En el procedimiento, llevado a cabo por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el primer lugar fue para Jan De Nul N.V. Sucursal Uruguay (99,5 puntos).

Luego siguió el consorcio Boskalis – Dredging International, Río Uruguay (94, 4 puntos). El tercer lugar, muy lejos de la cima, lo obtuvo Uruguay Dragados II -CHEC Dredging de China. y SDC de BRASIL Servicios Marítimos Limitada (59,4 puntos).

La tabla de posiciones se cerró con la firma danesa Rohde Nielsen A/S, cuya pata local es la argentina Emepa (16,3 puntos).

Renovación

Jan De Nul, es actualmente concesionario del dragado del río Uruguay, por una licitación ganada por mejor precio en diciembre de 2017. Ahora renovó su posición para los próximos tres años, pero esta vez, consiguió reducir en un 48% los costos del anterior contrato, lo que le permitirá ahorrar u$s 5 millones a cada Estado ribereño (Argentina y Uruguay), según subrayaron desde la empresa adjudicada.

Esto es así porque la firma ya conoce el río y sus vicisitudes, pero fundamentalmente porque – según se detalló – “invirtió en equipo de última tecnología que le permite realiza el mismo trabajo, pero con costos menores”.

Fuente: El Cronista

La entrada Aún con denuncias,la empresa a cargo del dragado del Uruguay ganó la licitación para continuar con ese trabajo se publicó primero en FM del este 100.5.

La causa está caratulada “Ricardo José Luciano c/ Sr. Gobernador Gustavo Eduardo Bordet –en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos- S/ acción de amparo (acción de ejecución de incidencia colectiva)”.

Según el fallo, el 22 de febrero el juez Alberto Adrián Welp –de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Sala Laboral II– se declaró incompetente para tratar el amparo ambiental por cuanto entendió que “los hechos objeto de pesquisa afectan más allá que la sola provincia de Entre Ríos, sobrepasa las fronteras y afecta a dos o más jurisdicciones”.

Por tanto, consideró que el expediente pase a la Justicia Federal de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º de la Ley de Política Ambiental Nacional Nº 25.675, que prevé la competencia federal cuando se trata de la degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado apeló la decisión para que la causa quede en la Justicia provincial y por ello el asunto sobre la competencia jurisdiccional debe ser tratado por el máximo tribunal provincial.

Con una resolución que tiene fecha el 5 de marzo de 2022, el tribunal integrado en el por los Vocales Dres. Smaldone, Carubia y Carlomagno decidió hacer lugar a la presentación del Dr. Sebastián M. Trinadori, Fiscal de Estado Adjunto, en representación y declarar la competencia local para conocer en las presentes actuaciones, con reenvío de la causa al juzgador de la sede de origen, a sus efectos.

Resolución

El vocal Juan Ramón Smaldone, destacó el artícullo 7 de la Ley General del Ambiente Nº 25675 determina “La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”.- El art. 32 “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia”.

“De tal manera, de la lectura de la norma citada se concluye la regla de la competencia ordinaria y la excepción de la competencia federal para aquellos casos en que, efectivamente, se verifique una afectación interjurisdiccional”, indicó.

Luego hizo referencia al planteo de un problema “interjurisdiccional”. “corresponde señalar que la tensión entre la incompetencia declarada por el juez a quo y el planteo introducido por la accionada se soluciona atendiendo al específico objeto del amparo vinculado con la habilitación de las areneras instaladas en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú; la vigencia de los certificados de aptitud ambiental; el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la habilitación; y los procedimientos de control de adecuación de las areneras a la normativa protectoria ambiental por su potencialidad contaminante (cfr. detalla dictamen de la Procuración General), elementos que no permiten razonablemente colegir el requisito de afectación interjurisdiccional”, explicó.

Por último, estableció la competencia local para la causa. “Por lo expuesto, propicio dirimir la cuestión planteada admitiendo el recurso de apelación articulado por la demandada contra la resolución de fecha 22/02/2022 cuya revocación propongo; e invito, por consecuencia, a declarar la competencia local para conocer en las presentes actuaciones, con reenvío de la causa al juzgador de la sede de origen, a sus efectos”, concluyó.

En tanto los doctores Carubia y Carlomagno se remitieron a los antecedentes expuestos por Smaldone y coincidieron en la resolución.

Lo que plantean en el amparo

El objeto específico del amparo es que el gobernador “informe a través de quien corresponda: constancia de habilitación de las areneras instaladas en los Departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú; acredite la expedición y vigencia de los ‘certificados de aptitud ambiental’ de esos establecimientos; informe el cumplimiento de los requisitos procedimentales para la habilitación (celebración de audiencias públicas, contratación de seguro ambiental, fijación de un fondo de restauración, renovación de estudios de impacto ambiental en tiempo y forma, de corresponder) y los procedimientos de control de adecuación de las areneras a la normativa protectoria ambiental vigente”.

Fuente: El Entre Ríos

La entrada El amparo por la extracción de arena en el sur entrerriano no pasará a la Justicia Federal se publicó primero en FM del este 100.5.

La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado “nocivo” y “contaminante”.

Así, dejó establecido un plazo de 120 días de conocida la sentencia para que la petrolera reemplace ese producto, el que deberá ser compatible con las pautas que refirió la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en una presentación fechada el 17 de agosto pasado.

Asimismo dispuso que, durante el plazo concedido para el cambio, se realicen muestreos de calidad de agua en pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela, en la frecuencia que indiquen los órganos técnicos de la cartera ambiental: “En el supuesto de que los muestreos dieran como resultado presencia de acrilamida (AMD) en lodos o aguas analizadas, se suspenderá de inmediato la actividad, debiendo la autoridad de aplicación diseñar al efecto el plan de contingencia que corresponda”.

Por otra parte, la magistrada fijó que la Secretaría de Ambiente, en concurrencia con la Municipalidad de Ibicuy, “realicen una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del Municipio de Ibicuy, y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela (art. 6º Acuerdo de Escazú)”.

La sentencia se destaca por considerar de “interés público” al litigio ambiental.

Fuente: Análisis

La entrada Admiten demanda por extracción de arenas silíceas y ordenan distintas acciones a sus responsables se publicó primero en FM del este 100.5.