La ANSES volvió a moverse fuerte en el mercado financiero: mediante una estrategia de “compras hormiga” en la Bolsa, el organismo duplicó su participación accionaria en dos empresas clave. La jugada se interpreta como parte de una política activa para reforzar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y ganar influencia en compañías estratégicas.

ANSES compras hormiga de acciones en la bolsa de valores

El organismo previsional reactivó su rol como inversor institucional y en las últimas semanas ejecutó una serie de adquisiciones graduales —conocidas en la jerga bursátil como compras hormiga— para incrementar posiciones sin alterar bruscamente los precios de mercado.

Según información del mercado financiero, la ANSES duplicó su tenencia accionaria en:

• Banco Macro
• Transportadora de Gas del Sur

Estas compras se realizaron de forma progresiva y silenciosa, mediante operaciones pequeñas pero constantes en la Bolsa.

Qué son las “compras hormiga”

Se trata de una estrategia típica de grandes inversores institucionales: adquirir acciones en volúmenes reducidos y de manera sostenida para evitar saltos bruscos en los precios y no generar señales anticipadas al mercado.

De este modo, el comprador puede construir una posición relevante sin disparar el valor de los papeles ni despertar especulación inmediata.

Por qué ANSES vuelve a comprar acciones

Las adquisiciones se realizaron a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el instrumento que respalda el sistema previsional y que históricamente ha tenido participaciones en empresas líderes.

El objetivo central es:

• Reforzar la cartera del FGS
• Aprovechar precios considerados “atractivos” en el mercado local
• Recuperar peso como accionista relevante en compañías estratégicas

La estrategia marca un retorno del organismo al mercado accionario tras un período de menor actividad inversora.

Qué implica duplicar la participación

Al aumentar su tenencia en estas firmas, ANSES:

• Incrementa su poder de voto en asambleas de accionistas
• Refuerza su rol como inversor institucional clave
• Mejora la diversificación del fondo previsional

Este tipo de movimientos suele leerse como una señal de confianza en determinados sectores de la economía, en este caso el financiero y el energético.

Lectura del mercado

La reaparición del organismo como comprador activo generó atención en la plaza bursátil. Los analistas interpretan que el FGS busca reposicionarse y aprovechar oportunidades en acciones locales, en un contexto de reconfiguración económica y financiera.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 2,08% en los haberes de noviembre para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el penúltimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de septiembre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial.  

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de noviembre de 2025, será de $333.085,39″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.241.349,35.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $326.298 a $333.085 y el haber máximo pase de $2.195.679 a $2.241.349. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.085.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir de este mes, será de $152.371,37. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $266.468,31. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $336.468.

Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en noviembre los $119.691 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $155.599 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $926.676, se cobrará por hijo $59.851, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, se cobrará por hijo $40.371. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.359.061 y de hasta $1.569.083, se percibirá por hijo $24.418. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.569.083 y de hasta $4.907.218, se cobrará por hijo $12.597.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $926.676, cobran por hijo $194.873, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, cobrarán por hijo $137.860 y si están por encima de $1.359.061, recibirán $87.007 por hijo.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

• Categorías A: $59.851
• Categoría B: $40.371
• Categoría C: $24.418
• Categorías D, E, F, G: $12.597

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir de este mes otorgarán los siguientes montos:

• Nacimiento: $69.763
• Adopción: $417.116
• Matrimonio: $104.459
• Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.453.609 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

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Funcionarios de ANSES y de PAMI denunciaron pedidos de dinero de parte de armadores políticos de La Libertad Avanza, en la Provincia de Misiones.

La información surgió a través de una investigación del periodista Manu Jove, quien manifestó que “circula una carta firmada por funcionarios que marcan este problema” y que “a diferencia de lo que ocurría en otros momentos”, donde se solicitaba dinero en negro, aquí se pedía “a través de transferencias bancarias”.

Jove mostró chats que involucran los nombres de Melisa Carol Correa, Damaris Alvez y Daniel López como “los únicos funcionarios que depositaron”, mientras que luego un tal Mario Pérez Miranda aseguró que “Pao ya está avisada, volvía de Paraguay y pasaba. Exactamente igual que Yami de Iguazú”.

Pérez Miranda es conocido por ser uno de los armadores de La Libertad Avanza en Misiones. En su cuenta de Instagram comparte habitualmente imágenes vinculadas a diversos actos libertarios en diversos sectores de la provincia.

Además, el periodista mostró un comprobante de una transferencia por un valor de 260.000 pesos argentinos, que tienen como destinatario a Cristian Osvaldo Sanabria Britez.

Noticias Argentinas

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex vicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que antes percibían.

De esta manera, la ex mandataria no cobrará los 32 millones de pesos mensuales que venía pidiendo de su jubilación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, señaló el organismo.

La asignación había sido suspendida tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad. 

La ex mandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para determinar que le devuelvan el privilegio.

“La pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El mal desempeño solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, indicó en su momento Cristina Kirchner en redes sociales.

El apoderado de la ex mandataria, Facundo Fernández Pastor, presentó en dicha ocasión un recurso administrativo de nulidad ante la Anses para recuperar la jubilación de privilegio y argumentó que la medida “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y lo oficializó por medio del Boletín Oficial. 

En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida “significa para los argentinos un ahorro de unos $21.827.624” y anunció la anulación de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner que también cobraba Cristina Kirchner.

En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.

En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de Cristina Kirchner, en una medida que quedó ratificada en el Boletín Oficial. 

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, detalló la Anses en el documento.

Luego de conocerse esa medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar que se dé marcha atrás y recuperar la asignación, pero desde la administración volvieron a negársela y, además, le exigieron la devolución de 280 millones de pesos que cobró de la asignación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Amado Boudou. Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos durante su vigencia”, precisó el organismo.

El Ministerio de Capital Humano señaló que, por medio de la administración, rechazó el recurso presentado por Boudou y confirmó que buscarán “recuperar las prestaciones percibidas indebidamente” por el ex vicepresidente.

“La resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”, señaló la cartera que encabeza Pettovello.

Asimismo, añadió: “El ex vicepresidente tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, el organismo evaluó que Boudou no cumple con el “único requisito exigido” para recibir la jubilación de privilegio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.

Fuente: Noticias Argentinas

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El acuerdo fue firmado este lunes al mediodía, durante una reunión en la Casa Rosada, de la que también participó el titular del organismo nacional de seguridad social, Mariano de los Heros, y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Fuentes cercanas al mandatario provincial señalaron que la cifra en cuestión es solamente un adelanto a cuenta de lo que el Estado deberá pagar una vez que finalice la auditoría que la actual gestión de Javier Milei ordenó que se realice para determinar el dinero que adeuda.

A mediados de marzo último, la Oficial del Presidente de a República Argentina (OPRA) informó que se dispuso analizar los reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus respectivas cajas jubilatorias a la ANSeS, en ocasión de la reforma previsional de 1994 y que por ende reciben algún tipo de aporte compensatorio por parte del organismo.

Las jurisdicciones que se encuentran en esta situación son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, que desde ese momento vienen reclamando el pago de la deuda, que se fue haciendo más grande cada año.

“El crédito presupuestario contemplado en la ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no ha sido eliminado”, aseguró la OPRA en un comunicado.

En esa oportunidad, se aclaró que los distritos también tienen deudas de diferente tipo con la Casa Rosada, por lo que “una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo”, el Estado Nacional “cumplirá en abonar los montos que correspondan”.

El conflicto había surgido por la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 280/24, que modificó el Presupuesto para el ejercicio de este año y, según algunos gobernadores, no tenía previsto el pago del flujo de las cajas previsionales.

De hecho, el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, cuestionó abiertamente la medida y aseguró que iba a “judicializar” el reclamo, ya que “hay una ley que obliga al Gobierno a hacer esas transferencias” que, a su entender, no se estaban enviando.

“Veníamos hablando con la ANSeS sobre una estrategia conjunta para armonizar la Caja. Veremos el jueves cuál es la respuesta. Chubut no es el caso más representativo, hay provincias como Córdoba y Río Negro que tienen reclamos más importantes. Hay una ley que, en todo caso, debería derogarse, que obliga al Estado Nacional a cubrir ese dinero. Es dinero de los jubilados, no es para rentas o para el Tesoro de las provincias”, remarcó en ese entonces.

De acuerdo con lo que detallaron en el entorno de Frigerio, los 2 mil millones de pesos que se transferirán próximamente “es poco”, teniendo en cuenta a cifra total que se pide, aunque se trata de “un gesto simbólico”, en el marco de este conflicto.

El monto del adelanto fue determinado entre las partes sobre la base de los resultados obtenidos hasta ahora por la auditoría, a la espera de que el Poder Ejecutivo Nacional finalice el trabajo y confirme cuánto le adeuda en total a Entre Ríos.

Por su parte, las autoridades nacionales indicaron que el acuerdo fue fruto de las negociaciones que vienen llevando desde hace meses y que se intentará arribar a un consenso similar con el resto de los gobernadores involucrados, pero siempre respetando el principio de “déficit cero” que impuso Milei.

Fuente: Infobae

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El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, publicó en sus redes sociales la presentación hecha por el abogado Facundo Fernández Pastor, que representa a la ex mandataria, ante el titular de Anses, Mariano De los Heros.

“Oficial. Cristina pide que le devuelvan los 35 millones de pesos de su jubilación de privilegio. Le tocaron el órgano más sensible: su bolsillo. Sinvergüenza es poco”, expresó Lanari.

Oficial. Cristina pide que le devuelvan los $ 35 millones de jubilación de privilegio. Le tocaron el órgano más sensible: su bolsillo. Sin verguenza es poco… pic.twitter.com/p05nFjWgRK

— Javier Lanari (@javierlanari) November 22, 2024

En el recurso administrativo presentado ante Anses, el abogado Fernández Pastor calificó la quita de las jubilaciones como un error material y argumentó que la resolución de ANSES “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

También manifestó que el hecho es un “acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”.

Además, solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados hasta su efectivo pago, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

La defensa de Fernández de Kirchner planteó que “según la Ley N° 24.018, los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo”.

El 14 de noviembre último, el Gobierno anunció la baja de los beneficios de privilegios en la jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la ex mandataria, tras la ratificación de la condena a 6 años de prisión en su contra en la causa Vialidad.

 El Gobierno aclaró que la medida alcanzará a los ex funcionarios condenados por hechos de corrupción, por lo que obró de igual manera con la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, que actualmente cumple una pena de prisión domiciliaria por el caso Ciccone.

La Prensa

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El director de ANSES, Mariano de los Heros, que depende del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el destino de más de 118 millones de pesos que integraban un fondo que debían ser asignados a obras de desarrollo productivo y que el gobierno anterior habría asignado de manera discrecional y sin cumplir requisitos mínimos de transparencia en la ejecución.

El organismo previsional presentó la denuncia para que se investigue la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), por haber encontrado “inconsistencias y discrecionalidad tanto en la elección del destino de los fondos, como en la operatoria de rendición de los mismos”.

Por una denuncia similar a esta, presentada también por el organismo que conduce Pettovello, tomó estado público el escándalo de los seguros, que salpicó a Alberto Fernández y su círculo más cercano de amigos y funcionarios, y que luego derivó en la difusión de los chats entre el ex presidente y su pareja, Fabiola Yañez, y la denuncia de violencia de género y comportamientos inapropiados para un jefe de Estado.

De acuerdo con los detalles de la acusación, a los que accedió Infobae, los fondos que habrían sido desviados a fines no previstos por la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por Índice de Precios al Consumidor desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”.

Según la Ley N° 27.574, el FAE está integrado por las transferencias de los honorarios de funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tenga participación accionaria. También, dispone que “los activos que integran dicho fondo deben destinarse a la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, para el desarrollo sustentable de la economía nacional y los controles que deben aplicarse para la transparencia en su administración”.

La denuncia, en base a lo que informó el Ministerio de Capital Humano, involucra al menos veintidós hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y podrían quedar encuadrados en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.

“Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país se encuentra adherida, ya que denotarían una administración discrecional e injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a ANSES y al FAE”, se indicó.

Al respecto, De los Heros resaltó que desde el inicio de la actual gestión se viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano “en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones” y en ese proceso “hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos”.

“No podemos ni debemos tolerar que el dinero de los argentinos, y en especial de nuestros jubilados, sea utilizado con fines políticos. Es mandato del presidente, Javier Milei, llevar a la justicia cada situación de posible corrupción que encontremos”, consideró.

Según se describe en la denuncia, de los 22 hechos detallados se desprende que los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley N° 27.574, y tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir dichos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión y que impedirían la utilización caprichosa de los fondos para fines distintos a los que la ley prevé”.

Entre esos proyectos denunciados en la justicia federal -recayó en el juzgado de Sebastián Casanello- destacan:

“Financiamiento a La Casa del Bicentenario para la compra de un celular, alimentos, bebidas, artículos de librería y pago de honorarios a talleristas”.

“Financiamiento y pago de los pasajes aéreos y los gastos relacionados a la participación de una joven oriunda de Mar del Plata en el curso “Reporteando desde la Gran Ciudad” de la Academia de Verano del diario estadounidense The New York Times.

“Financiamiento para los traslados ida y vuelta desde distintos puntos del país de 600 jóvenes hasta la ciudad de Mar del Plata, que incluyen el hospedaje con pensión completa, servicios de traslados y viandas para distintas actividades”.

“Financiamiento a la Asociación Civil “En comunidad, con la fuerza del mar” para la realización de talleres cubriendo gastos de honorarios a profesores de skate, equipamiento de skate, viáticos a Pinamar, refrigerios para las actividades, señalética y tachos de basura, equipamiento tecnológico, sonido, viáticos a DJ y banda para la actividad de cierre”.

“Financiamiento para la construcción de composteras, cestos de basura y contenedores de basura para separación de residuos en conjunto con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 Ing. José R Cantón de Brandsen”.

Según la denuncia penal presentada por el Ministerio de Capital Humano basado en las auditorías de la ANSES, la gestión anterior habría incurrido en las siguientes irregularidades:

“Falta de inclusión de instancias de control”.

“Falta de documentación” en las rendiciones.

“Discrepancias entre el importe rendido y lo desembolsado”.

“Falta de rendiciones correspondientes a las actividades, proyectos e iniciativas, e inspecciones sobre la finalización de obras relacionadas a los proyectos”, entre otras presuntas irregularidades. Los hechos expuestos en la presentación judicial de 60 fojas configurarían los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.

Fuente: Infobae

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El fiscal Guillermo Marijuán investiga nuevas denuncias sobre personas que cobrarían por parte del Estado una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera irregular. Se trata de 334 casos de personas que viven en el exterior y reciben el beneficio a través de la ANSES; se suman a las 2.954 personas ya denunciadas y que el fiscal solicitó su baja al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según la investigación fiscal, son 3.288 personas mayores de 65 años, supuestamente “vulnerables” que regresaron a “su país de origen” hace “más de 90 días” y que no reingresaron a la Argentina, de acuerdo a lo que se desprende de los registros de la Dirección de Migraciones. El perjuicio anual para las arcas del Estado es de aproximadamente 6.000 millones de pesos.

Según pudo saber este medio, Pettovello le solicitó a la ANSES -organismo que depende de su cartera- realizar el entrecruzamiento de datos para dar de baja de inmediato los beneficios que se están abonando por fuera de la normativa.

Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.

En base a lo que pudo saber este medio por fuentes judiciales, de estos 334 nuevos casos, “235 la ANSES ya los habría dado la baja” y la fiscalía de Marijuán va a judicializar. Los 99 restantes fueron advertidos a partir de una actualización de la información migratoria, ya que cumplieron más de tres meses fuera del país, lo que incumple con las normativas vigentes.

Las pensiones PUAM se cobran a través de la ANSES

El oficio enviado por Marijuan a la ministra Pettovello, para que dé de baja a los beneficiarios que siguen cobrando de manera irregular el beneficio, detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizará un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2.954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.

Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.

Desde Capital Humano informaron a este medio que: “Al momento de recibir el oficio con los 2954 casos, ANSES estaba procesando el mensual de pago junio 2024. En ese contexto, respecto de ese universo, ya estaban suspendidos o dados de baja 285, de los cuales 239 como consecuencia de registrar, según la información suministrada por la Dirección Nacional de Migraciones, más de 90 días corridos afuera del país, y 403 fueron retenidos en el mensual de junio 2024 anteriormente referido por el mismo motivo”.

La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su reglamentación establecía -y sigue vigente- que el monto mensual sea “equivalente al 80% del haber mínimo garantizado”: al mes de julio es de $172.464,66 y está acompañada del bono extraordinario previsional, que es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, por lo que los titulares de la PUAM en el mes de julio cobran $242.464,66.

La ministra Sandra Pettovello solicitó el entrecruzamiento de los datos solicitados por el fiscal Guillermo Marijuán

Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.

Según el fiscal Marijuán, los más de tres mil beneficiarios que cobran a través de la ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor “incumplen con la normativa de mantener residencia en el país”.

También se establecen como requisitos de acceso a la pensión:

-No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.

-No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo.

PorAndrés Klipphan

Fuente: Infobae

La entrada El fiscal Marijuan detectó el cobro irregular de 3.288 pensiones de beneficiarios que viven en el exterior: al Estado le cuesta más de $6.000 millones anuales se publicó primero en FM del este 100.5.

El gobernador Rogelio Frigerio, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martin Llaryora, encabezó una nueva reunión de la Región Centro, donde delinearon una presentación conjunta ante Nación por la deuda que tiene Anses con las respectivas Cajas de Jubilaciones.

“Hoy lo que nos une es este reclamo histórico, porque no es de este gobierno, es un viejo reclamo de las provincias que han decidido -muchas de ellas por mandato Constitucional- no transferir su caja provincial de jubilaciones y que tengan un tratamiento equitativo con las que sí han tomado la decisión de transferirlas al Anses”, expresó el mandatario entrerriano durante su alocución este jueves, en la reunión que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe.

El encuentro tuvo como eje central acordar una estrategia común de la Región Centro para hacer una presentación formal por el problema que comparten, que es el incumplimiento del Estado nacional al compromiso legal de financiar los déficits de los sistemas previsionales no transferidos a su ámbito.

En ese contexto, el mandatario recordó que desde hace tiempo que no se viene cumpliendo con la Ley y “ese incumplimiento refleja una inequidad; es lo que hoy acá queremos empezar a corregir. Y lo queremos hacer con el diálogo, con la búsqueda del consenso, explicando el problema y tratando de que también las autoridades nacionales lo entiendan”.

“A nosotros no nos gusta judicializar la política, no es esa la forma en la que nos gusta trabajar, esa es la última instancia; es cuando ya no nos escuchan, cuando se agotan todos los reclamos administrativos y políticos”, acotó.

Párrafo seguido se refirió al caso puntual de Entre Ríos, que es la primera vez en la historia de la provincia que hace un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Yo no quiero tener que llegar a esa instancia”, aseguró, para luego expresar su convicción: “Creo profundamente en el convencimiento, en la posibilidad de generar una instancia de diálogo que nos permita avanzar como corresponde en explicar esta inequidad, esta injusticia que se está cometiendo cuando Anses no transfiere los fondos que legítimamente nos corresponden a las 13 provincias que no transferimos la caja de seguridad social”. 

Esfuerzos compartidos

 En otro tramo de su discurso el gobernador hizo referencia al esfuerzo que han realizado las tres provincias por armonizar las cajas con las de la Anses. Ante la problemática, dijo que han “tenido la decisión política -algunos desde hace tiempo y en el caso nuestro hace seis meses- de no seguir pateando el problema para adelante”.

“Hay problemas que no se pueden patear más para adelante y los tenemos que resolver, porque eso es lo que la gente nos está demandando de la política: que volvamos a servir para lo que de alguna manera tenemos que servir, que es solucionar problemas concretos de los ciudadanos”, afirmó Frigerio.

Continuando con esa línea, se refirió a la importancia de resolver esos problemas porque “cuando no solucionamos el problema del déficit de nuestra caja, cuando no conseguimos los recursos que por legítimo derecho nos corresponden, no podemos hacer rutas, no podemos hacer hospitales, no podemos mejorar las escuelas, no podemos en definitiva hacer las cosas para las cuales nos han votado, que es tratar de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, enfatizó.

Frigerio puso énfasis en la voluntad de los tres gobiernos para resolver la problemática y expresó: “Estamos acá haciendo las cosas que tenemos que hacer, poniéndonos de acuerdo las tres provincias de la Región Centro en hacer un reclamo contundente concreto y preciso: queremos lo que nos corresponde por derecho y por Ley”.

Por último, dijo que han sido claros con el gobierno nacional: “Estamos para apoyarlos en conseguir gobernabilidad y que tengan los instrumentos que necesitan, pero ese apoyo irrestricto que hemos tenido en términos de que el gobierno nacional consiga sus instrumentos, no es contradictorio en ninguna medida con la defensa férrea de nuestros intereses y de lo que nos corresponde por derecho y por Ley”, concluyó el mandatario.

Participaron de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein; los presidentes de las Cajas de Jubilaciones de Entre Ríos Gastón Bagnat, y de Córdoba, Adrián Daniele; el presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Micle; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres Lima; legisladores nacionales y provinciales; ministros, secretarios y representantes de la Mesa Ejecutiva.

Prensa Gobierno de Entre Ríos

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“Hemos tomado la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande”

Rogelio Frigerio

“Es una deuda histórica, no es de hoy ni de este gobierno nacional, que recién comienza su gestión”, destacó el gobernador Rogelio Frigerio.

Habiendo iniciado ya los reclamos administrativos que corresponden, el gobierno entrerriano acudirá ahora a la vía judicial para conseguir los fondos que Nación adeuda. El ámbito natural para dirimir este tipo de presentaciones de las provincias es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El mandatario expresó que “es hora de que los entrerrianos dejemos de estar con los brazos cruzados a la hora de reclamar lo que nos corresponde. Estamos decididos a defender lo nuestro como nunca antes se hizo”, añadió.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Frigerio anunció que “hemos tomado la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia, y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande”.

En referencia al reclamo ante la Corte Suprema por los excedentes y regalías de Salto Grande, el gobernador afirmó que “se nos adeudan alrededor de 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes y de regalías del sistema hidroeléctrico. En cuanto a los excedentes, nos deben todo el segundo semestre de 2023 y todo el 2024. Y en cuanto a las regalías, durante años recibimos una remuneración muy injusta, casi tres veces menos que la que se recibe por Yacyretá”, precisó Frigerio. 

En esa línea, puso de relieve que “Entre Ríos, como generadora eléctrica, aporta al sistema el doble de la energía que consumimos y, sin embargo, recibimos el mismo trato que si no lo fuéramos, con todos los daños que eso nos causó”.  

“Ya presentamos el reclamo por medio de todas las vías institucionales y administrativas que corresponden, y hoy quiero anunciar que vamos a presentar la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Frigerio.

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Fecha: 28 de enero de 2024

En un contexto donde la discusión en torno a la soberanía sanitaria y la libertad de decidir sobre la vacunación obligatoria alcanza su punto álgido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha desatado una polémica al vincular el otorgamiento de beneficios económicos con condiciones que involucran la vacunación y la escolaridad de menores.

La última movida de la Anses ha sido la promulgación de un refuerzo económico de $121.000 destinado a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Este anuncio, aunque busca incentivar el cumplimiento de ciertas condiciones, ha suscitado críticas y cuestionamientos respecto a la presión que el Estado ejerce sobre la ciudadanía en medio de la controversia en torno a las vacunas.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que generalmente se otorga de manera automática, ha sido el centro de atención debido a las condiciones impuestas para recibir el beneficio adicional. Para acceder al refuerzo económico de $121.000, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, documento que certifica tanto la escolaridad como la vacunación adecuada de los menores a su cargo. Este requisito, aunque aparentemente destinado a fomentar la protección de la salud pública, ha generado inquietudes sobre la intromisión del Estado en decisiones personales y familiares.

El proceso implica, además, el pago de un monto de $33.057 hasta el 31 de marzo, correspondiente al 20% anual retenido. Este incentivo financiero busca premiar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Anses.

A su vez, se ha destacado que quienes cumplen con las condiciones para recibir la Tarjeta Alimentar podrían alcanzar un refuerzo total de $121.782, considerando el monto adicional ofrecido y los beneficios ya existentes. Esta suma considerable plantea la pregunta sobre si las políticas estatales están utilizando la asistencia económica como una herramienta para presionar a la población a alinearse con ciertas políticas sanitarias.

En medio del panorama de incertidumbre y polarización en torno a las actuales vacunas, la Anses se encuentra en el ojo de la tormenta, enfrentando críticas por la aparente vinculación entre beneficios económicos y decisiones sanitarias personales. Mientras algunos ven en estas medidas una estrategia para fortalecer la salud pública, otros expresan su preocupación por la posible vulneración de la autonomía individual y la soberanía sanitaria. Este debate continuará siendo el epicentro de la discusión pública en los próximos días.

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El Gobierno activó su plan para reducir los cargos políticos de la planta de empleados públicos del Estado, en línea con lo que anticipó en campaña electoral. En la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) se registraron 320 despidos en distintas oficinas del país, pero el número podría crecer exponencialmente en los próximos días y semanas, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

Los despidos se replicarán en otros niveles de la administración pública, que quedó alcanzada por un decreto presidencial de fines de diciembre pasado. Este lunes también se conocieron despidos en el Conicet.

Los gremios estatales se manifestaron en alerta, cuestionan la legalidad de la medida y exigen que se revierta. De todas formas, en reserva, fuentes gremiales admitieron que el escenario actual es muy distinto al recorte de empleados que aplicó el macrismo al inicio de su gobierno. “Acá hay despidos más justificados y otros menos, pero claramente no es lo mismo”, distinguió una fuente gremial en diálogo con LA NACION.

“Eran todos puestos políticos”, reforzó un funcionario, que puntualizó que en todas las contrataciones de las personas desvinculadas de la Anses encontraron el mismo mecanismo. Se trata de funcionarios que eran ingresados a la planta estatal en puestos de base y luego la administración del gobierno anterior los hacía ascender rápidamente a jefaturas. “A veces se armaban concursos falsos o directamente ascendían sin concursar, poco antes del cambio de gobierno”, detalló.

En su mayoría, se trata de jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI), de la Anses, que fueron ubicados en puestos jerárquicos por la gestión anterior.

El Gobierno buscó la aplicación de se mecanismo para identificar el ingreso de empleados que pueden haber obedecido a criterios políticos: “Se va a aplicar en toda la esfera pública”, anticiparon.

En la Casa Rosada detallaron que, en muchos casos, parte de los empleados de las mismas seccionales fueron quienes aportaron información sobre nombramientos o ascensos irregulares.

Para el oficialismo, ese movimiento de ingresos que se dio entre 2020 y 2023 “demostró el origen político de los puestos”.

Si bien el esquema detectado se usó en otras áreas o dependencias del Estado, las condiciones no son las mismas: la Anses posee facultades propias para su conducción administrativa y financiera.

De hecho, en las consideraciones de la resolución se argumentó que las designaciones “se sustanciaron de forma transitoria y sin estabilidad en el cargo que se vincula como una decisión coyuntural y temporal de esta Administración Nacional”. Aludía a una resolución del gobierno de Mauricio Macri que fue modificado tras las PASO.

En el Gobierno aseguran que las medidas reducirán los puestos en el Estado, pero también pondrán “un freno a La Cámpora”, a la que señalan como responsable de haber puesto a sus militantes al interior de los distintos organismos y dependencias, “en especial la Anses y el PAMI”. En ambos se detectaron un mayor número de empleados que asocian a ingresos por motivos políticos.

“Entiendo que son 320 trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden en planta permanente donde se hacen concursos y evaluaciones”, dijo este lunes en declaraciones radiales Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi).

Para las fuentes libertarias los dichos de Ortega son una “admisión” de lo que sucedía con el manejo de los cargos políticos. “Se echó gente más allá del último año anunciado”, contrapuso Ortega.

Desde su llegada a Balcarce 50, el oficialismo insiste en la necesidad de achicar la planta del Estado. La primera decisión en esa línea fue dejar caer casi 7000 contratos que se firmaron por primera vez a partir del 1° de enero del 2023, es decir el último año de gestión de Alberto Fernández. Allí quedaron exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, o el personal que es considerado “indispensable” en una jurisdicción. En el decreto firmado por el Presidente el 26 de diciembre se anticipó también que el resto de los contratos serían sometidos a “un relevamiento exhaustivo” en los 90 días siguientes a partir de esa fecha. Eso sucede actualmente y por eso se esperan más despidos en lo sucesivo.

ANSES tiene una planta de alrededor de 14 mil empleados y según aseguraron las fuentes consultadas, la idea del Poder Ejecutivo es no reemplazar los puestos que se eliminan. “No se está nombrando gente, se está sacando”, dijeron. Al tiempo que resaltaron que todo se dio dentro de los marcos legales que prevé el contrato de trabajo del organismo. “La Anses no está para gastar plata en juicios”, dijeron.

Cecilia Devanna

Fuente: La Nación

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