#endeudamiento #decreto478/2026 #luiscaputo #tribunalesdenuevayork

El Gobierno nacional oficializó una autorización para concretar operaciones de financiamiento por hasta USD 5.000 millones mediante préstamos con entidades financieras internacionales respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales de crédito. La medida quedó plasmada en el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo es obtener financiamiento para el Tesoro Nacional en condiciones más favorables y reducir el costo de la deuda mediante el respaldo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Jurisdicción en Nueva York

Uno de los aspectos que más repercusión generó es que el decreto autoriza la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York para resolver eventuales controversias derivadas de estos contratos.

La disposición también contempla que el Estado argentino pueda renunciar a la inmunidad de jurisdicción en relación con esos litigios específicos. Sin embargo, el propio texto establece límites expresos y mantiene protegidos diversos bienes considerados estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares, y aquellos afectados a servicios públicos esenciales.

Javier Milei flexibiliza por decreto los requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

Una práctica frecuente en el financiamiento internacional

La aceptación de jurisdicción extranjera no constituye una novedad en las operaciones de deuda soberana argentina ni en las de otros países que buscan financiamiento en los mercados internacionales. Este tipo de cláusulas suele incorporarse para brindar mayor previsibilidad jurídica a los acreedores y facilitar el acceso al crédito.

No obstante, distintos sectores políticos y especialistas cuestionan estas condiciones por considerar que pueden limitar la capacidad del Estado para litigar exclusivamente bajo su propia jurisdicción y aumentar la exposición a demandas en tribunales extranjeros.

Pan, circo, debate político y repercusión

La publicación del decreto coincidió con una jornada de alta atención pública debido a la participación de la Selección Argentina en el Mundial, lo que dio lugar a críticas y especulaciones en redes sociales sobre una supuesta intención oficial de minimizar el impacto mediático de la medida.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas que acrediten que la fecha de publicación haya sido elegida deliberadamente con ese propósito. La coincidencia temporal es un hecho verificable, pero atribuirle una intención política constituye una interpretación que no ha sido demostrada.

Un nuevo capítulo en la estrategia financiera

La autorización no implica por sí misma la toma inmediata de los USD 5.000 millones, sino que habilita al Ministerio de Economía a negociar las operaciones y definir sus condiciones financieras, incluyendo plazos, tasas de interés y entidades participantes.

En este contexto, el decreto se inscribe en la estrategia del Gobierno de fortalecer su esquema de financiamiento externo y garantizar recursos para afrontar compromisos del Tesoro, en un escenario donde el acceso al crédito internacional continúa siendo un componente central de la política económica.

FM del Este 100.5

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Está destinada a municipios y comunas interesados en fortalecer emprendimientos productivos y de servicios en sus comunidades.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, a través de la Dirección General de Economía Social y Política Comunitaria, y tiene como objetivo fortalecer emprendimientos productivos y de servicios mediante herramientas de financiamiento administradas por los gobiernos locales.

Contaminación del arroyo Las Alpargatas por parte del Area Industrial de Chajarí: Diecisiete años de denuncia y una lucha desigual por la contaminación del arroyo Las Alpargatas

A través del programa, los municipios y comunas pueden acceder a fondos rotativos destinados al otorgamiento de microcréditos para personas emprendedoras que impulsan la producción local y contribuyen al desarrollo económico de cada territorio. La propuesta contempla además instancias de acompañamiento técnico y seguimiento, orientadas a fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos y favorecer la sostenibilidad de las iniciativas financiadas.

Los municipios y comunas interesados en sumarse deberán completar el formulario de preinscripción.

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El exdiputado nacional José Luis Espert quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyera que el contrato utilizado para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria era falso.

Según la acusación, Espert presentó un supuesto acuerdo de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos. 

Sin embargo, la investigación determinó que el exlegislador nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios que figuraban en el documento y que las explotaciones mineras de la firma no se encontraban operativas al momento de los hechos.

A partir de estos elementos, el fiscal solicitó formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que habría servido para respaldar la operación bajo investigación.

En esa línea, la causa apunta además al origen del dinero recibido. De acuerdo con el expediente, los fondos provenían de cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y mantener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En el marco de la investigación, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert y de su esposa, María Mercedes González. La medida busca preservar el patrimonio involucrado mientras avanza el proceso judicial.

En tanto, los investigadores sostienen que la relación entre Espert y Machado estaría vinculada al financiamiento económico y logístico de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019. 

Ese vínculo es uno de los principales ejes de la pesquisa que intenta determinar si existieron maniobras destinadas a introducir fondos de origen ilícito al circuito legal.

Por último, la figura de Machado ya había quedado bajo la lupa de la Justicia internacional. En abril de 2021 fue detenido por Interpol en Argentina tras un pedido de extradición de Estados Unidos, donde enfrentaba acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. El proceso fue posteriormente avalado por la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Crónica

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La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en el marco de una investigación judicial que permitió secuestrar un importante arsenal, miles de municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y diversa documentación de interés para la causa.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad a cargo del juez federal Hernán Viri y la investigación Impulsada por la Fiscalía Federal a cardo de Pedro Rebollo, se realizó con la participación de especialistas de la Brigada de Control Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Como resultado, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Asimismo, los efectivos de la Institución incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

Durante la requisa también se secuestró documentación de interés, dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, entre otros elementos relacionados a la causa. El valor estimado de los bienes secuestrados asciende a más de 1.326 millones de pesos.

Leé también: Un argentino que desmanteló una red de caza ilegal y tráfico de fauna recibirá un importante premio mundial

Cabe destacar que el operativo guarda relación con una investigación iniciada a partir de un allanamiento efectuado por la Fuerza el pasado 10 de junio en el predio de caza denominado “Médano Salvaje”.

El Día Online

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#CarolinaMoises #ManuelAdorni #senado #interpelaciones

Buenos Aires, 21 junio (NA) — La senadora Carolina Moisés aseguró que el Congreso argentino atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su creación. La legisladora sostuvo que, ante la falta de una decisión del Poder Ejecutivo, el Senado asumirá el rol de control institucional y advirtió: “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”.

La titular del bloque de Convicción Federal explicó que la situación modificó por completo la agenda prevista en la Cámara alta, que tenía como temas centrales otros proyectos y acuerdos pendientes. “Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron”, señaló por Splendid AM 990.

La senadora indicó que existe un amplio consenso entre los distintos bloques para avanzar con la primera etapa del proceso. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, afirmó, y recordó que se necesitan 37 voluntades para aprobar la convocatoria.

Según explicó, el mecanismo establece que, una vez aprobada la interpelación, el funcionario debe presentarse en el recinto para brindar explicaciones y posteriormente podría abrirse la instancia de una moción de censura. “Es la primera vez que vamos a tomar una decisión como esta con respecto a un jefe de Gabinete”, remarcó.

Moisés sostuvo que la responsabilidad inicial debería recaer en el Poder Ejecutivo y cuestionó que el presidente Javier Milei no haya tomado una decisión sobre la continuidad de Adorni. “Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país”, afirmó.

La legisladora recordó que la figura del jefe de Gabinete fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 y que el artículo 101 establece la posibilidad de interpelación y censura, aunque nunca se aplicó en la práctica. “Como nunca se utilizó tampoco se reglamentó, entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos”, explicó.

Consultada sobre la posibilidad de acompañar una eventual moción de censura, Moisés evitó anticipar una postura definitiva y señaló que primero debe completarse el proceso institucional. “No podemos pasar por encima del procedimiento. Este señor tiene que ir y dar explicaciones”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que Adorni haya anunciado su presencia para brindar un informe de gestión ante el Senado. “De ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada”, expresó, al considerar que el funcionario perdió legitimidad política.

Para Moisés, la continuidad de Adorni también afecta el funcionamiento cotidiano del Gobierno. “Nadie puede creer en este país que Adorni esté trabajando o concentrado en llevar la administración nacional”, afirmó, y agregó que la crisis alrededor del jefe de Gabinete impacta en la gestión oficial y en la imagen del país hacia el exterior.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la senadora también rechazó que el Senado haya dejado de trabajar por esta situación y destacó que continúan avanzando con otros proyectos. “No es que el Senado dejó de trabajar, pero claramente esto se convirtió en una prioridad en la agenda parlamentaria”, explicó.

Al analizar las razones por las que Milei sostiene a Adorni en el cargo, Moisés consideró que el Presidente interpreta el conflicto como una operación política. “Creo que el presidente tiene un espíritu un poco paranoico, como si esto fuera una operación y los medios hubieran montado esto”, sostuvo.

Además, cuestionó el perfil político del funcionario y afirmó que sus explicaciones agravaron la situación. “Cada vez que abre la boca, en vez de aclarar oscurece”, manifestó, y comparó la crisis con una “falla multiorgánica”.

“Es como esos pacientes que dicen los médicos: una falla multiorgánica. Ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funciona el cerebro. No hay forma de curar este enfermo”, afirmó la senadora.

Finalmente, Moisés sostuvo que el conflicto trasciende las fronteras nacionales y puede afectar la relación del Gobierno con inversores y organismos internacionales. “Creo que no están midiendo el daño que le hacen a la Argentina afuera”, señaló, al remarcar que la figura del jefe de Gabinete tiene un peso institucional relevante en otros países.

La senadora concluyó que, si el Ejecutivo no toma una decisión, será el Congreso quien deberá avanzar con los mecanismos previstos por la Constitución para definir el futuro político de Manuel Adorni.

Agencia NA

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En mayo de este año, el IAPV relanzó su línea de créditos hipotecarios individuales Raíces, cuyo cambio central es el fin del sistema de sorteos y la implementación de un mecanismo de evaluación continua por orden de inscripción.

En ese marco, quienes estaban inscriptos y no habían resultado favorecidos en sorteos anteriores tuvieron la posibilidad de completar su inscripción presentando la escritura del inmueble dentro de un plazo de 15 y pasaron a integrar el segmento prioridad, conservando su número de orden de inscripción original como número de orden de evaluación.

Finalizado ese proceso -que incluyó un período de validación notarial de la documentación presentada y una instancia adicional de subsanación de observaciones-, se elaboraron los padrones definitivos por línea solicitada.

Los postulantes incluidos en estos padrones recibirán información por correo electrónico sobre los pasos a seguir para avanzar con su solicitud al crédito Raíces.

Los postulantes que no integran el segmento prioridad y que hayan presentado su escritura iniciarán próximamente el proceso de validación notarial de acuerdo a su número de orden de inscripción. Una vez finalizada esa instancia, el IAPV informará los pasos siguientes.

Los padrones pueden consultarse en el enlace adejunto, mientras que las consultas: pueder realizarse a la siguiente dirección de correo: creditos@iapv.gov.ar

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#CausaVialidad #decomisos

Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco condenados en la causa Vialidad, deben devolver 685.000 millones de pesos como consecuencia de la sentencia acusatoria que confirmó, hace un año, la Corte Suprema de Justicia. De forma solidaria y con sus respectivos patrimonios, deben afrontar la cifra que refleja el fraude cometido contra el Estado, sin embargo, con una importante cantidad de quejas y recursos, buscan ganar tiempo y retrasar la decisión del máximo tribunal.

De cumplimiento efectivo hace un año, la sentencia acusatoria de la causa Vialidad tuvo como primer impacto, la detención de Cristina Kirchner (quien- cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario), de José López, Lázaro Báez y Nélson Periotti también con la morigeración de su detención. Se notificó de igual manera, que todos los implicados no podrán ejercer, de por vida, cargos públicos.

Sólo resta que se dé inicio a la ejecución patrimonial que permitirá, el recupero del dinero producido con la maniobra delictiva. Desde 2003 a 2015 -dijo la justicia federal-, funcionó desde el Estado una organización criminal que adjudicó de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65%, 51 licitaciones viales a Lázaro Báez. El 50% de esas rutas quedaron abandonadas.

El fraude cometido fue fijado, durante el juicio, en 85.000 millones de pesos. Cuando la Corte confirmó la condena por corrupción, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal, que esa cifra sea actualizada. Así, se determinó que a valores actuales, los condenados deben restituir al Estado un total de 685.000 millones de pesos.

Con el valor determinado, el Ministerio Público Fiscal realizó una identificación de 111 bienes muebles e inmuebles que constituyen la primera tanda de decomiso.

Ese pedido tuvo su correlato en un fallo que firmó el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en noviembre de 2025. Ante la orden de ejecución patrimonial, hubo una apelación y en febrero de este año, la Cámara de Casación confirmó que se debe proseguir con el decomiso.

Un nuevo planteo al respecto, retrasó por unos meses la puesta en marcha del procesos de decomiso. Pero el máximo tribunal penal, ratificó su criterio Y sostuvo que no existían argumentos jurídicos para habilitar la vía extraordinaria, esto es: que se pueda apelar ante la Corte Suprema la orden de dejar efectiva la ejecución patrimonial.

Con ese derrotero judicial, los condenados llegaron en queja ante el máximo tribunal. No sólo Cristina Kirchner, sino los demás acusados que se niegan a desprenderse de su patrimonio, también buscan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revierta el criterio fijado por el TOF 2 y la Casación.

Por estas horas, ante la Corte Suprema hay una gran cantidad de quejas presentadas por los condenados, entre ellas la ex Presidenta. Pero se acumulan a otros planteos, como el de la Unidad de información Financiera (UIF) que considera que los bienes susceptibles de decomisos en causas por lavado de activos, deben ser administrados por el organismo especializado en dicha materia.

De fuentes judiciales Clarín pudo saber que los recursos de queja ya ingresados a través de la Secretaría Penal, están bajo estudio. Cada planteo se aborda de manera individual y eso, en definitiva, demanda tiempo.

Junto a esos escritos, hay otros reclamos sobre la actualización de la cifra a decomisar. Los condenados en el caso Vialidad, encontraron el camino recursivo para retrasar la ejecución patrimonial.

“Van a exprimir todas las leyes y vericuetos legales para demorar la decisión final”, señaló una fuente judicial.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Más específicamente, el oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura a cargo de Sergio Romero.

Es potestad de la Corte determinar el destino de los bienes recuperados en expedientes de corrupción, lavado de activos, narcotráfico. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.

El TOF 2 informó que se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.

Los jueces aje ejecutan la pena del caso Vialidad, entendió que era tiempo de avanzar sobre la ejecución patrimonial, bajo la premisa de que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

En ese sentido, se recomendó a ma Corte que se priorice a la provincia de Santa Cruz a la hora de destinar un bien social a las propiedades.

“Conviene recordar que, si bien la maniobra fraudulenta acreditada afectó directamente los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, también produjo un detrimento extraordinario en la red vial de la provincia de Santa Cruz, circunstancia expresamente desarrollada en la sentencia condenatoria”, indica el fallo a través del cual se oficializó el decomiso inicial.

La normativa sostiene que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”

Sobre la firma

Lucía Salinas

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. lsalinas@clarin.com

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A través del convenio, la Nación transferirá a la provincia de Entre Ríos inmuebles pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), los cuales serán incorporados al patrimonio provincial conforme a su valor de tasación.

Asimismo, el acuerdo contempla el reconocimiento por parte del Estado nacional de una deuda a favor de Entre Ríos vinculada a la actualización del Consenso Fiscal, además de un saldo pendiente correspondiente a un convenio suscripto con anterioridad.

La firma se concretó en Casa de Gobierno, en el marco de la visita del ministro Caputo a la provincia para participar de distintas actividades institucionales junto al gobernador Frigerio y autoridades provinciales.

Desde el gobierno provincial destacaron que el entendimiento permitirá avanzar en la regularización de obligaciones entre ambas jurisdicciones y generar nuevas herramientas para fortalecer las políticas públicas, especialmente en materia de desarrollo urbano y acceso a la vivienda.

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Durante su discurso, Frigerio destacó el valor institucional del encuentro y sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa que exige construir nuevos consensos entre Nación y provincias. “Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal”, afirmó.

El mandatario entrerriano señaló que Entre Ríos representa el espíritu del federalismo y destacó que espacios como el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal constituyen herramientas fundamentales para fortalecerlo. “Muchas veces se habla del federalismo desde la cuestión política o desde los valores, pero creo que es la dimensión institucional la que finalmente consolida la posibilidad de vivir en un país federal”, expresó.

Asimismo, recordó que desde hace muchos años viene trabajando en la construcción de este esquema de coordinación entre las provincias y la Nación, y valoró que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas haya logrado sostenerse en el tiempo. También señaló que la provincia enfrenta el desafío de consolidar un cambio de modelo orientado al desarrollo, y puso como ejemplo al Mirador Tec, convertido en un polo de la economía del conocimiento.

Por su parte, Caputo destacó que el país atraviesa una transformación basada en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y la generación de condiciones para atraer inversiones. En ese sentido, consideró fundamental que las provincias acompañen ese proceso y avancen en una agenda común que permita fortalecer el desarrollo económico y la competitividad.

“Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, afirmó el ministro.

@frigeriorogelio recibió a @LuisCaputoAR en Paraná y afirmó: “Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal”
Reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que reunió a ministros y autoridades económicas del país. https://t.co/uCxuurmzuk pic.twitter.com/dlJKIKf0IF

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) June 19, 2026

Caputo también sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un modelo “mucho más federal”, donde las provincias puedan fortalecerse con mayor autonomía y menor dependencia de la Nación, en el marco de una futura reforma tributaria consensuada.

Del encuentro participó además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo.

La realización de la reunión en Paraná ratifica el protagonismo que ha recuperado Entre Ríos en los ámbitos nacionales de discusión fiscal e institucional. El encuentro reunió a los responsables de las finanzas públicas de todo el país para analizar políticas de coordinación, transparencia y buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos.

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#contaminacion #arroyolasalpargatas #areaindustrialchajari #delmaabt

Denuncian demoras, falta de controles efectivos y una degradación ambiental que, aseguran, sigue avanzando.

Diecisiete años de denuncia y una lucha desigual por el arroyo Las Alpargatas

Lo que comenzó como el reclamo de un productor rural por el deterioro del agua que atravesaba su propiedad por efluentes contaminantes de una empresa instalada en el Area Industrial de Chajarí, terminó convirtiéndose en una de las causas ambientales más prolongadas y complejas de la región.

Entrevista completa a la Dra. Delma Abt y el Sr. Néstor Marsilli

Hace 17 años, Néstor Marsilli inició las primeras denuncias administrativas por la contaminación del arroyo Las Alpargatas, en Colonia Belgrano, cuando –según sostiene– la única industria que volcaba efluentes en la zona era la empresa El Carmen S.A., cuyo titular es el sr. Juan Padilla García Hamilton, oriundo de Tucumán, que fabrica los jugos CITRIC. Con el paso del tiempo, ante la falta de respuestas satisfactorias, el conflicto llegó a la Justicia Federal y hoy continúa abierto, sin una condena definitiva.

La abogada de la querella Delma Abt recordó que las primeras presentaciones fueron realizadas ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y posteriormente ante el CORUFA, donde representantes de la empresa habrían reconocido la ausencia de una planta adecuada para el tratamiento de sus efluentes y se comprometieron a instalar un sistema de tecnología italiana de última generación.

Compromiso ante el CORUFA – año 2017

Sin embargo, la instalación de esa infraestructura sufrió importantes demoras y los damnificados sostienen que pasaron varios años antes de que la planta entrara en funcionamiento y que, aun después de su puesta en marcha, los episodios de contaminación continuaron registrándose hasta hoy.

Una contaminación que, según la denuncia, nunca cesó

Para Marsilli y su representación legal, el problema ya no puede analizarse por datos específicos del día, sino como un proceso continuo de degradación ambiental.

La causa sostiene que el crecimiento del Área Industrial de Chajarí incrementó la presión sobre el sistema hídrico, aunque remarca que cuando comenzaron las denuncias El Carmen S.A. era la única firma que vertía efluentes en el sector cuestionado. Por ello, consideran que no puede perderse de vista el origen histórico del conflicto.

En la entrevista, Delma Abt señaló que existen estudios, registros fotográficos, videos, testimonios y numerosas denuncias acumuladas durante años que muestran mortandad de peces, olores intensos, alteraciones en el agua y una significativa reducción de la biodiversidad del arroyo.

También recordó que vecinos de la zona y establecimientos educativos habrían advertido problemas en el agua de consumo debido a la posible afectación de las napas subterráneas.

La planta de tratamiento bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos apunta al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes instalada por la empresa.

Según la abogada, la tecnología disponible debería permitir un tratamiento adecuado de los residuos industriales, pero sospechan que no estaría operando a plena capacidad o que parte de los líquidos evitarían el circuito previsto.

Incluso mencionó antecedentes de inspecciones judiciales en las que se habrían detectado sectores con acumulación de líquidos y barro, además de un conducto clandestino cuya clausura fue ordenada oportunamente. La defensa sostiene que es necesario verificar si esas situaciones persisten o si existen nuevos mecanismos de descarga que eludan el tratamiento.

Una causa atravesada por cambios judiciales

Otro factor que, según los querellantes, ha ralentizado el expediente es la inestabilidad en la conducción del juzgado.

La investigación avanzó durante años bajo la órbita del entonces juez federal Pablo Seró, quien ordenó medidas de prueba, allanamientos y tomas de muestras. Sin embargo, su fallecimiento dejó la causa en manos de magistrados subrogantes que se fueron sucediendo en el cargo, obligando —según la querella— a reiniciar una y otra vez el análisis de un expediente voluminoso y técnicamente complejo.

En marzo de este año se dictó una falta de mérito respecto del titular de la empresa investigada, decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal, aunque sin disponer el sobreseimiento y ordenando que la investigación continúe para profundizar la obtención de pruebas. Sin embargo, según señaló Néstor Marsilli durante la entrevista, una de las medidas dispuestas por la Justicia —el monitoreo periódico del arroyo por parte de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos— nunca se habría materializado. Marsilli afirmó que, pese a la orden judicial, hasta el momento no se observaron inspecciones en el lugar ni se incorporaron al expediente informes de control ambiental, situación que, a su entender, prolonga la incertidumbre, genera dudas de parcialidad y dificulta el avance de la investigación.

Ampliaciones de denuncias y nuevas pericias

Pocos días después de esa resolución judicial, Marsilli denunció un nuevo episodio de contaminación que motivó la intervención de la Prefectura Naval Argentina para una constatación inicial y, posteriormente, la realización de nuevas medidas probatorias por parte de la Policía Federal Argentina, que acudió al lugar para tomar muestras de agua por orden del juzgado. Sin embargo, según denuncia la querella, no se concretó la extracción de muestras de lodo o sedimentos, pese a que esa medida había sido solicitada y autorizada judicialmente. De acuerdo con lo manifestado en la entrevista, la omisión se debió a que las fuerzas intervinientes argumentaron carecer de presupuesto y de capacidad operativa para analizar muestras sólidas.

Para la Dra. Abt, esta situación resulta especialmente grave porque los sedimentos conservan una “memoria” de la contaminación acumulada a lo largo del tiempo y podrían aportar evidencia clave sobre la persistencia y el origen de los vertidos, aun cuando el agua superficial presente variaciones circunstanciales.

La Dra. Abt cuestionó las limitaciones presupuestarias existentes para realizar análisis de muestras sólidas, como sedimentos o lodos, que podrían conservar evidencia de contaminación durante períodos más prolongados que el agua superficial.

La querella también planteó que las inspecciones anunciadas con anticipación reducen la eficacia de los controles y volvió a solicitar allanamientos sorpresivos dentro de las instalaciones industriales, pedidos que hasta el momento no prosperaron.

La apatía de la CARU

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos hacia la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La abogada Delma Abt señaló que el organismo cuenta con un digesto ambiental que fija parámetros para distintos contaminantes y agroquímicos, pero manifestó su preocupación por lo que considera una escasa intervención frente al deterioro de la calidad del agua. (recordemos que el arroyo Las Alpargatas es afluente de el arroyo Mandisoví chico, cuya desembocadura es directamente al lago Salto Grande). En ese contexto, el conductor del programa recordó que el exdiputado provincial Pedro Galimberti se desempeña como vicepresidente de la CARU (Arg), a lo que Abt respondió que, dado que su nombre aparece mencionado en la causa vinculada al Área Industrial, existe a su entender una situación incompatible, sintetizándola con la frase: “el lobo no puede cuidar el gallinero”.

Ref.: Pedro Galimberti se desempeña actualmente como Delegado y Vicepresidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). En septiembre de 2024, dejó su banca como Diputado Nacional para asumir esta función tras la propuesta del gobernador Rogelio Frigerio. Previamente, fue Intendente de Chajarí entre 2015 y 2021

“No estamos contra la producción”

Tanto Marsilli como su abogada remarcan que su reclamo no busca impedir la actividad industrial sino exigir el cumplimiento de las normas ambientales.

Sostienen que una producción sustentable requiere sistemas eficientes de tratamiento de efluentes y controles permanentes por parte de las autoridades competentes, de modo que el desarrollo económico no implique costos irreversibles para los recursos naturales ni para la salud de las comunidades.

Después de 17 años de reclamos, numerosas presentaciones administrativas, actuaciones judiciales y pericias, la causa sigue abierta. Mientras tanto, los denunciantes aseguran que el arroyo Las Alpargatas continúa soportando una presión ambiental que afecta su biodiversidad y mantiene vigente una pregunta de fondo: quién controla efectivamente a quienes tienen la responsabilidad de proteger el ambiente.

FM del Este 100.5

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Se trata del mayor proyecto minero del país y uno de los cinco de cobre más grandes del mundo.

Así lo calificó el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante sus redes. El proyecto, presentado por las empresas BHP y Lundin, prevé invertir US$ 9.700 millones en la provincia de San Juan.

El mismo generará exportaciones por más de US$ 2.600 millones y 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Caputo aclaró que la inversión inicial podría superar los US$ 9.700 millones y escalar hasta los US$ 18.000 millones, según estimaciones de las propias compañías.

El plan de desarrollo

Vicuña contará con tres etapas iniciales:

-Etapa 1: se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

-Etapa 2: contempla el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

-Etapa 3: contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorpora infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.

En la primera década de producción, calculan generar con el proyecto 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata.

“El proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”, dijo el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein.

Todos los proyectos del RIGI

Con la reciente incorporación de Vicuña, ya son 19 los proyectos aprobados por el Comité Evaluador. En total, superan los US$32.200 millones. Distintas estimaciones indican que el Gobierno posee 40 propuestas de proyectos para adherirse al RIGI.

-Parque solar de YPF Luz: inversión de US$211 millones en Las Heras, Mendoza.

-Vaca Muerta Oleoducto Sur: inversión de US$2.486 millones que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro.

-GNL PAE-Golar: inversión de US$ 6.878 millones en Río Negro.

-Río Tinto: inversión de US$ 2.700 millones en Salta.

-Sidersa: inversión de US$ 286 millones en la provincia de Buenos Aires.

-Salar del Hombre Muerto: inversión de US$ 217 millones en Catamarca.

-Parque eólico Olavarría: inversión de US$ 250 millones en la provincia de Buenos Aires.

-Los Azules: inversión de US$ 2.672 millones en San Juan.

-Terminal Timbúes: inversión de US$ 277 millones en Santa Fe.

-Gualcamayo: inversión de US$ 655 millones en San Juan.

-Veladero: inversión de US$ 380 millones en San Juan.

-Diablillos: inversión de US$ 760 millones entre las provincias de Salta y Catamarca.

-Fénix: inversión de US$ 530 millones en Catamarca.

-Ampliación del Gasoducto Perito Moreno: inversión de US$ 550 millones en Neuquén.

-Cauchari Olaroz: inversión de US$ 1.166 millones en Jujuy.

-San Jorge: inversión de US$ 891 millones en Mendoza.

-Gasoducto San Matías: inversión de US$ 1.300 millones en Río Negro.

-Sal de Oro: inversión de US$ 28 millones entre Salta y Catamarca.

-Vicuña: inversión de US$ 9.700 millones en San Juan.

La Prensa

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#chemtrails #manipulacionclimatica #geoingenieria #reclamociudadano

Reclamo ciudadano

Hay días en los que basta con levantar la vista al cielo para sentir que algo no encaja. Estelas persistentes que se cruzan de horizonte a horizonte, una bruma artificial que parece extenderse durante horas y un clima cada vez más difícil de comprender alimentan una pregunta que miles de ciudadanos se hacen en silencio: ¿se está interviniendo deliberadamente la atmósfera sin conocimiento ni consentimiento de la población?

Chajarí, Entre Ríos, lunes 15 de junio de 2026 el antes y después de la modificación climática

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En Chajarí, Federación y en numerosas ciudades argentinas han surgido grupos de vecinos preocupados por lo que consideran posibles prácticas de geoingeniería climática. No se trata únicamente de una discusión técnica. Es un debate sobre transparencia, soberanía y derecho a la información.

Quienes expresan estas inquietudes sostienen que existen proyectos internacionales orientados a manipular variables ambientales con el argumento de combatir el cambio climático o gestionar recursos. Frente a ello, el reclamo es sencillo y legítimo: si se están realizando experimentos o programas que puedan afectar el ambiente, la salud o las condiciones meteorológicas, la sociedad merece conocerlos en detalle y participar de cualquier decisión.

Resulta llamativo que, pese a los enormes avances tecnológicos, satélites, radares y sistemas de monitoreo, muchas veces los pronósticos meteorológicos fallen de manera significativa. Para algunos ciudadanos, esto alimenta sospechas sobre posibles intervenciones humanas en la atmósfera. Otros atribuyen esas dificultades a la propia complejidad de los sistemas climáticos. En cualquier caso, el debate no debería clausurarse con descalificaciones, sino abrirse con información verificable.

También existe una creciente preocupación por políticas globales que impulsan transformaciones profundas en los sistemas financieros, productivos y alimentarios. La digitalización del dinero, la producción de alimentos de laboratorio y la concentración económica generan interrogantes sobre el grado de autonomía que conservarán las personas en las próximas décadas.

Mientras tanto, gran parte de la contaminación industrial, los plásticos, los combustibles fósiles y otras fuentes ampliamente reconocidas de impacto ambiental parecen recibir menos atención en ciertos discursos públicos que responsabilizan casi exclusivamente a actividades tradicionales como la ganadería. Para muchos ciudadanos, esa diferencia de enfoque merece una discusión honesta y sin intereses económicos de por medio.

El clima de la Tierra siempre ha cambiado a lo largo de la historia geológica. Esa realidad no exime a la humanidad de cuidar el ambiente, pero tampoco debería utilizarse para justificar intervenciones opacas o experimentales sin control democrático.

No pedimos obediencia ciega a ninguna teoría ni adhesión a ninguna agenda. Pedimos algo mucho más básico: información completa, acceso a los datos, investigaciones independientes y la posibilidad de que la ciudadanía conozca qué ocurre sobre su propio cielo.

Porque el aire que respiramos pertenece a todos. Y cualquier iniciativa que pudiera alterarlo exige el máximo nivel de transparencia, supervisión pública y debate abierto.

El progreso científico nunca debe convertirse en una excusa para actuar a espaldas de la sociedad. Cuando están en juego la salud, el ambiente y el futuro de las próximas generaciones, el silencio no puede ser la respuesta.

Las críticas de Javier Milei a la Agenda 2030 y al Pacto para el Futuro

El presidente argentino Javier Milei ha expresado en reiteradas oportunidades un fuerte rechazo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y ha cuestionado iniciativas multilaterales como el denominado Pacto para el Futuro. Desde su perspectiva, estos marcos internacionales promueven una creciente injerencia de organismos supranacionales sobre las decisiones soberanas de los Estados y favorecen un modelo de planificación centralizada que, según sostiene, puede restringir las libertades individuales y el funcionamiento de las economías de mercado. Sus declaraciones han reavivado el debate público en torno al alcance de estas iniciativas globales y han impulsado a diversos sectores de la sociedad a analizar críticamente sus implicancias políticas, económicas y sociales, reclamando una mayor participación ciudadana y transparencia en la definición de políticas que podrían impactar en el futuro de las naciones.

Sobre CLAMA – Cielos Limpios en América Monitor Ambiental

CLAMA (Cielos Limpios en América Monitor Ambiental) es una red de ciudadanos, profesionales y activistas ambientales que promueve la investigación y el debate sobre la geoingeniería, la modificación climática y las posibles intervenciones humanas en la atmósfera. La organización impulsa campañas de concientización, charlas públicas y documentos en los que reclama mayor transparencia por parte de gobiernos, organismos internacionales y la comunidad científica respecto de las tecnologías de manipulación climática, sosteniendo que cualquier proyecto con potencial impacto ambiental debe ser informado y debatido públicamente.

El compromiso de FM del Este con el pensamiento crítico

Los artículos reunidos en esta sección nacen de las inquietudes de nuestros oyentes y del compromiso permanente de FM del Este 100.5 con la búsqueda de la verdad y la libertad de información. Convencidos de que toda sociedad se fortalece cuando existen preguntas y debate abierto, hemos realizado innumerables entrevistas con investigadores, profesionales, técnicos, productores, pilotos, médicos y ciudadanos que aportan distintas miradas sobre temas que rara vez encuentran espacio en los grandes medios. Nuestro objetivo es ofrecer a la audiencia elementos para reflexionar, promover el pensamiento crítico y dar visibilidad a voces que consideran necesario profundizar el análisis sobre cuestiones de interés público.

Otros títulos necesarios para comprender la actualidad.

FM del Este 100.5

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