La vocal, María Fernanda Miotti admitió las pretensiones de las acciones de amparo ambientales de conformidad con el criterio adoptado el 6 de marzo de 2024 por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el precedente directo aplicable, Expediente Nº 26679, “R., X. C/ H., C. G., R., S., S. G. P. E. R. Y C. C. E. S/ ACCION DE AMPARO AMBIENTAL”.

En la sentencia, la magistrada ordena el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones agroquímicas o fitosanitarias por medios terrestres y aéreos. Para las aplicaciones terrestres, dispuso una distancia mínima de 1.095 metros; para las aplicaciones aéreas, en cualquier modalidad, fijó una distancia mínima de 3.000 metros.

En el amparo colectivo, dichas distancias deben computarse desde los límites de la urbanización de los loteos Tierra Alta I, II y III, ubicados en Colonia Ensayo, departamento Diamante, provincia de Entre Ríos.

En tanto, en el amparo individual, las distancias se cuentan desde el domicilio del peticionante y su grupo familiar conviviente, situado en Aldea Brasilera, departamento Diamante.

La decisión judicial se fundó en la necesidad de brindar tutela preferente a la protección ambiental y a la salud de las personas, considerados bienes jurídicos de especial relevancia constitucional y convencional. Durante la tramitación de ambos procesos, que inicialmente habían seguido caminos independientes, se dictaron medidas cautelares de resguardo.

La magistrada rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley provincial de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios N.º 11.178 y de su decreto reglamentario; debido a que no advirtió en la actual normativa, vigente desde enero de 2025, manifiesta violación de derechos o garantías constitucionales.

Como medida complementaria, Miotti exhortó al Estado Provincial a poner en agenda los aportes efectuados por las representantes del Ministerio Público Fiscal durante el trámite de la causa, junto con otras medidas de carácter preventivo, ordenador y de control.

El fallo constituye una decisión relevante en materia de amparo ambiental, al establecer restricciones concretas a las aplicaciones agroquímicas en áreas próximas a urbanizaciones y viviendas familiares, priorizando la prevención del daño, la salud comunitaria y la tutela efectiva del ambiente.

Fuente: jusentrerios.gov.ar

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Escuchá la extensa entrevista a la La Dra. Claudia Rocca, donde advierte que la crisis climática “ya está ocurriendo” y reclama pasar de la reacción a la prevención.

Amparo ambiental glaciares Argentina

La demanda propone reconocer a los glaciares como sujetos de derecho, exige un plan interjurisdiccional contra incendios forestales y plantea que la omisión estatal compromete el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Entrevista a la Dra. Claudia Rocca, de la Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), en El Despertador

La Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina), junto al Foro Ecologista de Paraná, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo ambiental colectivo que busca instalar un precedente de alcance estructural en materia de protección ambiental. La demanda se dirige contra el Estado nacional y las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa, con el objetivo de obtener una respuesta judicial urgente frente a la crisis climática, la degradación ecosistémica y la creciente recurrencia de incendios forestales en la Patagonia.

En diálogo radial, la Dra. Claudia Rocca explicó que la presentación no surge de una preocupación futura sino de una emergencia presente. La jurista insistió en que los efectos del deterioro ambiental ya son visibles en la vida cotidiana de miles de personas que perdieron viviendas, animales y fuentes de subsistencia tras los incendios de los últimos años. Desde esa perspectiva, sostuvo que el cambio climático no es un fenómeno inevitable sino un proceso frente al cual existen herramientas científicas, técnicas y jurídicas que el país no está aplicando de manera efectiva.

El amparo se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que impone al Estado el deber indelegable de proteger el ambiente y preservar los recursos naturales. En ese marco, los demandantes reclaman la implementación inmediata de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo, al considerar que las políticas actuales son fragmentarias y reactivas. La iniciativa busca reemplazar los “parches aislados” por una estrategia coordinada que incluya prevención, alerta temprana, fortalecimiento de brigadas, creación de cortafuegos y planificación de la recomposición ambiental.

LEY DE GLACIARES: SÉ PARTE DE LA DEMANDA COLECTIVA MÁS GRANDE DE LA  HISTORIA PARA DEFENDER EL AGUA

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Glaciares como sujetos de derecho: el punto más innovador

El eje más disruptivo del amparo es el pedido de declarar a los glaciares y al ambiente periglacial como sujetos de derecho.

De prosperar, implicaría otorgarles protección jurídica autónoma para garantizar su existencia y regeneración como piezas clave del ciclo hidrológico argentino.

La medida, además, podría colisionar con cambios recientes en la normativa sobre glaciares, lo que anticipa un fuerte debate judicial. Rocca explicó que esta propuesta se inscribe en una corriente internacional del derecho ambiental que reconoce derechos propios a la naturaleza como forma de garantizar su preservación. La jurista subrayó que los glaciares constituyen una pieza clave del sistema hidrológico y climático del país, por lo que su degradación impacta directamente en el acceso al agua, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

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Según relató, el equipo que elaboró la demanda trabajó de manera voluntaria e interdisciplinaria, incorporando jurisprudencia comparada de distintos países que avanzaron en modelos de protección ambiental más robustos. En esa línea, remarcó que en gran parte del mundo se están fortaleciendo los sistemas de protección frente al cambio climático, mientras que Argentina corre el riesgo de avanzar en sentido contrario si no se adoptan medidas estructurales.

Durante la entrevista, Rocca vinculó la crisis ambiental con la expansión del modelo extractivo y cuestionó la idea de que estas actividades generen beneficios económicos generalizados. Sostuvo que los territorios donde se desarrollan proyectos extractivos suelen coincidir con zonas de pobreza estructural y advirtió que los costos ambientales permanecen en el país mientras los beneficios económicos se concentran fuera de él.

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La demanda también pone el foco en la transparencia estatal. Exige la publicación de informes técnicos que detallen la magnitud del daño ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los incendios y un cronograma real de recomposición de las áreas afectadas. Además, solicita que la Corte Suprema mantenga la jurisdicción del caso para supervisar el cumplimiento de las medidas que eventualmente se ordenen.

La tutela intergeneracional: el derecho de quienes aún no nacieron

Uno de los conceptos clave del amparo es la equidad intergeneracional.

Rocca explicó que el daño ambiental trasciende a las personas afectadas hoy y compromete el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras, lo que amplía la legitimidad para reclamar judicialmente.

“Esto no es para el aquí y ahora, es para todos los tiempos”

Un concepto central del amparo es la tutela intergeneracional. Rocca explicó que el daño ambiental trasciende a las personas afectadas hoy y compromete el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras. Desde esta perspectiva, la legitimidad para reclamar judicialmente se amplía, ya que la afectación alcanza a toda la sociedad presente y venidera.

La acción judicial busca, en definitiva, que la Justicia adopte un rol preventivo y estructural frente a la crisis ambiental. Los impulsores del amparo consideran que el fallo de la Corte podría marcar un punto de inflexión en la protección del ambiente en Argentina, al establecer obligaciones concretas de planificación, control y rendición de cuentas para los gobiernos. La decisión, sostienen, podría tener consecuencias decisivas para la preservación del agua, los bosques y la biodiversidad del sur argentino.

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En ese sentido, las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.

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Este miércoles, desde el Juzgado de Paz de San José resolvieron “hacer lugar a la acción de amparo ambiental”, ordenando en consecuencia “la prohibición a la empresa de volcar y/o derramar el agua de las faenas de pollos y efluentes industriales, fuera del sistema de tratamiento de efluentes líquidos”. A la vez, se “exhorta a la Municipalidad de San José, al efectivo control” de la medida.

El fallo condena a la empresa Industrializadora S.A. a que “en un plazo de noventa (90) días corridos, realice la optimización del sistema de tratamiento de efluentes gaseosos, mejorando la eficiencia del sistema de biofiltración a partir de la mejora del sustrato y activación biológica del mismo”.

En tanto tiene 60 días para “presentar un plan de gestión ambiental para el proceso de fabricación de subproductos, con el objetivo de minimizar el impacto negativo sobre la calidad de vida de la población que reside en el entorno inmediato”.

En ese mismo lapso, deberá “presentar un proyecto para la realización de mejoras integrales en el sistema de tratamiento de efluentes líquidos, designando en igual proyecto un responsable de obra y seguimiento de obra, teniendo en consideración las alternativas aportadas por la UNER”.

Por su parte, la Municipalidad de San José y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos fueron exhortadas al “estricto cumplimiento de la normativa ambiental”.

Fuente: El Entre Ríos

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La vocal de la Cámara Contencioso Administrativo, Adriana Acevedo, hizo lugar a la acción de amparo ambiental que interpuso la Fundación Cauce y sentenció al Poder Ejecutivo entrerriano a que dé a conocer detalles sobre la presencia de plásticos y/o microplásticos en el ambiente del río Paraná y su planicie en el territorio provincial.

Lo hizo a partir de haber expirado el tiempo estipulado para responder a una solicitud de acceso a la información pública realizada el 8 de marzo pasado. La directora Ejecutiva de la entidad ecologista, Valeria Enderle, destacó del fallo el haber considerado la obligación del Estado en dar respuestas y en las normas internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que aseguran estos derechos.

En su resolución, la magistrada ordenó al Estado entrerriano a exponer sus relevamientos y estudios sobre la presencia de plásticos en el río, el aire y la fauna. Se llegó a esta resolución, conocida este jueves 18 de mayo, a partir de que la Fundación Cauce interpuso la acción de amparo por el incumplimiento de los plazos establecidos que tenía el Poder Ejecutivo para brindar respuestas a lo solicitado anteriormente en un pedido de acceso a la información pública ambiental. Entre las respuestas que pidió la entidad ecologista está saber cuáles son las acciones y medidas que se están llevando desde la administración de gobierno para evitar que los desechos plásticos lleguen al cauce de agua.

“En el marco del monitoreo de la contaminación del río Paraná, que hacemos como Fundación, le solicitamos al Estado provincial que nos informe cuáles son las acciones que está llevando a cabo, producto de la presencia de plásticos y microplásticos que amenazan el río Paraná, su ecosistema y a las poblaciones que habitan esos territorios. Obviamente, nuestro pedido es para saber qué se está haciendo porque es visiblemente notable la presencia de plásticos y microplásticos en todos lados, en nuestro río, en los arroyos, en la costa y por el hábito de consumo que existe”, apuntó la directora Ejecutiva de la ONG y protrocinante legal, Valeria Enderle.

Antecedentes

La solicitud que hizo Fundación Cauce para que el Poder Ejecutivo responda consta de 13 puntos, entre ellos conocer sobre las acciones públicas ambientales sobre la presencia de plásticos y microplásticos en el río Paraná, en sus afluentes, en el aire y en su fauna y cuáles son las medidas tomadas por el Estado Provincial al respecto.

La acción de amparo fue cuestionada y rechazada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El funcionario pidió que se declare su “inadmisibilidad”, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo consideró que la petición fue apropiada. La jueza fundamentó su sentencia citando un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el que afirma que no se encuentra “un proceso judicial más apropiado que el presente (amparo) para satisfacer lo que, en definitiva, responde a una inquietud pública; además, específicamente el art. 9º de la Ley Nacional N°25.831 establece que, ante la falta de respuesta en el pedido de acceso a la información pública ambiental, ‘quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes´”.

Además, en el escrito se destacó que el acceso a la información pública ambiental se encuentra garantizado en la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos (artículo 75º inc. 22); la Ley General del Ambiente N° 25.675 y Ley 27.566 que aprueba el Acuerdo de Escazú y el artículo 13º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, que expresamente consagra el “derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades”. En este orden, Acevedo sostuvo: “Bajo el prisma de estas normas debe ser tratado y resuelto el presente proceso”.

Enderle valoró que en el dictamen de la fiscal, Aranzazú Barrandeguy, como en la sentencia de la jueza de primera instancia, quedó establecido “que el acceso a la información es un derecho previo a la participación ciudadana, que es una obligación del Estado, donde se resaltan las normas que apoyan y promueven este tipo de derechos. Obviamente se seleccionan adecuadamente las normas internacionales que hacen a este derecho y que hoy resultan plenamente aplicable en nuestro país, como lo es el Acuerdo de Escazú. También reflejar el minucioso y detallado análisis que hacen la fiscal y la jueza en relación a la información que fue entregada y la que no por el Estado. En este marco, en 20 días hábiles, el Gobierno de la provincia debe entregar la información faltante pues esta respuesta que recibimos, luego de iniciar la acción de amparo, fue una respuesta parcial, que no tienen firma, que fue enviada por correo electrónico, y por una sola repartición del Estado cuando en realidad la Fundación solicitó el acceso a la información por contaminación por plásticos y hubiera sido adecuado que esta solicitud sea respondida por distintos organismos que hacen a la cuestión y que tiene dentro de sus competencias esta temática”, planteó.

Democracia y participación

En esta línea, la fiscal de Coordinación, Aranzazú Barrandeguy, expresó en su dictamen del 10 de mayo que “responder no es entonces una concesión o un favor, ni tampoco debería ser una tarea menor o intrascendente para los funcionarios implicados. Antes bien, es una exigencia del Estado de derecho, republicano y democrático, que debe informar a su población acerca de sus actos de gobierno, y permitir participación en relación a sus políticas públicas”.

Además, Barrandeguy destacó que parte de la información solicitada refiere a políticas públicas, a conocer las acciones que se concretan y las que por el Estado provincial y evidenciar las que no se realizan o no encuentran prioridad en los objetivos de gobierno. Desde la fundación se entendió que el Estado pudo desplegar una conducta más activa y eficaz para resolver el pedido. Para entender de la fiscal “un expediente de este tenor no puede recibir el mismo tratamiento que cualquier otro de la Administración. Posiblemente requiere otro tipo de gestión, otro protocolo de actuación, en el que la respuesta se centralice en alguna repartición concreta, para que no se diluya en distintos pases. Por otro lado, el pedido de información acerca de políticas públicas, está expresamente contemplado en el art. 2º de la ley 25.831 e incluido, por consiguiente, en el régimen de acceso a la información ambiental. El pedir este tipo de esta información produce una retroalimentación entre las ONG y el Estado, opera como un elemento de presión de la ciudadanía y de las organizaciones intermedias para ingresar temas ambientales en la agenda estatal, siempre ocupada con asuntos urgentes. Esto es la democracia, hace a la transparencia, a la participación, y resulta un instrumento de protección del ambiente y del desarrollo sostenible.”, expresó Barrendeguy.

Lo solicitado por Cauce

1. Si desde el área pertinente se ha realizado un relevamiento y/o estudio sobre la presencia de plásticos y/o microplásticos en el ambiente (río Paraná y su planicie, sobre territorio provincial). En caso afirmativo, brinde detalle/aporte copias de los mencionados estudios.

2. Si se han realizado -según lo que conoce el área técnica- relevamientos y/o estudios científicos sobre estos polutantes en el sitio de interés -Planicies del río Paraná, ríos menores y arroyos de la jurisdicción provincial que desembocan en el río Paraná-. En caso afirmativo, explique cómo éstos pueden ser utilizados por la Administración en la aplicación de políticas de manejo y gestión del recurso.

3. Si se ha realizado un análisis del impacto de los residuos plásticos (por ingesta, interacciones plástico – fauna, etc.) en el ambiente y fauna del sitio señalado -Planicies del Río Paraná, ríos menores y arroyos de la jurisdicción provincial que desembocan en el Río Paraná- que afecten potencialmente su biodiversidad. En caso afirmativo, brinde detalle/aporte copias de los mencionados estudios. En caso negativo, explicite si vuestra Administración está en conocimiento de eventuales estudios (realizados por otras instituciones y/o iniciativas) que sí lo hayan hecho y cómo sus resultados impactan o impactarán en las políticas de gestión del recurso. Particularmente, si se ha detectado presencia de microplásticos en peces que puedan afectar este recurso.

4. Detalle las medidas que se han encarado desde su jurisdicción para evitar que los desechos plásticos lleguen al Río Paraná. Por ejemplo, el uso de barreras flotantes, explicitando si se está en conocimiento de su eficiencia como método de reducción de la contaminación plástica. Brinde detalle/aporte copias de los resultados de las acciones que hayan llevado a cabo.

5. Si se ha detectado la presencia de plásticos y microplásticos en áreas de protección ambiental, en cualquiera de las categorías de protección establecidas por ley provincial. En caso afirmativo, brinde detalle/aporte copias de los mencionados estudios.

6. Si se han realizado – o se proyectan realizar – campañas para promover la reducción de plásticos de un solo uso. De similar modo, si se planean campañas de limpieza (recolección manual de residuos) de playas y arroyos urbanos. En caso afirmativo, brinde detalle/aporte copias de las campañas y sus resultados.

7. Si desde el área pertinente se realizan campañas tendientes al uso, implementación, fabricación y distribución de materiales alternativos al plástico, incentivando el consumo responsable y sustentable. Indique qué materiales alternativos se estudian y/o planifican utilizar. En caso afirmativo, brinde detalle/aporte copias de las campañas.

8. Informe cómo se incentiva – desde la jurisdicción provincial – el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional N°25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. En particular, informe si se han establecido programas especiales de gestión de los residuos plásticos (cfr. art. 35 de la Ley 25.916).

9. Informe cuáles son, para esta Provincia, los “métodos y procesos adecuados” para la valorización de los residuos domiciliarios (art. 4 Inc. B y art. 8, Ley 25.916). Brinde detalles sobre los mismos. Para el caso que en la jurisdicción a vuestro cargo se realice la operación de reciclado especifique qué porcentaje de los plásticos que ingresan a la Planta o estructura similar, pueden ser objeto de reciclado. Para el caso que en la jurisdicción a vuestro cargo se realice la operación de reciclado especifique qué porcentaje de los plásticos que ingresan a la Planta o estructura similar, pueden ser objeto de reciclado.

10. Remita el Informe brindado a la autoridad de aplicación de la Ley 25.916 en los últimos dos años, cfr. lo exige el art. 36 de la Ley 25.916.

11. Brinde precisiones respecto a las medidas que promueve la Provincia de Entre Ríos con respecto a la presencia de basurales a cielo abierto en sendas ciudades que la integran (Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, entre otras) y qué alternativas y soluciones ha brindado para esta problemática.

12. Informe las acciones que desarrolla la Provincia para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU), en particular el Objetivo 6 (Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos -… -); Objetivo 11 (M eta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo), Objetivo 12 (Meta 12.4: De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida -… -, Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización).

13. Indique cómo se ha procedido a descartar el material de protección Covid-19 de los equipos médicos y sanitarios, en especial mascarillas de protección, teniendo en cuenta el impacto de estos desechos en el ambiente.

Fuente: ERA Verde

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“ARGUMENTOS VACÍOS”

Eso, “Argumentos Vacíos” es lo que contestaron desde Fiscalía de Estado en el amparo "COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE IBICUY C/ CORUFA – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO", (Expediente Nº 14070). Que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº2, a cargo de la Sra. Jueza Susana M. G. REARDEN, Jueza suplente (a cargo del Despacho).

Que obliga a realizar los estudios hidrogeológicos del “Del Delta Aluvial – Formación Isla Talavera”, para saber en qué condiciones se encuentra, algo que se debería haber hecho antes de otorgar permisos irresponsablemente y sin control alguno.

Tan VACIO como es el accionar de nuestros funcionarios públicos en la defensa del Agua en particular, y el Medio Ambiente en general, a saber: Ministerio de La Producción, CORUFA, Secretaría de Ambiente, Hidráulica, Municipios.

Funcionarios que cuando llegan los fallos judiciales salen presurosos a justificar lo injustificable, a justificar sus ineficiencias, sus inacciones, sus incapacidades, aunque les duela las sentencias dicen eso, NADA hacen para proteger el agua y el Medio Ambiente, siempre corriendo de atrás a los acontecimientos que una sociedad preocupada les indica.

El AGUA no es intrascendente en la vida humana, animal y vegetal, es INDISPENSABLE, y por eso la debemos cuidar como el bien más necesario para la vida que es, además de ser sumamente frágil y escasa.

Todo esto que parece obvio para los ciudadanos, pero no se nota que lo sea para los organismos competentes de cuidarla y sus funcionarios responsables, es sin duda una deuda que se tiene con la vida, que parece que a los funcionarios no les interesa, porque si no seguramente lo tendrían en cuenta.

La DEPREDACIÓN que se está produciendo en el sur de nuestra provincia, aunque a algunos no les guste el término de “Ecocidio”, es eso un “Ecocidio”, sé que les molesta porque de mala manera me lo hacen saber, no importa, la verdad no ofende, y la verdad es ésa se está produciendo un “Ecocidio” a la vista de todos, y con la complacencia de nuestra autoridades, que salen de manera FURIBUNDA  a defenderse en los amparos que vengo presentando, si aplicaran esa reacción para defender el Medio Ambiente que distinto sería todo.

Como lo vengo diciendo y reitero, son Inoperantes o Cómplices, no hay duda, alguna que son las dos cosas, la realidad dice eso, pero esa misma realidad los pasa por encima, no se puede esconder debajo de la alfombra tanto DAÑO AMBIENTAL, y se olvidan que hay una sociedad que los mira y controla.

La sentencia seguro se va a apelar, y tengan por seguro que llevare mi queja hasta la Corte Suprema de Justicia de La Nación.

Está en peligro la salud de la población, además de la vida animal y vegetal, ustedes son los responsables, y se tendrán que hacer cargo.

“ARGUMENTOS VACÍOS”

Ricardo José Luciano.

D.N.I. Nº13.85.662

Abogado

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