El Gobierno de Corrientes presentará hoy el Inventario Provincial de Humedales con el que busca poner un coto a cualquier iniciativa nacional que lesione la autonomía sobre el recurso natural. La presentación se realizará en el Auditorio Julián Zini, ubicado en el nuevo centro administrativo. El trabajo fue realizado por una comisión creada por la Ley Provincial N°6548 y será remitido a la Legislatura para avanzar con su protección. 

En el marco del tratamiento de varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy la Provincia a partir de las 9 brindará información sobre los humedales que tiene Corrientes y sobre la presentación, El Litoral dialogó con el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, quien indicó que “el inventario lo elaboró una comisión que coordinamos con el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) de acuerdo a la ley 6.548. Se comenzó a trabajar en marzo del 2021 y se realizó un trabajo técnico complejo. El coordinador técnico es el biólogo e investigador del Conicet Juan José Neiff”.

Mientras que sobre los los resultados del relevamiento, Anselmo aclaró que “esto no es un inventario cuantitativo que establezca cuántas hectáreas, porque son sujetos muy amplios.  Las zonas y las áreas con presencia de agua varían mucho de acuerdo a la condición climática. Es un trabajo que tiene una complejidad técnica que mañana (por hoy) se va a explicar”. 

La mencionada ley define a los humedales como “las superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, conforme a lo establecido en el artículo 1.1. de la Convención Internacional Relativa a los Humedales, aprobada por la ley N° 23.919 y las enmiendas realizadas por ley N° 25.335.

Sobre el inventario y su finalidad el titular de la producción informó que “esta información, cumpliendo lo que establece la ley se debe trasladar e informar a la Legislatura de Corrientes que ordenó el trabajo y para avanzar con su protección. También puede servir como uno de los insumos que se utilicen en el tratamiento de los proyectos de ley de presupuestos mínimos de humedales a nivel nacional que tiene otra características, pero el trabajo realizado corresponde a una ley provincial”.

Por su parte, el senador provincial Noel Breard, quien brindó información de la resolución que se aprobó en el Parlamento de Norte Grande durante la reunión de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja de la Nación también dialogó con este matutino sobre la presentación de hoy.

 “Este inventario va a determinar qué se puede hacer en cada zona, primero tener la cantidad de humedales que tenemos en el marco de su definición y una vez terminado eso, zonificar la provincia”, dijo Breard.

En esta línea ponderó el trabajo de la comisión y dijo que “esto es lo que nos va a dar protección provincial, ya que nos va a dar rango constitucional de defensa porque es una facultad de la provincia. En los bosques nativos el inventario lo hicimos nosotros. Estamos ejerciendo a plenitud todos nuestros derechos”, aseguró. 

“Ellos tienen que manejarse en el marco de los presupuestos mínimos que es el 100 por ciento de sus facultades, si pasan las fronteras violan la ley”, aclaró sobre los proyectos de humedales que se están tratando en Nación y cuyo dictamen se demoró ante el pedido de los diez mandatarios provinciales del NEA y NOA que pretenden ser escuchados en el marco del debate de la ley que afectará seriamente a la provincia. “Esto muestra la voluntad política de una provincia que quiere avanzar en la positiva en el tema humedales”, cerró.

Autonomías provinciales

Ante el debate de la ley de presupuestos mínimos de conservación de los humedales en la Cámara Baja de la Nación, se debe considerar que días atrás el  gobernador Valdés ratificó que Corrientes adherirá a la normativa, pero “sin entregar la autonomía provincial en el manejo de los recursos”. Pidió racionalidad a los legisladores nacionales que evalúan distintas propuestas para impulsar un nuevo modelo para la conservación de los humedales.

“Corrientes ya ha invertido en conservación y adherirá a la propuesta de llevar a cabo un inventario más detallado y ejecutar presupuestos mínimos”, recordó Valdés en declaraciones a Radio Dos.

“Los humedales no tienen que ver con el fuego, tenemos que tener un manejo adecuado. Estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución Nacional de poner presupuesto mínimo y darle racionalidad y uso en la conservación de humedales para que no impida la producción”

Y remarcó: “La ley tiene que ser razonable, que no impida la producción y debe tener un inventario de humedales. Estamos avanzando en la generación de nuevos cuidados del medio ambiente y tiene que ser así”.

“Tenemos que ver que la ley de humedales no perjudique la producción ni al ambiente, que sea una ley racional, que nos permita seguir trabajando en esto, seguir con la industrialización en la provincia”, insistió. “Si no tenemos cuidado, vamos a caer sobre aquellos que pretenden legislar sobre algo que no conocen”, advirtió.

Fuente: El Litoral

El Litoral de Corrientes

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La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su “autonomía” en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En su resolución el máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 “violó la autonomía de la ciudad”, al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril.

En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021

“Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”, consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.

El decreto
El sábado pasado, el Ejecutivo emitió un nuevo DNU, el 287/2021, que estableció, entre otras medidas tendientes a reducir los contagios de coronavirus, el dictado de clases “exclusivamente a distancia”en todos los niveles educativos hasta el 21 de mayo en aquellas zonas en “alerta epidemiológico y sanitario”, como es el caso del AMA, que comprende a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios del conurbano.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por su parte, se había presentado el 16 de abril pasado ante la Corte Suprema al impulsar una “acción declarativa de inconstitucional” contra el Ejecutivo Nacional por considerar que el DNU 241/2021 había sido dictado “sin necesidad” y que lo que había dispuesto esa norma “debió hacerse con intervención del Congreso Nacional”.

En coincidencia con sendos dictámenes de la Procuración General de la Nación, la Corte primero declaró su competencia originaria en la causa y, esta mañana, al término de un acuerdo virtual, la decisión que hizo lugar a la demanda, a la que Estado Nacional se había opuesto argumentando la gravedad de la situación epidemiológica y la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas” en el AMBA “o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña”, expresó la Corte.

El fallo fue firmado por el presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los dos primeros lo hicieron con argumentos propios).

Los argumentos
En el marco del proceso “sumarísimo”, el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del “AMBA” que, si bien la abarca, “no debe ser contemplada de manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden”.

La Corte recordó que, “a partir de la Reforma del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129, según el cual “tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”.

Agregó que “los tribunales, y particularmente esta Corte, son los encargados de velar porque las atribuciones asignadas a cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se vacíe el carácter federativo de la Constitución”.

El máximo tribunal destacó que, al definir la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Constitución “no surge ningún obstáculo” para “decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio”.

Remarcó que “las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Según la sentencia, “la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”. 

La decisión del máximo tribunal es en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia 241/2021.

El fallo

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