Una nueva fuerza vecinalista comenzó a tomar forma en Chajarí y promete irrumpir en la escena local con un mensaje claro: recuperar la política desde la cercanía, la gestión y la producción. El espacio se llama “Sentido Común y Lógica” y está encabezado por el Dr. Amílcar Fochesatto. La presentación se dio este martes en una entrevista radial en El Despertador, por FM del Este 100.5 con su referente y Pedro Lalosa.

La iniciativa surge, según explicaron, del cansancio con las estructuras partidarias tradicionales y de la necesidad de ofrecer una alternativa real a una política que muchos vecinos perciben como desgastada.

Un vecinalismo sin banderas partidarias

El Dr. Amílcar Fochesatto explicó que la idea nació tras conversaciones informales entre amigos que compartían la frustración de no sentirse representados por los partidos históricos. La conclusión fue directa: construir un espacio propio.

Fochesatto explicó que la idea nació tras conversaciones informales entre amigos que compartían la frustración de no sentirse representados por los partidos históricos. La conclusión fue directa: construir un espacio propio.

El eje central del nuevo partido es el rechazo a las etiquetas ideológicas tradicionales. El oculista fue contundente al señalar que no se sienten identificados con ninguna corriente partidaria clásica.

El concepto que buscan instalar es simple: gobernar desde el sentido común.

Según explicaron, el vecinalismo apunta a la política local pura, sin alineamientos nacionales ni provinciales, enfocándose exclusivamente en los problemas y oportunidades de Chajarí.

Un municipio productivo como idea central

Uno de los pilares del proyecto es transformar el rol del municipio. La propuesta más ambiciosa es convertirlo en un actor activo en la generación de empleo.

Fochesatto planteó la idea de un “municipio productivo”, con la creación de empresas vinculadas al Estado local para generar trabajo genuino, salarios dignos y desarrollo económico.

El objetivo es claro: pasar de la lógica del “puestito” a la cultura del trabajo y la producción.

En esa línea, señalaron que buscan impulsar iniciativas similares a incubadoras de empresas municipales, capaces de generar ingresos y oportunidades laborales sostenibles.

Planificación urbana y ciudad a largo plazo

Otra de las propuestas fuertes es la planificación estratégica de la ciudad.

El espacio plantea trabajar con universidades y consultoras para diseñar el crecimiento urbano de Chajarí a 5, 10, 20 y hasta 30 años, abordando:

• desarrollo urbanístico
• infraestructura vial e hidráulica
• organización del crecimiento territorial
• planificación de espacios verdes

La idea es evitar el crecimiento desordenado y pensar la ciudad con visión de futuro.

Tránsito, ambiente y espacios públicos

Durante la entrevista también se mencionaron problemáticas concretas que integran la agenda inicial del espacio:

• ordenamiento del tránsito
• arbolado urbano y cuidado ambiental
• mejora de plazas y espacios verdes
• optimización de la planta de tratamiento de residuos
• tratamiento de efluentes cloacales

Según Lalosa, muchas de estas cuestiones requieren recuperar algo que consideran perdido: el sentido común en la gestión.

Empleo municipal y reforma del sistema laboral

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la situación del empleo municipal.

El vecinalismo propone dignificar al trabajador municipal mediante:

• mejores salarios
• capacitación y calificación laboral
• reorganización de funciones
• eliminación de favoritismos políticos

El enfoque apunta a valorar al empleado público como pieza clave del funcionamiento del municipio, alejándose de la lógica partidaria.

Vivienda, educación y desarrollo social

Entre las propuestas sociales destacadas se mencionaron:

• programas de acceso a la vivienda sin subsidios directos, pero con sistemas de devolución adaptados al ingreso familiar
• creación de distintos modelos de viviendas según necesidades
• impulso a la llegada de carreras universitarias a la ciudad
• objetivo reducir progresivamente la necesidad de comedores, apostando al empleo y la autonomía familiar

También deslizaron una idea que generó interés: la creación de un banco municipal para financiar proyectos locales.

Convocatoria abierta a la participación

El partido se encuentra en proceso de formalización legal y comenzará próximamente la etapa de afiliaciones. Para hacerlo, quienes deseen pueden comunicarse a estos números: 3456 45-9812 o 3456 47-4455

Desde el espacio remarcaron que la construcción será participativa: convocarán reuniones abiertas para sumar vecinos, ideas y proyectos.

“No venimos con listas cerradas ni cargos definidos”, señalaron, destacando que la integración del espacio será democrática y abierta.

Una apuesta a cambiar la forma de hacer política

Fochesatto afirmó que el objetivo final es que Chajarí pueda convertirse en ejemplo de una nueva manera de gestionar los municipios.

El mensaje que buscan instalar es optimista y desafiante: demostrar que es posible hacer política desde la honestidad, la planificación y el trabajo.

Con este lanzamiento, Chajarí suma una nueva alternativa electoral que promete disputar espacio en un escenario donde, según sus impulsores, crece la demanda de renovación y cercanía con los vecinos.

FM del Este 100.5

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Buenos Aires, 28 abril (NA) – En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su ex titular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

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Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

#AgenciaNA 

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Desde que el gobierno provincial implementó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), 125 empresas presentaron sus proyectos, con cifras de inversión que superan los 208 millones de dólares.

La información fue aportada desde el Ministerio de Desarrollo Económico y surge de un estudio realizado por la Secretaría de Industria. Cabe señalar que la implementación del RINI del gobierno entrerriano aporta a la generación de condiciones seguras para 1.700 nuevos empleos privados genuinos en la provincia. 

Al poner en contexto el impacto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que esto forma parte de una política pública, en la cual “el gobernador Rogelio Frigerio dijo claramente que el RINI está relacionado en forma directa a esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado”.

En tanto, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, afirmó que “los empresarios entendieron los beneficios del RINI y eligieron invertir en la provincia. Cada proyecto genera nuevos puestos de trabajo privado y esa es nuestra prioridad y el desafío por el cual trabajamos a diario”.

 

Inversiones por región

En cuanto a la distribución por rubros, los proyectos de inversión incluyen transporte, industria, salud, turismo, economía circular, neutralidad de huella de carbono, fibra óptica; y cría de aves y cerdos. Territorialmente, el departamento Paraná concentra el 37,9 por ciento de las inversiones propuestas; y le siguen Gualeguaychú, con el 18,8 por ciento; Gualeguay (11,9 por ciento); Federación (11,5 por ciento); Diamante (10,3 por ciento); Colón (7,7 por ciento); y el resto en La Paz.

En el sector privado ponen en valor el rol de la herramienta provincial. Desde Gualeguay, el director de la empresa Internet Services, Patricio Seoane, subrayó en su momento, que “la aprobación del RINI fue, sin dudas, un empujón fuerte, dado que íbamos a empezar en un sector de la ciudad y gracias a los beneficios fiscales decidimos extendernos a toda la localidad”.

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El fallo abre la puerta a iniciativas similares en otras provincias de Argentina.

La resolución contraria a la reforma a la Ley de Glaciares en Santa Cruz responde a una acción de amparo ambiental promovida por la Municipalidad de El Calafate (puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y al glaciar Perito Moreno). A la demanda se sumaron legisladores provinciales y nacionales. Foto: EFE.

La Justicia Federal de Río Gallegos dispuso este viernes frenar en la provincia de Santa Cruz la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El fallo, dictado por el juez Claudio Marcelo Vázquez, coincidió con la entrada en vigencia de la adecuación de la normativa tras su publicación en el Boletín Oficial.

La farsa de la audiencia por la Ley de Glaciares: cuando la política decide no escuchar

La resolución responde a una acción de amparo ambiental promovida por la Municipalidad de El Calafate —puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y al monumental glaciar Perito Moreno— bajo el impulso del intendente Javier Belloni y el Concejo Deliberante local. A la demanda se sumaron legisladores provinciales y nacionales, quienes exigen la nulidad de la reforma sancionada en el Congreso el pasado 9 de abril.

Un freno preventivo ante daños irreversibles

El magistrado fundamentó este freno judicial en el principio de «peligro en la demora», aclarando que la medida se mantendrá vigente hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. El texto advierte que habilitar actividades extractivas en áreas de alta fragilidad ambiental generaría impactos de imposible recomposición.

La resolución judicial obliga al Estado Nacional a abstenerse de autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial. En la práctica, esta orden paraliza de inmediato cualquier trámite administrativo o proyecto productivo que pretenda ampararse en la reciente reforma.

Modificación de la Ley de Glaciares: el proyecto del Gobierno pone en riesgo el agua del país

Vázquez subrayó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. El fallo invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de «no regresión», blindando la integridad del inventario nacional realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que la reforma pretendía delegar a la potestad de las provincias para habilitar proyectos mineros «caso por caso».

NO A LA REFORMA A LA LEY DE GLACIARES: SÉ PARTE DE LA DEMANDA COLECTIVA MÁS GRANDE DE LA  HISTORIA PARA DEFENDER EL AGUA

Senadores y diputados aprobaron una reforma a la Ley de Glaciares que pone en riesgo el agua de millones de personas en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia pero te necesitamos para frenar este retroceso. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares.

Fuente: Telesur

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por Miguel Wiñazki en una publicación en Facebook de “Argentinos a las cosas“

La pregunta del acreditado que incubó la democracia

El recuerdo de José Ignacio López y el núcleo del oficio: el que pregunta no pide permiso al que debería responder. El preguntado es el que debe contestar, no el que pregunta. Hoy, en democracia, la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada.

Los desaparecidos se afantasmaban en el fondo de las aguas negras. Arrojaban personas vivas al Río de la Plata y al mar; la resonancia del suplicio de las torturas retumbaba en vano, pocos las oían, todo era opresión y censura.

Pero fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada donde se empezó a incubar la democracia entonces perdida.

El 13 de diciembre de 1979, José Ignacio “Nacho” López, que tenía entonces 43 años, tomó la palabra. Estaba sentado en la cuarta fila. Traje marrón y corbata al tono. La sala estaba llena de periodistas acreditados.

Uno de ellos tuvo el coraje de preguntar.

Nacho fue tan inteligente como filoso: “El último domingo de octubre el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza de San Pedro… entre otras cosas habló del tema de los desaparecidos y los detenidos sin proceso. Le quiero preguntar si usted le ha contestado a esas expresiones de Juan Pablo II”.

El dictador sintió el golpe. La Dictadura no quería confrontar con el Pontífice. El propio Videla enfatizaba su condición de católico, la ostentaba con alarde.

José Ignacio López le preguntó al dictador Jorge Rafael Videla por los desaparecidos y éste le respondió: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”.

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Nacho supo abrir una compuerta hacia la verdad. Videla frunció los bigotes.

Y entonces lo dijo: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido… mientras sea un desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo. Está desaparecido”. Fue un cuadro del horror.

El terror de Estado exhibía una hendija.

Las palabras cierran o abren las compuertas de la verdad. Sin quererlo, el dictador —inducido por la genial pregunta periodística— había dejado en sus palabras una llave , una confesión, un ábrete sésamo involuntario hacia el desocultamiento de las terribles circunstancias.

Aun en el corazón de las tinieblas, el periodismo supo —a través de esa pregunta— incubar la democracia que habría de llegar recién en 1983. Fue una semilla condensada en una pregunta.

Antes, el 10 de noviembre de 1976, una bomba artera y potente había explotado en el garaje de la casa de López en José Mármol. No estaban entonces ni él ni su mujer. Sí los cinco hijos, la suegra y una amiga de la familia.

Salieron ilesos por un resto de piedad del destino.

Jacobo Timerman, el director de La Opinión donde trabajaba López, lo había enviado a Roma porque sabía que corría peligro. Nacho recibió la noticia por un télex en un hotel cerca de “Stazione Termini”.

Meses después, La Opinión y la sociedad perderían a Edgardo Sajón, que había sido vocero de Alejandro Agustín Lanusse.

Está desaparecido.

Al propio Timerman lo detuvieron sin proceso el 15 de abril de 1977. Fue torturado por el demoníaco Ramón Camps, nazi y torturador.

El calvario de Jacobo quedó descrito en un libro que también corrió los telones de la máquina del horror: Preso sin nombre, celda sin número.

Nunca se supo bien si los militares habían sido los responsables del bombazo a López, o la ultraderecha peronista, que lo consideraba un infiltrado tercermundista dentro de la Iglesia. La revista El Caudillo, vocera de la Triple A, lo venía marcando en listas negras.

Todo era macabro y mortal.

Quien conoce a Nacho sabe de su fe genuina y sin ideologismos —su referente era Monseñor Vicente Zaspe, uno de los primeros en hablar de derechos humanos desde el púlpito—. Pero los autoritarismos simplifican, catalogan y disparan.

No distinguen matices ni reconocen coherencias: es su método y es su miseria. Buscan desaparecer a los que designan como réprobos.

Tras su pregunta a Videla siguieron amenazas y admoniciones. Massera, el almirante de las sombras —el mismo que regenteaba la ESMA, el campo clandestino más feroz del continente—, lo mandó llamar para aclarar, cínico, que la Marina “no había tenido nada que ver con nada”. La hipocresía del verdugo que rinde falsa pleitesía al testigo.

Massera necesitaba quedar bien con el Papa, con el Departamento de Estado, con la posteridad. Al fin fue juzgado.

Un mes más tarde, en el cóctel de fin de año del Ejército, Roberto Viola apartó a López y le susurró que “se cuidara”. El paternalismo siniestro del régimen, que amonesta y advierte al cronista cuya vida podría apagar con una llamada telefónica.

Ante todos los peligros, Nacho López no se acobardó. Ahí está el núcleo del oficio: el que pregunta no pide permiso al que debería responder. El preguntado es el que debe contestar, no el que pregunta.

Preguntar era entonces un acto desprovisto de toda garantía. La pregunta no es sólo el género periodístico por excelencia: es un gesto civil. En su naturaleza hay algo más antiguo aún que el oficio. Es la operación elemental con la que se verifica que todavía existe la esperanza.

Quien pregunta acepta que la respuesta pueda ser una bomba en el garaje, un coche sin patente frenando en la esquina, una cita de la madrugada de la que no se vuelve. Lo sabe, y pregunta igual.

López lo sabía. Preguntó igual.

Fue el poder de una pregunta indispensable, escudada con brillo en las palabras de Juan Pablo II en el Ángelus dominical. Una pregunta pacífica, profunda como la vida.

Cuando volvió la democracia José Ignacio López fue el vocero de Raúl Alfonsín.

Mejor no comparar con lo que vino después.

O tal vez, sí; ¡Comparemos!

No valoramos lo suficiente a los grandes periodistas.

Hay que evitar las defensas generalistas y corporativas, porque el que esté libre de pecado…

Pero hay que evitar también las agresiones generalistas, cuando la ignorancia y el trazo grueso acusan a la bartola y a todos.

Hoy, en democracia, la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada.

Pero las preguntas no se cierran.

Los acreditados seguirán preguntando.

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El pedido busca transformar el Calendario obligatorio en una guía de recomendación, siguiendo los recientes cambios de paradigma en los Estados Unidos y Europa.

Un grupo de profesionales de la salud, encabezado por los doctores Mario Borini, Oscar Botta, Chinda Brandolino, Ramiro Salazar Cisneros y Liliana Szabó, elevó el miércoles último una carta formal al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Lugones, en la que le solicitan una audiencia con el objetivo de acercarle una revisión de estadísticas y bibliografía científica (Ver aqui, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí) que pone en duda no solo los beneficios del carácter obligatorio de la vacunación, sino también la efectividad y seguridad de las inmunizaciones incluidas en el actual Calendario Nacional de Vacunación.

Santa Fe: Científicos exponen hallazgos sobre vacunas de calendario e invitan a autoridades provinciales

El documento, que cuenta con la adhesión de más de 40 profesionales de diversas áreas (médicos, bioquímicos, farmacéuticos y psicólogos), solicita una revisión urgente de la Ley 27.491, promulgada en 2018 y reglamentada en 2023, en un momento en el que la transparencia y el consentimiento informado ganan terreno en el debate científico internacional.

El eje central del reclamo es la eliminación del carácter compulsivo de la vacunación para convertir el actual Calendario Nacional en una guía de vacunación no obligatoria. Los firmantes argumentan que la obligatoriedad vulnera el “derecho natural” y la autonomía de los ciudadanos sobre su propio cuerpo y el de sus hijos, principios que consideran fundamentales en una democracia y coherentes con la retórica de libertad del actual gobierno.

“La ciencia reclama una contrastación de conocimientos, argumentos y pruebas en aras de un consenso posible”, sostiene la misiva, subrayando que, en países como Japón, Sudáfrica y 17 naciones europeas, las coberturas de vacunación se mantienen altas sin necesidad de imposiciones legales.

Crean un grupo para alertar a padres y directores escolares sobre la peligrosidad de las vacunas de calendario

GIRO HISTORICO DE LOS CDC
La iniciativa argentina no es un hecho aislado. Se produce en sintonía con un cambio de rumbo drástico en la política sanitaria de los Estados Unidos. El 5 de enero último, el director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Jim O’Neill, firmó un memorándum decisivo para actualizar el esquema de inmunización infantil.

Bajo la dirección del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., los organismos estadounidenses iniciaron una revisión exhaustiva para alinear su calendario con el “consenso internacional”. El informe técnico reveló que EE. UU. era un caso atípico: en 2024, recomendaba vacunas para 18 enfermedades, el doble que países como Dinamarca (que protege contra 10).

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El nuevo enfoque estadounidense divide las vacunas en tres categorías: recomendadas para todos los niños, recomendadas para grupos de alto riesgo; y basadas en la decisión clínica compartida.
Este último punto es clave, ya que empodera a padres y médicos para decidir individualmente, basándose en el riesgo y la transparencia, buscando reconstruir la confianza pública que, según los propios CDC, se desplomó entre 2020 y 2024.

Uno de los cambios más significativos en aquel país ocurrió en diciembre de 2025, cuando los CDC eliminaron la recomendación universal de vacunar contra la Hepatitis B a todos los recién nacidos de madres que testean negativo para el virus.

A partir de esa fecha, la administración de la dosis inicial se desplaza, como sugerencia, hacia los dos meses de vida, dejando la aplicación al nacer reservada únicamente para casos donde la madre es portadora. “Esta medida responde a cuestionamientos sobre la falta de estudios de seguridad a largo plazo y la desproporción entre el riesgo de contagio en neonatos y la carga inmunológica de la vacuna en las primeras horas de vida”, explicaron desde los CDC.

MAS ENFERMEDADES CRONICAS
En una entrevista con La Prensa, la doctora Liliana Szabó, pediatra con 47 años de trayectoria y una de las referentes del pedido de audiencia en la Argentina, profundizó en los motivos técnicos detrás de la desconfianza médica hacia el calendario actual.

Szabó señala una transformación radical en la práctica pediátrica: “Hace 45 años, un niño de un año recibía unos 9 o 10 antígenos. Hoy recibe 120. Esto se ha hecho sin estudios de necesidad, efectividad ni seguridad adecuados”. 

Según la profesional, la falta de estudios contra “placebo real” (usando sustancias neutras en lugar de otras vacunas o coadyuvantes) invalida los estándares de seguridad vigentes.

Pero, además, la pediatra advierte sobre una correlación que observa en su consultorio: “En la práctica diaria vemos muchas más enfermedades nuevas, como el autismo regresivo. En los aproximadamente 100 casos de autismo que he atendido, no hay un solo niño que no esté vacunado”, asegura. Para Szabó, las vacunas pueden actuar como disparadores epigenéticos en niños con predisposición genética al autismo.

En particular, la médica pediatra centró las críticas en la toxicidad y la falta de coherencia sanitaria. Al respecto, puso el foco en dos ejemplos específicos: “La vacuna de la hepatitis B contiene niveles de aluminio (neurotóxico) 30 veces superiores a lo aprobado por la OMS como no tóxico para un recién nacido”. En tanto que detalla que la vacuna BCG predispone a padecer bronquiolitis y problemas catarrales crónicos. 

“Lo que se ve en la práctica es que, si uno compara la población de niños vacunados contra la población de niños no vacunados, los niños vacunados se enferman más y tienen entre 300 y 500% más incidencia de enfermedades crónicas graves y tienen mucho más riesgo de muerte en los primeros años de vida que un niño no vacunado”, asegura, para luego agregar: “Se están dando vacunas para enfermedades que son perfectamente curables, como la varicela. El riesgo de una complicación grave es bajísimo pero el riesgo de que una vacuna de varicela cause algún problema es mucho más alto”.

Según enfatiza Szabó, en el Calendario de Vacunación “hay vacunas que realmente no tienen ningún fundamento sanitario, científico ni médico” y cuestiona el proceso que atraviesan estos productos antes de ser incorporados al esquema de inmunizaciones: “Se fabrica una nueva vacuna e inmediatamente se la agrega al Calendario. Determinar si una vacuna es segura lleva años de investigación porque las vacunas no solo tienen efecto inmediato -lo más grave es la muerte súbita- sino también a largo plazo, como puede ser favorecer el desarrollo de distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes que muchas veces no se generan inmediatamente tras la aplicación de las vacunas, pero que en las estadísticas uno ve que las personas vacunadas tienen mucha más incidencia de enfermedades autoinmunes que las no vacunadas con lo que se deduce que éste sería un efecto negativo a largo plazo”. 

– ¿Los firmantes de la carta y los adherentes ponen a todas las vacunas en dudas o hay algunas en particular que generan mayor preocupación y que se deban revisar con mayor detenimiento? 
– Hay que revisar todas las vacunas porque ninguna cuenta con estudios de seguridad serios y hay vacunas que ya se ha demostrado que realmente no sirven y que en muchos lugares del mundo ya ni siquiera se dan. Por ejemplo, la vacuna BCG que se le da recién nacido se ha demostrado que no tiene un resultado positivo y es una de las vacunas que más predispone a los chicos a padecer bronquiolitis y todos los problemas catarrales crónicos del recién nacido. 

– Recientemente se lanzó una nueva vacuna contra la bronquiolitis…
– La vacuna de la bronquiolitis que están dando -la del virus sincitial respiratorio- es uno de los grandes ejemplos de por qué no podemos confiar realmente en las prescripciones del Calendario de Vacunación. Esta es una vacuna nueva en cuya experimentación se comprobó que las embarazadas que recibían esta vacuna tenían un porcentaje de abortos y de partos prematuros muy alto y, sin embargo, se aprobó y se está dando a las embarazadas ahora. Entonces no hay una coherencia entre los resultados de la investigación (lo que se supone que era un estudio de seguridad) y la indicación. Ahí es donde nos cuestionamos cómo puede ser que suceda esto. 

Ese es el tipo de ejemplo que hace que uno desconfíe realmente de todo el calendario y por eso pedimos una revisión seria. Pero esa revisión tiene que ser hecha por personas que no tengan nada que ver con los laboratorios que fabrican las vacunas, profesionales sin conflictos de intereses.

-De la carta de solicitud de audiencia que enviaron se desprende que hoy tienen más injerencia la industria farmacéutica y la clase política que los médicos en el armado del esquema de inmunizaciones. ¿Es así? 
-Sí. Lo que estamos viendo es que la clase política está dictando normas, por ejemplo dictó la ley 27.491 que obliga a vacunar con vacunas de calendario. Sin embargo, esa ley se dictó y se aprobó casi por unanimidad, en el plazo más rápido en toda la historia creo del Congreso y esto se hizo después del G-20. No sabemos realmente si hubo un acuerdo de algún tipo, pero lo que estamos viendo es que hay leyes como esta que violan el derecho de la persona sobre su propio cuerpo y que violan la Constitución Nacional y que van en contra de la ley de consentimiento informado. 

Queremos saber sobre qué bases científicas y sanitarias nuestros políticos realmente basan las indicaciones que dan, porque no sólo nos dan indicaciones los políticos -que no son médicos-, sino que le han quitado al médico el rol de médico, el rol de decidir. Las vacunas tienen muchas contraindicaciones, tienen precauciones, tienen efectos adversos, de manera que no se entiende cómo se pudo aprobar por unanimidad en el Congreso una ley para inyectar a las personas sustancias que les pueden causar un daño.

– Es, cuanto menos, curioso que se deje de lado el criterio profesional y el conocimiento de las necesidades de cada paciente…
– Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tuvo convulsiones después de una vacuna, en el prospecto de las vacunas dice que está totalmente contraindicado repetir vacunas a un niño al que le sucede esto. Pero en las campañas de vacunación a ninguna madre le preguntan eso sino, al contrario, se las obliga a vacunar, se las intima a vacunar y no se respeta ningún fundamento médico. La vacuna es un medicamento porque tiene acción biológica, tiene acción química y tiene acción genética (porque en este momento hay vacunas que tienen ARN mensajero y otras ADN), entonces estamos obligando a la población a inyectarse algo que potencialmente le puede causar un daño. No hay una política sanitaria coherente con la ciencia médica.

– El principal argumento a favor de las vacunas es que han contribuido a erradicar enfermedades que hoy están volviendo a aparecer debido a la caída de la vacunación, como por ejemplo el sarampión. Por otro lado, se dice que estas vacunas han demostrado ser seguras porque se vienen aplicando desde hace muchos años.
– Nadie demostró que las vacunas son seguras porque justamente todas las estadísticas que se hacen sobre personas vacunadas y no vacunadas a lo largo de muchos años demuestran que los más vacunados son los más enfermos. Quisiera que me muestren estadísticas que demuestren esto. Por otro lado, esto de que las vacunas son efectivas porque erradicaron enfermedades no es así. La primera vacuna que se dio fue contra la viruela alrededor del año 1800 por Edward Jenner. Esta vacuna se dio sobre todo en Inglaterra y se vio que en las ciudades donde era obligatoria la vacunación y se vacunaba todo el mundo, tenían más casos y más muertes. En los lugares que empezaron a darse cuenta de esto y dejaron de vacunar, la epidemia se extinguió por sí sola. Si uno mira las curvas de Gauss (que muestran una evolución estableciendo una relación entre el tiempo y el número de casos o el número de muertes) de la evolución de las enfermedades epidémicas, se va a dar cuenta que todas las enfermedades epidémicas para las que no ha habido vacunas, han tenido un inicio, un pico de desarrollo, una evolución y una caída hasta que desaparecieron o quedaron casos esporádicos en diferentes partes del mundo. 

Las vacunas siempre se han fabricado cuando ya la epidemia estaba desapareciendo y lo que se vio en muchos casos, como por ejemplo el caso de la polio y del coqueluche, es que cuando se empezó a vacunar aumentaron los casos en vez de desaparecer. Es decir, una enfermedad epidémica va a tener una auto regulación. Toda enfermedad epidémica va a terminar desapareciendo, porque es natural, porque se va haciendo la inmunidad de rebaño natural y va desapareciendo. 

-Se ha alertado recientemente de brotes de sarampión, culpando al descenso de la vacunación.
-El sarampión es una enfermedad perfectamente curable. Es grave en una población de desnutridos, por supuesto. Un resfrío puede matar a un desnutrido igual que un sarampión. Si el sarampión uno lo trata como hay que tratarlo, en siete días está curado. No es una enfermedad que se complique si uno médicamente la maneja bien, si uno respeta la fiebre y hace todo lo que tiene que hacer. El brote de sarampión no fue una epidemia fueron casos aislados. Lo que hay que investigar es si esas personas que tuvieron el sarampión fueron diagnosticadas con serología o solo por observación. Además, en la mayoría de esos casos eran chicos que tenían varias vacunas de sarampión dadas.

– Está extendida la opinión de que más vacunas obligatorias significa más vacunas gratuitas y que esto es positivo. En este contexto, ¿cómo explican que esta potencial revisión del Calendario puede ser beneficiosa? 
-Nosotros pedimos que las vacunas no sean obligatorias, que se respete la libre elección. Hay muchas personas que quieren tratarse de una manera más natural, no recibir químicos en su cuerpo… tiene que haber una libertad de elección del tipo de medicina que uno quiere seguir. Estamos en un país democrático, en un gobierno que habla de libertad todo el tiempo, entonces tiene que haber libertad sanitaria. De ninguna manera decimos que queremos que no haya vacunas o que no sean gratuitas. Ese es un tema en el que nosotros no nos estamos metiendo. Por otro lado, estamos pidiendo la revisión del calendario justamente para proteger a aquellas personas que creen en las vacunas, que no tienen información de que a lo mejor la enfermedad crónica que tienen sus hijos fue causada por alguna vacuna. Para que, por lo menos, a toda esa población que se quiere vacunar, se le genere el menor daño posible.

– También se habla del acto solidario que implica la vacunación o del deber social… 
– Eso es una falacia. Parte de una manipulación psicológica de la población en la cual están enfrentando a las personas que quieren vacunarse con los que estamos tratando de dar información sobre el daño que producen las vacunas para hacernos ver como enemigos, en lugar de darse cuenta que les estamos haciendo un favor porque estamos tratando de que sus hijos sean más sanos. Si una persona cree que una vacuna la puede proteger no debería tener miedo de una persona que está sin vacunarse. Además, la solidaridad también tiene que estar por parte de los que quieren vacunar, porque los que quieren vacunar, por ejemplo, ¿qué solidaridad tienen con un niño que tiene un autismo causado por las vacunas y lo quieren seguir obligando a vacunar? ¿No son solidarios con esa persona? Ese tipo de “solidaridad” es una falacia usada por la manipulación psicológica de la población, que es muy efectiva.

-¿A qué atribuye la marcada caída de confianza en las vacunas y en las tasas de vacunación? 
– La atribuyo a que hay cada vez hay más dañados por vacunas y con daños cada vez más inmediatos, muy fáciles de relacionar. Las personas empezaron a tomar conciencia de esto. Por otro lado, cuando fue el tema de esta falsa pandemia con el covid, hubo muchas desprolijidades con respecto a la vacuna, muchas obviedades como que la vacuna era algo que ya estaba hecho de antes, se filtró mucha información… Ahí la gente ha empezado a despertarse y a darse cuenta de que las cosas no son como nos las cuentan y que no se puede tener tanta confianza. No podemos tener confianza en el sistema de salud pública actual porque hubo muchas desprolijidades… hay cosas que están autorizadas por la ANMAT sin haber sido siquiera analizadas. 

-¿Qué le causa a nivel personal ser tildada de antivacunas?

– Voy a evocar con mucho cariño, agradecimiento y respeto al doctor Eduardo Angel Yahbes, que falleció recientemente. El fue una persona completamente insobornable, siguió para adelante y sufrió mucho justamente a causa de ser insobornable. Voy a contestar lo que él decía: “Yo soy pro vacunas, pero tráiganme una vacuna que sea necesaria, que sea efectiva y que sea segura, y yo la voy a indicar”. Repito exactamente lo mismo porque ese es el criterio que tengo.

Agustina Sucri @agustinasucri / La Prensa

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La cuestión Malvinas se reavivó en las últimas horas luego de que trascendiera un eventual retiro de apoyo diplomático por parte de Estados Unidos al Reino Unido en tema de “posesiones imperiales”, debido a las tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

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“La República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, insistió el funcionario en su mensaje en la red social X.

Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich…

— Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

El Canciller, Pablo Quirno comenzó su mensaje señalando que “ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Recordó que “la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales. Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales”, agregó.

Reclamo por Malvinas: ¿Se adelantan los tiempos?

Estados Unidos analiza retirar su apoyo al Reino Unido, planteando un nuevo escenario geopolítico para que Argentina recupere la soberanía de las islas.

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— La Nación Más (@lanacionmas) April 24, 2026

Entre ellos mencionó al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China.

“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ´pueblo´ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ´referéndum´ de 2013”, insistió el funcionario.

Y agregó “Denunciamos además las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas”.

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“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, cerró.

Fuente: La Prensa

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 bienes inmuebles en el marco de la causa Vialidad, en una decisión que afecta directamente a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

En el fallo al que accedió El Cronista, el tribunal, presidido por Gustavo Hornos e integrado además por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, respaldó las condenas firmes dictadas en el expediente y avaló la primera tanda de decomisos solicitada por los fiscales para cubrir $ 684.000 millones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había ordenado en noviembre pasado el decomiso de 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A. y 19 a Máximo y Florencia Kirchner, herederos del expresidente Néstor Kirchner.

Los abogados de la exvicepresidenta y de sus hijos cuestionaron la medida. Argumentaron que los bienes decomisados a Máximo y Florencia habían sido adquiridos legalmente, ya sea a través del proceso sucesorio o mediante una cesión realizada por la expresidenta en 2016.

Las defensas sostuvieron, además, que algunas compras originales se remontan a fechas previas a la maniobra de defraudación. Por esa razón, alegaron que no podía sostenerse un origen ilícito de esos inmuebles e invocaron la buena fe de sus representados.

Rechazo por unanimidad

Los jueces rechazaron esos argumentos por unanimidad. Señalaron que las defensas pretendían una reconstrucción contable exhaustiva e imposible. En delitos que se extendieron por más de una década, exigir un rastreo perfecto del dinero vaciaría de contenido al decomiso.

El tribunal explicó que el dinero es fungible y puede mezclarse con activos lícitos. Por eso, basta demostrar una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial del condenado y la maniobra delictiva, sin necesidad de identificar exactamente cada peso.

Sin embargo, el juez Borinsky emitió un voto parcialmente disidente. Reconoció que los criterios generales eran correctos, pero advirtió que la resolución presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos sobre ciertos inmuebles en particular, especialmente los heredados por los hijos de Kirchner.

Borinsky señaló que varios de esos bienes habían sido adquiridos en 1978 y 2002, es decir, antes del período tomado como referencia para el decomiso. Formuló observaciones similares sobre inmuebles de las empresas Loscalzo y Del Curto y Kank y Costilla, vinculadas a Báez.

Por esa razón, el magistrado anuló parcialmente el decomiso de 19 inmuebles de los 111 totales y ordenó un nuevo pronunciamiento fundado. Entre esos 19 bienes figuran cinco correspondientes al hotel Los Sauces, investigado por lavado de activos, cuyo juicio oral todavía se encuentra en etapas previas al debate.

Fuente: El Cronista

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El funcionario recorrió mejoras deportivas en los clubes Atlético Feliciano y Juventud Football Club, ejecutadas con aportes provinciales por más de 52 millones de pesos.

“Volver y ver que lo que se prometió se hizo nos acerca a la gente”, afirmó Colello. En ese marco, destacó los avances para la reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2: “Contamos con la habilitación del gobierno nacional para acceder a financiamiento del BID y ya estamos trabajando en los proyectos ejecutivos. Esperamos que hacia fin de año estén en marcha”.

Infraestructura y salud

Acompañado por el intendente, Damián Arévalo, Colello visitó el hospital Francisco Ramírez, donde se evalúan ofertas para una obra integral de mejoras con un presupuesto superior a los 254 millones de pesos. El intendente acompañó la recorrida junto a la viceintendenta, Marisa Leites, y destacó que “la visita fue altamente positiva, porque no solo trajo respuestas concretas a las solicitudes planteadas, sino que también permitió recoger en territorio las demandas de la ciudad”..

El secretario general también recorrió el centro comunitario del barrio El Cardal, donde se presentó un proyecto de red cloacal por 290 millones de pesos ante el Fondo Fiduciario de Infraestructura. “Cuando hay trabajo conjunto entre provincia y municipio, los resultados llegan. El barrio va a poder contar con servicios de agua y cloacas”, remarcó.

Compromisos cumplidos

Por último, el funcionario provincial anunció que la obra de las lagunas para el tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad será reactivada y estará finalizada antes de fin de año. “Este es un gobierno que planifica, ejecuta y cumple en el tiempo y forma que se comprometió”, subrayó Colello durante la recorrida por el departamento.

Participaron de la actividad la diputada María Elena Romero; la senadora Gladys Domínguez; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko, y autoridades de las instituciones locales beneficiadas por las inversiones provinciales.

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NEUQUÉN — Durante los días jueves 16 y viernes 17 de abril se realizaron audiencias clave en la causa contra los directivos de la empresa COMARSA, imputados por contaminación con residuos petroleros y maniobras fraudulentas. El Tribunal de Impugnación resolvió revocar esa decisión la suspensión del juicio a prueba (probation) como mecanismo permite evitar el juicio penal a cambio de cumplir ciertas condiciones, por lo cual la causa irá a juicio. 

Se presentaron las apelaciones desde la Fiscalía de Delitos Ambientales y las querellas de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la APDH-Neuquén contra la decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli, que había otorgado la suspensión del juicio a prueba. La resolución del Tribunal señaló que la decisión del juez Yancarelli fue arbitraria, irrazonada, inmotivada e infundada. O sea que no tuvo fundamentos sólidos, que ignoró pruebas clave y que avanzó con un criterio propio por fuera de las reglas del proceso.

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Esto significa que se anula el beneficio otorgado a los imputados y se confirma que la causa penal debe seguir adelante. No hay cierre del caso: se ratifica que los hechos deben ser investigados hasta el final y juzgados en un juicio oral y público.

El Tribunal decidió apartar al Juez Yancarelli de la causa. Marcó cómo el juez desoyó la oposición de la Fiscalía y de las querellas. En este caso, había planteado con claridad que el caso debía ir a juicio por su gravedad, pero esa posición fue ignorada sin explicación suficiente. El Tribunal consideró que esto implicó una intromisión indebida del juez en el rol de la acusación, rompiendo el equilibrio básico del proceso penal. Además, el Tribunal cuestionó que la decisión se haya tomado en contra de las pruebas técnicas acumuladas durante años de investigación: pericias, informes, estudios ambientales y documentación que dan cuenta de la magnitud del daño y de la conducta de los imputados. 

La oposición a la probation — ahora convalidada por el Tribunal— se basó en una serie de elementos concretos que muestran la gravedad del caso:

• La existencia de numerosos planes de tratamiento y saneamiento que fueron incumplidos sistemáticamente por la empresa y sus responsables.
• El riesgo ambiental persistente y la contaminación efectiva generada por esos incumplimientos.
• El beneficio económico millonario obtenido por los imputados en ese contexto.
• La defraudación interna, mediante la adulteración de documentación para obtener beneficios personales.
• La contradicción de otorgar una salida sin juicio a quienes tenían la obligación de tratar los residuos y cobraron millones por hacerlo.
• La acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, con presencia de sustancias que pueden afectar gravemente la salud.
• La falta de conocimiento real sobre la magnitud del daño, expresada por el propio imputado: “no sé lo que hay abajo”.
• La ausencia de un compromiso serio y verificable para tratar correctamente esos residuos.
• El carácter intencional de la conducta: simulación de tratamiento, encubrimiento de la contaminación, obtención de ganancias y entorpecimiento de la investigación penal.
• La existencia de un interés público evidente, dado que está en juego la salud de la población de Neuquén y de las generaciones futuras.
• La obligación del Estado de actuar con debida diligencia en delitos ambientales, investigando y sancionando a los responsables.

El Tribunal reconoció que estos argumentos fueron expuestos de manera clara durante las audiencias, pero que el juez Yancarelli los ignoró al momento de resolver la causa por contaminación más grave en la historia de la provincia de Neuquén. Pone en evidencia el funcionamiento del sistema de gestión de residuos de la industria petrolera en el contexto de Vaca Muerta y abre una discusión de fondo sobre el modelo de explotación y sus consecuencias en los territorios.

Próximos pasos

Desde la querella celebramos la decisión del Tribunal de Impugnación. No se trata solo de una discusión técnica. Se trata de garantizar que un caso de esta magnitud no se cierre sin juicio, sin verdad y sin responsabilidades.

La revocatoria de la probation permite que la causa continúe su curso y que toda la prueba reunida durante años pueda ser debatida en un juicio oral y público, con participación de jurado popular. Ese es el ámbito donde corresponde determinar qué ocurrió, quiénes son responsables y qué reparación corresponde.

El Tribunal de Impugnación asumió competencia y dictó su decisión con efectos inmediatos. Ahora deberá realizarse la audiencia de control de la investigación durante el mes de mayo. En esa instancia se ordenará formalmente la prueba y se definirá el camino hacia el juicio.

Luego de esa etapa, el caso podrá ser elevado a juicio oral y público. Allí, frente a un jurado, se discutirá la responsabilidad penal de los imputados y el alcance del daño producido.

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Una decisión que genera indignación y abre un fuerte debate institucional sacude a Chajarí: el gobierno municipal, encabezado por el contador Marcelo Borghesan, intimó formalmente al Hospital Santa Rosa a pagar el pavimento de las calles que rodean al nosocomio. El reclamo llega en un contexto aún más polémico: el hospital viene sosteniendo, sin convenio y por razones humanitarias, la atención de emergencias y siniestros viales que corresponden a la órbita municipal.

Una intimación que desata la polémica

La notificación municipal exige que el hospital provincial abone la obra de pavimentación realizada en las calles cercanas al establecimiento. El hecho fue calificado como una “bajeza institucional grave” por voces críticas, al considerar que el Municipio pretende cobrarle a la institución sanitaria mientras esta cubre funciones que no le corresponden legalmente.

La situación toma mayor dimensión al conocerse que el servicio de accidentología en la vía pública dejó de prestarse desde el ámbito municipal tras la caída de licitaciones y decisiones políticas que dejaron sin cobertura a la ciudad.

El trasfondo: la emergentología abandonada

Durante años, el Municipio contaba con una empresa privada que prestaba el servicio de emergencias viales mediante licitación. Ese esquema funcionaba con varias ambulancias disponibles y capacidad operativa inmediata. Sin embargo, tras una serie de decisiones administrativas y políticas, el sistema se desarmó y la ciudad quedó sin cobertura específica para accidentes en la vía pública.

Desde entonces, el Hospital Santa Rosa asumió de hecho esa responsabilidad, sin convenio ni financiamiento municipal.

Esto implica:

• Atención prehospitalaria en siniestros urbanos.
• Traslados complejos incluso hacia Concordia y Paraná.
• Cobertura de emergencias en dependencias municipales.
• Intervenciones en rutas y caminos rurales.

Todo ello, sostienen las fuentes, por “una cuestión de humanidad” y no por obligación legal.

Los números que agravan la controversia

Las cifras dimensionan el conflicto:

• Costo promedio por siniestro: aprox. $5.800.000.
• Lesionados anuales estimados en siniestros viales: cerca de 1.000 personas.
• Costo total estimado anual de emergentología: miles de millones de pesos.
• Costo total del pavimento en calles Guarumba y José Iglesias: $427 millones.
• Ingresos municipales por patente automotor (2025): $2.695 millones.

El contraste es contundente: mientras el hospital absorbe costos multimillonarios en emergencias viales, el Municipio exige el pago del pavimento.

Un sistema invertido

El hospital no solo cubre emergencias urbanas, sino también situaciones vinculadas a la propia actividad municipal. Incluso se relatan episodios donde ambulancias del hospital estuvieron a punto de ser sancionadas mientras acudían a emergencias en jurisdicción municipal.

La paradoja que señalan las críticas es clara:
El hospital provincial estaría “salvando las papas” al Municipio en materia de emergencias, mientras el Municipio le reclama el pago de obras públicas.

La polémica ya se instaló en la agenda pública y promete escalar, porque no se trata solo de una factura de obra: se trata de responsabilidades, prioridades y del rol del Estado frente a la salud pública.

FM del Este 100.5

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A través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), se destinaron desde el inicio de la gestión más de 100 aportes a gobiernos locales para ser invertidos en prevención. Estos fondos son transferidos por la provincia a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).

En esta oportunidad recibieron aportes los municipios de Basavilbaso, Los Charrúas, Villa del Rosario, Viale, Maciá, Sauce Montrull, Gobernador Mansilla, Ubajay, General Campos y las comunas de La Picada, Lucas Norte, Las Tunas y Sir Leonard. La iniciativa busca fortalecer el monitoreo preventivo en cada rincón de Entre Ríos.

Prioridad en seguridad

Al respecto, Roncaglia sostuvo: “La decisión del gobernador, Rogelio Frigerio, es clara respecto a la prioridad que significa la seguridad. Gracias a una administración transparente de los recursos que genera el Iafas, hoy volcamos ese dinero en beneficios directos para la gente. Es el juego oficial volviendo a la comunidad en forma de prevención y cuidado”.

Asimismo, el ministro enfatizó la relevancia de equipar a las localidades más pequeñas. Sostuvo que “invertir en seguridad es una inversión en la paz social de nuestros vecinos. Que una comuna pueda sumar tecnología de videovigilancia significa tener ojos preventivos las 24 horas, acortando los tiempos de respuesta y llevando tranquilidad”.

Trabajo conjunto

Roncaglia destacó el trabajo conjunto con la administración del Iafas para la provisión de estos equipos. “No podemos tener un policía en cada esquina, pero sí podemos sumar sistemas que son monitoreados por nuestros agentes. Eso nos ayuda a tener más presencia policial para la prevención y la acción inmediata”, subrayó el funcionario.

Con estas firmas, el Gobierno de Entre Ríos reafirma el compromiso de dotar de herramientas tecnológicas a las fuerzas de seguridad y a los gobiernos locales, optimizando los recursos para combatir el delito y proteger a la ciudadanía de manera federal y eficiente.

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