Paraná, 5 de agosto – A veces, la realidad supera a la ficción… y también al sentido común. Este martes por la tarde, en un insólito episodio digno de una tragicomedia carcelaria, un sujeto fue atrapado in fraganti cuando intentaba hacerle un “pase” poco ortodoxo a los internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El hombre, que evidentemente confundió el penal con un estadio de fútbol, fue visto arrojando un bulto por encima del muro perimetral, justo cuando los reclusos disfrutaban del horario recreativo en la cancha. Pero la jugada no le salió bien: personal de la División Antidrogas, que realizaba tareas de vigilancia activa en la zona, interceptó al improvisado “delivery” antes de que pudiera escapar.

Paquetenga

El paquete fue localizado minutos después dentro del predio, entre gritos y miradas incrédulas. ¿Su contenido? Nada de golosinas: 203,5 gramos de marihuana compacta, prolijamente preparada para el ingreso al “verde césped” del penal. La droga fue secuestrada, rotulada y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del Dr. Santiago Alfieri, siguiendo los pasos de rigor que exige la Ley Provincial N° 10.566.

Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas celebraron la rápida intervención del personal antidrogas, que demostró una vez más que, cuando se trata de prevenir el narcotráfico, están más atentos que un arquero en final de campeonato.

Moraleja: si pensás lanzar un “regalito” a la cárcel, primero fijate si no hay alguien mirando. Porque esta vez, el pase fue interceptado… y el único que terminó adentro fue el que estaba afuera.

FM del Este 100.5

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Si la Cámara de Casación Penal ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner, podría ser enviada a prisión. Hoy su libertad y su futuro político penden de un frágil tejido de alianzas que ¿incluyen al propio Javier Milei? Los antecedentes de Menem y Lula, el rol de la Corte Suprema y un sistema político cada vez más resquebrajado.

Cristina Fernández de Kirchner es una empresaria argentina que trabajó de política toda su vida en el Estado y pudo construir una fortuna difícil de calcular junto a su marido, Néstor Kirchner.

Ahora, esta abogada que ocupó dos veces la presidencia de la Argentina, una vez la vicepresidencia y fue legisladora nacional y provincial enfrenta una sentencia que podría llevarla a prisión en el corto o mediano plazo. La llamada “Causa Vialidad”, por la que fue condenada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, avanza de manera lenta, aunque en un sentido que pone a Cristina Kirchner más cerca de convertirse en una “persona privada de libertad”.

Para evitar el encierro, Cristina Kirchner promueve su vuelta a la centralidad de la política y el poder merced a los buenos oficios del presidente Javier Milei. El presidente es consciente de los movimientos (gente cercana lo dice). En tanto que otros les recuerdan a los consejeros del Primer Piso de la Casa Rosada que a Mauricio Macri no le fue bien con ese plan estratégico. “No traigan un muerto a la fiesta”, resumen. Son crueles.

“A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, fue la estocada verbal de la vice electa en ese momento antes de conocer la resolución judicial. Ella, que venía de urdir la trama del poder para que Alberto Fernández sea presidente, ganaba tiempo. Ahora, el reloj de arena vuelve a ponerse en movimiento.

Cristina y “el Javo” se admiran mutuamente. Los puntos en común son muchos. A los fanáticos de cada segmento, sea kirchnerista que quiere todo Estado o sea libertario, que no quiere nada de Estado, hoy injustamente se los llama “termos”. En público, la expresidenta elogió a Milei porque mantuvo actualizada la Asignación Universal por Hijo. Milei ataca a la prensa; ella disfruta.

El 13 de noviembre, casi dos años después que el Tribunal Oral dictara sentencia contra Cristina Kirchner por “administración fraudulenta”, con una pena de 6 años de prisión, el máximo tribunal penal del país (la Cámara de Casación Penal) ofrecerá a los ciudadanos una audiencia de «lectura de sentencia».

En esta oportunidad, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, integrantes de la sala IV, darán a conocer su fallo.

OPCIONES DE LA SALA IV

¿Qué podrían decidir los camaristas?

1- Revocar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que la consideró autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

2- Modificar la sentencia a 6 años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados. Y agregar la figura de “asociación ilícita”, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos con un castigo de 12 años.

3- Ratificar la condena a Cristina Kirchner de 6 años de cárcel, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En los pasillos de Tribunales y lugares sofisticados donde merienda la política, la opción número 3 asoma. Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky tienen entre sus manos una decisión vital para la República Argentina. Ya hubo un vicepresidente condenado y en prisión: estamos hablando de Amado Boudou. El fallo de un tribunal colegiado necesita de mayoría, es decir, al menos dos votos en un sentido. Hornos cree en la línea de trabajo de la fiscalía, pero Borinsky no tributaría a ese pensamiento de más pena.

Recordemos lo que dijo el fiscal Diego Luciani: “Condenarla a 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravado por su calidad de jefa, y del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de una Administración Pública, que concurren de manera real”.

ACUERDOS

En la campaña electoral de 2019 los consultores jugaron a tres bandas. Los jóvenes aprendieron de los gordos de la CGT; siempre uno tiene la capacidad de abrir una puerta. La mesa de los consultores tejió relaciones. Ese tipo de relaciones que un “termo” no aprobaría. La comunicación entre el mileismo y el kirchnerismo funciona. Un libertario ya apartado del poder hizo trascender en una larga noche en Palermo que incluso “ellos” intercambian mensajes. Un iluso preguntó: “¿Ellos?”. El despechado respondió con un mohín: “Cristina y Javier”.

Las conexiones arrojan un resultado: el kirchnerismo no fue atacado. Y son invitados a conversar. Por ejemplo, a tallar una futura Suprema Corte de Justicia. Ariel Lijo no avanza y sí avanza una mujer. El último mensaje no encriptado. La doctora Graciana Peñafort, arquitecta legal de Cristina Kirchner en el Senado.

Graciana se olvidó de su San Juan natal y se hizo porteña; tan porteña que en 2023 logró integrar la lista de diputados metropolitanos y hoy es parte de la bancada de Unión por la Patria.

Qué hubiera dicho Cristina si al frente de la Dirección General de Aduana (DGA) de la gestión Milei designaran a una persona que ella conoció. La misma persona que en el actual poder institucional mantiene la zona Franca en Santa Cruz y renovó por un año más la “Zona Operativa Aduanera Río Gallegos”.

ESTRATEGIA

La defensa judicial de Cristina Kirchner es llevada adelante por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ambos conocedores del mundo judicial. Saben que la sentencia será apelable y que no se encontrará firme hasta que la Corte Suprema la trate. También es cierto que los tiempos de definición corren con la política y sus sentimientos.

El fallo condenatorio del Tribunal Oral contra Cristina Kirchner, además de la pena, dispuso el decomiso de los efectos del delito de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04). Los bienes de la expresidenta hoy declarados son el piso en la Recoleta, la casa en El Calafate y un automóvil. El resto de la fortuna la entregó a sus hijos en partes iguales.

La historia reciente trae el clip en el que un juez federal, de nombre y apellido Jorge Urso, dictó la prisión de un expresidente. Carlos Menem purgó una de las penas y más tarde continuó su carrera política hasta sus últimas horas.

Cristina Kirchner, por edad, podría solicitar cumplir la pena en domiciliaria o tobillera. También podría insistir con la teoría del lawfare y los poderes que van contra ella desde el momento que Barack Obama decidió no recibirla en la Casa Blanca. Suspicacias. Versiones.

En el “operativo víctima” que preparan los fans K surgió una idea que dejaron rodar. Si el fallo ratifica la condena, realizarán denuncias internacionales para emular a Lula Da Silva – que dicho sea de paso, estuvo acusado, juzgado, preso y volvió a la presidencia de Brasil-, y hasta no descartan abandonar una apelación en la que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz deberían resolver. Juan Carlos Maqueda se queda hasta diciembre por la edad y decisión del Poder Ejecutivo.

Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Un municipio gobernado por La Cámpora. El senador Wado De Pedro es el referente. Claro que con esta apuesta a la victimización por la condena, también perjudicaría, una presentación por un cargo electoral. Cristina Kirchner, a lo Menem, podría tener condena y buscar una banca con fueros. Menem lo hizo.

Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, realizó una movida de independencia. Dice prescindir de la interna peronista por las autoridades. ¿Alguien imaginó semejante acto de Axel hacia Cristina Kirchner? El gobernador estuvo agobiado por el hijo de Cristina y Néstor, Máximo Kirchner. En un momento intervino la gestión bonaerense ubicando a Martín Insarralde en la Jefatura de Gabinete. El resultado fue el paseo en el yate “Bandido” con Sofía. El reinado de Cristina Kirchner comienza a tornarse poroso. Falta el veredicto justo de la Justicia. ¡Será Justicia!

Por Jorge García / Noticias Argentinas

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Julio César Lescano, de 25 años, fue asesinado el 20 de enero de 2017 en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Su homicidio ocurrió en un lugar que, al menos en teoría, debería ser seguro para los reclusos: la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. El autor del crimen fue Cristian Ibarra, quien admitió el hecho en un juicio abreviado donde aceptó purgar una pena de 12 años y seis meses de cárcel. La historia de este crimen no terminó allí, ya que que la familia de la víctima interpuso una demanda contra el Estado provincial por la suma de $11 millones por haber incumplido su deber de seguridad y custodia.

La demanda comenzó a tramitarse en el juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, a cargo de Fabián Morahan. El 3 de septiembre de 2019, el magistrado hizo lugar parcialmente al reclamo y ordenó al Estado a pagar una suma total de $2.566.883, a repartirse entre la madre del joven y la viuda, en representación de sus dos hijos. En rigor, el magistrado estableció que la madre del joven reciba una parte por los rubros de daño moral, gastos funerarios y tratamiento psicológico; mientras que la concubina debía percibir otra suma por daño moral, lucro cesante y tratamiento psicológico.

Esa cifra, muy inferior a lo reclamado, no conformó a las demandantes y por esa razón interpusieron una recurso de apelación para que se revea el monto indemnizatorio. En tanto, la Fiscalía de Estado apeló en busca de la anulación de la sentencia fundamentando que no tenía responsabilidad por la muerte del joven. Dicha discusión llegó ahora al pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En una resolución a la que accedió UNO, fechada el 24 de julio, los vocales del máximo tribunal declararon la competencia para entender en la causa.

Antes de que el caso ascendiera al máximo tribunal provincial, hubo otras resoluciones de importancia: el 19 e octubre de 2021 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de esta ciudad confirmó la sentencia de primera instancia y, ante la apelación de Fiscalía de Estado, elevó las actuaciones a la Sala Nº2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. Esta Sala del STJ se declaró incompetente de tratar el asunto el 26 de septiembre de 2022 y remitió el legajo al STJ para que analice si es competente su intervención. Finalmente se supo que sí accedió a entender en la causa.

Lescano fue asesinado alrededor de las 23 del 20 de enero de 2017. Recibió una puñalada en el pecho con una tijera. El ataque se dio en el sector de cocinas de la Unidad Penal N° 7 “Casiano Calderón”, de Gualeguay. De acuerdo al relato del abogado de la familia de la víctima, Lescano “fue víctima de una apuñalada practicada por otro interno, el cual ocasionó su deceso”.

“El ataque fue propinado por el interno Ibarra, provisto con un elemento punzo cortante, sin que se haya acreditado legítima defensa o agresión alguna por parte de la víctima, que ante el incumplimiento del deber primario de seguridad y custodia de los internos, por el cual debe velar el Estado provincial a través del Servicio Penitenciario, resulta responsable civilmente de los daños y perjuicios que dicho hecho provocó y continúa provocando a mis mandantes”, agregó.

En otro momento, adujo que el Servicio Penitenciario incumplió “el deber de seguridad que debió garantizar a los condenados y/o procesados”. Además, señaló que la madre de la víctima no fue informada claramente de lo que había sucedido y que incluso recién pudo dar con el cuerpo de su hijo a las 21.30 del sábado 21 de enero.

“Agrava la responsabilidad objetiva de seguridad que pesa sobre el Servicio Penitenciario la circunstancia de que la muerte de Lescano fue un hecho que previsiblemente pudo haberse evitado, con la toma de debidos controles y cuidados para prevenir altercados y lesiones”, manifestó.

Además, el abogado planteó que dos meses antes, Lescano estaba alojado en el pabellón modelo en la celda N° 4, con los internos Ibarra, Valussi, Reynoso y Godoy, y que una vez le pidió al director de la Unidad Penal “que lo trasladen a otro pabellón por problemas que tenía con Ibarra, originados en ataques verbales y hostigamiento personal que le infligía”.

Tras el homicidio de Lescano, el fiscal Ignacio Telenta aseguró que “hubo una pelea” pero que desconocía el motivo. Por entonces barajaron dos hipótesis: un problema con una pareja o venta de droga en la cárcel. Ninguna fue probada. En otro fragmento, el abogado de la familia destacó un dato no menor: Lescano iba a salir en libertad el 5 de noviembre de ese año, ya que finalizaría la condena que le aplicaron en 2014.

La causa por el crimen se resolvió rápido en la sede penal. Cristian Ibarra confesó haber sido el autor del homicidio y firmó un acuerdo de juicio abreviado. Fue condenado el 22 de junio de 2017 (cinco meses después del hecho) a la pena de 12 años y seis meses de prisión. Al momento del hecho, el homicida cumplía una condena a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado.

Qué dice el Estado

Al responder la demanda, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirmó que “el suceso objeto de autos ocurrió de manera totalmente imprevisible, rápidamente, sin posibilidad alguna de haber podido prevenir la situación que desencadenó el fallecimiento de Lescano, destacando que tales testigos así lo describen resaltando la rápida y oportuna actuación del personal del servicio penitenciario que se encontraba de guardia en ese momento, con los escasos recursos con que cuenta”.

Sostuvo que “el luctuoso evento motivo de estas actuaciones obedece a una situación donde Ibarra realizó un hecho ilegítimo y violento, totalmente imprevisible que de ninguna manera pudo haberse evitado dado lo sorpresivo e imprevisto del suceso”.

Subrayó que “para atribuir responsabilidad al Estado por falta de servicio, debe acreditarse que se han infringido normas de actuación” y “siendo asimismo imprescindible ligar el daño a la omisión o actuación irregular para que ello será resarcible, y que tampoco es factible endilgar al Estado la satisfacción permanente de un nivel máximo o ideal de prestaciones en los servicios a su cargo, pues siempre existirá una brecha entre las prestaciones ideales o supremas y las que puedan otorgar en los hechos en un momento y circunstancia histórica determinada”.

Así las cosas, será el SJT quien dirimirá el asunto sobre la responsabilidad o no del Estado en la muerte violenta de Lescano ocurrida hace seis años.

Uno Entre Ríos

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Por Martín Candalaft

El empresario de la carne Alberto Samid podría volver a la cárcel para continuar cumpliendo su pena a 4 años por asociación ilícita. Ayer, el fiscal Gabriel Pérez Barberá, acusador ante el Tribunal Oral en lo Penal Economómico N°1 que condenó a Samid en 2019, solicitó que vuelva a la cárcel luego del escándalo generado por el video casero grabado por una vecina en el que se lo ve almorzando en una parrilla de Ramos Mejía cuando debía estar bajo prisión domiciliaria, ya que solo cuenta con permiso de salidas laborales concedidas por la Justicia para ir y volver del Mercado Central, donde trabaja, según documentos, para una firma ganadera domiciliada en Catamarca. Ahora fue la AFIP, que es querellante en la causa, la que envió un documento en el que le pide al juez Luis Gustavo Losada que revoque el beneficio y lo envíe de inmediato a un penal.

“A la luz de las razones expuestas, sostenemos que en caso de comprobarse la ausencia de elementos eximentes, correspondería revocar tanto el carácter domiciliario de la prisión preventiva de SAMID, como así también la autorización que le fuera concedida para dichas salidas laborales”, dice el documento al que accedió Infobae y que lleva la firma de Laura Gutiérrez Babsia, apoderada de la AFIP. 

El beneficio que podría perder el matarife no es sólo el de la prisión domiciliaria sino también el de las salidas laborales que tenía permitidas los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13.

El 21 de junio pasado, dos mujeres filmaron e increparon a Samid mientras almorzaba en el restaurante “Paja Rota” de Ramos Mejía, ubicada sobre la misma calle donde registró su dirección para su arresto domiciliaria. “Vergüenza le tiene que dar”, le dijo una de las señoras que lo filmaba. “¿Dónde tiene la tobillera?”, le preguntó la misma persona. “Que se vaya”, “andate chorro”, le dijeron al empresario de la carne.Extracto: parte del pedido de la AFIP al TOPE N°4.

La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal informó a la Justicia que Samidhabía regresado a su casa a las 13:40 horas, fuera del horario de la autorización laboral.Ante esa dirección, la defensa del empresario explicó que ese día “no pudo ejercer su actividad laboral debido a que los trabajadores del lugar habían realizado un paro” y que “por dicha razón dice haberse dirigido a una parrilla cercana a su domicilio a entregarle mercadería (carne), ya que había recibido un pedido del propietario de la misma, siendo esta una rutina de su desempeño laboral”.

Sin embargo, en esa oportunidad desde el restaurante emitieron un comunicado en sus redes sociales aclarando que el empresario no tenía ningún tipo de vinculación ni siquiera como proveedor por lo que la defensa se quedó sin argumentos válidos judicialmente, según estiman fuentes de tribunales.

Al día siguiente del hecho, Alberto Samid fue trasladado en una ambulancia a una clínica privada por un “estado confusional” y dolores en su pecho. A raíz de esto, el juez solicitó a ese sanatorio que expida un certificado explicando la evolución del paciente.

En ese documento añadido al expediente, al que también accedió este medio, los profesionales de la clínica aseguran que Samid “actualmente evoluciona asintomático, sin repetir dolor precordial aunque presentando durante la noche un nuevo episodio de desorientación”. Además agregan que “a la fecha tiene enzimas cardíacas negativas, sin cambios agudos en el electrocardiograma y con tomografía de cerebro sin signos esquemáticos agudos”.

Samid fue internado luego de ser filmado por las mujeres en la parrilla (Gastón Taylor)

De vuelta al escrito de la AFIP, la abogada de la entidad considera que las pruebas que constan en el expediente, que incluyen los avisos emitidos por el centro de monitoreo de la tobillera electrónica de Samid, son sufrientes para evaluar la conducta como “injustificada” y por eso debería regresar a la cárcel: “A la luz de los hechos nuevos, de las constancias que se encuentran agregadas y digitalizadas tanto de la defensa como de otras informaciones brindadas por agencias gubernamentales, resulta claro entonces que dicho comportamiento aparece como injustificado, y con aptitud de conmover el status quo del que gozaba Samid antes del hecho”, aseveró.

Con la contestación tanto del fiscal como de la parte querellante, el juez Luis Gustavo Losada, integrante del TOPE N° 1, no tiene prácticamente otro paso más que tomar una decisión definitiva con respecto al futuro de Samid. Se estima que la resolución del incidente ocurra en las próximas 48 horas.

Con información de Infobae y La Gazeta

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