El Gobierno de Javier Milei decretó la anulación, en un plazo de seis meses, de los beneficios impositivos percibidos por clubes dependientes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), una medida que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el ente que rige el fútbol argentino.

La tensión entre el Ejecutivo y la AFA se intensifica, ya que la medida se tomó pocos días después de la reelección de Tapia.

El G

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo anunció la finalización del Régimen Especial de Seguridad Social de la AFA, que brinda alivio fiscal en aportes y contribuciones patronales al personal contratado por las instituciones deportivas, como jugadores de fútbol, cuerpos técnicos y médicos, entre otros.

Estos beneficios impositivos habían sido aprobados por decreto en octubre pasado durante el gobierno de Alberto Fernández, basándose en un régimen previo implementado en 2003 por el expresidente Eduardo Duhalde para asistir a los clubes de fútbol durante la crisis económica desatada en 2001.
El Gobierno de Milei consideró que aquel régimen “resultó exiguo” y argumentó que entre noviembre de 2023 y abril de 2024 implicó una “pérdida de 7.091 millones de pesos”.

MODIFICACIONES
“Por ello, es necesario modificar las condiciones actuales del régimen para evitar que continúe ensanchándose el desfinanciamiento del sistema”, mencionó el decreto publicado ayer, que anunció además la creación de un comité “que tendrá como propósito discutir la reformulación del régimen y diagramar un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo”.

“La AFA opera con un régimen donde los clubes no pagan sus obligaciones previsionales como cualquier otro contribuyente, sino que lo hacen a través de un sistema que obtiene recursos de entradas, pases y transmisiones televisivas, con los que cancelan dichas obligaciones”, indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en sus redes sociales.

El decreto tiene lugar en un contexto de elevada tensión entre el gobierno de Milei y la AFA en torno a la voluntad del Ejecutivo de permitir la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

La semana pasada, esta tensión se profundizó con la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA en unos comicios considerados nulos por la Inspección General de Justicia (IGJ) -dependiente del Ministerio de Justicia-, que había intentado suspender la votación debido, entre otras cosas, a la decisión del organismo de adelantar las elecciones a presidente, que estaban previstas para octubre de 2025.

Fuente: La Prensa

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En medio de la puja entre el Gobierno y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por la implementación o no de las sociedades anónimas, Javier Milei reemplazó un régimen de cobro de ingresos por un comité encabezado por el Ministerio de Justicia y le quitó un beneficio impositivo.

En este contexto, el Presidente ya había advertido que establecería medidas para controlar el funcionamiento de la AFA. “Vamos a ver, porque quizás tienen situaciones irregulares”, había sostenido el mandatario durante una entrevista con TN.

Por medio del decreto 939/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno suspendió el régimen anterior -validado por el decreto 510/23- el cual suponía un ingreso de aportes personales y contribuciones patronales bajo la verificación de la Secretaría de Seguridad Social, del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dicho sistema pretendía instituir un mecanismo de control de las cotizaciones por parte de Estado nacional hacia la realidad económica de las instituciones.

Los beneficios impositivos fueron actualizados durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y otorgaban facilidades a los clubes afiliados en el pago de cargas sociales de futbolistas, miembros del cuerpo médico y empleados.

De esta manera, se creó un comité que estará integrado por un representante de cada organismo nacional, entre ellos: del Ministerio de Justicia, de Economía; de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses); de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -del Ministerio de Capital Humano; de Desregulación y Transformación del Estado; y de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

En cuanto a la AFA, habrá un representante por la asociación y deberán designar a dos en nombre de clubes de fútbol que participen en la primera división, de los cuales uno será seleccionado entre los tres con más socios acreditados durante 2023. Además, habrá otro integrante delegado a equipos de categorías inferiores.

Según expresaron en el decreto, el comité será presidido por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Cúneo Libarona, y su objetivo será “discutir la procedencia y reformulación del régimen, tornándolo eficiente, suficiente y sostenible para reemplazarlo”. Comenzará a funcionar a partir del 6 de noviembre, durará seis meses y cada uno de los participantes lo hará en carácter “ad honorem”.

Desde el Gobierno afirmaron que, de acuerdo a lo reglamentado a partir del decreto 510/23, entre noviembre de 2023 y abril de 2024 se perdieron más de 7 mil millones de pesos y, por tal motivo y siguiendo su plan de equilibrio fiscal, consideró necesario realizar modificaciones para “evitar que continúe ensanchándose el desfinanciamiento del sistema”.

En tanto, la medida contó con la firma del presidente Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y Luis Caputo, titular de la cartera de Economía.

En el marco de su disputa con la AFA, el titular del Poder Ejecutivo expresó: “Me parece que es una de las batallas más importantes a dar. Primero, porque la Argentina es el semillero del mundo, es decir, los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá y nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la asociación”.

Además, volvió a insistir con la modificación del estatuto para permitir las sociedades anónimas: “Debería haber una apertura mental por parte de las personas acerca de que nadie está obligado a cambiar de modelo societario, pero si alguien lo quisiera hacer tienen que darle la posibilidad”.

LA NACION

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