#Proscripcion #Condena #CristinaKirchner #causavialidad

La definición del juez Jorge Gorini y el caso Ricardo Echegaray vuelven a poner en discusión la estrategia de Cristina Kirchner para recuperar la posibilidad de ser candidata en 2027.

La palabra “proscripción” se convirtió en el eje de la estrategia política de Cristina Kirchner. Desde que quedó firme su condena en la causa Vialidad. La expresidenta sostiene que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no es una consecuencia legítima de una sentencia penal, sino una maniobra destinada a sacarla de la carrera política.

Pero en los últimos días aparecieron dos elementos que complican ese relato.

El primero es particularmente significativo: Jorge Gorini, uno de los jueces que integró el Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner, salió públicamente a rechazar la idea de que la expresidenta esté “proscripta”.

Cristina Kirchner lleva su condena a la ONU y habla de una “proscripción” política

“Cristina no está proscripta, está cumpliendo una condena por corrupción”, sostuvo el magistrado. La afirmación no es menor: proviene precisamente de uno de los jueces que intervino en el proceso que terminó con la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La diferencia semántica es, en realidad, política y jurídica.

Una proscripción implica impedir que una persona participe de la vida política por razones políticas. En cambio, en el caso de Cristina Kirchner, la imposibilidad de ejercer cargos públicos deriva de una condena penal por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ratificada por las distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

La Corte confirmó la condena en junio de 2025. Desde entonces, Cristina cumple una pena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y tiene vigente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La estrategia de Cristina apunta justamente a esa inhabilitación

La propia Cristina Kirchner dejó claro que el objetivo central de su ofensiva judicial no es solamente cuestionar las condiciones de su prisión domiciliaria.

En su carta pública de julio, anunció que llevó su reclamo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí cuestionó la sentencia, denunció supuestas violaciones a sus derechos políticos y apuntó especialmente contra la inhabilitación perpetua.

La estrategia tiene una lógica política evidente: si consigue revertir la inhabilitación, podría intentar recuperar la posibilidad de competir electoralmente.

Y eso explica también el renovado operativo del kirchnerismo alrededor de una eventual candidatura para 2027. Máximo Kirchner volvió a afirmar que quieren que su madre sea candidata, mientras distintos dirigentes de La Cámpora reforzaron la consigna de que Cristina debe volver a competir.

El problema es que, mientras el kirchnerismo habla de “proscripción”, la Justicia continúa tratando las consecuencias de las condenas como lo que son: consecuencias jurídicas de sentencias penales.

El caso Echegaray: cuando la inhabilitación se convierte en una consecuencia concreta

En ese punto aparece un episodio que resulta especialmente incómodo para la estrategia de Cristina Kirchner.

Ricardo Echegaray, histórico funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y extitular de la AFIP, fue exonerado de ARCA después de que quedara habilitada la ejecución de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Oil Combustibles.

Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Durante años continuó formando parte de la estructura estatal pese a aquella condena. Pero después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su recurso extraordinario, ARCA decidió hacer efectiva la inhabilitación y dispuso su exoneración.

Ahora Echegaray intenta frenar judicialmente su desvinculación y sostiene que debería esperarse una definición definitiva de la Corte Suprema. Ese planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: qué ocurre cuando una sentencia penal impone como consecuencia la imposibilidad permanente de ejercer funciones públicas.

Y allí aparece el problema político para Cristina.

El caso Echegaray no es jurídicamente idéntico al de la expresidenta. Se trata de causas diferentes, personas diferentes y situaciones administrativas diferentes. Pero existe un punto común: una condena penal incluye una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Si en un caso esa consecuencia es considerada una sanción derivada de una sentencia y no una “proscripción política”, resulta más difícil sostener que toda inhabilitación judicial de un dirigente condenado constituye, por sí misma, una persecución política.

La discusión que queda planteada

El debate, entonces, ya no pasa solamente por Cristina Kirchner como dirigente política.

La pregunta es mucho más incómoda: ¿una persona condenada por corrupción puede ser inhabilitada para ejercer cargos públicos sin que eso sea considerado una proscripción?

La respuesta del juez Gorini es categórica: sí.

Desde esa perspectiva, Cristina no habría sido excluida de la política mediante una decisión administrativa o una prohibición dictada contra una dirigente por sus ideas. Estaría impedida de ocupar cargos públicos como consecuencia de una sentencia penal que incluye expresamente esa sanción.

El kirchnerismo plantea exactamente lo contrario. Para Cristina y sus abogados, la inhabilitación es la verdadera finalidad política de la condena. En su presentación internacional, la expresidenta sostuvo que existe una persecución destinada a impedirle ejercer sus derechos políticos.

La disputa está lejos de terminar. De hecho, Cristina busca ahora que un organismo internacional intervenga sobre una sentencia que ya fue confirmada por la Justicia argentina.

Pero hay algo que cambió.

Ya no alcanza con repetir la palabra “proscripción”. Hay que demostrar por qué una inhabilitación que surge de una condena penal debería ser considerada una proscripción política.

Y el caso Echegaray agrega un dato difícil de ignorar: cuando una sentencia establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Estado puede terminar aplicándola, incluso años después y aunque el condenado continúe recurriendo ante la Justicia.

Para Cristina Kirchner, el problema es todavía mayor porque su estrategia de regreso político depende precisamente de conseguir que esa inhabilitación sea dejada sin efecto.

Mientras tanto, el juez que la condenó sostiene que no hay proscripción.

Hay una condena.

Y esa diferencia puede terminar siendo decisiva para el futuro político del kirchnerismo.

FM del Este 100.5

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#CausaVialidad #decomisos

Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco condenados en la causa Vialidad, deben devolver 685.000 millones de pesos como consecuencia de la sentencia acusatoria que confirmó, hace un año, la Corte Suprema de Justicia. De forma solidaria y con sus respectivos patrimonios, deben afrontar la cifra que refleja el fraude cometido contra el Estado, sin embargo, con una importante cantidad de quejas y recursos, buscan ganar tiempo y retrasar la decisión del máximo tribunal.

De cumplimiento efectivo hace un año, la sentencia acusatoria de la causa Vialidad tuvo como primer impacto, la detención de Cristina Kirchner (quien- cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario), de José López, Lázaro Báez y Nélson Periotti también con la morigeración de su detención. Se notificó de igual manera, que todos los implicados no podrán ejercer, de por vida, cargos públicos.

Sólo resta que se dé inicio a la ejecución patrimonial que permitirá, el recupero del dinero producido con la maniobra delictiva. Desde 2003 a 2015 -dijo la justicia federal-, funcionó desde el Estado una organización criminal que adjudicó de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65%, 51 licitaciones viales a Lázaro Báez. El 50% de esas rutas quedaron abandonadas.

El fraude cometido fue fijado, durante el juicio, en 85.000 millones de pesos. Cuando la Corte confirmó la condena por corrupción, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal, que esa cifra sea actualizada. Así, se determinó que a valores actuales, los condenados deben restituir al Estado un total de 685.000 millones de pesos.

Con el valor determinado, el Ministerio Público Fiscal realizó una identificación de 111 bienes muebles e inmuebles que constituyen la primera tanda de decomiso.

Ese pedido tuvo su correlato en un fallo que firmó el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en noviembre de 2025. Ante la orden de ejecución patrimonial, hubo una apelación y en febrero de este año, la Cámara de Casación confirmó que se debe proseguir con el decomiso.

Un nuevo planteo al respecto, retrasó por unos meses la puesta en marcha del procesos de decomiso. Pero el máximo tribunal penal, ratificó su criterio Y sostuvo que no existían argumentos jurídicos para habilitar la vía extraordinaria, esto es: que se pueda apelar ante la Corte Suprema la orden de dejar efectiva la ejecución patrimonial.

Con ese derrotero judicial, los condenados llegaron en queja ante el máximo tribunal. No sólo Cristina Kirchner, sino los demás acusados que se niegan a desprenderse de su patrimonio, también buscan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revierta el criterio fijado por el TOF 2 y la Casación.

Por estas horas, ante la Corte Suprema hay una gran cantidad de quejas presentadas por los condenados, entre ellas la ex Presidenta. Pero se acumulan a otros planteos, como el de la Unidad de información Financiera (UIF) que considera que los bienes susceptibles de decomisos en causas por lavado de activos, deben ser administrados por el organismo especializado en dicha materia.

De fuentes judiciales Clarín pudo saber que los recursos de queja ya ingresados a través de la Secretaría Penal, están bajo estudio. Cada planteo se aborda de manera individual y eso, en definitiva, demanda tiempo.

Junto a esos escritos, hay otros reclamos sobre la actualización de la cifra a decomisar. Los condenados en el caso Vialidad, encontraron el camino recursivo para retrasar la ejecución patrimonial.

“Van a exprimir todas las leyes y vericuetos legales para demorar la decisión final”, señaló una fuente judicial.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Más específicamente, el oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura a cargo de Sergio Romero.

Es potestad de la Corte determinar el destino de los bienes recuperados en expedientes de corrupción, lavado de activos, narcotráfico. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.

El TOF 2 informó que se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.

Los jueces aje ejecutan la pena del caso Vialidad, entendió que era tiempo de avanzar sobre la ejecución patrimonial, bajo la premisa de que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

En ese sentido, se recomendó a ma Corte que se priorice a la provincia de Santa Cruz a la hora de destinar un bien social a las propiedades.

“Conviene recordar que, si bien la maniobra fraudulenta acreditada afectó directamente los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, también produjo un detrimento extraordinario en la red vial de la provincia de Santa Cruz, circunstancia expresamente desarrollada en la sentencia condenatoria”, indica el fallo a través del cual se oficializó el decomiso inicial.

La normativa sostiene que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”

Sobre la firma

Lucía Salinas

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. lsalinas@clarin.com

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 bienes inmuebles en el marco de la causa Vialidad, en una decisión que afecta directamente a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

En el fallo al que accedió El Cronista, el tribunal, presidido por Gustavo Hornos e integrado además por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, respaldó las condenas firmes dictadas en el expediente y avaló la primera tanda de decomisos solicitada por los fiscales para cubrir $ 684.000 millones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había ordenado en noviembre pasado el decomiso de 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A. y 19 a Máximo y Florencia Kirchner, herederos del expresidente Néstor Kirchner.

Los abogados de la exvicepresidenta y de sus hijos cuestionaron la medida. Argumentaron que los bienes decomisados a Máximo y Florencia habían sido adquiridos legalmente, ya sea a través del proceso sucesorio o mediante una cesión realizada por la expresidenta en 2016.

Las defensas sostuvieron, además, que algunas compras originales se remontan a fechas previas a la maniobra de defraudación. Por esa razón, alegaron que no podía sostenerse un origen ilícito de esos inmuebles e invocaron la buena fe de sus representados.

Rechazo por unanimidad

Los jueces rechazaron esos argumentos por unanimidad. Señalaron que las defensas pretendían una reconstrucción contable exhaustiva e imposible. En delitos que se extendieron por más de una década, exigir un rastreo perfecto del dinero vaciaría de contenido al decomiso.

El tribunal explicó que el dinero es fungible y puede mezclarse con activos lícitos. Por eso, basta demostrar una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial del condenado y la maniobra delictiva, sin necesidad de identificar exactamente cada peso.

Sin embargo, el juez Borinsky emitió un voto parcialmente disidente. Reconoció que los criterios generales eran correctos, pero advirtió que la resolución presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos sobre ciertos inmuebles en particular, especialmente los heredados por los hijos de Kirchner.

Borinsky señaló que varios de esos bienes habían sido adquiridos en 1978 y 2002, es decir, antes del período tomado como referencia para el decomiso. Formuló observaciones similares sobre inmuebles de las empresas Loscalzo y Del Curto y Kank y Costilla, vinculadas a Báez.

Por esa razón, el magistrado anuló parcialmente el decomiso de 19 inmuebles de los 111 totales y ordenó un nuevo pronunciamiento fundado. Entre esos 19 bienes figuran cinco correspondientes al hotel Los Sauces, investigado por lavado de activos, cuyo juicio oral todavía se encuentra en etapas previas al debate.

Fuente: El Cronista

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En la Justicia penal, mientras, avanza la ejecución patrimonial por el decomiso de U$S 537 millones.

“Declarar operada la caducidad de la instancia en el presente proceso, con costas a la actora vencida”, resolvió el juez del fuero Civil y Comercial en la resolución. De esta manera, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, se le pone punto final a la demanda por daños y perjuicios que inició contra la ex presidenta, durante la administración de Mauricio Macri.

La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, se presentó en el juzgado Civil de Marcelo Bruno Dos Santos para pedir la caducidad del proceso. Es la segunda vez que la ex mandataria apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.

Para argumentar el planteo, Goldin señaló que el expediente no tiene avances desde el 19 de octubre de 2023. Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Vialidad Nacional incorporó al expediente esa resolución.

Antes de fallar a favor de lo peticionado por Cristina Kirchner, el juez Dos Santos indicó que desde el día siguiente a la última actuación con “aptitud impulsoria del proceso cumplida” que fue el 17 de marzo de 2023 con una providencia, “hasta el acuse de perención de instancia formulado por la codemandada el 18/09/23, descontada la feria judicial de invierno”, a lo que se debe sumar la inactividad que corre desde el día después a la notificación de la sentencia que resolvió la última discusión, hasta el segundo pedido de caducidad”, se cumple el plazo que estipula el Código para contemplar la caducidad.

El magistrado indicó: “me permito recordar que el instituto de la caducidad de instancia no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio, desde que va más allá del interés de las partes afectadas; fundamentalmente persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”. Por ese motivo, expresó que en tales condiciones, “corresponde admitir la perención acusada por la codemandada Cristina Elizabet Fernández de Kirchner”.

La Prensa

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El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.

El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.

La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

La Prensa

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en revisión el expediente de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, y según pudo saber Noticias Argentinas, está en condiciones de emitir una sentencia definitiva que podría frustrar su candidatura a legisladora bonaerense.

El dato jurídico clave es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que autoriza al máximo tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin mayores fundamentos, con la sola invocación de esta norma, por considerar que el planteo carece de trascendencia o agravio federal suficiente.

“La Corte, según su sana discreción, podrá rechazar el recurso extraordinario con la sola invocación de esta norma”, establece el artículo.

Esto significa que los jueces pueden cerrar el caso sin ingresar al fondo de la cuestión, algo que en el entorno de la ex mandataria genera especial preocupación, sobre todo ante la inminencia del fallo por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

El recurso de queja presentado por su defensa ya fue parcialmente rechazado esta semana, cuando la Corte desestimó la recusación contra el ministro Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó el expediente en condiciones de definición.

¿Qué dice el artículo 280?

La norma forma parte del procedimiento ante la Corte Suprema y establece:

• Rechazo discrecional del recurso extraordinario: la Corte puede rechazarlo sin explicar el fondo del asunto, solo invocando este artículo.
• Falta de agravio federal o cuestiones insustanciales: se aplica cuando el planteo no presenta relevancia institucional, trascendencia jurídica ni vulneración de derechos constitucionales.
• Sin apertura a prueba ni hechos nuevos: no se admiten nuevos argumentos ni pruebas en esta instancia.
• Aplicable también a recursos ordinarios y de queja (Art. 285): si la Corte considera improcedente la queja, puede invocar el mismo artículo para desecharla.

El impacto político en el caso Kirchner

Mientras Cristina Kirchner ya anunció su postulación por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, el eventual fallo adverso de la Corte podría inhabilitarla legalmente, pese a que el Congreso no avanzó con el proyecto de “Ficha Limpia”.

La condena del Tribunal Oral Federal N.º 2, confirmada por Casación, es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De confirmarse esa sentencia por la Corte, se activaría la imposibilidad legal de inscribirse como candidata, lo que implicaría un freno político y simbólico para el kirchnerismo a tres meses de las elecciones legislativas.

Noticias Argentinas

La entrada La herramienta que puede dejar a Cristina Kirchner presa y sin candidatura se publicó primero en FM del este 100.5.

Dirigentes y legisladores del kirchnerismo se congregarán este lunes en el Instituto Patria para analizar la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la condena por corrupción que enfrenta la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La reunión, de carácter urgente, tendrá como objetivo definir las acciones a seguir frente a la posibilidad de una confirmación de la pena.

La convocatoria se realizará tras la difusión de información que sugiere que el máximo tribunal se encuentra en días clave para resolver el expediente de la causa Vialidad. En este caso, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la obra pública durante sus gestiones. La relevancia de esta decisión judicial radicará en su potencial impacto en el escenario electoral del año.

Fuentes cercanas a la expresidenta indicaron que existe “una idea de hacer algo”, en referencia a la posibilidad de convocar a una movilización popular en caso de que la Corte Suprema ratifique la condena. Si bien ninguna decisión del tribunal será definitiva hasta su firma, trascendió que la Corte se encaminaría a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024, la cual a su vez confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en 2022. Esta ratificación se daría invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.
En Corrientes

Este lunes definen un plan y una posible movilización.

Cabe destacar que la propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió este sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió “estar atentos” ante la posibilidad de que la “metan presa”. En un tono desafiante, expresó: “Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo“.

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina”, concluyó en su alocución.

Fuente: Noticias Argentinas

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Por Martín Angulo

Malas noticias para Cristina Kirchner: el jefe de los fiscales consideró que la pena en el caso Vialidad debe agravarse

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la ex presidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Casal presentó ante el máximo tribunal un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta. También para que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos.

Así, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver la causa. Existe una expectativa especial sobre cuándo lo harán porque el fallo apelado incluye además de la condena una inhabilitación perpetua para hacer ejercer cargos públicos. La Argentina atraviesa un año electoral y la ex presidenta podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en las elecciones nacionales.

El máximo tribunal tendrá para resolver la postura de la Fiscalía y el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó su absolución, lo mismo que el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py condenó en diciembre de 2022 a Cristina Kirchner por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la absolvieron por la asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado. En ambos casos fue por mayoría 2 votos a 1 porque hubo magistrados que entendieron que la ex presidenta debía ser condenada por la asociación ilícita. Fueron Andrés Basso en el Tribunal Oral y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación.

El procurador general Eduardo Casal

Así lo habían pedido los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y el fiscal de Casación, Mario Villar, con una condena de 12 años. El tribunal oral y la Casación señalaron que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

En su dictamen de hoy, el procurador Casal apoyó la apelación del fiscal Villar. “El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo Casal y agregó que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”.

El Procurador también señaló que la Cámara de Casación no contestó el argumento de la Fiscalía de que los hechos atravesaron tres gobiernos durante 12 años.

Casal también apoyó que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sobre De Vido, el Procurador señaló que “no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.

“De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido—, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, agregó Casal.

Por último, el Procurador avaló el pedido del fiscal Villar para que a los condenados se les decomise la suma de 5.321.049.272,42. Se trata del valor de la defraudación actualizada al momento de ejecutar la sentencia.

El monto fue reducido por Casación. “El Ministerio Público presentó un detallado y minucioso cálculo que no obtuvo por parte de la cámara tratamiento alguno, ya que sólo fue desestimado mediante una fórmula abstracta”, dijo Casal sobre la postura de Casación.

Así, con su dictamen Casal pidió que Cristina Kirchner, López, Periotti y Báez sean condenados por asociación ilícita. Lo mismo para De Vido, de quien reclamó su absolución.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, reclama en la Corte su absolución. Entre otros argumentos, la defensa sostuvo que en el caso hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena de nuestra defendida”. También adelantaron que si el máximo tribunal confirma la condena acudirán a organismos internacionales y recusó al juez Lorenzetti, lo que la Corte también deberá resolver.

Fuente: Infobae

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La Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto resolver luego de la feria judicial si agrava la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. En ese sentido, según versiones que circulan, uno de los tres jueces que debe votar se pronunciaría por elevar la pena y sumar el delito de asociación ilícita, mientras que se desconoce cómo votarán los otros magistrados.

La exmandataria fue condenada el 6 de diciembre de 2022 por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión por fraude al Estado. Tanto Gorini como Giménez Uriburu votaron por sentenciarla por el delito de fraude contra la administración pública; mientras que Basso, en minoría, buscó sumar el delito de asociación ilícita, lo cual había sido reclamado por el fiscal de juicio Diego Luciani.

Justamente, ese fallo fue elevado a Casación para que sea revisado, siendo que los magistrados que intervienen son Gustavo Hornos, que preside la sala en esa causa, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Por ese motivo, se llevaron a cabo seis audiencias entre febrero y mayo de este año con el fiscal ante el tribunal, Mario Villar, y los abogados defensores de los condenados y absueltos.

Durante los encuentros, el fiscal Villar reclamó elevar la pena a doce años de prisión y que se condene también a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares o que se considere cada una de esas licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agraven la pena en función del concurso de delitos. Sumado a esto, solicitó que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.

“¿Qué les decimos a los funcionarios que asumen el cargo? Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, ¿qué ejemplo estamos dando?”, expresó el fiscal, a modo de protesta por la escala penal que utilizó el tribunal oral para definir la sentencia.

En ese sentido, pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. También solicitó que sean sentenciados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.

El fiscal pidió ampliar las condenas mientras que el abogado de Cristina Kirchner reclamó la absolución

Al respecto, el fiscal Villar manifestó que se deben aplicar las penas que pidió en el juicio oral su colega Luciani: doce años de prisión para Lázaro Báez; diez años para De Vido y José López; seis años para Periotti; cuatro años para Fatala; tres años de prisión en suspenso para Garro, y dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta para Carlos Kirchner.

En tanto, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, reclamó la absolución de su clienta. También argumentaron los abogados de De Vido, Periotti, Fatala, José López y Carlos Kirchner.

De esa manera, los jueces de Casación deberán definir si confirman el fallo inicial, si lo revocan o modifican el monto de las penas. Para ello, tenían un plazo de 20 días, el cual ya venció. En esa línea, volverán a trabajar el 29 de julio, cuando finalicen las vacaciones de invierno, y deberían tener una sentencia en los próximos días.

Según informó La Nación, entre los colegas del juez Hornos figura el rumor de que ya habría elaborado su voto, aunque se desconoce su contenido. En esa línea, fuera de los tribunales se especula con que el juez podría haberse pronunciado por agravar la condena y ampliar la acusación. Al respecto, el magistrado ya votó en el pasado en otros expedientes con posiciones duras contra el kirchnerismo.

Por su parte, Borinsky y Barroetaveña aún no emitieron su voto. De cara a la sentencia, Borinsky llega con la intención de ser Procurador General de la Nación, si es que lo postula el presidente Javier Milei, para lo cual necesitará los votos del kirchnerismo en el Senado debido a que hace falta una mayoría de dos tercios de Cámara alta.

En tanto, Barroetaveña viene de una polémica a raíz de su voto en el caso de los cuadernos de las coimas, donde se pronunció por evitar que Angelo Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri, vaya a juicio oral con el resto de los empresarios al entender que sus aportes fueron electorales y no una coima para mantener los contratos de obra pública.

Por el momento, la sentencia contra la expresidenta no está firme, por lo que no se encuentra detenida. En caso de que tanto Casación como la Corte Suprema dejen firme el fallo, podría ser arrestada. Al respecto, si bien no cuenta con fueros para evitar ser apresada, como tiene más de 70 años podría solicitar un eventual arresto domiciliario.

MB / ED

Fuente: Perfil

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El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, avaló la apelación de su par ante el TOF 2, Diego Luciani, quien había rechazado que Cristina Kirchner sea condenada únicamente por el delito de administración fraudulenta en el caso Vialidad. El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que hay elementos para que se la acuse también como jefa de una asociación ilícita, lo que elevaría su condena de seis a doce los años de cárcel. Con el respaldo del fiscal ante el máximo tribunal penal, los jueces están en condiciones de analizar el planteo de Luciani.

La Cámara de Casación es la responsable de revisar los fallos de los Tribunales Orales. Para poder hacerlo, el máximo tribunal penal debe cumplir una serie de pasos administrativos.

Cuando el fiscal de juicio apela la decisión del Tribunal, como fue el caso de Diego Luciani, para que la Sala correspondiente de la Casación Federal analice sus argumentos, debe existir el respaldo del fiscal ante ese tribunal. Algo que se llama “sostener el recurso”. Si ese aval no existe, la apelación no se tiene en cuenta y queda en nada.

Los integrantes de la Sala IV de la Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, son los responsables de revisar la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, y aguardaban la decisión del fiscal Mario Villar. Este martes, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el planteo de Luciani es válido y que debe ser analizado por los jueces.

En su dictamen, Villar cuestionó que se considere a las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez y que fueron cuestionadas “como un solo o único hecho del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional“.

El fiscal advirtió sobre “la gravedad de los hechos y de los funcionarios involucrados, por lo que no deberían aplicarse automáticamente la doctrina del fallo de la Corte “Pompas” (que dice que si los diversos delitos se cometen bajo una única administración del patrimonio ajeno se los debe tratar a los fines de determinar la pena como si fueran un único hecho)”.

Por otro lado, argumentó que no fue una única administración sino tres las presidencias durante las cuales se ejecutaron los hechos. “Entonces, si se consideran los tres períodos presidenciales involucrados en el presente expediente, no existiría otra posibilidad que evaluar tres administraciones patrimoniales distintas”.

En función de estos planteos, el fiscal ante la Casación entendió que la pena por un solo hecho “no permite respetar el grado de ilicitud y de culpabilidad de los coautores y partícipes” y que por ese motivo la pena resultante del fallo, “al considerarlos un solo hecho no solo aparece como exigua sino como paradójica,pues comunica a la sociedad y, en particular, a los futuros funcionarios, que si se va a delinquir es mejor hacerlo muchas veces y se la cobrarán como una”.

Calificar la maniobra como hechos de administración fraudulenta contra la administración pública nacional como si fueran uno, entendió el fiscal Villar “hace que el tribunal excluya la aplicación del tipo penal de asociación ilícita fundando en que si es un solo hecho no hay múltiples planes delictivos que exige esa figura penal”.

Para la fiscalía, este entendimiento “está totalmente equivocado, porque la asociación ilícita exige múltiples planes delictivos, no delitos cometidos en concreto. Los imputados planificaron realizar todos los delitos que fueran necesarios para poder hacerse del dinero destinado a la obra pública, a través de una organización. aprovechando sus posiciones como funcionarios y así desviar los fondos”.

En otro tramo de su escrito el fiscal ante la Casación, Villar remarcó que abordar las 51 licitaciones como un solo hecho, evita extender hacia la figura de la asociación ilícita “que castiga el mero hecho de ser miembro y que ocurrió y se consumó antes de los hechos para los cuales se constituye. “El tratamiento beneficioso como un único hecho de la administración fraudulenta, no puede extenderse hacia el pasado donde se encuentra la consumación del tipo de asociación ilícita”, remarcó.

No sólo se estaría haciendo un “descuento por cantidad”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, sino que tendría el efecto “retroactivo de eliminar un tipo penal ya consumado” y rel reproche de culpabilidad consecuente.

Respecto de Cristina Kirchner y su imputación por asociación ilícita, el fiscal consideró que “quien recibe o forma una organización que puede funcionar, a partir de allí, en forma ‘automatizada’ que solo requiere la intervención de aquél cuándo algo falla o sale mal o hay que reemplazar algún funcionario clave, es autora del hecho por su dominio funcional del mismo“. Y así le dio la razón a Diego Luciani.

Con este trámite cumplido, la Casación está en condiciones de fijar el calendario de audiencias, para que todos los que apelaron la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) expongan sus argumentos.

Cuando concluya esa seguidilla de audiencias en un caso que cuenta con más de ocho personas condenadas, más el planteo de la fiscalía para que se endurezca la acusación sobre todos los responsables de la maniobra defraudatoria, los integrantes de la Sala IV estarán en condiciones de pronunciarse: si confirman o no la condena del TOF 2.

Fuente: Clarin

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Se trata del juez de la sala IV del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir, informaron fuentes judiciales.

“Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones SA en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”, sostuvo Carbajo en su excusación.

La sala IV de Casación está también integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó, de modo paralelo, que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Este mediodía, los abogados que representan a la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recusaron a los tres jueces de la Casación que integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según surge de la presentación.

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron los abogados.

La defensa de la vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión sobre el tema, mientras que a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las distintas partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que fue apelado, entre otros, por la vicepresidenta que reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que reclamaron agravar las condenas.

Al apelar el fallo condenatorio, la defensa de la exmandataria reclamó su absolución por considerar que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

La condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, advirtieron los abogados de la vicepresidenta.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos.

En aquella presentación, los representantes del ministerio público fiscal también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

La Prensa

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Hernán Cappiello

El fiscal Diego Luciani denunció al diputado Máximo Kirchner, a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez y a exfuncionarios del Banco Nación, entre otros, a partir de las irregularidades que surgieron del juicio oral y público del caso Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En un escrito de 171 carillas, presentado ante la Cámara Federal, el fiscal enumeró siete diferentes maniobras, supuestamente irregulares, que surgieron de las pruebas que se ventilaron en el juicio oral, y en particular de los mensajes hallados en el teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado en varias causas por enriquecimiento y corrupción.

Muchas de esas maniobras ya forman parte de investigaciones en trámite, pero otros son hechos nuevos de los que se tuvo conocimiento a partir de la prueba que se publicitó en el juicio oral.

Luciani destacó que se deben investigar los mensajes que intercambiaron el empresario Caputo con José López, donde le reclamaba un pago por una obra. “Así vemos cómo, por ejemplo, el empresario Nicolás Caputo mantiene comunicaciones con José López (con quien, aparentemente, tenía una relación personal de amistad) y le solicitó, por fuera de los canales administrativos correspondientes el pago de distintos certificados de obra”, dice la denuncia.

Caputo integró el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, quien supo definirlo como su “hermano de la vida”. Durante el juicio de Vialidad, Cristina Kirchner y sus abogados reclamaron que se investigaran sus mensajes con José López y cuestionaron a Luciani por no haber presentado una denuncia. De Sousa es el socio del empresario Cristóbal López, ambos ligados al kirchnerismo e investigados en la causa Hotesur y Los Sauces, que espera una definición en la Cámara de Casación. Corcho Rodríguez es investigado por la Justicia como presunto intermediario de las coimas que el gigante brasileño Odebrechet admitió haber pagado en la Argentina.

El fiscal agregó que “se observa que el secretario de Estado López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada” por Caputo. Luciani remarcó que “el intercambio de mensajes parece indicar la existencia de prácticas irregulares o, cuando menos, una conducta mancomunada reñida con el leal ejercicio de las funciones públicas”.

Los contenidos de estos mensajes ya son parte de una investigación judicial en trámite sobre la obra pública. Lo mismo ocurrió con el caso de Corcho Rodríguez, cuyos mensajes se investigan en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero el fiscal señala que, además, De Sousa acude al mismo canal para poder agilizar pagos.

Luciani se detuvo en el caso del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, cuya construcción supervisaba la presidenta Cristina Kirchner, a través de su secretario Mariano Cabral y del ahora ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. Dijo que allí “se advierten irregularidades groseras en un proceso licitatorio”. En esos mensajes, José López le dijo a Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, sobreseído en el juicio oral, que “debían sacar urgente” la licitación en cuestión. “Tan urgente era que hasta debían sacarla ‘sin estudio de suelo’, puesto que López había hablado con la presidenta [Kirchner] –“La Pta”[dice el chat]– y le había dicho que licitaban en 15 días”.

Luciani sostuvo que en estos mensajes “siguen la connivencia, la práctica colusoria que se verifica en la licitación, la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. En resumen, la falta absoluta de transparencia con la que se manejó la licitación, avasallando todos los principios que deben regir las contrataciones públicas”.

Los funcionarios se reunían con los empresarios y finalmente se adjudicó la obra a la empresa Esuco, de Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas.

La acusación a Máximo Kirchner

Luciani dedicó un capítulo de su denuncia a Máximo Kirchner y las conversaciones del teléfono de López que “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”. La obra “se adjudicó ilegalmente”, dijo Luciani, el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA –empresa del Grupo Báez–. El contrato se suscribió el 12 de febrero de 2015 por $216.489.537.

Luciani recordó que no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía el trámite, que el pliego de Kank fue descalificado y “si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández”.

“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, escribió Luciani.

De acuerdo con los mensajes y lo surgido en el juicio, antes de la convocatoria de la licitación, empleados de Lázaro Báez “se reunían y conversaban con Matías Bezi, Máximo Kirchner, José López, entre otros, para definir las calles que iban a ser licitadas y, para fijar el objeto de la licitación. La falta de transparencia es total, máxime cuando destacamos que la obra en la que se presentó una sola oferta fue adjudicada a la constructora Kank y Costilla, que según se acreditó pertenecía al Grupo Báez. Esto no deja lugar a dudas en cuanto a que, ya desde sus inicios, esta licitación estuvo amañada y fue ilegalmente direccionada hacia una empresa de Lázaro Báez”.

“La orden de realizar la licitación para la obra de pavimentación de las 100 cuadras de Río Gallegos, como así también el apuro por definir cuáles serían esas 100 cuadras y en adjudicar la licitación, provenían directamente de los más altos cargos del Poder Ejecutivo, de los cuales Máximo Kirchner era claro intermediario”, señaló Luciani.

Denunció asimismo, que existió un “canal de pagos privilegiado” en beneficio de las empresas de Lázaro Báez, que fue “articulado y coordinado” entre dichas empresas, funcionarios del Ministerio de Planificación y el Banco de la Nación Argentina, a través de Juan Ignacio Forlón, que fue su presidente entre noviembre de 2013 y diciembre de 2015.

También denunció irregularidades en operaciones con las empresas Petersen, Thiele y Cruz, Esuco y Equimac. Dijo que perdieron en las licitaciones contras las empresas de Báez y que su objetivo era justamente “prestarse a la maniobra”, con una oferta perdedora para “simular una competencia”.

Apuntó también a la conducta de Gustavo José Arturo Galloni, que era titular del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, y la conducta desplegada por la ingeniera Paola Kiernan, quien fue inspectora de la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.

Hernán Cappiello/La Nación

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