Seis organizaciones socioambientales y de protección animal exigieron mediante carta formal dirigida a Mario Zárate, a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, poder exponer su postura en defensa de las aves autóctonas en la ¿audiencia pública? que definirá la apertura o no de la temporada de caza a desarrollarse el próximo lunes 20 de abril en la ciudad de Victoria.

Convocan a audiencia pública por la temporada de caza menor 2026 en Entre Ríos

La audiencia viene precedida ya de una gran polémica debido a que se desarrollará a pesar de que sobre el Estado entrerriano pesa una demanda judicial por inconstitucionalidad por haber autorizado la matanza de aves en 2025 y por reveses judiciales también por inconstitucionalidad de 2022 y 2023.

La carta -firmada entre otras instituciones por CEYDAS, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje– exige que se permita a las organizaciones socioambientales exponer su postura sobre este polémico tema “en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético (cotos de caza)”.

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El pasado año, la audiencia llevada a cabo en Rosario del Tala, terminó en escándalo debido al airado reclamo de las ONG socioambientales porque el Gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio no las convocó a exponer en la misma y sí lo hizo con el sector del turismo de caza.

Para acceder a la carta, haga click en este enlace: https://drive.google.com/…/1bu…/view…

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Una audiencia pública convertida en trámite exprés. Diputados desinteresados, participación bloqueada y el avance del extractivismo sobre el agua. Este episodio no es neutral: es una denuncia pública.

Lo que ocurrió en el Congreso durante la audiencia por la modificación de la Ley de Glaciares no fue un debate democrático: fue una puesta en escena.

Más de 102.000 personas se inscribieron para participar. La cifra por sí sola debería haber obligado a extender el debate, abrir instancias federales y escuchar a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió.

“Si una audiencia pública no influye en la decisión política, no es participación: es simulación.”

En cambio, el proceso dejó imágenes difíciles de justificar: acceso restringido al Congreso, expositores acreditados esperando afuera, una sala con escasa presencia legislativa y diputados que, según relatan los participantes, pasaban el tiempo mirando el celular mientras se exponía sobre el futuro del agua del país.

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La abogada Cecilia Domínguez, expositora en la audiencia, describe un clima de burla, desinterés y decisiones políticas ya tomadas. Y aporta un dato demoledor: prácticamente la totalidad de los expositores se manifestó contra la modificación de la ley. Solo dos hablaron a favor, y hubo denuncias públicas de que uno de ellos no estaba inscripto para la audiencia.

Sin embargo, la maquinaria legislativa sigue avanzando.

Escuchá la nota:

Lo que debía ser una instancia clave de participación ciudadana terminó, según los testimonios de quienes estuvieron allí, en una escena incómoda para la democracia argentina: una audiencia pública que cumplió la formalidad legal pero vació de contenido el derecho a ser escuchados.

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La abogada Cecilia Domínguez, integrante de CEYDAS, participó como expositora en el Congreso durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. Su relato no deja margen para la tibieza: describe un proceso atravesado por la desidia legislativa, la desigualdad en la participación y la sensación generalizada de que la decisión política ya estaba tomada.

102.000 inscriptos y una audiencia comprimida

El dato inicial es demoledor: más de 102.000 personas se inscribieron para participar.
Una cifra inédita que, en cualquier sistema que se pretenda democrático, debería haber obligado a ampliar los tiempos, abrir sedes en provincias y garantizar un debate federal real.

Nada de eso ocurrió.

La audiencia se realizó en tiempos acotados, con acceso restringido y con miles de voces afuera. La participación masiva se convirtió en un número incómodo que debía administrarse, no en un mandato ciudadano que debía escucharse.

Cuando una audiencia pública récord se resuelve como un trámite exprés, la pregunta deja de ser ambiental: pasa a ser institucional.

Congreso vallado, expositores afuera

La escena que describe Domínguez es reveladora: el Congreso vallado a varias cuadras, presencia de fuerzas federales y expositores acreditados sin poder ingresar.

Mientras algunos lograban entrar casi por casualidad, otros debían reclamar desde afuera para poder exponer. La imagen de una sala con escasa presencia contrasta con miles de ciudadanos intentando participar.

La audiencia pública comenzó a parecerse más a un operativo de control que a una instancia de escucha.

Diputados mirando el celular mientras se hablaba del agua

Si algo sintetiza el clima de la audiencia es el comportamiento de los legisladores.

Durante las exposiciones, la abogada relató que los diputados estaban con el celular, conversando entre ellos o directamente desatentos.
Tuvo que pedirle al presidente de la comisión que interviniera por la falta de respeto hacia quienes habían viajado para exponer.

Lo que siguió fue aún más grave: burlas y ninguneo tras las presentaciones.

La escena es difícil de justificar: ciudadanos exponiendo sobre el agua del país y legisladores comportándose como si el debate no los involucrara.

Un rechazo casi unánime ignorado

El dato político más fuerte del proceso es la magnitud del rechazo a la modificación de la ley.

Según Domínguez, la abrumadora mayoría de los expositores se manifestó en contra de los cambios.
Los apoyos fueron marginales y hasta irregulares.

La audiencia, lejos de mostrar un debate dividido, evidenció un consenso amplio de especialistas, organizaciones y ciudadanos.

Pero ese consenso no se tradujo en interés legislativo.

La sospecha de decisiones tomadas de antemano

El diagnóstico que emerge del testimonio es inquietante: la audiencia habría sido convocada para cumplir con un requisito legal, no para influir en la decisión política.

Si esto es así, la audiencia deja de ser una herramienta de participación para convertirse en una escenificación.

La democracia pierde cuando escuchar se vuelve opcional.

Extractivismo y crisis de representación

El trasfondo del conflicto es claro: la presión del modelo extractivo sobre los territorios y el agua.

Modificar la Ley de Glaciares no es una discusión técnica. Es una decisión estratégica sobre reservas hídricas esenciales.
Y, según lo expresado en la audiencia, el Congreso parece avanzar en sentido contrario al reclamo social.

La crítica es directa: cuando la política deja de representar a la ciudadanía y comienza a responder a intereses económicos, se rompe el contrato democrático.

El camino hacia la judicialización

El escenario que se abre es previsible: amparos, demandas y un conflicto que probablemente termine en la Justicia.

Cuando el Congreso no escucha, la sociedad busca otros caminos.

Lo que realmente quedó expuesto

La audiencia por la Ley de Glaciares dejó una imagen incómoda:
la participación existió en los papeles, pero no en la práctica.

Más de cien mil personas quisieron hablar.
El Congreso decidió escuchar poco.

Y cuando la política no escucha sobre el agua, lo que está en juego no es solo el ambiente: es la soberanía y el futuro.

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El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) ha levantado una fuerte voz de protesta ante el anuncio del Gobierno de Entre Ríos sobre su intención de habilitar la caza de aves autóctonas en la provincia. Este anuncio surge tras la presentación de un estudio controvertido el pasado jueves 24 de abril en la Sociedad Rural de La Paz, donde se expusieron los resultados de un informe sobre las poblaciones de patos autóctonos en la región.

Según el comunicado de CEYDAS, el evento fue organizado por la Dirección de Fiscalización de la Provincia y contó con la participación de los biólogos Julieta Von Thungen y Jaime Bernardos, contratados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC) para llevar a cabo los estudios pertinentes.

Aunque los resultados revelaron una disminución en las poblaciones de la mayoría de las especies de patos en comparación con años anteriores, los biólogos argumentaron que no existe evidencia científica que vincule esta disminución con la actividad de caza. Sugirieron que podría tratarse simplemente de fluctuaciones naturales de las poblaciones y no necesariamente de la caza como factor determinante.

Sin embargo, desde CEYDAS señalan que el estudio fue solicitado y financiado por la CATCyC, entidad que agrupa a los cotos de caza, lo que plantea serias dudas sobre su objetividad y validez. Además, denuncian la falta de participación ciudadana y de instituciones conservacionistas o ambientalistas entrerrianas en dicho estudio.

Es importante destacar que los expositores omitieron mencionar los fallos judiciales de 2022 y 2023 que anularon las resoluciones que habilitaron la caza de aves autóctonas en la provincia, declarándolas inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica, a los cuales Argentina adhiere por ley.

Desde CEYDAS, se hace hincapié en que velar por el cuidado de los recursos naturales es una responsabilidad indelegable del Estado, y que esta no debe ser transferida a terceros, especialmente a aquellos con intereses en la habilitación de la caza.

Esta situación refleja la constante lucha entre los intereses económicos y la conservación del ecosistema. La convivencia del ser humano con su entorno natural debe estar marcada por un equilibrio sostenible, donde la protección de la biodiversidad sea prioritaria. La matanza indiscriminada de animales autóctonos no solo afecta la flora y fauna local, sino que también compromete el bienestar y la calidad de vida de las futuras generaciones. Es necesario promover un diálogo abierto y participativo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que resguarden la riqueza natural de Entre Ríos y de todo el país.

CEYDAS y FM del Este 100.5

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El pasado jueves y por segundo año consecutivo, la justicia dejó sin efecto la polémica resolución del Gobierno de Gustavo Bordet que permitía la caza de animales autóctonos en cotos de caza, declarándola inconstitucional y violatoria de tratados internacionales.

“Es muy preocupante la violación -por parte del poder ejecutivo de la provincia- de normativa de carácter internacional como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica” indicó Cecilia Domínguez, abogada patrocinante del Amparo que logró anular finalmente la controvertida medida.

La letrada agregó que “quedó evidenciada además la proximidad entre los sitios en que se autorizó la caza y las áreas protegidas Ramsar, poniendo en riesgo los compromisos asumidos por la República Argentina a nivel internacional”.

Domínguez señaló finalmente que -según el fallo del juez- la resolución anulada “no asegura la protección del ecosistema y de la biodiversidad y que la Dirección de Recursos Naturales se basó -sin ningún filtro y sin siquiera haber participado de los mismos- en estudios insuficientes realizados por la CATCyC (Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo), principal entidad promotora de la caza en el país.

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En otro escándalo del Gobierno de Entre Ríos, la Justicia determinó que la caza no estaría permitida en la provincia ya que la Dirección de Recursos Naturales no publicó en el Boletín Oficial la medida que la autorizaba.

A la ola de críticas que viene recibiendo el Gobierno de Gustavo Bordet debido a su polémica decisión de permitir la caza de animales autóctonos en cotos, se le suma un nuevo escándalo. El pasado viernes 16, el juez Marcelo Baridón –vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná- rechazó la cautelar solicitada por varias ONG para que se anule la Resolución Nº 0888 de la Dirección de Recursos Naturales que habilitaba la caza de cinco especies de aves autóctonas en cotos a partir del pasado 19 de mayo. El sorprendente motivo del rechazo esgrimido por el magistrado fue que la medida en cuestión no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo cual carece de toda vigencia y la caza sigue estando prohibida.

Lo grave de esta omisión administrativa por parte de la Dirección de Recursos Naturales es que el propio Gobierno –a través de la Dirección de Fiscalización- está vendiendo permisos de caza desde hace tres semanas para que cazadores de distintas partes del mundo lleven a cabo una actividad que está prohibida. Cabe indicar que tanto la Dirección de Recursos Naturales como la de Fiscalización –ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería- serían las responsables de estas desprolijidades.

El referente de la ONG CEYDAS, Gabriel Bonomi, indicó que “este papelón demuestra la incapacidad ya no solo técnica sino además administrativa de los funcionarios del Gobierno para manejar una actividad que desde el vamos provoca el contundente rechazo de la sociedad”. “A este grosero error administrativo se le suma la venta ilegal de permisos de caza por parte del propio Gobierno, hechos ambos que –además de un sumario interno- podrían implicar incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregó el ambientalista.

Fuente: Ceydas

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En una carta dirigida al Dr. Pablo Siroski , del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre (ECIF) las instituciones expresan una profunda preocupación acerca del manejo de las especies susceptibles de caza menor, en particular, las aves autóctonas y solicitan con carácter de urgencia, una medida para interrumpir los alarmantes impactos negativos que año tras año se generan y acumulan
en las distintas jurisdicciones del país donde se siguen otorgando permisos y cupos de caza.

La nota dirigida al ECIF (Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna)  está firmada por varias instituciones del país y solicita “la interrupción inmediata de la caza menor en toda la Argentina” debido a las numerosas falencias e incongruencias técnicas que presenta esta práctica y su alarmante impacto en la biodiversidad.

El resonante fallo del juez Andrés Marfil que suspendió en julio pasado la caza de especies autóctonas en Entre Ríos desnudó numerosas irregularidades y falencias en la implementación de esta práctica por parte del Gobierno provincial y abrió el debate nacional acerca de si se debe permitir o no la caza de animales autóctonos. “Resulta inadmisible que se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica es nula o escasa y sin mediar evaluaciones poblacionales” reza la nota enviada el pasado martes por varias entidades ambientalistas al ECIF, organismo consultor que coordina las acciones de las provincias en materia de fauna.

Otro aspecto fundamental que resalta la carta es que “en la mayoría de las provincias no existen estudios ni normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”, aludiendo en este caso a la contaminación por plomo que provocan los perdigones de la caza en los humedales y a sus graves consecuencias para la salud del hombre y la fauna.

La nota es firmada por 17 instituciones entre las que se destacan algunas de prestigio nacional como Fundación Azara, Fundación EOS, ACEN (Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza), Grupo GEKKO (Universidad del Sur), Fundación Cullunche (Mendoza), Custodios del Territorio (Santa Fe), Capibara (Santa Fe), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y CEYDAS (Entre Ríos), entre otras.

Otras de las numerosas falencias que destaca la nota son la carencia de un registro nacional de cazadores, la “determinación azarosa y arbitraria de cupos de caza” y la “escasa o nula capacidad de fiscalización y control” que tienen las provincias.

Por todas las cuestiones señaladas, las entidades firmantes solicitan “la interrupción inmediata de la caza menor (de especies autóctonas) en toda la Argentina hasta que se puedan atender los puntos mencionados”.

*** “El ECIF es un ente que nuclea a todas las autoridades de fauna del país y, en el marco de la concertación federal, es clave para coordinar acciones vinculadas con políticas de fauna silvestre con las provincias”.

Principales ejes de la solicitud

El primer aspecto a señalar es que la gran mayoría de las especies habilitadas son
anátidos migratorios (fundamentalmente patos). Es decir, son “recursos compartidos” no solo entre las distintas jurisdicciones provinciales de nuestro país, sino también con países limítrofes y otros de nuestra región. Por tal motivo, resulta inapropiado ética y técnicamente que cada provincia tome decisiones de manera unilateral y arbitraria sobre un recurso común o una especie cuya conservación depende de un manejo coherente e integrado en toda su área de distribución geográfica. 

Las ONGs, piden recordar que nuestro país adhirió a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) que promueve la cooperación internacional para conservar a estas aves y sus hábitats, ratificada mediante la Ley 23.918/91. Esto ubica a la Argentina en una posición regional no menos que incómoda para justificar su política cinegética actual.

En un contexto de crisis ambiental global y nacional, resulta inadmisible, además, que
se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica actual es nula o escasa, y sin
mediar evaluaciones poblacionales de las especies que son susceptibles de ser cazadas. Desde
hace años, instituciones y especialistas vienen señalando la necesidad de contar con estudios
demográficos que contemplen todo el ciclo de vida de la especie (tasas de reclutamiento y
supervivencia, entre otros parámetros poblacionales, más aún cuando los ciclos biológicos se
desarrollan en distintos países). De esta manera, no puede ignorarse que, por ejemplo, muchas
especies de patos se desplazan a través del corredor migratorio del sistema Paraguay-Paraná.

Existe otro aspecto fundamental: en la mayoría de las provincias no existen estudios ni
normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la
salud humana, el ambiente y la biodiversidad. Existen antecedentes internacionales y
nacionales sobre estos impactos negativos que no pueden desconocerse y requieren de
acciones conjuntas e inmediatas. Por ello, solicitamos atender de manera urgente esta
amenaza para no incrementar la hipoteca sanitaria, social y ecológica de la Argentina.

Desde el punto de vista administrativo, no se cuenta con un registro nacional de
cazadores. Cada provincia, entonces, determina cupos de caza (números de individuos de cada
especie abatidos por persona) de manera totalmente azarosa y arbitraria. De esta manera,
otorgar cupos sin conocer el número de cazadores ni el de las poblaciones de aves afectadas
implica asumir el riesgo de que el número de ejemplares permitidos por especie sea
prácticamente ilimitado. Hecho que se ve agravado por la escasa o nula capacidad de
fiscalización y control que poseen las distintas jurisdicciones, por razones presupuestarias,
logísticas y de personal, sabiendo que la actividad cinegética se realiza en ciertos meses del
año de manera simultánea. A esa complejidad de control en el terreno se suma la necesidad
de una coordinación interjurisdiccional que tampoco existe.

Por todo lo señalado, consideramos que el ECIF debe acordar la interrupción
inmediata de la caza menor en toda la Argentina hasta que pueda atender los puntos
mencionados. La situación actual es insostenible y el contexto socioambiental exige un cambio
de paradigma, potenciado por el creciente y amplio rechazo que genera la caza de especies
autóctonas en gran parte de la sociedad. Cualquier análisis serio concluirá en que las falencias
e incongruencias técnicas se contraponen legalmente a todo criterio precautorio, por el cual
los administradores de la fauna silvestre deberían velar.

Nota presentada al ECIF

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En diálogo con Diario Río Uruguay, el ambientalista especuló con que los tiempos de la Justicia “nos coman los tres meses, lamentablemente”.

“El gobierno provincial no tiene pruebas ni estudios poblacionales para habilitar la caza de las especies”, detalló. Subrayando que – “en rigor – presentó estudios de una, que es lo que conocemos como la perdiz pero datan de hace 21 años, por lo que no tienen ninguna relevancia o valor”.

Vale recordar que cinco organizaciones ambientalistas habían presentado una medida cautelar buscando derogar la polémica resolución que dio vía libre a la caza de cinco especies autóctonas en Entre Ríos. El amparo había sido presentado por el Centro para el Estudio y Defensas de las Aves Silvestres (CEYDAS); Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal; Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos y la Asociación Civil para la Justicia Ambiental (AJAM).

Conciliación

La Justicia – en un escrito al que tuvo acceso Diario Río Uruguay – expresó que “no quita que también se intente una conciliación entre las partes”. Consultado al respecto, Bonomi dijo que “nuestro postura es no bajarnos de lo que reclamamos”.

“Lo que pedimos es irrebatible y es una vergüenza lo que está sosteniendo la Dirección de Recursos Naturales”, destacó. Lamentando que “el juez no concedió la cautelar que podría haber parado la caza en este momento”.

En ese sentido, lo relacionó al dato que “los cotos de caza tienen todo vendido al turismo extranjero de acá hasta el último día de la temporada, por lo que esto le provocaría al gobierno un problema bastante grande”.

Fuente: Diario Río Uruguay

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La resolución Nº 1099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó desde el 14 de mayo pasado y hasta el 15 de agosto la caza de seis especies –cinco de ellas autóctonas- lo que provocó una ola de críticas y repudios de gran parte de la sociedad. Por su parte, El diputado provincial Manuel Troncoso (PRO), ingresó el pasado 30 de mayo a la cámara baja un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo Provincial que se derogue la polémica medida.

La medida de amparo apunta a que se declarare nula la resolución Nº 1099 y se fundamenta en la falta de estudios adecuados de las poblaciones de las especies habilitadas y de la presión de caza, en la carencia de un registro de cazadores y en la incapacidad para fiscalizar por parte del Gobierno Provincial, entre otras falencias; como así también la importancia de la consideración de estas especies como Sujetos de Derechos.

La acción de amparo fue presentada esta mañana en la Cámara Civil, Sala 3ra del Tribunal de Justicia de Paraná por parte de las siguientes organizaciones: CEYDAS Ong (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Foro Ecologista de Paraná Ong, Conciencia Animal Ong, CAASER Ong (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos) y AJAM Ong (Asociación Civil por la Justicia ambiental) en conjunto con las abogadas Dras. Aldana Sasia y Cecilia Domínguez.

Otro de los aspectos importantes que cuestionan las organizaciones es que cuatro de las especies que el Gobierno Provincial habilitó para la caza son aves migratorias, hecho que implica un “recurso compartido” entre varias provincias y países por lo que Entre Ríos no puede tomar una decisión unilateral sobre ellos.

Fuente: Facebook Ceydas

La entrada Cinco ONGs presentaron un amparo contra el Gobierno de Entre Ríos para detener la caza de animales autóctonos se publicó primero en FM del este 100.5.

Las especies en cuestión son: Pato Cutirí, Pato Picazo, Sirirí Colorado, Sirirí Pampa e Inambú común son las cinco aves autóctonas que la Dirección de Recursos Naturales -a cargo de Mariano Farall- decidió colocar en la lista de especies habilitadas para la caza.

CEYDAS REPUDIA LA HABILITACIÓN DE LA CAZA EN ENTRE RÍOS

Cómo participar en el pedido de derogación de la polémica medida

Para solicitar la derogación de la medida, habilitaron en la plataforma CHANGE.ORG una petición para recolectar firmas. Firma también en el siguiente enlace:

https://www.change.org/p/habilitan-la-caza-de-animales-autóctonos-en-la-provincia-de-entre-r%C3%ADos?signed=true

Desde C.A.A.S.E.R. (El Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos) repudiaron también la medida y solicitan la derogación URGENTE de la resolución 1099 que la autoriza.

Desde la Mesa de Amigos de la Reserva Natural Biprovincial Mocoretá, se manifestaron en sintonía con las demás instituciones pidiendo revean la medida y la calificaron como un disparo al sentido común.

También en Paraná hay movimientos que solicitan la renuncia de los responsables

La temporada de caza tendrá lugar durante tres meses desde el pasado 14 de mayo hasta el 15 de agosto.

La polémica decisión –cuyos fundamentos técnicos no se dieron a difusión por parte del organismo– se toma luego de un año 2021 con una gran sequía en toda la provincia y gravísimos incendios en el Delta que provocaron la disminución de las poblaciones y la dificultad para reproducirse.

La entrada Instituciones defensoras de animales repudian la habilitación de la caza de animales autóctonos en Entre Ríos se publicó primero en FM del este 100.5.