Obras sociales: el Gobierno ya le transfirió este año casi $ 20.000 millones a los gremios
Se sumaron en septiembre dos nuevas transferencias de fondos para financiar mayores gastos por Covid-19. Alberto Fernández fortalece su alianza política con la CGT en medio de la campaña.
Por Elizabeth Peger
El Gobierno dispuso hoy la distribución de otros $ 3000 millones entre las obras sociales administradas por los gremios destinados al financiamiento de tratamientos médicos especiales, el pago a proveedores y los mayores gastos derivados de la atención sanitaria de la pandemia.
Se trata del segundo reparto por el mismo monto en lo que va de septiembre, y eleva a casi $ 20.000 millones el total de recursos girados a las prestadoras médicas sindicales desde principios de año, una cifra récord en el nivel de transferencias que nutren la caja de los gremios.
La medida es, además, una contundente señal de que para la administración de Alberto Fernández la dirigencia sindical enrolada en la CGT constituye un aliado político clave para su gestión, más aún en momentos en que el oficialismo afina su estrategia para intentar dar vuelta en noviembre próximo el revés electoral que significaron las primarias.
Como una muestra de ello la central obrera prepara para el próximo 18 de octubre una multitudinaria movilización para, con la excusa de celebrar el ‘Día de la Lealtad Peronista’, ofrecer un fuerte gesto de respaldo al gobierno del Frente de Todos.
La decisión del Ejecutivo fue oficializada a través de la resolución 1673/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada hoy en el Boletín Oficial.
En la norma se definió que la transferencia por $ 3000 millones a las obras sociales se estableció “como pago a cuenta y en concepto de adelanto de fondos correspondientes a la cuota presupuestaria en ejecución del mes de septiembre de 2021”.
Además, el organismo oficial indicó que los fondos “explícitamente deberán ser utilizados para el pago de los prestadores y proveedores del sistema de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de Covid-19”.
El Gobierno justificó la nueva distribución de recursos a las prestadoras sindicales en el hecho de que “no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. Y añadió:
“resulta oportuno que este organismo continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.
La resolución de hoy se suma a otra similar (resolución 1484/2021)emitida a principios de este mes que ya había otorgado otros $ 3000 millones a las obras sociales.
Así, el acumulado de transferencias efectuadas desde enero pasado alcanzó los $ 18.864 millones. La cifra es, incluso, proporcionalmente superior a la que el Gobierno transfirió durante todo el año pasado a las obras sociales que en total recibieron una suma cercana a los $ 23.500 millones.
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En julio las prestadoras médicas sindicales recibieron $ 3000 millones, en junio fueron $ 2300 millones, en tanto que las transferencias en los meses previos fueron de $ 2364 millones en mayo, $ 1500 millones en abril, $ 1500 millones en marzo, $ 1200 millones en febrero y finalmente $ 1000 millones en enero pasado.
El reclamo de mayores fondos a distribuir entre sus prestadoras médicas constituyó este año uno de los principales reproches de la conducción de la CGT a la administración de Fernández, además de los insistentes planteos sindicales por el aumento de precios y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.
Durante la reunión que el Presidente mantuvo con la cúpula de la principal central obrera, el pasado 6 de mayo en la quinta de Olivos, los gremialistas se llevaron del encuentro la promesa efectiva de Fernández de que se instrumentarían medidas concretas para paliar la compleja situación financiera de las obras sociales por efecto de la pandemia.
En esa línea, el jefe del Estado prometió, por una parte, otorgar en los próximos meses un total de $ 11.000 millones a las obras sociales para compensar el aumento de los gastos por Covid-19 y por los servicios de discapacidad, que representa cerca del 40% de las erogaciones que financian las prestadoras sindicales.
El otro compromiso de Fernández se vinculó con la modificación del sistema de libre elección de la obra social, que rige desde la desregulación, de manera de permitir que cada nuevo trabajador permanezca un año en forma obligatoria en la prestadora que corresponde a su actividad antes de poder optar por el traspaso a otra entidad y evitar con ello la fuga de los aportes obligatorios al sector privado.
Justamente sobre ese punto, a principios de julio el Presidente resolvió por decreto limitar el alcance del sistema de libre elección de prestadoras de salud. Con la medida, entonces, los trabajadores que inicien un nuevo vínculo laboral deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad de origen, en tanto que el resto de los empleados en relación de dependencia solo podrá optar una vez al año por cambiarse de prestadora médica, lo que pone fin a la posibilidad de efectuar los traspasos sin limitaciones como ocurría hasta antes del nuevo decreto presidencial.
Fuente: El Cronista
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