Seis organizaciones socioambientales y de protección animal exigieron mediante carta formal dirigida a Mario Zárate, a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, poder exponer su postura en defensa de las aves autóctonas en la ¿audiencia pública? que definirá la apertura o no de la temporada de caza a desarrollarse el próximo lunes 20 de abril en la ciudad de Victoria.

Convocan a audiencia pública por la temporada de caza menor 2026 en Entre Ríos

La audiencia viene precedida ya de una gran polémica debido a que se desarrollará a pesar de que sobre el Estado entrerriano pesa una demanda judicial por inconstitucionalidad por haber autorizado la matanza de aves en 2025 y por reveses judiciales también por inconstitucionalidad de 2022 y 2023.

La carta -firmada entre otras instituciones por CEYDAS, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje– exige que se permita a las organizaciones socioambientales exponer su postura sobre este polémico tema “en tiempo y forma equivalentes a los concedidos al sector cinegético (cotos de caza)”.

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El pasado año, la audiencia llevada a cabo en Rosario del Tala, terminó en escándalo debido al airado reclamo de las ONG socioambientales porque el Gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio no las convocó a exponer en la misma y sí lo hizo con el sector del turismo de caza.

Para acceder a la carta, haga click en este enlace: https://drive.google.com/…/1bu…/view…

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia se encuentra en proceso de definición de vedas, períodos y zonas habilitadas para garantizar un aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre.

Turismo cinegético cuestionado por ONG entrerrianas

En este sentido, se recordó que Argentina adhirió mediante la ley nacional N° 27.566 al Acuerdo de Escazú. Este tratado regional promueve el acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Informes técnicos

A mediados de marzo, la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc) presentó el cuestionado informe Relevamiento de abundancia de patos 2025**. El documento se encuentra disponible para su consulta por parte de cualquier persona interesada, previa solicitud en la sede de la dirección.

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El Gobierno de Entre Ríos busca autorizar la caza de animales autóctonos con respaldo de un estudio “financiado por cotos cinegéticos”

Este anuncio surge tras la presentación de un estudio controvertido “realizado por los cazadores”, el pasado jueves 24 de abril en la Sociedad Rural de La Paz, donde se expusieron resultados de un informe sobre las poblaciones de patos autóctonos en la región.

• “La caza menor y el turismo cinegético están llevando a la extinción de especies: ¿Cuánto tiempo nos queda?”
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El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, informó que se convoca a una audiencia pública el próximo 20 de abril a las 14, en el área natural protegida Reserva de Usos Múltiples El Potrero, ubicada en la ciudad de Victoria. La actividad tendrá lugar en el Jardín Botánico y Solar Histórico (acceso Dr. Joaquín Vivanco, casi ruta 26).

Gestión participativa

El funcionario invitó a instituciones, especialistas y público en general a presentar informes o estudios relevantes para la definición de la temporada de caza deportiva menor 2026. El objetivo es promover una gestión participativa y sustentable de los recursos naturales de la provincia.

Las y los interesados podrán acercar la documentación que consideren pertinente a la sede del organismo para que sea tenida en cuenta en la planificación de la nueva temporada.

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Una audiencia pública convertida en trámite exprés. Diputados desinteresados, participación bloqueada y el avance del extractivismo sobre el agua. Este episodio no es neutral: es una denuncia pública.

Lo que ocurrió en el Congreso durante la audiencia por la modificación de la Ley de Glaciares no fue un debate democrático: fue una puesta en escena.

Más de 102.000 personas se inscribieron para participar. La cifra por sí sola debería haber obligado a extender el debate, abrir instancias federales y escuchar a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió.

“Si una audiencia pública no influye en la decisión política, no es participación: es simulación.”

En cambio, el proceso dejó imágenes difíciles de justificar: acceso restringido al Congreso, expositores acreditados esperando afuera, una sala con escasa presencia legislativa y diputados que, según relatan los participantes, pasaban el tiempo mirando el celular mientras se exponía sobre el futuro del agua del país.

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La abogada Cecilia Domínguez, expositora en la audiencia, describe un clima de burla, desinterés y decisiones políticas ya tomadas. Y aporta un dato demoledor: prácticamente la totalidad de los expositores se manifestó contra la modificación de la ley. Solo dos hablaron a favor, y hubo denuncias públicas de que uno de ellos no estaba inscripto para la audiencia.

Sin embargo, la maquinaria legislativa sigue avanzando.

Escuchá la nota:

Lo que debía ser una instancia clave de participación ciudadana terminó, según los testimonios de quienes estuvieron allí, en una escena incómoda para la democracia argentina: una audiencia pública que cumplió la formalidad legal pero vació de contenido el derecho a ser escuchados.

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La abogada Cecilia Domínguez, integrante de CEYDAS, participó como expositora en el Congreso durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. Su relato no deja margen para la tibieza: describe un proceso atravesado por la desidia legislativa, la desigualdad en la participación y la sensación generalizada de que la decisión política ya estaba tomada.

102.000 inscriptos y una audiencia comprimida

El dato inicial es demoledor: más de 102.000 personas se inscribieron para participar.
Una cifra inédita que, en cualquier sistema que se pretenda democrático, debería haber obligado a ampliar los tiempos, abrir sedes en provincias y garantizar un debate federal real.

Nada de eso ocurrió.

La audiencia se realizó en tiempos acotados, con acceso restringido y con miles de voces afuera. La participación masiva se convirtió en un número incómodo que debía administrarse, no en un mandato ciudadano que debía escucharse.

Cuando una audiencia pública récord se resuelve como un trámite exprés, la pregunta deja de ser ambiental: pasa a ser institucional.

Congreso vallado, expositores afuera

La escena que describe Domínguez es reveladora: el Congreso vallado a varias cuadras, presencia de fuerzas federales y expositores acreditados sin poder ingresar.

Mientras algunos lograban entrar casi por casualidad, otros debían reclamar desde afuera para poder exponer. La imagen de una sala con escasa presencia contrasta con miles de ciudadanos intentando participar.

La audiencia pública comenzó a parecerse más a un operativo de control que a una instancia de escucha.

Diputados mirando el celular mientras se hablaba del agua

Si algo sintetiza el clima de la audiencia es el comportamiento de los legisladores.

Durante las exposiciones, la abogada relató que los diputados estaban con el celular, conversando entre ellos o directamente desatentos.
Tuvo que pedirle al presidente de la comisión que interviniera por la falta de respeto hacia quienes habían viajado para exponer.

Lo que siguió fue aún más grave: burlas y ninguneo tras las presentaciones.

La escena es difícil de justificar: ciudadanos exponiendo sobre el agua del país y legisladores comportándose como si el debate no los involucrara.

Un rechazo casi unánime ignorado

El dato político más fuerte del proceso es la magnitud del rechazo a la modificación de la ley.

Según Domínguez, la abrumadora mayoría de los expositores se manifestó en contra de los cambios.
Los apoyos fueron marginales y hasta irregulares.

La audiencia, lejos de mostrar un debate dividido, evidenció un consenso amplio de especialistas, organizaciones y ciudadanos.

Pero ese consenso no se tradujo en interés legislativo.

La sospecha de decisiones tomadas de antemano

El diagnóstico que emerge del testimonio es inquietante: la audiencia habría sido convocada para cumplir con un requisito legal, no para influir en la decisión política.

Si esto es así, la audiencia deja de ser una herramienta de participación para convertirse en una escenificación.

La democracia pierde cuando escuchar se vuelve opcional.

Extractivismo y crisis de representación

El trasfondo del conflicto es claro: la presión del modelo extractivo sobre los territorios y el agua.

Modificar la Ley de Glaciares no es una discusión técnica. Es una decisión estratégica sobre reservas hídricas esenciales.
Y, según lo expresado en la audiencia, el Congreso parece avanzar en sentido contrario al reclamo social.

La crítica es directa: cuando la política deja de representar a la ciudadanía y comienza a responder a intereses económicos, se rompe el contrato democrático.

El camino hacia la judicialización

El escenario que se abre es previsible: amparos, demandas y un conflicto que probablemente termine en la Justicia.

Cuando el Congreso no escucha, la sociedad busca otros caminos.

Lo que realmente quedó expuesto

La audiencia por la Ley de Glaciares dejó una imagen incómoda:
la participación existió en los papeles, pero no en la práctica.

Más de cien mil personas quisieron hablar.
El Congreso decidió escuchar poco.

Y cuando la política no escucha sobre el agua, lo que está en juego no es solo el ambiente: es la soberanía y el futuro.

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Uspallata vuelve a decir NO al proyecto minero San Jorge y desnuda el costo humano y ambiental de la minería.

La minera San Jorge vuelve a la carga. Más de una década después de que la Legislatura de Mendoza rechazara su instalación por los riesgos ambientales y sociales, la empresa busca nuevamente explotar cobre a cielo abierto en Uspallata. Pero el pueblo no olvida: ya dijo NO una vez, y hoy, vecinos, asambleas y organizaciones se exponen, cara a cara, para defender el agua, la salud y la vida.

Escuchá la nota completa a Aníbal Guiser Gleyser y Marcela Witt, en “El Despertador”

En la reciente audiencia pública, las voces de Aníbal Guiser Gleyzer y Marcela Witt pusieron palabras precisas a la preocupación colectiva. Guiser Gleyzer propuso medir el tiempo de exposición no en minutos, sino en litros de agua pura. Según el propio estudio de impacto ambiental de la minera, la planta consumiría 141 litros por segundo del arroyo El Tigre. En cinco minutos —el tiempo de un orador— se perderían 42.300 litros de agua cristalina, equivalente a 40 mil dólares si se embotellara. “Esa agua es patrimonio de todos. No somos conscientes del valor real de lo que nos da la naturaleza”, señaló.

Pero el problema no es solo cuánta agua se usa, sino en qué se convierte. Witt, bioquímica, explicó que el proceso de extracción requiere añadir productos químicos peligrosos. Aunque el proyecto no incluya cianuro o ácido sulfúrico, usará ANFO (nitrato de amonio con combustible) para fracturar la roca, liberando partículas que se dispersan por el aire, el suelo y el agua. El contacto con estos contaminantes —por inhalación, ingestión o a través de la piel— sumados a otros productos químicos que utiliza la minería para extraer el cobre, se advierten en emprendimientos similares, un significativo aumento de enfermedades y riesgos severos , entre ellos:

• Metahemoglobinemia: dificulta que la sangre transporte oxígeno, provocando falta de aire, fatiga extrema y riesgo de daño cerebral.
• Enfermedades respiratorias crónicas: asma, bronquitis, deterioro pulmonar.
• Trastornos neurológicos: pérdida de memoria, dificultades cognitivas, temblores.
• Enfermedades metabólicas y autoinmunes: hipotiroidismo, diabetes tipo 2, artritis autoinmune.
• Afecciones musculares y nerviosas: debilidad generalizada, calambres persistentes.
• Irritación ocular grave y lesiones cutáneas.

Estos impactos no solo afectan a quienes trabajan en la mina, sino a toda la población que comparte la cuenca hídrica: cultivos, ganado, fauna silvestre y, en consecuencia, la economía regional.

La resistencia en Uspallata no es un capricho, es memoria y supervivencia. El pueblo ya rechazó el proyecto una vez, porque entendió que en Mendoza el agua no sobra y que la agricultura, la vitivinicultura y la vida misma dependen de su calidad. Hoy, las comunidades vuelven a organizarse en asambleas, caravanas y redes de apoyo para frenar esta segunda embestida. Saben que una vez contaminada, el agua no vuelve a ser la misma, y que las promesas de “progreso” conllevan costos que no figuran en ninguna planilla: enfermedades, muertes prematuras, pérdida de biodiversidad y un paisaje irreversiblemente dañado.

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El “reloj de agua” que plantea Guiser Gleyzer es un recordatorio vivo: cada segundo de operación minera son litros de agua que dejan de ser vida para convertirse en residuo tóxico. En un planeta donde se puede vivir sin cobre pero no sin agua, la pregunta vuelve a resonar en las calles de Uspallata: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un negocio que deja agujeros en la tierra… y en la salud de su gente?

FM del Este 100.5

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El Gobierno sumó nuevos criterios socioeconómicos para segmentar los subsidios de luz y gas. La modalidad es impulsada por el equipo vinculado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para identificar qué hogares deben mantener o no las subvenciones. Según esta propuesta, el piso de ingreso para integrar el sector de mayor poder adquisitivo rondaría en torno a los $ 314.000 en marzo.

Así surge de un documento de la subsecretaría de Planeamiento Energético, a cargo de Santiago Lopez Osornio, un hombre de Guzmán dentro de la secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez. El economista de la Universidad de La Plata -como el ministro- avanzó en criterios “complementarios” a los del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el CONICET.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la titular del ENRE, Soledad Manín, habían elaborado mapas de segmentación a partir del valor de la vivienda en el AMBA. Sin embargo, por las dificultades para aplicarlo a nivel nacional, el trabajo sugería hacer que se hicieran análisis de la situación socioeconómica de los titulares del suministro, más allá de la geolocalización.

El alfil de Guzmán avanzó por ese carril y tomó como umbral para definir el segmento de alta capacidad de pago los ingresos superiores al valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) –la canasta familiar de pobreza- para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años). En marzo, según el INDEC, ese valor alcanzó los $ 314.000.

“Es decir, que recién a partir de ese nivel de ingresos se reduciría el nivel de subsidios de forma significativa”, señaló Planeamiento Energético. Y más adelante precisa que “aún así, la cantidad de CBTs analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”.

Además, se consideró como titulares con alta capacidad de pago a aquellos que posean aviones o embarcaciones de lujo, posean 3 o más inmuebles registrados o posean 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.

“La propuesta del ENRE aplica al AMBA y no es extrapolable al resto del pais, ese documento sugiere que haya un criterio complementario por nivel socioeconómico, con el ingreso y el patrimonio sí puede ser aplicado en el resto del país”, señalaron fuentes oficiales.

En su documento, el área de Osornio muestra que el gasto en energía en relación al ingreso es mucho más alto para los hogares más pobres y que, a medida que crece el consumo por nivel de ingreso, también crece el monto de subsidios, lo que es calificado como un “sesgo pro-rico”. Guzmán lo planteó exactamente hace un año y agitó la interna con el kirchnerismo.

El análisis incluye un cálculo de los subsidios a los hogares según su ingreso y decil en 2021. En un recuadro se observa que los de mayor capacidad de pago, con un ingreso de $3,2 millones al año, recibieron subvenciones por la luz y el gas de casi $73.000 anuales, un promedio de $ 6.000 mensuales. El sector de menores ingresos -$ 206.180-, en tanto, recibió casi $ 45.000 anuales, un promedio de $ 3.700 por mes.

De esa manera, los subsidios representan el 2,2% de los ingresos del decil de mayores ingresos y el 21,5% de los de menores ingresos.

“El peso que estos subsidios tienen como porcentaje del ingreso total familiar sugiere que la eliminación de los subsidios en los deciles de altos ingresos no tendría un impacto significativo en el ingreso disponible en estos sectores”, señala Planeamiento.

Fuente: Clarin

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En febrero de 2006, el entonces gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti, se presentó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para denunciar -por “Tentativa de contaminación”- a los titulares de las pasteras que comenzaban a construirse en la localidad de Fray Bentos (Uruguay).

La única investigación judicial en tribunales argentinos acumuló algunas fojas y se mezcló entre otros expedientes, aguardando respuesta a las solicitudes enviadas tanto a la CARU como a la República Oriental del Uruguay: los empresarios jamás declararon y el organismo binacional nunca brindó la información requerida en el marco de la investigación, de acuerdo a lo publicado por APFD.

Sin embargo, en la previa a una nueva convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental al Puente Internacional “General San Martín”, el juez Hernán Viri decidió convocar a una audiencia pública informativa para el 16 de junio a la hora 11, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación de Gualeguaychú.

Para dicha audiencia se convocó a los integrantes de la CARU, al gobernador Gustavo Bordet, al intendente Martín Piaggio, a la fiscal federal Josefina Minatta; a los querellantes, entre los cuales se encuentran vecinos que integraron la Asamblea Ciudadana; al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; al embajador del Uruguay y al presidente de la firma UPM. 

También al titular de la ACAG, al director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y al Comisario (Químico), Alberto Raúl Candia, del Departamento Unidad Federal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Policía Federal Argentina, quien ha sido el encargado de llevar a cabo las pericias encomendadas por el magistrado.

A fines de febrero, el juez Viri dio un panorama del estado de la causa que llegó a sus manos en marzo de 2021, en dialogó con R2820 Radio: “Tengo intención de mantener una reunión con el canciller, ya que la realidad es que la CARU no responde y Uruguay tampoco. Lo que tiene aletargada la causa es lo que necesito que me respondan desde Uruguay y desde la CARU, sigo reclamando a través de la Cancillería que me den una respuesta”.

Fuente: APFD y R2820 Radio

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