NEUQUÉN — Durante los días jueves 16 y viernes 17 de abril se realizaron audiencias clave en la causa contra los directivos de la empresa COMARSA, imputados por contaminación con residuos petroleros y maniobras fraudulentas. El Tribunal de Impugnación resolvió revocar esa decisión la suspensión del juicio a prueba (probation) como mecanismo permite evitar el juicio penal a cambio de cumplir ciertas condiciones, por lo cual la causa irá a juicio. 

Se presentaron las apelaciones desde la Fiscalía de Delitos Ambientales y las querellas de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la APDH-Neuquén contra la decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli, que había otorgado la suspensión del juicio a prueba. La resolución del Tribunal señaló que la decisión del juez Yancarelli fue arbitraria, irrazonada, inmotivada e infundada. O sea que no tuvo fundamentos sólidos, que ignoró pruebas clave y que avanzó con un criterio propio por fuera de las reglas del proceso.

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Esto significa que se anula el beneficio otorgado a los imputados y se confirma que la causa penal debe seguir adelante. No hay cierre del caso: se ratifica que los hechos deben ser investigados hasta el final y juzgados en un juicio oral y público.

El Tribunal decidió apartar al Juez Yancarelli de la causa. Marcó cómo el juez desoyó la oposición de la Fiscalía y de las querellas. En este caso, había planteado con claridad que el caso debía ir a juicio por su gravedad, pero esa posición fue ignorada sin explicación suficiente. El Tribunal consideró que esto implicó una intromisión indebida del juez en el rol de la acusación, rompiendo el equilibrio básico del proceso penal. Además, el Tribunal cuestionó que la decisión se haya tomado en contra de las pruebas técnicas acumuladas durante años de investigación: pericias, informes, estudios ambientales y documentación que dan cuenta de la magnitud del daño y de la conducta de los imputados. 

La oposición a la probation — ahora convalidada por el Tribunal— se basó en una serie de elementos concretos que muestran la gravedad del caso:

• La existencia de numerosos planes de tratamiento y saneamiento que fueron incumplidos sistemáticamente por la empresa y sus responsables.
• El riesgo ambiental persistente y la contaminación efectiva generada por esos incumplimientos.
• El beneficio económico millonario obtenido por los imputados en ese contexto.
• La defraudación interna, mediante la adulteración de documentación para obtener beneficios personales.
• La contradicción de otorgar una salida sin juicio a quienes tenían la obligación de tratar los residuos y cobraron millones por hacerlo.
• La acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, con presencia de sustancias que pueden afectar gravemente la salud.
• La falta de conocimiento real sobre la magnitud del daño, expresada por el propio imputado: “no sé lo que hay abajo”.
• La ausencia de un compromiso serio y verificable para tratar correctamente esos residuos.
• El carácter intencional de la conducta: simulación de tratamiento, encubrimiento de la contaminación, obtención de ganancias y entorpecimiento de la investigación penal.
• La existencia de un interés público evidente, dado que está en juego la salud de la población de Neuquén y de las generaciones futuras.
• La obligación del Estado de actuar con debida diligencia en delitos ambientales, investigando y sancionando a los responsables.

El Tribunal reconoció que estos argumentos fueron expuestos de manera clara durante las audiencias, pero que el juez Yancarelli los ignoró al momento de resolver la causa por contaminación más grave en la historia de la provincia de Neuquén. Pone en evidencia el funcionamiento del sistema de gestión de residuos de la industria petrolera en el contexto de Vaca Muerta y abre una discusión de fondo sobre el modelo de explotación y sus consecuencias en los territorios.

Próximos pasos

Desde la querella celebramos la decisión del Tribunal de Impugnación. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de garantizar que un caso de esta magnitud no se cierre sin juicio, sin verdad y sin responsabilidades.

La revocatoria de la probation permite que la causa continúe su curso y que toda la prueba reunida durante años pueda ser debatida en un juicio oral y público, con participación de jurado popular. Ese es el ámbito donde corresponde determinar qué ocurrió, quiénes son responsables y qué reparación corresponde.

El Tribunal de Impugnación asumió competencia y dictó su decisión con efectos inmediatos. Ahora deberá realizarse la audiencia de control de la investigación durante el mes de mayo. En esa instancia se ordenará formalmente la prueba y se definirá el camino hacia el juicio.

Luego de esa etapa, el caso podrá ser elevado a juicio oral y público. Allí, frente a un jurado, se discutirá la responsabilidad penal de los imputados y el alcance del daño producido.

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La Justicia de la provincia de Buenos Aires avanza en una causa sensible que involucra a empleados del Senado bonaerense, denunciados por presuntos abusos sexuales ocurridos dentro del ámbito legislativo. La apertura de celulares y dispositivos electrónicos marca una etapa clave de la investigación.

La causa judicial que sacude al Senado de la Provincia de Buenos Aires tuvo un avance significativo en los últimos días, luego de que la Justicia autorizara la apertura y el peritaje de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a dos empleados legislativos detenidos en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales.

La medida fue solicitada por la fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, y autorizada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, con el objetivo de analizar comunicaciones, archivos digitales y posibles pruebas que permitan reconstruir los hechos denunciados y determinar responsabilidades.

Cómo se inició la causa

La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por mujeres que aseguraron haber sido víctimas de abusos dentro de dependencias del Senado bonaerense, en la ciudad de La Plata. Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido a lo largo de varios años y estarían vinculados a una relación de poder y dependencia dentro del ámbito institucional.

A partir de estas denuncias, la fiscalía avanzó con allanamientos y detenciones de dos empleados de planta permanente del Senado, quienes fueron imputados y trasladados a sede judicial. Ambos se negaron a declarar ante la fiscalía, ejerciendo su derecho constitucional a guardar silencio.

Qué investiga la Justicia

El Ministerio Público Fiscal investiga presuntos delitos de abuso sexual, coerción y aprovechamiento de una posición de poder, en un contexto institucional que habría facilitado la captación y sometimiento de las víctimas.

De acuerdo a la hipótesis judicial, las personas denunciantes habrían sido contactadas en el marco de vínculos laborales o políticos, y los hechos investigados se habrían producido dentro de oficinas del ámbito legislativo. La fiscalía no descarta que hayan existido fallas en los mecanismos de control interno, lo que habría permitido que las conductas denunciadas se prolongaran en el tiempo.

Hasta el momento, al menos seis mujeres habrían prestado declaración en el marco de la causa, aunque los detalles de los testimonios se mantienen bajo reserva para preservar el proceso y a las víctimas.

La apertura de celulares, una instancia clave

Uno de los avances más importantes de la causa es la decisión judicial de abrir y peritar los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Entre los elementos a analizar se encuentran:

• Teléfonos celulares
• Computadoras
• Pendrives
• Una tablet

La Justicia busca acceder a mensajes, correos electrónicos, fotografías, videos y registros de llamadas, que podrían aportar información clave para corroborar testimonios, reconstruir vínculos entre los imputados y determinar si existieron más personas involucradas o posibles maniobras de encubrimiento.

Qué no está confirmado

Hasta el momento, no hay dirigentes políticos de alto rango imputados formalmente en la causa, ni confirmaciones judiciales sobre la participación de autoridades del Senado. Tampoco existen resoluciones que acrediten versiones que circulan en redes sociales sobre estructuras sectarias o vínculos directos con funcionarios provinciales, datos que no forman parte de la información judicial confirmada.

Desde el ámbito judicial remarcan que la investigación se encuentra en plena etapa probatoria y que cualquier ampliación del expediente dependerá de las pruebas que surjan del análisis de los dispositivos electrónicos.

Estado actual del expediente

La causa continúa en trámite y se encuentra en una fase determinante. El resultado de los peritajes digitales será clave para definir si se formulan nuevas imputaciones, si se amplían las acusaciones existentes o si se avanza hacia instancias procesales superiores.

El caso genera un fuerte impacto institucional y vuelve a poner el foco en la necesidad de controles, protocolos y mecanismos de prevención dentro de los organismos públicos, especialmente en contextos de relaciones jerárquicas y de poder.

Claves de la causa

• Investigación por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense
• Dos empleados legislativos detenidos e imputados
• Al menos seis denunciantes declararon ante la Justicia
• Autorizada la apertura de celulares y computadoras
• La causa sigue en etapa de investigación

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Por Paola Robles Duarte

GUALEGUAYCHÚ.– Por orden de la Justicia, efectivos de la Gendarmería allanaron más de 20 domicilios desde abril hasta la semana pasada en el marco de una causa iniciada a raíz de diferentes acusaciones telefónicas efectuadas a la Línea 134 habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias vinculadas al proceder de las organizaciones que administran recursos del Estado en materia de asistencia social.

La semana pasada se concretó la detención de la referente del movimiento CubA- MTR a nivel local. El juez le tomó declaración y horas después le denegó la excarcelación, por lo que fue trasladada a la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero” ubicada en la ruta que comunica con Uruguay. “De la investigación llevada adelante por el Juzgado Federal de Gualeguaychú -a cargo del juez Hernán Viri- se constató que en los movimientos sociales denunciados por personas de Gualeguaychú – Cuba MTR, Movimiento Evita y UTEP- se exigía por parte de sus líderes un monto de dinero equivalente a un 10 por ciento de lo que les correspondía a cada beneficiario por el cobre del plan creado por el gobierno de Alberto Fernández “Potenciar Trabajo” (el porcentaje variaba en los diferentes casos). También pudo constatarse la exigencia a los beneficiarios de una entrega de dinero a cambio de otorgarle los bolsones de mercadería que enviaba a la localidad el gobierno nacional”, indicaron fuentes judiciales.

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“Por otra parte se exigía que concurrieran a marchas, a cortes de calle y a acampes –controlando la participación de los beneficiaros a través de una lista de asistencia- como así también la concurrencia a actividades proselitistas (entrega de boletas partidadias y venta de rifas) bajo la amenaza concreta de dar de baja el plan social y no recibir la ayuda alimentaria si no se cumplía con estos requisitos”, explicaron las fuentes judiciales.

En paralelo, el juez federal Hernán Viri dispuso abrir una investigación patrimonial con relación a las personas denunciadas. “En ese marco se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje exigido”, explicaron desde el Juzgado Federal.

Desde el Juzgado Federal aseguraron que “muchas de esas transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes sociales, quienes se encargaban de la administración de dichos fondos”.

“Para tener una real dimensión de la maniobra ilícita, solamente a uno de los hijos de la principal dirigente investigada en el marco de la mencionada causa, se le transfirieron desde el año 2020 hasta el año 2024 la suma de $51.000.000 –eso únicamente en una billetera virtual-, con lo cual si se tienen en cuenta todas las otras modalidades de pago y a la cantidad de personas que están siendo investigadas, se estima que los montos son muchísimo mayores”, ejemplificaron.

Por otra parte, explicaron que a la luz de la investigación “surgió que hubo reiteradas transferencias de parte de las referentes de Gualeguaychú hacia una importante referente social nacional, con asiento en La Matanza, en provincia de Buenos Aires, por grandes cantidades de sumas de dinero”. Según consta en el expediente se trata de Claudia Marcela Martínez, alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos como “referente nacional de la organización Social CUBA/MTR”. Esta persona era quien contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes “Potenciar Trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital Humano. Su domicilio fue allanado días atrás en el marco de las últimas pesquisas ordenadas por Viri.

En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso que se hicieran 23 allanamientos, ocasión en la que se secuestró una gran cantidad de celulares y documentación que respaldaron todo lo que se venía investigando. Producto del análisis de la prueba recabada por Gendarmería Nacional, Viri dispuso –entre otras cuestiones- la detención de Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA- MTR en Gualeguaychú.

“Vale destacar que la principal investigada (Izaguirre) a pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió 3 vehículos 0km entre 2022 y 2023, además de efectuar la compra de terrenos. También, se demostró que el nivel de vida de las investigadas, como de su círculo familiar, era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos declarados y que podían demostrar”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

El informe patrimonial citado en el expediente judicial establece que “Carina Rocío Ester Izaguirre, no registraba inscripciones en impuestos y/o actividades económicas ante la AFIP actual ARCA, y no poseía trabajo en relación de dependencia según las fuentes de búsquedas consultadas, por lo que no se podía a priori justificar el origen del dinero que manejaba la investigada Izaguirre a través de sus cuentas de Mercado Libre. Asimismo, en el mencionado informe se constató la incorporación a su patrimonio de tres (3) rodados 0KM registrados bajo su titularidad en los años 2022 y 2023, resultando destacado además que en dicho periodo la investigada era quien habría tenido vinculación con la asignación de los planes sociales nacionales denunciados en esta ciudad, en principio con su denominación “Potenciar Trabajo” desde el año 2020 al 2024 ambos inclusive”.

Desde el Juzgado Federal aseguraron que “pese al avance de la investigación y los allanamientos producidos, las referentes de las organizaciones sociales antes mencionadas continuaron cometiendo los mismos ilícitos, pero cambiando el procedimiento. Ahora cobraban el dinero en efectivo – como pago compulsivo a condición de no perder el plan-, para que de tal forma no quedaran registradas las operatorias con las transferencias bancarias (como sí había sucedido antes)”, señalaron a LA NACION.

Además del secuestro de elementos vinculados a la causa (teléfonos celulares, planillas, computadoras, documentación) el juez federal ordenó el secuestro de “una gran cantidad de mercadería que sería para entregar a los beneficiarios de los planes sociales, todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio de Capital Humano. El hallazgo de los alimentos se produjo en varios de los domicilios de las personas allanadas”.

Según pudo constatar LA NACION, son 20 las personas involucradas en la maniobra. El juez Viri tomó declaración indagatoria como imputada a Carina Izaguirre, la única persona detenida por el momento. Por más de dos horas, asistida por su defensor técnico –el abogado Fabián Otarán- Izaguirre declaró ante el juez, brindó explicaciones sobre su actividad comercial (repostera) y brindó detalles de las actividades de su núcleo familiar. Durante la audiencia de este viernes, el abogado defensor solicitó la excarcelación, la cual fue denegada por el juez a última hora de ese día. Otarán apelará, aunque el trámite transcurrirá con Izaguirre presa en la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero” a donde fue traslada luego de declarar.

Izaguirre, además de ser repostera y parte de la conducción de la organización social CubA- MTR, integró la lista de concejales del PJ encabezada por el ex intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio.

¿Qué dice el expediente judicial?

La investigación profundizó en “el análisis de las distintas transferencias y cuentas bancarias informadas por las distintas entidades requeridas, mediante las cuales se logró establecer que Claudia Marcela Martínez alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos como referente nacional de la Organización Social CUBA/MTR, era quien contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes “potenciar trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital Humano”.

Por otra parte, “a través del análisis de los movimientos de la cuenta de Mercado Pago perteneciente al aludido Rafael Exequiel Ramírez, efectuada por personal del Grupo de Delitos Económicos perteneciente a esta Unidad, se detectaron transferencias efectuadas con destino a la cuenta perteneciente a la investigada Claudia Marcela Martínez, siendo destacado esta información toda vez que sería Martínez quien tiene potestad con el usuario referenciado de dar las altas/bajas de los planes en cuestión en las circunstancias denunciadas; se podría inferir que dichas transferencias podrían estar vinculadas con el producto de las ganancias obtenidas por los pagos exigidos bajo amenaza a los diferentes beneficiarios del plan nacional “Potenciar Trabajo”, resultando destacado que en un periodo de 12 meses las transferencias entre Ezequiel Ramírez (hijo de Izaguirre) y Martínez, arrojaron un monto aproximado a los 2.028.000$ de pesos”.

A su vez se logró establecer que “Ramírez recibió 618 transferencias de las cuales 337 corresponden a personas titulares de programas sociales y han sido realizadas desde cuentas del Banco Nación habilitadas a tal fin, registrando un ingreso de dinero por $51.137.620 y egresos durante el periodo comprendido desde el año 2020 hasta el año 2024 inclusive por $47.329.370, esto como se mencionó solo de la firma Mercado Pago, habiendo sido constatado que el nombrado también posee cuentas en otras billeteras virtuales que están enviando la información requerida para su análisis”.

En el expediente judicial se brinda detalle sobre la participación familiar en la administración de los recursos antes mencionados: “Rocío Izaguirre, es decir su esposo y sus restantes hijos quienes fueron referenciados por distintos denunciantes y por la propia Izaguirre, que en distintas comunicaciones mencionó, como colaboradores de la nombrada en las maniobras investigadas y que ostentarían un nivel de vida que no guardaría relación con sus ingresos registrados”.

También consta que “Carina Izaguirre continúo recaudando las sumas de dinero exigidas mensualmente a los diferentes beneficiarios bajo amenaza de dar de baja dichos beneficios sociales, pero ya no por transferencia bancarias, sino mediante el pago de físico del dinero en cuestión y por intermedios de otras referentes barriales de la organización social CUBA/MTR señaladas como Mónica Cecilia Parma, Gabriela Eseyza y Alba Celeste Horrisberger, siendo además señalado que el contacto de Izaguirre a nivel nacional para llevar a cabo dichas maniobras era Marcela Martínez alias “Mecha”.

Nuevos ” testigos y denunciantes de la Línea 134 -la cual dio origen a la investigación- ya convocados anteriormente, que además de realizar los aportes mensuales señalados y referenciados como “fondo de lucha”, eran obligados a vender rifas y entregar lo recaudado a la organización de Izaguirre, además de realizar aporte de dinero para acceder al reparto de alimentos y concurrir a marchas, cortes y acampes, donde se les tomaba asistencia al ingreso y egreso de cada actividad y en caso de no concurrir a las mismas se les daba de baja el plan social nacional, o no le eran entregados alimentos que eran enviados por el gobierno nacional, siendo que incluso uno de los declarantes refirió que por no poder concurrir y hacer el aporte en cuestión, en octubre de 2023 le dieron de baja el plan potenciar trabajo”.

Allí también se detalla “el análisis de la documentación secuestrada en los procedimientos llevados a cabo en su oportunidad, resultando destacado los diferentes listados de asistencia con los datos de diferentes beneficiarios que de planes sociales, lo cual fue cotejado con los padrones remitidos por el Ministerio de Capital Humano y que guardan relación con las actividades antes mencionadas, listado de entregas de alimentos, cuadernos con distinciones de las diferentes organizaciones sociales investigadas, números de cuentas bancarias y alias con montos de dinero, registros de pagos detallados como “fondo de lucha” con montos que rondan los 3000 pesos, con detalle de “pagó” y “falta”, “rifa”, formulario de empadronamiento del “frente de lucha piquetero CUBA MTR”, fotocopias de DNI de diferentes beneficiarios locales y otros elementos de interés”.

¿Qué dice la defensa de Izaguirre?

“Se trata de una investigación compleja y llena de humo, con información que no sabemos de dónde la sacaron, pero que no es cierta. No sé cómo será el caso en Buenos Aires o en otros lugares, pero acá no existe nada de eso que le imputan, extorsiones, exigencias impropias, suba o baja de planes, exigencia de plata, nada de nada. Acá en Gualeguaychú estamos hablando de una luchadora social de las cual puedo llevar cientos de personas a declarar para demostrar qué clase de persona es”, dijo a LA NACION el abogado defensor de la dirigente piquetera, Fabián Otarán.

“Izaguirre vive de forma más que modesta y de acuerdo a sus ingresos, una casa pobre de menos de 80 m2, donde tiene un kiosco, además es repostera y venta de tortas, y cobra un Plan Madre de 7 hijos. Todo el dinero y los bienes que dice que tienen, no es cierto, no tiene tres autos, no tiene fortuna, no tiene inmuebles. La ponés patas arriba y no se le cae un mango”, aseguró el abogado defensor.

“El único vehículo que tiene es uno con el que visita su hijo que juega en Colón, y cómo ella iba en remís una vez por mes a llevarle comida y darle un beso, y le salía 40 mil pesos el viaje, decidió comprar una camioneta usada por el la que empezó pagando una cuota de 45 mil pesos, y hoy paga más de 300 mil pesos. Ella y su compañero sacan ese dinero del kiosco los primeros días y pagan la cuota, así se están arreglando. Además, para eso se empeñó en una agencia conocida y un vecino le salió de garante, está todo documentado. Para hacer esta operación vendió otro auto, lo entregó, y el resto lo financió. No tiene cuentas bancarias, no tiene inmuebles, no extorsionó a nadie ni le pidió plata a nadie para ir o no ir a una marcha. Ella no tenía ninguna posibilidad de habilitar o quitar un plan de beneficio social, eso es incumbencia exclusiva de la nación Además, todos sus ingresos se pueden rastrear y probar”, aportó Otarán.

“No sabemos por qué ni quién ingresó una información falsa atribuyéndole bienes y dinero que no son suyos, son de su hijo, que trabajó en Toyota y que recibió una indemnización laboral y con ello se compró un terreno y un auto y realizó trabajos de reparto para Mercado Pago y Diario El Día. Carina Izaguirre es una legendaria y recontra conocida luchadora social, siempre ayudando gente y nunca se quedó con plata de nadie”, cerró el abogado.

Por Paola Robles Duarte

La Nación

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La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió, por mayoría, que el Ministerio Público Fiscal perdió la potestad de seguir investigando en el legajo “U., G. G. – Abuso Sexual con Acceso Carnal”, pues dejó vencer los plazos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP) para llevarla adelante, no existiendo posibilidad de incorporar nuevas evidencias en la causa. Asimismo, y encontrándose agotada la Investigación Penal Preparatoria (IPP), dispuso remitir la causa a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Villaguay para que la magistratura de Garantías resuelva en base a las alternativas que brinda el CPP.

La causa en cuestión se inició en mayo de 2020 y la Fiscalía le recibió declaración al imputado en el mes de julio del mismo año. Desde el 4 de noviembre de 2020 hasta el 24 de noviembre del 2021 la investigación a cargo de Ministerio Público Fiscal (MPF) quedó paralizada y el imputado se encontraba en libertad.

Ante esta situación la defensa de U. G. G., teniendo en cuenta los plazos perentorios previstos en el CPP, hizo saber que la causa estuvo completamente inactiva por más de un año sin que la Fiscalía haya solicitado al juez de Garantías las prórrogas correspondientes para seguir investigando el hecho denunciado. Por ese motivo solicitó el sobreseimiento de su defendido.

Al analizar dicho planteo la Sala Penal, por la mayoría conformada por la vocal Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, recordó que el art. 223 del CPP dispone lo siguiente: “La Investigación Penal Preparatoria deberá practicarse en el término de tres meses a contar desde la última declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar fundadamente prórroga al juez de Garantías, quien podrá acordarla por otro tanto si juzga justificada su causa o la considere necesaria por la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de extremas dificultades en la investigación, podrá concederse otra prórroga de hasta doce meses más. No se computará en estos casos el tiempo transcurrido durante el trámite de incidentes o impugnaciones. La fuga o rebeldía del Imputado suspenderá igualmente los plazos fijados por este artículo”.

Esto significa que la ley le otorga al MPF la potestad de llevar a cabo la IPP pero incontrastablemente prevé el contralor de legitimidad de tal actividad por parte del/la juez/a de Garantías y, cumplido el plazo legal, para continuar la investigación, su prórroga debe ser fundadamente solicitada a la magistratura por parte de la Fiscalía (que en este caso omitió hacerlo). En efecto, la obligación del MPF de peticionar oportuna y fundadamente la prórroga de los plazos de la IPP, adquiere aún más trascendencia en causas como la presente, en las que entra en juego la debida diligencia reforzada.

Si bien el deber de prevención y protección diferenciado o “reforzado” compete a todos los operadores jurídicos, adquiere respecto del MPF una singular relevancia, que le impone -como órgano encargado de llevar adelante la acusación- una carga aún mayor, particularmente durante la IPP, ya que a la Fiscalía le cabe el impulso y activación del proceso.

En ese sentido, la vocal Mizawak sostuvo: “Constatándose agotado el término para practicar la IPP, sin verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la consecuente concesión judicial para su continuación, devino incontrastable la insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de investigación en el marco del presente legajo, lo cual implica el agotamiento de las legítimas tareas de investigación con la imposibilidad de incorporar nuevas evidencias”.

En tanto, el vocal Carubia dijo: “Es dable precisar en estas actuaciones que, desde la asunción de la defensa de U. G. G por parte de la recurrente, María Laura Barbar, viene ésta denunciando impetuosa, insistente y consistentemente la irregularidad procesal de la continuidad de actos propios de la persecución penal contra aquél ya vencidos esos plazos, invocando el carácter perentorio e improrrogable de los términos del proceso que consagra el art. 192 del mismo cuerpo legal adjetivo, siendo los términos procesales perentorios e improrrogables, salvo excepción legal (cfme.: art. 192, C.P.P.) y encontrándonos aquí con una de esas excepciones -posible prórroga-, pero sometida al control de razonabilidad judicial, vencido el término legal fijado para la IPP, omitida por la Fiscalía la fundada solicitud de prórroga y no consentida por la defensa la continuidad de la investigación, inevitablemente pierde el MPF aquella potestad de persecución penal que, con estas limitaciones, le asigna la ley”. Y agregó: “Al cumplirse el término legal para practicar la investigación, para que pueda el MPF continuar con ella o avanzar a la etapa intermedia del proceso sin que decaiga su derecho, deberá necesariamente definir la situación a través de dos opciones: requerir tempestivamente la remisión de la causa a juicio o pedir el sobreseimiento del imputado -existiendo concreta formación de causa contra el imputado, no cabe la eventual alternativa del archivo de las actuaciones-; debiendo agregarse a ellas la posibilidad de la Fiscalía de instar ante la judicatura de Garantías la clausura provisional de la IPP que contempla el art. 224 del CPP que le permitiría continuar en la pesquisa e incorporación de evidencias después de vencidos todos los plazos de las prórrogas concedidas (…) Nada de eso se verifica legalmente realizado en esta Investigación, sostenida en el tiempo sólo por la mera voluntad infundada del MPF, no consentida por la contraparte, e insólitamente tolerada por los órganos jurisdiccionales intervinientes que efectúan una interpretación inequívocamente contra legem, ignorando la explícita letra de la ley”.

Por su parte, el vocal Miguel Ángel Giorgio señaló diferencias entre este caso y el denominado fallo “Cozzi”, entendiendo que “(…) en síntesis, el presente lejos está de alcanzar el horizonte temporal por el cual el máximo Tribunal del país entendió conculcada la garantía del plazo razonable. Es decir, carece de sentido declarar aquí la insubsistencia de la potestad fiscal en la I.P.P. dado que en los presentes autos obra reconocimiento expreso del Ministerio Público Fiscal de haberse agotado ya todas las tareas investigativas del caso”.

Asimismo, consideró: “… una evidente falta de prudencia e irrazonabilidad la propuesta de declarar la caducidad de la acción frente a una investigación en relación de una niña abusada cuya noticia criminis se radicó en mayo de 2020, en plena pandemia y, aun así, en menos de dos años está en condiciones de llevarse a juicio a oral.”

Ligado a esa reflexión recordó que: “…es necesario destacar que en causas como la presente (caratulada como abuso sexual con acceso carnal y cuya víctima es una mujer niña) pesa sobre el Estado Nacional la debida diligencia reforzada, deber asumido por Argentina en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer…”

Añadió finalmente que “…Estos deberes asumidos por el Estado y que se traducen en garantías supranacionales para la víctima (doblemente protegida por ser mujer y niña), de manera alguna podrían ceder frente a normas procedimentales, rigorismos formales o creaciones pretorianas sin anclaje normativo ni sanciones expresas…”

No obstante, al quedar en minoría, Giorgio acompañó la propuesta de la vocal Mizawak a fin de no arribar a una solución más gravosa para los intereses de los justiciables, en cuanto a remitir las presentes actuaciones a la OGA de Villaguay, para que de manera urgente fije una audiencia con las partes ante el Juzgado de Garantías, oportunidad en la que la magistratura, conforme las alternativas brindadas por el Código cuando se encuentra agotada la IPP, resuelva lo que estime corresponda.

Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, concitó a los representantes del Ministerio Público Fiscal que se ciñan a los plazos estipulados en el Código de rito, materializando expresamente los pedidos de prórroga que correspondan.  

En tanto, el vocal Carubia, en minoría, concluyó que a su entender correspondía el dictado del sobreseimiento, toda vez que, sin desconocer las obligaciones emergentes de convenciones internacionales a las cuales adhirió nuestro país, no puede cargarse el imputado, a costa de sus garantías procesales, con la falta de diligencia reforzada de la investigación penal del órgano estatal que, con su inactividad, dejó transcurrir el tiempo de la ley sin justificar su demora ni solicitar legalmente las prórrogas que prevé el Código para continuar con una actuación legítima de persecución penal contra aquél.

Fuente: Prensa Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

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La Cámara de Casación confirmó este lunes la absolución del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, en un causa en la que habían sido juzgados por la retención del impuesto a los combustibles de su empresa Oil, por 8000 millones de pesos. Además, el tribunal ordenó recalcular la pena de cuatro años y ocho meses de prisión que había sido impuesta a Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, al entender que el cómputo está mal hecho.

El fallo fue dictado por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los magistrados concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se benefició de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que provocó un perjuicio al Estado nacional. Sin embargo, confirmaron la absolución de López y De Sousa por la aplicación del beneficio de la duda. Es decir, que los indicios y pruebas eran incriminatorios, pero no suficientes para condenarlos. Petrone y Barroetaveña rechazaron, además, todos los recursos del fiscal Mario Villar, al que ahora solo le queda recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal de juicio, Patricio García Elorrio, había recurrido las absoluciones en un recurso sostenido por el fiscal Villar. Afirmó que “De Sousa y López a través del control, gobierno y administración que ejercían sobre Oil Combustibles se valieron de los recursos líquidos derivados de la operatoria comercial de la refinadora y, una vez obtenido el manejo de hecho de esta suma de dinero no ingresada al fisco, la destinaban hacia la financiación de la expansión del grupo económico con el fin de procurar un lucro indebido en perjuicio de la Administración Pública”.

El fiscal señaló que el dinero se usó “a través de préstamos intercompany a las empresas controlantes y vinculadas que conformaban el grupo económico Indalo, del que De Sousa y López tenían el poder de control y administración y eran sus beneficiarios finales. En algunos casos formaron parte a título personal de estas operatorias”. Sostuvo que esa tarea fue posible “por la conducta de Ricardo Echegaray, mediante el otorgamiento de planes de facilidades de pago de manera ilegítima”.

Por eso propugnó la condena de Echegaray por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

La defensa dijo que los empresarios pidieron y obtuvieron planes de pago que les concedió la AFIP. El dinero retenido del impuesto a los combustibles efectivamente fue destinado a ampliar la operatoria de las empresas del grupo.

En el juicio oral, que terminó en diciembre de 2021, el voto mayoritario había sido de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se pronunciaron por absolver a los dos empresarios. En disidencia, por la condena, votó Andrés Basso.

“No se advierten quiebres o fisuras lógicas en el razonamiento desarrollado por el tribunal oral que autoricen la tacha invalidante de la arbitrariedad, la que se encuentra debidamente fundada tanto en las constancias de la causa como en la legislación aplicable al caso”, dijeron los jueces de Casación al respaldar la sentencia del tribunal oral.

Barroetaveña y Petrone señalaron que “la autorización ilegítimamente otorgada por el acusado a la contribuyente, para abonar sus obligaciones fiscales ($980.668.085,44; $1.235.403.297,39; $1.495.736.276,17 y $.3.910.530.689,37) en dos, cinco y diez años, provocó una afectación perjudicial a los intereses del Estado”. Pero señalaron que a la hora de evaluar la pena valoraron dos veces los agravantes y por eso mandaron a calcularla nuevamente. Los jueces no lo dicen, pero será a la baja.

En el fallo, desacreditaron los argumentos del fiscal para rebatir las absoluciones. La fiscalía dijo que se omitió que Cristóbal López manejaba el grupo que tomaba las decisiones, lo que para los jueces no está corroborado. El fiscal dijo que la empresa petrolera era fiscalizada por una agencia de la AFIP de Palermo y no por la oficina de grandes contribuyentes, pero la Casación dijo que no se probó que fueran menos rigurosos y que esa decisión era anterior a la llegada de Echegaray al cargo.

“No se advierte que la prueba reseñada haya sido valorada en forma arbitraria, y en todo caso, sólo se aprecia el disenso de la parte con la argumentación expresada en el voto de la mayoría, insuficiente para demostrar el vicio” del fallo, concluyeron.

La mayoría del tribunal que absolvió a López y De Sousa tras no haber pagado el impuesto a los combustibles entendió que Echegaray, como funcionario público, es quien cometió la defraudación al Estado al otorgar de manera dolosa y sin control planes de pago que provocaban un quiebra para el fisco.

Machado Pelloni y Ríos coincidieron en que estos planes de pago se otorgaron a 1649 contribuyentes, entre ellos a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y que no había una connivencia previa entre los empresarios y el funcionario, una complicidad para beneficiarlos.

En disidencia, el juez Basso, que quedó en minoría, votó por condenar a los tres acusados por fraude, al entender que es ilógico pensar que Echegaray otorgara estas facilidades sin un interés particular y entendió que había connivencia entre el titular de la AFIP y los empresarios favorecidos con negocios por el kirchnerismo.

Según su punto de vista había una sincronización absoluta entre el destino de los fondos que debía tributar Oil Combustibles por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la forma en que luego lo usaban para financiar a las empresas del grupo económico en lugar de pagar ese tributo en tiempo y forma.

El otro punto de disenso entre la mayoría y la minoría del tribunal es si particulares que no pagan los impuestos cometen una defraudación. Para la mayoría del tribunal, si uno no paga impuestos no malversa caudales públicos, porque nunca se desprendió de su dinero, no lo sustrajo al Estado. O es deuda o es patrimonio. En cambio, para la minoría no se puede ver la maniobra sino como una sola donde el funcionario venal comete la defraudación de acuerdo con los empresarios, con los que acuerda que no tributen para beneficiarse.

La investigación de LA NACION

LA NACION reveló en septiembre de 2013 y marzo de 2016 que López y De Sousa apalancaron la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.

Aquella revelación periodística provocó la apertura de una investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, del entonces titular de la AFIP, Echegaray, por el delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional, sentencia que confirmó ayer la Cámara Federal de Casación Penal.

Durante el juicio oral, sin embargo, López y De Sousa fueron absueltos. Dos de los tres jueces del tribunal oral concluyeron que no se logró probar que hayan actuado por dolo, aunque sí que desarrollaron maniobras reprochables en perjuicio del fisco nacional. Y que gracias a esas conductas reprochables -que incluso llevaron al tercer miembro del tribunal oral a votar por su condena- construyeron su imperio de 170 empresas.

En simultáneo con la apertura de la investigación penal, la nave insignia del Grupo Indalo, la petrolera Oil Combustibles, entró en concurso de acreedores. Dentro de ese expediente que todavía tramita en el fuero en lo Comercial, la Cámara de Apelaciones emitió dos resoluciones a finales de 2020 y a principios de 2021 en las que concluyó que el proceder de López y De Sousa al frente de esa petrolera fue “ruinoso” y “fraudulento” desde 2011; es decir, desde el momento mismo en que la adquirieron.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

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La causa por el triple crimen de General Rodríguez, en el que a partir del negocio del tráfico ilegal de efedrina fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón prescribió este martes, al cumplirse 15 años del hecho, sin que la Justicia haya podido descubrir al autor intelectual o identificar a nuevos implicados, mientras que el hermano de unas de las víctimas tiene tres hipótesis a partir de la investigación privada que hizo sobre el caso.

La ley establece como tope para la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos los 15 años, que se comenzaron a contar desde que aquel 7 de agosto de 2008 cuando Forza, Bina y Ferrón fueron secuestrados, asesinados a balazos y, seis días más tarde, sus cuerpos descartados en un zanjón del partido bonaerense de General Rodríguez, en un hecho que luego se supo estaba ligado al contrabando de efedrina para los carteles mexicanos que producían metanfetaminas.

Con la causa prescripta para nuevos imputados, la jueza federal María Romilda Servini ya no podrá detener, indagar ni elevar a juicio a ninguna persona que hasta el momento no haya sido imputada en el expediente.

El empresario Ibar Esteban Pérez Corradi -principal apuntado en ese rol de ideólogo durante años-, tiene falta de mérito desde abril de 2021 en esta causa y es la única persona a la que no le vence la prescripción ya que él fue indagado por el caso recién en 2016, tras ser extraditado desde Paraguay.

Diego Ferrón, hermano de Damián, aseguró a Télam que el caso le “cambió la vida por completo”, y si bien continúa trabajando como vendedor mayorista de cigarrillos, encendedores y naipes y como importador de artículos de pirotecnia, higiene femenina y hasta de juguetes sexuales, se convirtió en estos 15 años, junto al abogado penalista Miguel Ángel Pierri, en un investigador más del voluminoso expediente y tiene sus teorías sobre el caso.

“Nosotros, con el doctor Pierri, tenemos tres líneas investigativas sobre la autoría intelectual”, dijo Ferrón a esta agencia.

La primera que señaló “es la de Pérez Corradi” y, sobre este sospechoso, apuntó: “Por más que esté con falta de mérito, sí creemos que él pudo tener mucho que ver en este entramado. Quizás no él directamente como autor intelectual, pero sí como un partícipe del hecho”.

“La otra línea es la de Bina y su jefe, el narco mexicano Rodrigo Pozas Iturbe, que hoy está preso por mil kilos de cocaína. Ellos hacía tres años que traficaban efedrina hacia Guatemala y Estados Unidos en tachos de suplementos dietarios. Creemos que cuando se ponen a traficar con el otro mexicano, Jesús Martínez Espinoza, Pozas Iturbe lo pudo haber sentido como una traición”, explicó Ferrón.

“Y una línea más es la de los ‘servicios’, tanto exagentes de la SIDE o de la DEA, como efectivos de la Policía Federal o de la bonaerense, en funciones o exfuncionarios”, comentó el hermano de la víctima.

Todas estas teorías que tiene sobre el caso, Ferrón las expuso en un libro, titulado “Operación Crystal, el expediente secreto del triple crimen”, que escribió junto al periodista Agustín Ceruse y que será lanzado el próximo mes.

“Está basado en la causa, con detalles e información inédita, donde ustedes podrán sacar sus propias hipótesis sobre lo sucedido. Acá no hay fábulas ni información errónea, el libro repasa toda la investigación realizada. Podrán leer el oscuro entramado en el tráfico de efedrina, móvil que llevó a Forza, Bina y mi hermano a la muerte, y todas las personas involucradas hasta el día de la fecha para que cada uno saque sus conclusiones”, comentó

Más allá de que la causa hoy prescriba, Ferrón cree que “a pesar de que no alcanza, después de 15 años se hizo todo lo posible para trabajar y poder investigar quiénes fueron los autores intelectuales y también qué otros partícipes del hecho hubo, porque los hermanos (Martín y Cristian) Lanatta y (Víctor y Marcelo) Schillaci están condenados como eso, como partícipes necesarios, pero no sabemos quién los ejecutó ni en qué lugar preciso”.

El triple crimen ocurrió el 7 de agosto de 2008, cuando Forza (34), Ferrón (37) y Bina (35) desaparecieron tras haber ido a una reunión en el hipermercado Walmart de Sarandí, para participar de un encuentro presumiblemente vinculado con la venta ilegal de efedrina.

Se cree que, desde el supermercado, los tres hombres fueron llevados hasta la casa de Cristian Lanatta, ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes, en base al análisis de la ubicación de los celulares de los imputados y las víctimas.

Los tres fueron asesinados de 16 balazos por la espalda y posiblemente arrodillados, por dos tiradores, uno de los cuales usó la propia pistola Taurus calibre 9 milímetros de Forza y el otro una marca Tanfoglio .40.

A Bina, como posible mensaje mafioso, también le amputaron una de sus orejas.

Los forenses creen que sus cuerpos fueron conservados en algún freezer hasta que los arrojaron en un zanjón del camino hacia Navarro del partido de General Rodríguez, donde fueron encontrados seis días después, el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados en algún momento con precintos.

En diciembre de 2012, los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci fueron condenados a prisión perpetua como partícipes necesarios de “privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento, y alevosía”.

Entre los últimos días de diciembre de 2015 y los primeros de enero de 2016, tres de esos condenados protagonizaron una fuga de película de la cárcel bonaerense de General Alvear y tras un sangriento raid fueron recapturados en Santa Fe.

En febrero de 2016, la causa del triple crimen pasó a la justicia federal y quedó a cargo de la jueza federal Servini, quien ya investigaba una megacausa por tráfico de efedrina.

Por su parte, Pérez Corradi fue detenido en junio de 2016 en Foz de Iguazú y luego extraditado a la Argentina, pero en su indagatoria, negó cualquier vínculo con el triple asesinato.

En noviembre de 2018, Pérez Corradi terminó condenado a siete años de prisión por traficar 1.900 kilos de efedrina a narcos internacionales, pero en la causa del triple crimen Servini le dictó la falta de mérito en dos oportunidades: primero en diciembre de 2016 y luego en abril de 2021.

Fuente: La Prensa

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Ambos deberán presentarse el próximo 16 de junio: Martínez declarará a las 9 horas mientras que Cardona Herreros lo hará a las 11.

Cabe recordar que la causa se inició en noviembre de 2015, a raíz de una denuncia periodística de la revista Análisis. Urribarri ya fue citado: el ex embajador en Chipre e Israel deberá presentarse el próximo 14 de junio. No obstante, la defensa –ejercida por Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez– pretendía finalizar el proceso y que Urribarri sea sobreseído. Para esto y evitar la foto del 14 de junio, pidieron al Juzgado de Garantías tres cosas: la nulidad de la modificación de la apertura de la causa, la insubsistencia de la investigación por la extensión de los plazos y la prescripción de la acción penal.

En ese orden, el pasado 17 de mayo el juez de Garantías Julián Vergara rechazó todos los planteos. De ese modo, se allanó el camino para la declaración de imputado en la cual el exgobernador deberá acudir a Tribunales a escuchar la imputación y poder defender como obtuvo su acaudalado patrimonio.

Conocida la decisión del juez, el abogado Miguel Cullen, también defensor del exgobernador, adelantó que iban a apelar. “La resolución del juez Vergara no se ocupa de contestar los agravios que hemos expuesto; no se rebatieron los fundamentos por los cuales sostenemos que esta causa no puede seguir adelante. Es por eso que vamos a apelar insistiendo con los planteos que hemos hecho hasta que sean escuchados”, manifestó.

La pericia contable determinó que Urribarri no pudo justificar 928.800 pesos y 9.824 dólares, informó Análisis.

Tanto Urribarri como sus testaferros podrían recibir una condena que va de 2 a 6 años de prisión. Es decir que si hay una nueva sentencia desfavorable, se sumarían a los 8 años que ya tiene sobre sus espaldas el exembajador argentino en Israel, también por delitos de corrupción en sus gobiernos.

Fuente: Análisis Digital

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“Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y volvió a generar polémica por la muerte del fiscal Alberto Nisman el 18 de enero cuando fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

Luego de históricas contradicciones, esta mañana el jefe de Estado volvió a hablar de la muerte del fiscal del caso AMIA como un suicidio y hasta planteó que su inquietante frase de anoche pone “en riesgo” un “relato” de los medios. Su portavoz, Gabriela Cerruti, se expresó en el mismo sentido: “No hay ninguna instancia judicial que diga que Nisman fue asesinado”. Sin embargo, la realidad es otra. Por el hecho sucedido en enero de 2015, hay una causa judicial que se instruye sobre la base de que se trató de un homicidio.

“Los integrantes de esta junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional Argentina se encuentran en condiciones de concluir que la muerte violenta de quien en vida fuera el Dr. Natalio Alberto Nisman, se trató de un homicidio”. Esa fue la conclusión a la que llegaron en septiembre de 2017 los peritos de Gendarmería Nacional que analizaron el caso tras una junta interdisciplinaria que convocó el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación.

Los peritos describieron que a Nisman lo mataron dos personas y describieron cómo fue esa mecánica: una persona lo sostenía con su rodilla derecha en el piso y la segunda le disparó en la cabeza.

Los expertos analizaron además las vísceras del fiscal y concluyeron que antes de su muerte lo durmieron con ketamina y lo golpearon en la nariz (tenía el tabique quebrado), en las piernas y en el hígado, donde tiene una hemorragia interna. También señalaron que Nisman “no utilizó las manos para efectuar el disparo que le causara la muerte violenta”.

Respecto de la ketamina, los peritos no pudieron determinar de qué manera le fue suministrada (si por vía oral o inyectándosela), ni qué cantidad tenía por el paso del tiempo. Gendarmería nacional también concluyó que Nisman no tenía espasmo cadavérico (la posición rígida en la que quedan las manos después de un autodisparo) porque el fiscal sufrió una agonía antes de morir.

Con ese informe el fiscal Taiano pidió la indagatoria de Diego Lagomarsino, el perito informático que trabajaba con Nisman y que le llevó a su departamento el arma Bersa de la que salió la bala. El juez federal Julián Ercolini procesó en diciembre de 2017 a Lagomarisno como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas.

En su resolución, Ercolini tomó parte del peritaje de Gendarmería para considerar que a Nisman lo mataron: “En pocas palabras, en aquella noche del 17 al 18 de enero de 2015, a Nisman lo habrían matado con el arma de Diego Lagomarsino y éste, a la vez, fue la última persona que ingresó al departamento del fiscal. No obstante, desde el primer momento que cobró notoriedad la aparición sin vida del fiscal Nisman, por razones diversas vinculadas con la coyuntura y la vida pública en nuestro país; de defensa; de coartadas; por pormenores muy particulares del caso, comenzó a impulsarse públicamente la idea del suicidio, la que quedó instalada rápidamente con una serie de situaciones que se multiplicaron y que cimentaron con el tiempo una cuasi unívoca certidumbre pública de que Nisman se había quitado la vida”.

Diego Lagomarsino (Nicolás Stulberg)

“La voluntad de quitarle la vida a la víctima también se evidencia por la zona del cuerpo en la que fue dirigido el proyectil”, sostuvo el magistrado y agregó que “al efecto, recordemos que pericialmente también se tuvo por comprobado que el disparo fue realizado en la zona del hueso temporal derecho, a 3 centímetros por encima de la implantación del pabellón auricular derecho”.

“Debe afirmarse que se encuentra descartado que el fiscal Nisman hubiera tenido una tendencia de personalidad suicida, ni tampoco existen indicadores que lleven a conjeturar en este proceso que hubiera sobrevenido en aquellos momentos una inclinación a quitarse la vida”, agregó Ercolini entre sus argumentos.

Los peritos de Gendarmería también señalaron que Nisman murió cerca de las dos de la mañana. A esa hora Lagomarsino ya no estaba en el departamento del fiscal. Se había retirado cerca de las 8 de la noche, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio Le Parc. Así, la justicia busca determinar quien fue el autor de lo que para la investigación judicial fue un crimen.

Infobae

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La defensa del futbolista de Boca Sebastián Villa presentó el jueves por la noche un escrito acusando a Tamara Doldán, la joven que lo denunció por abuso sexual, de falso testimonio.

La denuncia por falso testimonio fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y los abogados pidieron además que la causa se tramite “en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría”, ya que según ellos, “se ha actuado con falta de objetividad fiscal”.

“En fecha 13 de mayo de 2022, Rocío Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado”, señaló el futbolista.

LEER MÁS: Sebastián Villa declaró que su ex le pidió plata para no denunciarlo y que tuvieron relaciones consentidas

Tras su declaración indagatoria de este jueves ante la fiscal Vanesa González, Villa respondió que con Doldán tuvieron “relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos”. 

Además, señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos expuestos por la víctima pertenecen a una cuenta no verificada, a la que Villa desconoce como propia.

“No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”, aseguró Villa en el escrito.

“Fui juzgado por cierta opinión publica que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto”, añadió Escrito por Noticias Argentinas

NA – Buenos Aires, Argentina

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anto el abogado querellante, Fernando Burlando, y el defensor de Villa, Martín Apolo, confirmaron a Télam que ya fueron notificados del inicio del debate.

El delantero colombiano y figura de Boca Juniors fue denunciado penalmente en abril de 2020 por su expareja Daniela Cortés, quien difundió imágenes a través de las redes sociales.

El querellante Burlando explicó entonces que la mujer realizó la denuncia ante la fiscalía de Esteban Echeverría a cargo de Verónica Pérez, en la que se lo acusó de “de amenazas, violencia de género y lesiones y se pidió una restricción de acercamiento”.

Cortés, también colombiana y quien entonces era pareja del jugador, difundió un video con imágenes suyas visiblemente golpeada y además relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

En junio de 2021, la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de esa causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito Javier Maffucci Moore.

Esta no es la única acusación contra Villa por violencia contra una mujer, ya que el 13 de mayo último, en la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Esteban Echeverría fue denunciado por otra víctima por abuso sexual.

La víctima, que mantenía una relación sentimental con Villa, contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country “Venado II” de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar, según detalló.

La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había “tomado mucho” y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.

En el marco de la causa, la fiscalía pidió el arresto del futbolista, que fue rechazado por el juez, y ahora se evalúa citarlo a declarar como imputado.

Fuente: La Prensa

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Fue al declarar “inadmisible” el recurso de casación presentado por la defensa de Leandro Rodríguez, uno de los imputados en la investigación penal, contra la resolución de los vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Elvio Osir Garzón, José María Chemez y Rafael Martín Cotorruelo, que habían resuelto revocar el sobreseimiento oportunamente dispuesto por el fallecido juez de Transición, Carlos Ríos.

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

Las mentadas cosechadoras nunca llegaron al mercado y la empresa que las iba a fabricar cerró.

Los defensores de Rodríguez, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli –hoy funcionario de la Justicia-, señalaron que “el auto de procesamiento de la Cámara incurre en inadmisibles arbitrariedades, pues carece de fundamentación suficiente para contradecir el sobreseimiento dictado por el juez instructor respecto de la conducta específica de Leandro Rodríguez, arribando a su procesamiento merced a un fallo dictado ignorando la prueba y manifestaciones de descargo, e incurriendo en errores materiales y contradicciones que lo convierten en una pieza judicial inválida, a la que se arriba tras un derrotero de más de 10 años, en que Rodríguez ha estado sometido al escarnio público, pese a que aportó en su descargo razonamiento basado en pruebas que demuestran objetivamente su inocencia total y absoluta”.

A su vez, refirieren que su defendido “era por entonces un funcionario de cuarta línea del gobierno provincial, quien ni remotamente tenía facultades para dar los créditos en cuestión (no era parte del Fondo de Inversiones de Entre Ríos, Finver), no firmó los decretos de otorgamiento, ni tampoco integraba la Contaduría General que aprobó los desembolsos”.

El fallo de Casación destaca que para los defensores “quedó sumamente demostrado –aunque el fallo omita reconocerlo- que la actuación de Leandro Rodríguez no resultó en modo alguno determinante para el otorgamiento de los créditos cuestionados; así lo demuestra el simple hecho que en el último crédito –Decreto N° 529/2012 por $1.000.000– ni siquiera le dieron intervención para opinar (pese a que ese es el crédito más cuestionado por Fiscalía), que tampoco le dieron intervención en la prórroga que de hecho le fuera otorgada a la empresa Grandes Máquinas ante el impago del primer crédito por $574.500 (expediente administrativo N° 1.311.134); y que ello evidencia que la voluntad de otorgar tales asistencias crediticias excedía largamente las facultades de Leandro Rodríguez”.

También, que “cuando las autoridades políticas le pidieron a su defendido opinión respecto del proyecto productivo y su avance, se trataba siempre de una operación de crédito, debidamente garantizada, donde el riesgo era empresarial y no estatal; que justamente por ello, Leandro Rodríguez observó diligentemente por escrito, antes de los desembolsos, que el organismo otorgante (Finver) analice la pertinencia de las garantías y demás condiciones del crédito, para resguardar el patrimonio público”.

Los defensores cuestionan el fallo del 8 de julio de 2021, en el que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, revocó el sobreseimiento de los empresarios Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri, Carlos Ariel Boll, y los funcionarios Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López por el delito de defraudación a la administración pública.

Entonces también se resolvió procesar por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta a los ex ministros Roberto Schunk y a Diego Valiero.

Ese fallo revocó la resolución del viernes 8 de mayo de 2020, cuando el juez de Transición Carlos Hugo Ríos (fallecido) dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras. El fallo benefició entonces a los empresarios Ricardo Senor padre e hijo, a Scravaglieri y Boll; al ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al ex ministro de Producción, Roberto Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, Teresita López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoría Interna).

Qué se investiga

En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.

La Fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la Fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras.

Créditos

El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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Así, ahora será la Sala Penal del Superior Tribunal de Justica (STJ) el organismo que deberá analizar si confirma las condenas o hace lugar al pedido de absolución por prescripción. Será la segunda vez que intervenga, ya que en 2018 anuló la sentencia de la Cámara de Casación de Paraná que agravó las penas contra los policías. Aquella vez dictaron su resolución los vocales de dicha Sala, Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio.

La resolución fue firmada el 3 de mayo por los vocales María Evangelina Bruzzo, Mariano Caprarulo y Fernando Martínez Uncal. Se trata de los mismos jueces que el 7 de marzo rechazó los planteos de extinción de la acción penal por prescripción promovidos por las defensas técnicas de los uniformados y confirmando la sentencia impugnada.

En su resolución de marzo, Casación confirmó las condenas a Carlos Daniel Zaragoza, José María Biderbos y Manuel Leandro Coutinho, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años y accesorias legales.

Mientras que Alfredo Horacio Imaz, Daniel Eduardo Chávez, Diego Federico Differding, Juan Manuel Rosas, Juan Pedro Lacuadra y Luis Alberto Gómez, habían recibido la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 8 años y accesorias legales.

En cambio, Andrés Maximiliano Paredes, Carlos Alcides Rosas, Hugo Fabricio Troncoso, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Jesús Carlino, Ricardo Hernán Paredes, y Romeo Fabián Valdez, se los condenó a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años y accesorias legales.

Los 21 uniformados en la levantisca de 2013 fueron dados de baja por la Policía. Aunque en medio el Estado estuvo a punto de indemnizarlos por el trato que recibieron mientras estuvieron encarcelados, al inicio de la investighación

Los abogados defensores que interpusieron el recurso que llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, son: Damian Petenatti, Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto (por Zaragoza); Juan Jose Buktenica (en representación de sus defendidos Daniel Chavez, Carlos Alcides Rosas, Maximiliano Andres Paredes, Juan Pedro
Lacuadra, Hugo Fabricio Troncoso y Jose Maria Biderbos); Enrique Oscar Bacigaluppe (defensor de Luis Alberto
Gomez, Alfredo Horacio Imaz, Diego Federico Differding, Ricardo Hernán Paredes, Luis Roberto Jesús Carlino y Romeo Fabian Valdez); y Gonzalo Martín Cantallops (defensor de Luis Alberto Paredes).

En el planteo que llega a la Sala Penal del STJ, los abogados centran sus agravios en la teoría de la arbitrariedad y en la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de Casación con pronunciamientos y doctrina de la Sala Penal del STJ en relación al instituto de la prescripción.

Además, invocaron y fundamentaron «agravios relacionados con violación de normas constitucionales, como ser las reglas del debido proceso, inviolabilidad de la defensa en juicio, afectación al principio de congruencia procesal y el instituto de la prescripción». Todos agravios que habilitan el tratamiento del recurso extraordinario federal, es decir, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Por las razones expuestas y conforme criterio sentado por el Máximo Tribunal Provincial en: ‘Adam Teofilo Daniel S/ abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal s/ impugnación extraordinaria’ del 15 de abril de 2015; y  la causa ‘Godoy Aníbal Sebastián s/ homicidio imprudente doblemente agravado por la conducción -Rec. de Casación S/ recurso de queja’, del 28 de octubre de 2015 concluye entonces que los impugnantes denuncian y fundamentan supuestos que habilitarían el tratamiento del Recurso Extraordinario Federal, por lo que cabe conceder los remedios impugnativos intentados», concluyó el Tribunal de Casación al conceder el recurso para ir al STJ.

Repaso

El 4 mayo de 2018, la Sala Penal del STJ, con voto dividido, falló a favor de los policías condenados por los acuartelamientos de 2013 al anular la sentencia de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que había agravado las figuras penales a pedido del Ministerio Público Fiscal, y reenvió el caso para que sea juzgado por la Cámara de Casación Penal de Concordia.

La Sala Penal -integrada por Claudia Mizawak, Daniel Omar Carubia y Miguel Ángel Giorgio- resolvió hacer lugar al recurso de impugnación extraordinaria interpuesta por los abogados defensores contra el fallo de la Cámara de Casación Penal de mayo de 2016. De esa manera, se anuló la sentencia casatoria. Ahora, se conoció el fallo de la Casación de concordia.

Este caso se inició tras los levantamientos policiales que se dieron entre el 8 y 9 de diciembre de 2013 en Concordia, cuando los agentes reclamaban aumentos salariales. La consecuencia más visible de los acuartelamientos fueron los saqueos, graves hechos de violencia en las calles de la ciudad del citrus y en las comisarías tomadas por los agentes.

El 8 julio de 2015, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud, les aplicó penas de entre 3 y 4 años de prisión a 17 policías, al hallarlos culpables del delito de sedición agravada (por la función pública que desempeñaban).

La sentencia fue apelada tanto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) –que pidió condenas por los delitos que no se tuvieron en cuenta-; como así también por la defensa, que solicitó la absolución de los uniformados.

El 19 de mayo de 2016, la Cámara de Casación Penal hizo lugar a los peticionado por el MPF y agravó las figuras penales que se les imputaron a los policías. También los condenó por ser coautores de los delitos de sedición agravada y privación Ilegítima de la Libertad, en concurso ideal. En tanto que descartaron que hayan instigados a cometer delitos.

Ante ese nuevo fallo, los abogados defensores recurrieron la nueva calificación penal mediante un recurso extraordinario ante la Sala Penal del STJ, que este viernes falló a su favor.

Los vocales Daniel Omar Carubia y Miguel Ángel Giorgio entendieron que la fiscalía no podía casar la sentencia porque el artículo 513 del Código Procesal Penal limita la posibilidad al Ministerio Público Fiscal de recurrir en Casación cuando la pena que sea condenatoria, como en este caso, no sea inferior a la mitad de lo solicitado.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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