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En la nota:

Salieron cargos a concurso en 2020 y tomaron a una docente que no era de la ciudad de Federal. En 2020 en pandemia, trabajó bien desde a virtualidad, pero en 2021 con la presencialidad, esta docente trabajó 20 días y comenzó a pedir licencias de todo tipo con inconsistencias. Informé a mis directivos superiores hasta que en octubre viene la titularización de esta docente, que no cumplía los requisitos de la 1000/13, como tampoco otros requisitos y la planilla de incompatibilidad no correspondía con su situación en el SAGE (sistema administrativo de gestión educativa). No quise firmar la planilla de incompatibilidad porque no era la real, no coincidía y elevé toda la documentación que ella había presentado en el establecimiento a mi superior inmediato (Alicia Brest), que además firmó una planilla de incompatibilidad adulterada (que no correspondía con la original). En 2021 no me dí cuenta que habían adulterado la planilla de incompatibilidad porque el expediente se fue con toda la documentación a la departamental de Federal. Ellos hicieron la planilla adluterada.

Orígenes de la Denuncia

Cuando la docente comienza a tener problemas administrativos, me denuncia por violencia laboral en la delegación de trabajo, aún sin haber tenido contacto físico. Presenté toda las comunicaciones con la docente, tuve que pasar pericias psicológicas y momentos muy feos, y hasta que llega la resolución de trabajo resolviendo que NO FUE VIOLENTADA, aunque ésto no está escrito en el expediente del CGE.

Inconsistencies e ilegalidades

Viene en mayo de 2022 el expediente de titularizacion de los docentes y ahí advierto que habían adulterado la planilla de incompatibilidad y venía con la firma de la Dra. Brest. Lo hablo con mi superior y me dicen que no denuncie, que íbamos a rreglar todo, pero era una ilegalidad, ya que tengo docentes que cumplen los requisitos de titularización y no vinieron en el expediente y titularizan a esta sra. que no cumple los requisitos.

Es el mismo Modus Operandi del caso Rosario Jensen que fue víctima, de los mismos protagonistas como la senadora Miranda y del director de la departamental de escuelas, Santiago Krenz. Igual pasó con Miriam Levino de la escuela 11.

Estamos trabajando con gente que no tiene conocimientos de normativas, hasta me han dicho que una resolución del CGE está por encima de una decisión judicial. A mí me colocaron un sumario en el SAGE y no me notificaron, no sé de lo que estoy acusada.

En estas 2 semanas que estoy afuera se les quitó el wi fi a las 2 escuelas (primaria y secundaria) y también el desayuno; es más, la “maestra en cuestión” es quien está ahora en el cargo directivo de mi escuela secundaria (otra ilegalidad). Es evidente que la política está enquistada.

Ayer salió la cédula del juzgado Laboral 2 con habilitación de día y hora con notificación al sr. Krenz y al CGE. El Concejo recibió la notificación y a la tarde fui a la departamental de escuelas y el Sr. Krenz les ordenó no recibir la Cédula. La orden que Krenz dió en la unidad penal, es que no me dejen ingresar.

Los llevé a la justicia, está actuando mi abogado, hice una denuncia por violencia de género y por vulnerar derechos.

Este es mi 3º director departamental que tengo en mi carrera, llevo 12 años de carrera y 8 como directivo. Nunca tuve el nivel de violencia y bajeza como la que tiene el Sr. Krenz. Este sr. es profesor de matemática, nunca tuvo otra especialización, y tampoco tiene asesor letrado, el está ahí porque lo sostiene la política.

Lo que pasó con Rosario es una aberración, la sacaron con la policía. A mí me mandaron el gremio 2 veces a la escuela, tengo una nota del defensor multifuero que pide al sr Krenz que actúe con responsabilidad y que esa docente no puede estar a cargo de la escuela del penal.

He mandado a Martín Müller vía whatsapp todo lo que he recibido, pero por tratarse de gente del mismo partido… hace silencio.

Mañana tengo que ir a hacer una verificación que no puedo entrar en la unidad penal. Todo eso va al Juzgado laboral, después lo que dictamine la justicia, no lo sé. Está todo en manos de mis abogados. Dres Fenés y Laura Raimonda.

Las cosas están encausándose, está demostrada mi inocencia, aunque los medios en Federal no tomaron la noticia, sólo “La Voz”. Yo no los llamé porque sé que tienen pautas oficiales.

En la provincia se habla de este caso y se sabe que lo que están haciendo es ilegal, pero lamentablemente si no hay una desición del gobernador o del jefe del CGE, este sr. va a seguir en funciones con el aval plítico y hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera ya que ha repetido 3 veces esta conducta.

Dentro de la departamental hay otro caso denunciado y también hay otra causa por combustibles. Pensar que es uno de los posibles candidatos a intendente.

FM del Este 100.5/La Fusta

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