se elimina el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
• Se propone a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
• Se implementa un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
• Se audita el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
• Se digitaliza la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
• Se aumenta significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
• Se inició la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos.

Fuente: A24

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Preocupado por los profesionales del organismo

“Creo que es la primera vez que salgo porque veo una cuestión de una injusticia enorme, no solamente por una cuestión de un organismo muy federal, sino por la injusticia con los mismos empleados de ENOHSA, que son 250 profesionales (ingenieros e ingenieros hídricos) que tienen una vida dentro del organismo y que no tienen militancia política, no es que son militantes de la Cámpora o de algún partido político”, respondió al ser consultado desde la emisora de El Entre Ríos en Concordia.

Remarcó que los trabajadores del organismo que él presidió hasta el 3 de octubre de 2022 “tienen la única vocación que es la política de agua y saneamiento. Son empleados que trabajaron en la pandemia a destajo exclusivamente para que se puedan lograr aprobar los proyectos para hacer más de 1500 obras en la Argentina”, enfatizó.

¿Irregularidades? “Lo que salió publicado es un relato”

Sobre la difusión de presuntas irregularidades y falta de rendición que justificarían el cierre, el exintendente de Concordia explicó: “me fui hace dos años del ENOHSA, Katopodis hace un año se fue del Ministerio de Obras Públicas y no hay ninguna denuncia”, destacó y agregó: “no hay ninguna cuestión de irregularidad porque, si hay algo que pregonó Katopodis, es lo que tiene que ver con la transparencia en el manejo de la obra pública”.

Estimó, además sobre el informe con los resultados de las auditorías hechas por las SIGEM, que “lo que salió publicado es un relato que hace Caputo”. ¿Por qué planteó tal cosa el exintendente de Concordia? Porque dijo que, “de 1500 obras que hicimos, si se habrán hecho 20 licitaciones en el ENOHSA es mucho decir. Las obras se licitaban en los municipios y en las provincias porque nosotros transferíamos los fondos”.

“Eso que salieron a mencionar como que no se les permitió o no hubo una tarea de auditoría apropiada por parte de la SIGEM o que ENOHSA no le aportó información para la transparencia y para el control y la auditoría y eso de que también habría habido una enorme cantidad de adjudicaciones directas no es así”, aclaró.

“¿Por qué aceptamos el desafío de ser parte del proyecto nacional con Gabriel Katopodis en el ENOHSA? Porque vimos una gran herramienta política en el buen sentido como para llegar a todos los puntos del país con obras de agua y saneamiento”, se preguntó y respondió en “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por www.oidmortalesradio.com.ar).

¿Por qué Caputo ve un antro de corrupción?

Cerró, su reflexión, diciendo lo siguiente: “El que es político y que lo hace con vocación, con transparencia, con esas ganas y ese compromiso, ve una herramienta política. El que es ladrón, el que está en la política para enriquecerse, ve una caja política. Entonces Caputo ve una caja política, un antro de corrupción”, cuestionó.

“Lo que pasa es que Caputo no tiene ni la mínima idea, ni siquiera debe haber ingresado nunca, ni debe saber lo que es el ENOHSA. Es decir, lo que ve Caputo es un número que ENOHSA ejecutó 1500 obras y no ve licitaciones en ENOHSA. Entonces, como debe manejar por arriba los números, dice cómo hicieron 1500 obras sin licitación”, supuso y aclaró nuevamente: “No, no es que las hicimos sin licitación”.

Explicó, sobre el particular, que “los municipios presentaban un proyecto, mandábamos los fondos y los municipios en la Argentina en forma simultánea licitaban. Era la única forma de llegar a todos lados. Y al contrario, es caja política cuando vos no resignás los fondos y querés licitar todo vos”, planteó.

“Lo único que hacía ENOHSA era aprobar los proyectos y después mandar a la universidad para que certifique si está al 100% de la obra para darle el último certificado. Entonces, cuando a mí Katopodis me manda a la ONU a exponer sobre ENOHSA es porque es reconocido a nivel latinoamericano lo que tiene que ver con los objetivos 2030”, contó y amplió: “un organismo que en tres años suma a la red de agua potable a 1.500.000 argentinos y a la red de saneamiento a 2.000.000, los demás querían ver qué organismo era”.

Las obras que sí licitó ENOHSA

-Hablando de las obras encaradas desde ENOHSA con estos acuerdos, hay obras como la de la planta potabilizadora de Concordia que todavía no está terminada. ¿Se podrían ver afectadas por este cierre de ENOHSA o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
-Sí, esa es una obra del ENOHSA. Por eso, las únicas obras que licitó ENOHSA son las que son financiadas con fondos internacionales porque el BID te exigía que el organismo lo hiciera. Permitía que lo hagas como en el programa “Argentina Hace”. Además, es una obra de mayor envergadura, claramente. Obvio, además que el que licita es el BID, se hace en el último piso del organismo, es una licitación internacional.
Del 100% de los créditos otorgados por el BID en Argentina, el 60% son para agua y saneamiento y, de ese 60%, casi el 90% de ese 60% lo hace ENOHSA porque lo reconocen como un organismo muy responsable, es decir, con gente profesional que no está politizada.

El proyecto que le había presentado a CFK y Massa

Más adelante, el actual legislador provincial respondió sobre qué cosas podrían incluso mejorarse o potenciarse de ENOHSA, en lugar de cerrarse. También se le planteó qué cosas quedaron pendientes de hacer en su gestión. “Nosotros teníamos un proyecto que era establecer una gran política de Estado, que no significaba cerrar a ENOHSA, sino dejar a ENOHSA exclusivamente para las grandes obras de infraestructura, como por ejemplo la planta de agua en la ciudad de Concordia o el Acueducto Metropolitano en Paraná”, ejemplificó y agregó. “el ENOHSA para eso, con el equipo de gente que tiene el organismo para las grandes obras”.

Después, habló del proyecto de ley de agua y saneamiento, que significaba directamente brindarle a los municipios de la Argentina un fondo de saneamiento, así como era el Fondo de la Soja. Era “exclusivamente para hacer obras de agua y cloacas, no para pagar sueldos ni para hacer cordón cuneta, exclusivamente para obras de agua y cloacas”, contó y aclaró que “ese fondo se distribuía en base a la coparticipación que le toca a cada municipio, otra vez una fórmula polinómica”.

“Y ahí vos te evitabas en ENOHSA que tengan que ir 2.000 intendentes a Capital Federal a firmar un convenio, un organismo para que le den la plata para hacer una obra que tienen ellos proyectado”, argumentó y recordó: “yo le decía en ese momento a Sergio Massa, que era presidente de la Cámara de Diputados, a Cristina, que era presidenta del Senado, yo le llevé proyecto y le digo: ‘miren, esto es resignar una buena política pública, pero no deja de ser una política pública que no se va a sostener en el tiempo. Si se cambia de Gobierno, a ENOHSA lo pueden cerrar o terminar con esto’, cosa que pasó”, lamentó.

Para que eso no pasase, Cresto dijo que había que “votar la ley de agua y saneamiento y que vayan directamente los fondos a los municipios, exclusivamente para hacer agua y cloacas”, reiteró y mencionó que, “por ejemplo, a Concordia le tocaba por la polinómica de coparticipación, aproximadamente a plata de hoy, 150 millones por mes, exclusivamente para hacer nuevas redes de agua, nuevas redes de cloacas, mantenimiento de plantas y así distribuir la misma plata de ENOHSA en todo el país. Eso era transformar una política pública en política de Estado”.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio.

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La motosierra no se detiene, A los cierres de Trenes Argentinos Capital Humano  (DECAHF) y La Casa de la Moneda, ahora se suma la disolución de otro ente nacional.

Es que el Gobierno del presidente Javier Milei dispuso el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA). Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. También debía controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento.

Una de las razones que motivaron la disolución es que, según el Gobierno, el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. 

De todos modos, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa ferroviaria, el cierra de ENOHSA no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momentos. En un principio, el Gobierno ha decidido reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas.

Fuente: Noticias Argentinas

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En la era de la gobernanza y los anuncios twitteros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dudas se ha vuelto uno de los personajes más destacados del gobierno.

Por desgracia, en muchos casos su notoriedad deviene de la falta de datos concretos que apuntalen los anuncios que realiza –que son repetidos y vitoreados en loop por usuarios de redes sociales-, y el caso del cierre del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina es un claro ejemplo de esto.

“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia”, publicó ayer el funcionario en X, pasadas las 10 de la noche.

Por desgracia, entre los más de 600 comentarios nadie se atrevió a preguntarle de dónde obtuvo esa cifra, que poco tiene de cierta. Tampoco se le preguntó por la evidencia que respaldara la falta de transparencia denunciada, que hoy Economía justificó, a través de un comunicado, en los resultados de una supuesta auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la que tampoco se tienen datos.

Pero vayamos por partes. En primer lugar hay que decir que el FRAO, creado mediante la Ley 25.422 de “recuperación de la ganadería ovina”, que fue sancionada en 2001 y extendida en 2021 por la Ley 27.646, nunca recibió asignaciones anuales de la Administración Pública nacional por 3.000 millones de pesos.

Desde la sanción de la ley que fijó su extensión, hasta el año pasado –que fue el último año en que se cobró el mismo-, la asignación de fondos no superó el monto dispuesto de 850 millones de pesos para el último ejercicio.

De hecho, en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, se determinó que los fondos para el año 2023 serían los siguientes:

“La Ley ovina fue aprobada hace 20 años atrás, como bien dicen, con fondos por 20 millones de dólares anuales. Ese monto hoy sería de 20 mil millones de pesos anuales al tipo de cambio oficial. En su última versión, la ley establecía fondos anuales por 850 millones de pesos. Eso está en las actas de lo que se otorgó a cada provincia. A eso se suma para cada provincia los recuperos de las cobranzas de los créditos anteriores, pero nunca va a llegar a los 3.000 millones. No hay aporte por 3.000 millones”, explicó a Bichos de Campo Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Chubut, la provincia con la mayor cantidad de existencias ovinas del país.

El productor explicó a continuación que la forma en que esos fondos eran distribuidos entre los productores, permitía confirmar que la erogación era de entrada muy escasa y no alcanzaría para verdaderamente solucionar los problemas que enfrentaba esa economía regional.

“De los 850 millones de pesos, a la Patagonia, que tiene aproximadamente el 55% de los ovinos del país y produce casi el 98% del total de la lana fina que es la que se exporta, le correspondían aproximadamente 300 millones de pesos. Teniendo en cuenta que existen unos 9.000 productores en esa región, hablar de 300 millones supone unos 30 mil pesos por productor. Esto es para darle la significatividad al tema”, detalló Luján.

A ponerse el casco: Si fuera por Javier Milei y su motosierra loca, se viene el fin de la Ley para la Recuperación de la Ganadería Ovina

Ahora bien, salvado el tema de los fondos, la cuestión que generó ruido en el sector fue la acusación de falta de transparencia, principalmente por dos razones.

La primera es que el gobierno nacional siempre formó parte de los espacios fiscalizadores, por lo que si hubo personas que realmente se beneficiaron de sobremanera, eso se debe a una falla del propio estado.

De hecho, las rendiciones de los fondos destinadas en los últimos ocho ejercicios están publicadas en la propia página web de la Secretaría de Agricultura. Difícilmente haya programas nacionales que saquen sus pagos a la luz como hacía este.

La segunda tiene que ver con la falta de publicación de la supuesta auditoría realizada, a partir de la que el Ministerio de Economía aseguró haber encontrado las siguientes irregularidades: “falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta la cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a  beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras”.

“El cierre del FRAO se enmarca en la decisión del Gobierno Nacional de promover la transparencia de la función pública, el acceso a la información y desarticular sistemas o régimen que puedan favorecer nichos de corrupción estatal”, señalaron luego desde esa cartera.

Osvaldo Luján enumeró los motivos de por qué la producción de lana en Patagonia se redujo 50% y el stock de ovinos un 33% en las últimas dos décadas

¿Pero cómo funcionaba la estructura de fiscalización?

“Había una estructura a nivel nacional y estructuras a niveles provinciales. A niveles provinciales, ellas estaban conformadas por organismos técnicos como el INTA y SENASA, los ministerios de producción y los productores. O sea que había una mesa de definiciones donde estaban involucrados todos los interlocutores válidos. Esto hacía que los proyectos aprobados tuvieran realmente una evaluación correcta. Todo eso se sumaba a la evaluación que se realizaba a nivel nacional, que tenían controles legales y administrativos”, señaló Luján.

“Si existió falta de transparencia, que nos digan dónde, cómo, y que nos den nombres y apellidos, porque realmente tenemos seguridad de haber hecho las cosas bien entre los distintos organismos que formamos parte, tanto del sector privado como del sector público. En Patagonia por los desfasajes de los diferenciales de cambio, producto de políticas económicas que no dependen de los productores el sector ha tenido rentabilidad negativa. Esta ley ovina suplió en parte esa deficiencia y acompañó a los productores a mantenerse en pie. No hizo nada más que eso”, agregó el ruralista.

En este punto hay que decir que la cancelación del FRAO no generó sorpresas en el sector, porque había sido previamente anunciado por Juan Pazo y el área de ganadería de la subsecretaría a los ruralistas patagónicos durante una reunión realiza el pasado 3 de mayo, pero adelantando que habría compensaciones a cambio en forma de créditos.

-¿Tuvieron alguna comunicación del gobierno después de esa reunión mostrando que pondrían en marcha las herramientas prometidas?- le preguntamos a Luján.

-Estamos en tratativas. Ellos ofrecieron un crédito de mil millones de pesos para Patagonia, para compensar esto a través del BICE. Estamos trabajando hoy con la Secretaría de Ganadería sobre esto, no es que hemos dejado de conversar. Lo que comenzamos con Vilella, hoy lo estamos haciendo con Iraeta y con su gente. Con el cambio de autoridades cambiamos también las conversaciones. Seguimos discutiendo una posibilidad de financiamiento para lo que es la producción ovina en Patagonia.

-¿Qué efecto tendrá en esa región que los fondos del FRAO finalmente no lleguen?

-Para darnos una idea de lo que son los valores, la pérdida de ganado ovino y producción de lana estimada solamente en Chubut por esta emergencia agropecuaria, no va a ser menos de 12 a 15 mil millones de pesos. Si comparamos eso con una ayuda financiera de 150 millones que obtiene Chubut (de los 300 millones destinados a toda la Patagonia), la verdad que no es una herramienta que nos sirva ante esta situación. Lo que sí tenemos que buscar es un plan de desarrollo integral para la Patagonia, que tenga el financiamiento necesario  y que permita que la producción sea sustentable.

-Cree entonces que el dinero de este fideicomiso no iba a solucionar de por sí la situación patagónica, pero en algo ayudaba me imagino.

-Totalmente. Desde ya que ayudaba. Había una parte que hacía la ley, que era dar financiamiento a grupos de productores chicos que se agrupaban y que obtenían créditos para trabajar en conjunto. Para dar una idea, Agricultura Familiar en nuestra provincia participaba de esta comisión también de trabajo. Es decir que no solo involucraba a medianos y grandes productores sino también a lo que era la Agricultura Familiar.

-Un productor que recibía dinero de este fideicomiso, ¿a qué lo podía destinar, por ejemplo?

-En cada provincia estaban determinados los objetivos. Por ejemplo, en Chubut el objetivo podía ser todo lo que era mejora predial, mejora de instalaciones, genética, capacitación. Se trataba de financiar más que nada la mejora de los sistemas productivos, como poder capacitar en lo que es bienestar animal, sistema de esquina Prolana, entre otras cosas. Cada año se buscaba cuál era el objetivo que se quería conseguir.

-¿La plata les venía llegando hasta ahora en tiempo y forma? ¿El fideicomiso venía funcionando bien?

-Sí, hasta el año pasado, sí. Este año ya no existió. Además, en algunos casos como el nuestro, cobrábamos intereses. Cada provincia podía hacerlo, pero cuando a nivel nacional se dio la posibilidad de que se cobrara una tasa que era menor al 50% de la tasa del Banco Nación, por ejemplo, nuestra provincia cobraba intereses por los préstamos y se seguía devolviendo.

-¿Cree finalmente detrás de esta decisión hay un desconocimiento de las autoridades nacionales de cómo funciona el sector ovino en Argentina?

-Hay que corregir cosas y en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que mejorar todo lo que se pueda mejorar. Lo que no hay que hacer es generalizar. La ley ovina no era un fondo fiduciario más. La Ley Ovina era una herramienta que daba la posibilidad a un sector de poder contar con el capital necesario como para suplir otras falencias. A veces hay que tomar conocimiento real con las informaciones que correspondan. Vuelvo a repetir: creo que es una herramienta que fue tratada transparentemente y así lo hemos informado con informes de los últimos 10 años a las nuevas autoridades.

-Entonces eso deja ver cierto desconocimiento, o al menos la falta de las averiguaciones correspondientes

-Totalmente, sí.

Fin.

Fuente: Bichos de campo

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“Hay un problema crónico de la mayoría de los sanatorios y clínicas privadas de la provincia y del país. Es un tema recurrente. Depende fundamentalmente del atraso de los aranceles que abonan los principales financiadores, que en nuestro caso es el PAMI, del cual dependemos casi un 70%, y del IOSPER, al que pertenece la mayoría de los pacientes que atendemos”, explicó el doctor Miguel Grumbaum, de Clínica de la Unión, de Chajarí.

En diálogo con “Despertá con Nosotros” por Oíd Mortales Radio, Grumbaum reveló que las autoridades de la Clínica tienen pactado un encuentro con representantes de la UGL Concordia del PAMI “para ver si se puede suscribir un anexo al contrato para ofrecer un número mayor de camas y, como contraprestación de eso, que haya un aumento del valor de las cápitas de alrededor del 30%, y así paliar, no en su totalidad pero sí en gran parte, el déficit que venimos arrastrando desde principios de año”.

Al describir el complejo escenario financiero de la salud privada, el profesional precisó que “los insumos, los medicamentos, el material descartable, en estos últimos meses han aumentado exorbitantemente, muy por arriba del índice general de inflación. En abril la inflación fue de 8,8 y nosotros hemos tenido un 15% de aumento en medicamentos, suero y demás. Además, están abiertas las paritarias con el Sindicato de la Sanidad. Hasta el momento se fueron acompañando los aumentos acordados, pero llega en un momento en que esos aumentos sobrepasan nuestras posibilidades y nos pone en dificultades, por ejemplo para pagar el mes que viene el medio aguinaldo. Tenemos deudas con proveedores que han sido refinanciadas”, agregó.

Grumbuam insistió en dejar en claro que lo que vive Clínica de la Unión “no es un tema aislado. Es un problema que se repite a lo largo y ancho del país. El Sanatorio Concordia está en una situación similar, Clínica Uruguay también. En Paraná está el ICER (Instituto Cardiovascular Entre Ríos) que también está en una situación muy delicada y no sé si va a poder seguir trabajando”.

-¿El dólar, las devaluaciones, la actual suba, agravan el escenario?

-Sí, por supuesto. La mayoría de los insumos son o importados o fabricados con materias primas importadas, así que el dólar impacta en forma directa.

-Más allá del valor del arancel que reconocen PAMI y el IOSPER, ¿hay problemas con los plazos de pago? En tiempos inflacionarios, los atrasos desfinancian.

-En cuando a PAMI, nosotros recibimos los pagos en forma mensual. Por supuesto, tienen un retraso entre 60 y 90 días. Nosotros a fin de mayo estaríamos cobrando lo facturado en marzo. El IOSPER también hace pagos mensuales pero en este caso puntual hay un atraso arancelario y no solo eso. También hay atrasos en la aprobación de internaciones que ya se han hecho. Se envía toda la documentación online y después pasan 8, 10, 15 días hasta que se autoriza esa prestación. Tenemos auditorías posteriores en prácticas complejas que se retrasan varios meses y eso lleva a que cobramos una prestación de hoy dentro de 3 o 4 meses, en el mejor de los casos. En un contexto inflacionario, eso va en detrimento de los ingresos. Es algo crónico esto.

-Entre los financiadores, están también las “prepagas”. ¿Hay tironeos con ellas? ¿Intentaron esas empresas trasladar a los prestadores el costo de la retracción del valor de las cuotas a valores de enero?

-Con las prepagas pasa lo mismo. En general, no tienen prestadores propios, salvo en algunas ciudades muy grandes, y también están atrasados en cuanto a los valores prestacionales. Las cuotas aumentan, pero los valores que nos pagan a los prestadores no aumentan en la misma proporción. Es un gran negocio financiero para las empresas, pero no se traslada esos incrementos exorbitantes que han tenido algunas a los prestadores.

-Esta crisis del sistema de salud, ¿perjudica prácticas y estudios, que deban postergarse?

-Se han combinado varios factores. Muchas veces estudios de alta complejidad se han retrasado por falta de insumos. Con los aumentos diarios de precios en el material de contraste para tomografías, resonancias y demás, se han retrasado porque no había o el stock de los proveedores era mínimo y no querían o no podían vender, porque no sabían a qué precio hacerlo. Muchas instituciones han decidido, por ejemplo en cirugías traumatológicas, operar solo las urgencias que no se pueden dejar de lado, y ralentizar las cirugías programadas.

Todas estas son cuestiones que se derivan del problema central, que es el financiamiento del subsistema privado de salud. El 50% de las prestaciones de salud las realizan los privados.

-Cuando salió reflejada en los medios la situación extrema de la Clínica La Unión y el riesgo de cierre, ¿se contactaron con ustedes desde el poder político, sea de Nación, la provincia o la ciudad?

-Hemos tenidos solamente una reunión con gente del municipio para tener algún beneficio impositivo, para retrasar el pago de tasas municipales. Hemos tenido una buena respuesta del intendente de Chajarí. De parte de las autoridades provinciales, no hubo contacto alguno. A nivel nacional, con nuestro principal financiador, el PAMI, hemos tenido una comunicación para ver si podemos llegar ese anexo al contrato para esta nueva modalidad, que nos permitiría recibir un 30% del valor de las cápitas que recibimos habitualmente.

-Los prestadores del interior, ¿cómo hacen para hacerse escuchar? Por ejemplo, los sanatorios de Concordia cuentan con una cámara que los agrupa y a través de la cual canalizan sus reclamos.

-Para el diálogo con las obras sociales, nosotros hasta el momento estamos representados por la Asociación de Clínicas de Entre Ríos, con las dificultades del caso. En el caso de la negociación paritaria con el sindicato, ni siquiera la lleva adelante ACLER sino a través de CONFECLISA a nivel nacional. Estamos representados.

Por otra parte, ya que mencionó a Concordia, estamos en contacto, en forma permanente, con la gente de esa ciudad, por una cuestión de cercanía, afinidad y conocimiento mutuo. Inclusive nos han invitado a acercarnos a la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, que tiene otra forma de negociación, más directa, para sus asociados, pero que también tienen dificultades más o menos parecidas a las nuestras. La negociación directa de una clínica del interior del país con los financiadores es prácticamente imposible. Hay que hacerlo a través de las organizaciones intermedias.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio

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Un reflejo de esos números es lo que pasa con Imperial Cord, la empresa de neumáticos que tiene una de sus sedes en Gualeguaychú y que la semana pasada cerró su planta en Larroque en donde trabajaban 12 personas.

Daniel Bornico, dueño de la empresa, sostuvo en el programa Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio) que desde que comenzó la gestión de Javier Milei ya son 60 los trabajadores despedidos.

El empresario se lamentó por el cierre de una de sus plantas y aseguró que “el momento de las Pymes en Argentina es muy complicado”. “No entiendo cuál es el plan de un Gobierno que lo único que muestra es una obsesión por bajar la inflación y acumular reservas, ¿Pero a qué costo?”, sostuvo Bornico.

Sobre las medidas del Gobierno, el empresario aseguró que “pisan el dolar y liberan servicios. Nos llegó la factura de luz con un 200% de aumento y la de gas con un 250%” y contó que la caída en el sector del caucho es del “25% interanual”.

Bornico hablo de las proyecciones que, el año pasado, Imperial Cord tenía para el 2024: “Pensábamos fabricar 40 mil cubiertas de motos por mes y hoy tenemos la producción suspendida, el mes que viene vamos a empezar a hacer 2 mil”.”Gualeguaychu tiene la planta de fabricación de cubiertas de moto más moderna del pais, ni Pirelli tiene la maquinaria que tenemos en la ciudad, sin embargo eso está todo parado”, se lamentó.

El empresario se refirió a la promesa del Gobierno municipal de llegada de 80 millones de dólares en inversiones del sector privado y la creación de 600 puestos de trabajo y se mostró escéptico. “No es lo mismo lo que te dice un político que lo que te va a decir un industrial que todos los días 15 tenemos que juntar la plata para pagar los sueldos. No veo el terreno para que para que eso pase”, sostuvo.

Fuente: Ahora El Día

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