#proyectofotomultas #fotomultas #EntreRios

Confirmó que todavía no está operativo y planteó interrogantes sobre controles, imágenes y mecanismos para determinar las infracciones.

Las fotomultas en Entre Ríos destinadas a detectar conductores que utilicen el celular o circulen sin cinturón de seguridad generaron interrogantes sobre su funcionamiento y validez. El abogado Tomás Cabrera presentó un pedido de informes ante la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y, en diálogo con Elonce, explicó cuáles fueron las respuestas recibidas y qué aspectos considera que todavía deben ser analizados antes de que el sistema comience a funcionar.

Detectaron radares no autorizados en rutas nacionales: qué debe tener una fotomulta válida

Cabrera explicó que su interés surgió precisamente después de conocer, a través de Elonce, la implementación proyectada del mecanismo. A diferencia de los radares tradicionales, que determinan la velocidad de circulación, las nuevas cámaras permitirían observar situaciones dentro del habitáculo.

“Me empecé a preguntar de qué manera el Estado iba a controlar dentro del habitáculo qué era lo que sucedía, cómo diferenciaban un celular de, por ejemplo, una billetera, cómo iban a hacer los que trabajan con aplicaciones como Uber o alguna moto que utiliza el teléfono para trabajar”, explicó.

El sistema todavía no está operativo

A partir de esas inquietudes, Cabrera realizó una presentación que incluyó 14 puntos, entre ellos cuestiones vinculadas con el derecho a la imagen, el almacenamiento de los registros y la forma en que se determinaría si efectivamente existió una infracción.

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Uno de los principales datos surgidos de la respuesta oficial fue que el nuevo sistema todavía no se encuentra operativo en Entre Ríos. Según explicó el abogado, actualmente continúa en una instancia previa a su implementación definitiva.

El letrado indicó que la Dirección de Prevención y Seguridad Vial respondió diferentes puntos y proporcionó información sobre la empresa encargada del servicio, además de aspectos relacionados con la conservación y sobrescritura de las imágenes captadas.

Cómo se determinaría una infracción

Cabrera estableció una diferencia entre estas cámaras y los cinemómetros utilizados habitualmente para controlar la velocidad. Estos últimos requieren controles técnicos que permitan garantizar que las mediciones sean correctas.

“Los cinemómetros tienen que estar certificados por el INTI, que verifica que los aparatos con los que se mide la velocidad estén bien calibrados. Si el cinemómetro toma que vas a determinada velocidad, la velocidad es efectivamente esa”, explicó.

En el sistema proyectado para detectar cinturones de seguridad o utilización del teléfono, en cambio, Cabrera señaló que se trataría de un mecanismo de captura de imágenes que posteriormente serían verificadas por un agente para determinar si existió o no una infracción.

Las dudas sobre la finalidad preventiva

Otro de los cuestionamientos formulados por el abogado estuvo relacionado con la finalidad preventiva de los controles automatizados. Según explicó, las normas de seguridad vial deberían procurar principalmente impedir que continúe una conducta riesgosa.

“El principio general de la seguridad vial y del respeto a las normas tiene que ver con la prevención, es decir, que no sucedan las faltas, que no se cometan infracciones”, sostuvo Cabrera.

En ese sentido, planteó que un sistema automatizado registra una conducta pero no necesariamente permite detenerla en el momento. “Puedo venir a una velocidad que no corresponde y me voy a llenar de multas, pero no se corta la falta. Eventualmente tampoco se elimina el riesgo que genera esa inconsistencia con las normas”, ejemplificó.

Qué debería revisar un conductor ante una fotomulta

Consultado acerca de los elementos que debería observar una persona al recibir una fotomulta, Cabrera mencionó diferentes requisitos que pueden resultar relevantes al momento de evaluar una eventual impugnación.

Entre ellos enumeró la autorización del dispositivo, la jurisdicción de la ruta o camino, la correcta notificación y la inclusión del lugar, fecha y hora de la presunta infracción.

“Los descargos o las cuestiones sobre cómo se impugnan estas fotomultas tienen que ver con si el radar estaba autorizado, por qué camino o ruta se transitaba, la jurisdicción, si la notificación fue bien hecha y algunos requisitos formales”, detalló.

El debate por los estudios de siniestralidad

Cabrera también hizo referencia a disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial vinculadas con la instalación y autorización de sistemas de control de velocidad.

Según explicó, entre los criterios nacionales aparecen los estudios de siniestralidad, destinados a determinar si existe una justificación preventiva para instalar dispositivos en determinados sectores.

“Actualmente y con este sistema en particular, según el pedido de informe que hice, no hay un estudio de siniestralidad”, aseguró. No obstante, aclaró que se trata de jurisdicciones diferentes y que los requisitos establecidos a nivel nacional no necesariamente resultan aplicables de manera directa al sistema provincial.

“Hay una diferencia de criterio”

El abogado mencionó como ejemplo situaciones registradas en otras provincias, donde, según planteó, algunos controles fueron instalados en lugares con escasa circulación o bajos índices de siniestros, lo que generó cuestionamientos sobre su finalidad.

“Ahí queda más en evidencia que se persigue por ahí un fin más recaudatorio”, opinó Cabrera al referirse a esos casos y aclaró que su planteo respecto de Entre Ríos pasa por determinar si la ubicación de los dispositivos estará respaldada por criterios preventivos.

“No es que sea un requisito en esta ruta en particular porque es jurisdicción provincial, pero hay una diferencia de criterio a la hora de evaluar si colocar o no colocar y dónde colocar radares y sistemas de detección de faltas para que también se cumpla este fin preventivo de los siniestros”, puntualizó.

Las cámaras están en período de pruebas

Desde el programa también se recordó que autoridades provinciales habían explicado previamente que el sistema se encontraba en etapa de pruebas. Entre los casos analizados aparece la situación de conductores de aplicaciones como Uber, que utilizan teléfonos celulares como herramienta de trabajo.

Según la explicación oficial brindada previamente a Elonce, la intención no sería sancionar a quienes utilicen el teléfono colocado en un soporte fijo dentro del vehículo, sino detectar conductas consideradas riesgosas durante la conducción.

Precisamente, la capacidad para diferenciar esas situaciones forma parte de los aspectos que deberán resolverse durante las pruebas. Mientras el sistema continúa sin aplicación efectiva, el debate se centra en las garantías para los conductores, los criterios utilizados para determinar las infracciones y la finalidad preventiva de los nuevos controles.

Fuente: elonce.com

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#fiestadelasmandarinas #fiestaprovincialdelasmandarinas2026 #villadelrosario

El evento se realizará el 23 de agosto en Villa del Rosario.

10 ° Fiesta provincial de las mandarinas

El Gobierno de Villa del Rosario informó que ya no quedan cupos disponibles para la instalación de stands comerciales en la X Fiesta Provincial de las Mandarinas 2026, luego de completarse la totalidad de los espacios previstos para emprendedores, artesanos y comerciantes.

Desde el Área de Bromatología agradecieron a todas las personas que realizaron su inscripción y que serán parte de esta nueva edición de la fiesta, destacando el interés demostrado por participar de uno de los eventos más importantes del calendario regional.

Como sucede cada año, la convocatoria de la Fiesta Provincial de las Mandarinas comienza a hacerse sentir varios días antes de su realización. La demanda de stands, el movimiento de los preparativos y la expectativa del público anticipan una jornada con una importante concurrencia de visitantes provenientes de Villa del Rosario y de distintas localidades de Entre Ríos y provincias vecinas.

La celebración tendrá lugar el sábado 23 de agosto, a partir de las 15:30, en el predio del Centro Integrador Comunitario (CIC), donde habrá una amplia propuesta de expositores comerciales, emprendedores, gastronomía, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

En comunicación con “El Despertador”, la Directora de Cultura de Villa del Rosario, Juliana Perini manifestó sentirse muy feliz por la calidad y convocatoria de los artistas que serán parte en esta edición:

Grilla de artistas:

• Taller Municipal de Folclore
• Ballet Así soy yo
• Michelle Mosna y su conjunto
• Vikingo Correa
• Agrupación Marilyn

Como cada año, se elegirá la embajadora de la fiesta, para lo cual, las inscripciones continúan abiertas para mujeres de 18 a 25 años.

Con los espacios comerciales ya completamente ocupados, la organización continúa trabajando en los últimos detalles para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de una fiesta que año tras año consolida su crecimiento y se posiciona como uno de los principales eventos de promoción de la producción citrícola y la identidad de Villa del Rosario.

FM del Este 100.5

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#extranjerizaciondetierras #cuencarioparana #leydetierras

Mientras el oficialismo busca aprobar en el Senado, el próximo 6 de agosto, el proyecto que denominaron “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que elimina -entre otros aspectos-, los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, los datos oficiales que analizamos y difundimos (*), muestran que el proceso de extranjerización que ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra.

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Misiones: la selva, el Paraná y el capital chileno

Misiones es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,29% de su territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros. A diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones existe un claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.

Ese dato coincide con una empresa puntual: la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas —entre ellas Alto Paraná S.A.— es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país. Su negocio son las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.

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No es casual dónde se concentra esa presencia. Los siete Departamentos misioneros que tienen frente sobre el río Paraná —Posadas (Capital), Candelaria, San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú— son, con la excepción de la propia Capital, los que exhiben los porcentajes de extranjerización más altos de toda la provincia: Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras (114.400 hectáreas), seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%), los cuatro con fuerte presencia de capital chileno. El corredor forestal sobre el Paraná es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera. Justamente el intendente de Puerto Libertad, ubicado en el departamento de Iguazú, afirmó que la localidad “es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”. Al respecto, enfatizó que alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa, situación que dificulta el crecimiento urbano y la planificación de nuevas obras. Una perspectiva similar comparten otros 20 intendentes de la provincia.

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Esta preocupación no es solo de un sector de la dirigencia política: un comunicado conjunto firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales, productivas y políticas de Misiones —entre ellas APAM, la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, el MTE, la UTT, el MCL y varios partidos y frentes provinciales— rechazó públicamente el proyecto y aportó dos datos que confirman el diagnóstico: en la provincia, tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural, y el 14% de las mejores tierras productivas misioneras ya pertenece a capitales extranjeros.

El resto de los departamentos misioneros, aunque con porcentajes menores, también muestra el mismo patrón. General Belgrano (11,1%) y San Pedro (9%), ambos con fuerte presencia chilena y alemana, completan el podio detrás de los cuatro departamentos del corredor del Paraná. En contraste, San Ignacio (9%) y la propia Capital (6,4%) combinan capital chileno con una porción menor de otras procedencias.

Corrientes: capital estadounidense, holandés y chileno sobre el arroz y la forestación

En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. A diferencia de Misiones, aquí el capital extranjero está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). Este último dato merece un comentario aparte: Luxemburgo es uno de los llamados “paraísos fiscales”, un país de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla y vehículos de inversión con baja o nula tributación. Que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad “luxemburguesa” —concentradas en los departamentos arroceros de Goya (39.600 hectáreas), Esquina (23.800 hectáreas) y Curuzú Cuatiá (6.100 hectáreas)— no necesariamente identifica al verdadero dueño de esa tierra, sino a una estructura societaria diseñada, entre otras cosas, para dificultar ese rastreo.

Los Departamentos correntinos con mayor extranjerización son Ituzaingó, con casi el 34% de su superficie (93.850 hectáreas) en manos extranjeras —allí el capital holandés controla por sí solo más del 18% del departamento (50.550 hectáreas), y el estadounidense otro 8% (22.280 hectáreas)—, y Berón de Astrada, con un 32,7% (23.325 hectáreas), de fuerte presencia española. Les siguen Santo Tomé (14%), donde domina un fuerte bloque de capital chileno de 78.000 hectáreas —vinculado, igual que en Misiones, al negocio forestal—, Concepción (13,5%) y San Miguel (11,4%).

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El peso del capital estadounidense en Corrientes no es un dato menor: coincide con la expansión de la agricultura de gran escala orientada al arroz, un cultivo en el que grandes fondos de inversión con capitales de Estados Unidos vienen consolidando una posición dominante sobre miles de hectáreas en el centro-oeste de la provincia, en muchos casos sobre humedales y zonas cercanas al Iberá. El caso más marcado es Mercedes, donde el capital estadounidense por sí solo suma más de 47.500 hectáreas, seguido por Curuzú Cuatiá (16.300) y San Miguel (16.700).

De los 24 Departamentos correntinos, al menos ocho tienen frente sobre el río Paraná: Ituzaingó, Itatí, San Cosme, Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina. Varios de ellos —empezando por Ituzaingó, el más extranjerizado de la provincia— están directamente sobre la ribera del río.

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Entre Ríos: entre el Paraná y el Uruguay, un mosaico de capitales europeos

Entre Ríos, la provincia mesopotámica más austral de las tres, tiene un nivel de extranjerización menor pero no despreciable: 3,23% de su territorio, unas 247.000 hectáreas. Allí el capital extranjero está repartido entre varias nacionalidades europeas y regionales: el uruguayo encabeza el ranking con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700 hectáreas), el holandés (36.000 hectáreas), el español (34.600 hectáreas) y el francés (28.500 hectáreas).

Los Departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná, seguidos por Concordia (5,68%) y Federal (3,78%), sobre el río Uruguay. De los 17 departamentos entrerrianos, seis tienen frente sobre el río Paraná: La Paz, Diamante, Paraná (Capital), Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy —esta última, además, en pleno Delta—, mientras que Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Villaguay dan al río Uruguay.

El mapa de nacionalidades entrerriano también tiene su propia lógica territorial: en Concordia predomina el capital alemán (3.220 hectáreas sobre un total de 5.680), en Federal el italiano (más de 3.050 hectáreas sobre 3.780) y en La Paz y Gualeguay —los dos departamentos más extranjerizados— se reparten capitales holandeses, españoles y uruguayos, estos últimos históricamente vinculados a la compra de campos linderos con la frontera este de la provincia.

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Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias (Entre Ríos), describió el mecanismo de desplazamiento que ya opera en su zona: “Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”.

Uno de los principales argumentos con los que el oficialismo defiende el proyecto es, precisamente, que la apertura sin límites a la compra extranjera elevaría el valor de la tierra, en beneficio de sus propietarios. Así lo planteó el senador nacional Joaquín Benegas Lynch, para quien un campo que hoy vale 2.000 o 3.000 dólares la hectárea podría pasar a valer 6.000 o 7.000 si se elimina el tope a la demanda extranjera. La contracara de este argumento radica en que el aumento generalizado del precio de la tierra no es una buena noticia para quienes no tienen tierra propia, sino que la alquilan o dependen de ella para producir. Cuanto más sube el valor del campo, más suben también los alquileres y más difícil se vuelve competir con los capitales extranjeros y los grandes grupos locales concentrados que pueden pagar precios que ningún productor familiar puede igualar. Es exactamente la dinámica que describe Echeverría con los pools de siembra en Entre Ríos, y que en Misiones tiene un capítulo propio: la presión sobre los pequeños productores de yerba mate, ya golpeados por la desregulación del mercado yerbatero que impuso el gobierno de Milei, que ante campos cada vez más caros y una competencia que no pueden afrontar quedan en un lugar cada vez más débil frente al avance forestal de gran escala. Lo mismo ocurre con los pequeños campesinos de Corrientes y Entre Ríos donde terminan expulsando a quien no puede pagar el nuevo precio, mientras beneficia a quien ya concentra la escala suficiente para vender o para comprar más.

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Un mismo corredor y un problema común de soberanía

Lo que muestran estos datos es que la extranjerización de la tierra en la Mesopotamia argentina no se distribuye al azar: se concentra, con matices propios en cada provincia, sobre el corredor del río Paraná —una vía navegable estratégica, con acceso a mercados de exportación, recursos forestales e hídricos. Si el proyecto que impulsa el Gobierno nacional avanza, nada impediría que ese proceso, que ya es intenso en departamentos como Iguazú, Ituzaingó, La Paz o Gualeguay, se profundice sin ningún techo legal y perdamos un recurso fundamental para nuestro desarrollo soberano.

A su vez, el corredor del Paraná no se agota en estas tres provincias. Un poco más al sur, en Garay, departamento santafesino también ribereño, la extranjerización alcanza el 16% de su superficie, unas 61.629,59 hectáreas. De ese total, 58.220,84 hectáreas —prácticamente la totalidad— están en manos de capital estadounidense, un dato que confirma que el fenómeno excede a la Mesopotamia y se repite, con la misma lógica, a lo largo de toda la cuenca del río.

Frente a este panorama, instituciones académicas y organizaciones sociales, gremiales, campesinas y ambientales de todo el país convocamos a movilizarnos el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto. El objetivo es frenar en la calle lo que se discute en el recinto, y exigir a los legisladores que rechacen una iniciativa que, como muestran los datos de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también de Garay, ya viene entregando pedazo a pedazo el territorio nacional. La tierra y el territorio no se venden, se defienden.

(*) Este informe de Observatorio de Tierras fue elaborado por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos.

Fuente: Observatorio de Tierras – Análisis

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#saludmental #urgenciasanitaria #entrerios

La medida, dispuesta mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en este campo. De este modo, se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población.

En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, adoptará las medidas necesarias para potenciar la capacidad operativa de la red sanitaria y profundizar el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado. Entre las acciones previstas se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios, y el fortalecimiento de espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

La estrategia contará con la participación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), ámbito de coordinación encargado de promover el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de manera articulada entre las distintas áreas del Estado, con foco en la prevención, la asistencia y la protección de derechos.

La decisión responde al incremento sostenido de las consultas y demandas vinculadas a la salud mental registrado en los últimos años, en línea con una tendencia observada a nivel nacional e internacional. Según el informe Salud Mental Mundial Hoy (2024) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven con afecciones de salud mental, una de las principales causas de discapacidad y con un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo social y económico de las comunidades.

En Entre Ríos, este escenario se refleja en un aumento sostenido de la demanda de atención dentro del sistema sanitario provincial y en la necesidad de fortalecer la disponibilidad y la distribución territorial de los equipos especializados para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud mental.

Con esta decisión, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la red pública de salud mental, promoviendo una atención cada vez más accesible, integral y de calidad para todas las personas que la requieran.

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#juegosculturalesentrerrianos

Los Juegos Culturales Entrerrianos 2026 se desarrollan bajo el lema “Territorios que hablan: identidades en movimiento”. Están dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años que participan en las categorías Sub 15, Sub 18 y categoría Única. La modalidad de participación es individual o grupal. Las disciplinas son canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical.

El certamen es impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura, realizándose en estos días las diferentes instancias locales. En nuestra ciudad de Chajarí se lleva a cabo este domingo 2 de agosto con 14 jóvenes participantes y también se realiza la etapa local de los Juegos Culturales Entrerrianos para Adultos Mayores (destinados a personas de 60 años o más), con 8 participantes. Las disciplinas en esta etapa local son artes visuales bidimensionales, conjunto musical, canto solista y cuento

Luego, tendrán lugar las instancias regionales en distintos puntos de la provincia. La Región 1 tendrá su sede en la ciudad de Hernández el 7 de agosto; la Región 2 se realizará en Ubajay el 6 de septiembre; la Región 3, donde competirán los jóvenes de Chajarí que superen la etapa local, tendrá sede en San José de Feliciano el 11 de septiembre; la Región 4 será en San Salvador el 28 de agosto y la Región 5 tendrá su sede en Crespo el 14 de agosto. La Instancia provincial se llevará a cabo el 2 de octubre en la ciudad de Nogoyá. Todas las presentaciones se realizan ante un jurado especializado que se encarga de elegir a los finalistas de cada instancia.

Por su parte, la XX edición de los Juegos Entrerrianos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores, contarán con etapas departamentales y la final provincial será en la ciudad de La Paz y se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre.

Juegos Culturales Entrerrianos. Una mirada federal

Los Juegos Culturales Entrerrianos buscan fomentar la participación y la expresión artística de niños y adolescentes entrerrianos a través de un espacio lúdico y formativo, promoviendo el acceso a la cultura, la identidad y el patrimonio de la provincia, con un enfoque inclusivo y de construcción colectiva.

“Territorios que hablan: identidades en movimiento” es la temática seleccionada este año. En este sentido, la noción de “territorios que hablan” propone reconocer y visibilizar las múltiples voces que habitan la provincia, recuperando relatos locales, saberes comunitarios, prácticas culturales y expresiones artísticas que constituyen el patrimonio vivo de cada localidad. A su vez, la idea de “identidades en movimiento” plantea una mirada dinámica de la identidad cultural, entendida como un proceso en permanente construcción, atravesado por transformaciones históricas, sociales y generacionales.

En este marco, los juegos proponen posicionar a las juventudes como protagonistas de los procesos de producción cultural, generando espacios de expresión, experimentación y encuentro que fortalezcan el sentido de pertenencia y el ejercicio de los derechos culturales.

Asimismo, la temática promueve una perspectiva federal e inclusiva, valorando la diversidad de experiencias y expresiones presentes en cada localidad de la provincia y fomentando el diálogo intergeneracional, intercultural y comunitario.

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#aniversario #MuseoIvyMaräEy #JuanJoseRossi #actividades

La conmemoración contará con palabras de autoridades municipales y del Coordinador del Museo, Juan José Rossi. Además, habrá presentaciones artísticas a cargo de la Compañía de Danzas Crisol, con la puesta en escena de la obra “Tríptico en la tierra” y del Ballet Municipal de Folklore, que ofrecerá un cuadro de baile alusivo a la ocasión. Esta propuesta es libre y gratuita, abierta a todo público.

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El Museo Ivy Marä Ey se encuentra ubicado en la Casa de la Historia y la Cultura, sobre calle Salvarredy, lindante al Centro Cultural Municipal. Abre al público de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados, domingos y feriados de 9 a 13 horas. Además de trabajar con visitas programadas de delegaciones escolares, también se ha realizado un museo itinerante, visitando diferentes establecimientos educativos y se brindan diferentes talleres para las escuelas que los solicitan, como por ejemplo el de lengua guaraní y el de arcilla.

Aniversario del museo Ivy Marä Ey

El mismo fue creado en el año 2008 y funcionó en primer lugar en la Ex Estación del Ferrocarril. Está dedicado a las culturas originarias y su nombre en guaraní significa “La Tierra sin Mal”. En él se recupera la historia de las culturas nativas de diferentes pueblos como el quechua, el toba, los wichis, charrúas, guaraníes, entre otros. Dando testimonio tangible de las naciones y los grupos nativos de la Argentina. El mismo nació como parte de un emprendimiento del Profesor Juan José Rossi, egresado de Humanidades Clásicas, Filosofía y Teología de la Facultad Pontificia de Buenos Aires.

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De acuerdo al último parte hidrológico, hasta las 15 horas de este martes el caudal evacuado por la represa oscilará entre 15.000 y 14.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse tenderá a una cota de 33 metros.

En ese contexto, CTM prevé que el río frente al puerto de Concordia fluctúe entre una cota mínima de 9,50 metros y una máxima de 10,20 metros, valores superiores a los registrados en los últimos días y que confirman la continuidad de la creciente.

En tanto, frente al puerto de Salto, el río alcanzaría una altura máxima de 10,50 metros y una mínima de 9,80 metros.

Desde el organismo reiteraron que el río mantendrá una tendencia ascendente en los próximos días, por lo que recomendaron seguir los partes hidrológicos oficiales ante la evolución de los niveles.

Misiones y Corrientes

Los niveles del río más al norte dan algunas señales.

En territorio misionero, experimentó un descenso significativo tras el repunte importante experimentado una semana atrás. No obstante, aún no ha regresado a los niveles de origen.

En las costas correntinas en cambio, el río aún ha seguido subiendo y en dos ciudades sobrepasó el nivel de alerta.

Tal el caso de Alvear, donde llegó a 9,66 metros, 16 centímetros por encima del valor estipulado para el “alerta”. La crecida motivó el cierre del paso internacional Alvear-Itaquí. Prefectura Naval Argentina suspendió de manera preventiva el cruce debido al aumento del caudal.

En Paso de los Libres, el río Uruguay llegó a 8,22 metros, mientras que el nivel de alerta se alcanza con 7,50 metros.

Fuente: El Entre Ríos y CTM

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#alertasofia #iaraayelenduprat #curuzucuatia @MinisteriodeCapitalHumano @MinSeguridadAr

Buscamos a Iara Ayelén Duprat. Edad: 17 Años. Lugar de desaparición: Curuzú Cuatiá, Corrientes. Fecha de desaparición: 24/07/2026. Descripción física: contextura física robusta, de 1,55m aproximadamente, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado, tez blanca, ojos color verde, posee tatuaje en una de sus manos con la inscripción DALIL y mariposas, un tatuaje en las costillas MAURICIO y otro que dice BRYAN. Para aportar información llamar al 134.

ALERTA SOFÍA es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).

La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa:

• que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad);
• que exista una denuncia oficial;
• que el caso sea comunicado al SIFEBU;
• que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.
• que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.
• que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.
• que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.
• el requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

El caso Sofía Herrera

Sofía desapareció a la edad de 3 años el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Su caso sensibilizó profundamente a la sociedad argentina y, a 10 años de su desaparición, su búsqueda continúa vigente.

Creemos sinceramente que, de haber contado en su momento con una herramienta como la Alerta que se crea a través de este Protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado.

Con la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en 2016, el Estado argentino se sumó al esfuerzo conjunto con otros países e instituciones para generar políticas públicas activas a fin de contar con procesos más eficientes de búsqueda de personas perdidas.

La búsqueda permanente de Sofía Herrera, al igual que la de todas las niñas, niños y adolescentes, nos interpela como Estado nacional a indagar continuamente en todas aquellas herramientas que hagan posible el retorno de cada niño a su hogar.

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#rubenpagliotto #pedidodeinforme #accesoinformacionpublica #desarrollohumano #teknofood #comedoresescolares

Cuestionó la centralización de las compras, reclamó mayor transparencia y advirtió sobre el impacto económico y nutricional del nuevo sistema.

El abogado Rubén Pagliotto presentó un pedido formal de acceso a la información pública para que el Gobierno de Entre Ríos explique cómo se llevó adelante la contratación de la empresa Teknofood S.A., encargada de proveer alimentos para los desayunos y meriendas de los comedores escolares de la provincia.

Durante una entrevista concedida a FM del Este, Pagliotto sostuvo que el cambio del sistema de provisión de alimentos genera interrogantes tanto por el volumen económico de la contratación como por sus posibles consecuencias sobre la calidad nutricional de los alimentos que recibirán miles de estudiantes entrerrianos.

Hasta ahora, recordó, cada establecimiento educativo administraba una tarjeta de débito con la que adquiría alimentos frescos en comercios de su localidad. El nuevo esquema reemplaza ese sistema descentralizado por una compra centralizada a cargo de una única empresa, que distribuirá productos elaborados (ultraprocesados) para todas las escuelas de la provincia.

Escuchá la entrevista completa en “El Despertador” al Dr. Rubén Pagliotto

Un pedido de 24 puntos

La presentación dirigida a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, solicita copia íntegra del expediente administrativo y requiere conocer aspectos centrales de la contratación, entre ellos:

• la modalidad utilizada para seleccionar a Teknofood;
• el monto total del contrato;
• el precio de cada producto;
• los informes técnicos, económicos y nutricionales que respaldaron la adjudicación;
• si existió competencia entre oferentes;
• los mecanismos previstos para controlar la calidad de los alimentos y el cumplimiento de las entregas;
• el acto administrativo de adjudicación y la partida presupuestaria utilizada.

Pagliotto explicó que el pedido se ampara en la Ley Provincial Nº 11.191 de Acceso a la Información Pública y advirtió que, si el Estado no responde dentro de los plazos legales o lo hace de manera incompleta, podría promover una acción de amparo para obtener judicialmente la documentación solicitada.

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Cuestionamientos al nuevo modelo

Durante la entrevista, el abogado expresó reparos sobre la decisión de abandonar el sistema de compras locales, que permitía a cada escuela adquirir frutas, leche, pan y otros productos frescos en comercios de su comunidad, favoreciendo el “Compre Entrerriano”

Según sostuvo, además de concentrar una importante suma de dinero en un único proveedor, el nuevo esquema podría afectar a cientos de pequeños comerciantes entrerrianos que hasta ahora abastecían a los establecimientos educativos. También manifestó preocupación por el carácter industrializado de buena parte de los alimentos previstos en el nuevo sistema y por los desafíos logísticos que implicará su almacenamiento y distribución en escuelas urbanas y rurales.

Advertencias de nutricionistas y docentes

Las objeciones no provienen únicamente de Pagliotto. El Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos expresó públicamente su preocupación por el nuevo esquema de provisión de alimentos y sostuvo que la sustitución de preparaciones elaboradas con productos frescos por alimentos ultraprocesados puede representar un retroceso en materia de alimentación saludable para la población escolar.

En la misma línea, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) advirtió sobre posibles inconvenientes relacionados con el almacenamiento de la mercadería, la disponibilidad de agua potable para la preparación de algunos productos y eventuales demoras en la distribución, especialmente en establecimientos alejados de los centros urbanos.

Transparencia y control

Pagliotto aclaró que su presentación no constituye una denuncia penal sino un pedido de transparencia para conocer cómo se tomó una decisión que involucra recursos públicos de gran magnitud y la alimentación de miles de niños y adolescentes.

“Quiero analizar toda la documentación. Si todo está correctamente realizado, no habrá nada que objetar. Pero si del expediente surgen irregularidades, actuaré en consecuencia”, afirmó durante la entrevista.

El planteo se suma al debate que en los últimos días abrió el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares, cuestionado por entidades profesionales, gremios docentes y distintos sectores políticos que reclaman conocer con mayor detalle los fundamentos técnicos, económicos y nutricionales de la contratación.

Costo estimado de la contratación

• Monto inicial informado: alrededor de $43.000 millones.
• Monto final estimado: Pagliotto sostiene que, al tratarse de una compra abierta con un mecanismo de redeterminación de precios, el contrato podría alcanzar $101.000 millones, prácticamente $102.000 millones durante toda su vigencia.

¿Por qué aumenta tanto?

Según explicó el abogado:

• La contratación contempla entregas durante aproximadamente 18 meses.
• El contrato prevé actualizaciones de precios (redeterminación), por lo que el valor final dependerá de las variaciones de costos durante su ejecución.
• Por ese motivo, el monto inicial licitado sería considerablemente menor al costo total proyectado.

Comparación con el sistema anterior

Pagliotto afirmó que el nuevo esquema implica:

• Concentrar cerca de $102.000 millones en una sola empresa con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Abandonar el sistema descentralizado mediante el cual esos recursos se distribuían entre miles de comercios locales de toda la provincia a través de las compras realizadas por cada escuela.

¿Está confirmado oficialmente el monto?

No todavía. Precisamente uno de los puntos centrales del pedido de acceso a la información pública solicita que el Gobierno entregue:

• el monto total de la contratación;
• el contrato firmado;
• el precio unitario de cada producto;
• la cantidad de raciones comprometidas;
• el acto administrativo de adjudicación y el expediente completo.

Dato relevante

Hasta el momento, el Gobierno de Entre Ríos no publicó el expediente completo de la contratación, motivo por el cual Pagliotto sostiene que resulta imposible verificar oficialmente cómo se llegó al monto final, qué empresas participaron de la selección y cuáles fueron los criterios técnicos, económicos y nutricionales utilizados para adjudicar el contrato.

En síntesis: el contrato tendría un valor proyectado cercano a $102.000 millones, aunque ese monto surge de la interpretación realizada por Pagliotto sobre la modalidad de compra abierta y la redeterminación de precios. Uno de los objetivos de su pedido de información pública es precisamente obtener la documentación oficial que permita confirmar el costo definitivo y las condiciones de la contratación.

FM del Este 100.5

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De acuerdo a los resultados, en lengua, pasó de ubicarse por debajo del promedio del país en la medición anterior a superarlo en 2025 y alcanzó el mayor porcentaje histórico de estudiantes en el nivel Avanzado.

“Estos resultados nos ponen muy contentos porque reflejan que el trabajo sostenido que venimos desarrollando junto a las escuelas está dando sus frutos. Son una muestra de que las políticas impulsadas a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática comienzan a traducirse en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Además, constituyen un insumo clave para orientar decisiones pedagógicas y fortalecer el trabajo con supervisores, equipos directivos y docentes, para que cada escuela cuente con información específica que le permita diseñar estrategias acordes a su realidad”, remarcó el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

El operativo se aplicó a estudiantes de 6° grado del nivel primario y en Entre Ríos, participaron 959 escuelas, equivalentes al 98,1 por ciento de las previstas, y 19.045 estudiantes, lo que representa el 84,5 por ciento de la matrícula alcanzada por la evaluación.

En lengua, el 77,3 por ciento de los estudiantes entrerrianos alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, por encima del promedio nacional, que fue del 76,9 por ciento. El incremento respecto de 2023 fue de 12,8 puntos porcentuales, superior al registrado a nivel país, que alcanzó los 10,5 puntos. Estos niveles reflejan que los estudiantes logran comprender e interpretar distintos tipos de textos, identificar ideas principales, reconocer información relevante y establecer relaciones de sentido, consolidando competencias de comprensión lectora cada vez más complejas.

La mejora también se refleja en la disminución de los desempeños más críticos. El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico descendió del 13,1 por ciento en 2023 al 4,4 por ciento en 2025. Al mismo tiempo, el nivel Avanzado alcanzó el 32,1 por ciento, el valor más alto registrado por la provincia desde que se realiza la evaluación.

En Matemática, Entre Ríos también evidenció una recuperación sostenida. El 53,5 por ciento de los estudiantes alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, lo que representa una mejora de 5,6 puntos porcentuales respecto de 2023, por encima del crecimiento nacional, que fue de 3,5 puntos. Si bien la provincia aún se ubica levemente por debajo del promedio del país en este indicador, la evolución muestra un avance significativo. Estos desempeños expresan que los estudiantes pueden resolver problemas aplicando operaciones básicas, fracciones, decimales, proporcionalidad, porcentajes, medidas, geometría e interpretación de información en tablas y gráficos.

Al igual que en Lengua, también se redujo el porcentaje de estudiantes con desempeños por debajo del nivel básico en Matemática, que pasó del 26,5 por ciento en 2023 al 20,3 por ciento en 2025. Este resultado confirma una mejora concreta en los aprendizajes y, al mismo tiempo, señala la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de enseñanza y acompañamiento para consolidar estos avances.

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#ptrsuchajari #plantadetratamientode residuos #chajari #abandono #denuncia

Videos registrados durante una recorrida por la Planta de Tratamiento muestran trabajadores sin protección manipulando residuos sobre el suelo y un predio completamente colapsado por la basura, situación que la oposición calificó como “indignante”.

PTRSU de Chajarí

Durante años fue motivo de orgullo para Chajarí. La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) era presentada como un modelo ambiental para toda la provincia, recibía delegaciones de distintas ciudades y demostraba que era posible gestionar los residuos con responsabilidad, tecnología y conciencia ciudadana.

Hoy, según denuncian concejales de la oposición y como quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, aquella planta parece haber quedado en el pasado.

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Las imágenes muestran una realidad que genera preocupación: montañas de basura acumulada, trabajadores separando residuos directamente sobre el suelo, sin el funcionamiento de las cintas transportadoras que durante años fueron el corazón del sistema de clasificación.

La denuncia fue realizada en el programa “El Despertador” por los concejales del bloque Más para Entre Ríos, Roque Mary Dalprá y Mirian Etchevarne, quienes recorrieron el predio y describieron un panorama que calificaron como “lamentable”.

“Esta fue la peor vez que encontramos la planta”, sostuvo Dalprá. Según explicó, los trabajadores realizaban la separación manual de residuos “literalmente en el medio de la basura”, sin guantes adecuados, sin anteojos de seguridad, sin botines ni ropa específica para esa tarea.

Para los ediles, la situación excede el deterioro de la infraestructura y pone en riesgo la salud de quienes trabajan allí.

“No se puede tener seres humanos trabajando en esas condiciones”, expresó Etchevarne. La concejal remarcó que el mayor impacto que les produjo la recorrida no fue solamente el estado de la planta, sino observar empleados expuestos diariamente a residuos domiciliarios sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene.

Concejales de #masparaentrerios denuncian un abandono total de la #ptrsu de #Chajarí por parte del @gobiernochajari . pic.twitter.com/e75SGnXwHu

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) July 1, 2026

Una planta que dejó de tratar residuos

Uno de los aspectos más graves señalados durante la entrevista es el presunto abandono del proceso de tratamiento.

Según describieron los concejales, las cintas transportadoras no funcionan y gran parte de los residuos terminan siendo enterrados prácticamente sin separación previa.

Dalprá afirmó que “ya ni siquiera se hace un tratamiento previo”, y aseguró que actualmente se vuelca tierra sobre enormes acumulaciones de basura, una práctica que —según manifestó— representa un serio retroceso ambiental respecto del sistema que distinguió a Chajarí durante años.

Etchevarne fue más allá al advertir sobre las posibles consecuencias ambientales.

“Estamos enfermando la tierra”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la presencia de lixiviados, olores permanentes y la ausencia de condiciones propias de una verdadera planta de tratamiento.

Del orgullo ambiental al abandono

La PTRSU fue inaugurada en 2003 y durante mucho tiempo fue considerada una experiencia ejemplar en materia de gestión de residuos.

Para los concejales, el problema no fue el crecimiento de la ciudad sino la falta de inversiones que acompañaran ese crecimiento.

“Lo que estaba bien había que sostenerlo y fortalecerlo”, sostuvo Etchevarne.

Ambos coincidieron en que Chajarí aumentó considerablemente su población durante las últimas décadas, pero aseguran que la infraestructura destinada al tratamiento de residuos quedó prácticamente estancada.

“Esto es una decisión política”

Durante la entrevista también hubo fuertes cuestionamientos hacia la administración municipal.

Dalprá sostuvo que el deterioro de la planta “no responde únicamente a una cuestión presupuestaria”, sino que obedece a una decisión política de abandonar un sistema que durante años funcionó correctamente.

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Según afirmó, mientras el municipio exhibe en redes sociales imágenes de una ciudad prolija, la realidad de la planta permanece fuera de la vista de la mayoría de los vecinos.

“Lo que muestran son los sectores preparados para las fotografías. La realidad está detrás”, aseguró.

Una denuncia que interpela a toda la ciudad

Más allá de las diferencias políticas, el video que motivó la entrevista abrió un debate que trasciende a la oposición y al oficialismo.

Porque la gestión de los residuos urbanos no solamente impacta sobre el ambiente. También involucra la salud pública, las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente en la planta y el destino final de miles de toneladas de basura que produce toda la comunidad.

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Mientras algunos vecinos continúan separando residuos en sus hogares convencidos de que contribuyen al cuidado ambiental, las imágenes difundidas en las últimas horas despiertan una pregunta inevitable:

¿Qué ocurre realmente con la basura una vez que llega a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Chajarí?

El interrogante queda planteado. Ahora será responsabilidad del Departamento Ejecutivo responder públicamente a las denuncias, explicar el estado actual de la planta y aclarar cuáles son las medidas previstas para recuperar un sistema que alguna vez fue un ejemplo para toda la provincia.

FM del Este 100.5

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#NicolleSalle #geoingenieriaclimatica #chemtrails #entrevista

Una voz que desafía el consenso político

La diputada uruguaya Nicolle Salle, representante del partido Identidad Soberana, pasó por los micrófonos de El Despertador para desarrollar una extensa exposición sobre los temas que hoy ocupan su agenda política y parlamentaria. Durante casi una hora, abordó cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, la influencia de organismos internacionales, la digitalización de la economía, el control de datos personales y la geoingeniería climática, temas sobre los que sostiene una postura crítica y respecto de los cuales impulsa pedidos de información en Uruguay.

Al comenzar la entrevista, Salle realizó una aclaración sobre su formación profesional. Explicó que, si bien suele existir confusión por la profesión de su padre, Gustavo Salle, ella no es abogada sino odontóloga, y actualmente ocupa una banca como diputada nacional.

Entrevista en El Despertador a la diputada uruguaya Nicolle Salle (se puede escuchar en la app de Ivoox o en navegador)

Consultada sobre cuáles considera que son hoy las principales preocupaciones que la política tradicional no está resolviendo, sostuvo que problemas como la inseguridad, la pérdida de empleo, la desindustrialización y el deterioro social no son hechos aislados sino consecuencias de un modelo económico y geopolítico que, según su interpretación, se viene profundizando desde hace años.

En ese sentido afirmó que Uruguay, al igual que otros países latinoamericanos, ha quedado relegado al papel de proveedor de materias primas mientras importa tecnología y productos industriales de alto valor agregado. Según explicó, este proceso responde a decisiones estratégicas impulsadas desde el exterior mediante tratados internacionales y políticas económicas que, a su juicio, trascienden los distintos gobiernos.

“No son decisiones políticas menores; forman parte de una macroestructura y de una geopolítica en la que Uruguay y también Argentina están adaptando toda su infraestructura a un modelo tecnocrático”, expresó durante la entrevista.

Críticas al endeudamiento y a los organismos internacionales

Para Salle, uno de los principales condicionamientos de los países latinoamericanos es el endeudamiento externo.

Durante la conversación sostuvo que la necesidad permanente de financiamiento obliga a los Estados a aceptar compromisos internacionales que terminan definiendo políticas públicas nacionales.

Según manifestó, detrás de ese proceso existe una creciente influencia de grandes corporaciones privadas y fondos de inversión internacionales que, afirma, concentran cada vez mayor poder sobre la economía y la información.

En esa línea cuestionó especialmente la recopilación y administración de datos personales por parte de grandes compañías tecnológicas, advirtiendo que el manejo masivo de información podría convertirse, según su visión, en una herramienta de control social.

La digitalización y el temor a un sistema de control

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el avance de la digitalización financiera.

Salle sostuvo que observa con preocupación proyectos legislativos vinculados a sistemas de finanzas abiertas, monedas digitales y mecanismos de identificación digital.

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Según explicó, interpreta que estas iniciativas podrían desembocar en un modelo donde el dinero deje de ser completamente administrado por sus propietarios y pueda ser condicionado por decisiones gubernamentales o algoritmos.

Durante la entrevista mencionó reiteradamente al empresario estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir, empresa dedicada al análisis masivo de datos.

Según afirmó, Palantir representa un ejemplo del rumbo que, a su entender, están tomando los sistemas tecnológicos modernos.

La legisladora sostuvo que este tipo de plataformas permitirían integrar información bancaria, sanitaria, patrimonial y de comportamiento social de los ciudadanos, conformando bases de datos capaces de influir sobre distintos aspectos de la vida cotidiana.

También vinculó este proceso con el concepto de “crédito social”, señalando que, en su interpretación, determinados comportamientos podrían llegar a condicionar el acceso a determinados bienes o servicios.

Durante ese tramo de la entrevista citó como ejemplo situaciones ocurridas en Canadá durante las protestas de camioneros, donde, según explicó, fueron congelados fondos destinados a financiar las manifestaciones.

Agenda 2030, OMS y políticas sanitarias

Otro de los puntos desarrollados fue su visión sobre la Agenda 2030, la Organización Mundial de la Salud y distintos organismos internacionales.

Salle sostuvo que muchas de las reformas impulsadas actualmente en materia sanitaria, financiera y tecnológica responden —según su interpretación— a una agenda internacional común.

En ese marco cuestionó proyectos legislativos relacionados con ensayos clínicos, la regulación farmacéutica y los acuerdos internacionales firmados por Uruguay.

También reiteró críticas que ya había expresado públicamente durante la “plandemia” respecto a la gestión sanitaria y al rol de los organismos internacionales en las campañas de vacunación.

La diputada afirmó que estas políticas son presentadas a la ciudadanía bajo conceptos como competitividad, modernización o mejora de la calidad de vida, aunque considera que su verdadero alcance sería mucho más amplio.

“No me interesa agradarle a todo el mundo”

A lo largo de la entrevista, Salle dejó en claro que no modifica sus posiciones para obtener mayor aceptación política.

Afirmó que nunca imaginó desempeñarse en la actividad parlamentaria y describió al ámbito político como un espacio que le resulta “hostil”. Sin embargo, sostuvo que decidió asumir ese desafío porque entiende que actualmente existe una oportunidad para instalar determinados debates.

También aseguró que no le preocupa el costo político que puedan tener sus declaraciones.

“No llegué al Parlamento para agradarle a todos ni para ser una figura tibia. Vine a defender aquello que considero urgente”, afirmó al ser consultada sobre las críticas que suele recibir por sus posiciones públicas.

Geoingeniería, modificación climática y el reclamo de mayor información

Si hubo un tema que ocupó buena parte de la conversación fue la denominada geoingeniería climática, una cuestión que Salle asegura haber convertido en una de sus principales líneas de trabajo parlamentario.

Para la legisladora uruguaya, el debate público suele comenzar con un obstáculo: el propio término “chemtrails“.

Según explicó, esa palabra quedó asociada durante años a teorías conspirativas, lo que —a su entender— impide analizar con seriedad tecnologías de modificación climática que sí existen y que incluso son reconocidas en distintos ámbitos científicos y empresariales.

Durante la entrevista sostuvo que actualmente existen proyectos de investigación sobre geoingeniería solar, empresas privadas dedicadas a desarrollar tecnologías de intervención atmosférica y programas destinados a modificar precipitaciones, prevenir granizo o intervenir sobre distintos fenómenos meteorológicos.

A partir de esa base, afirmó que la discusión debería centrarse en conocer qué tecnologías se utilizan, bajo qué controles operan y quién supervisa esas actividades.

“No me preocupa cómo quieran llamarlo. Si prefieren decir modificación climática, geoingeniería o cualquier otro nombre, lo importante es entender que existen tecnologías que intervienen sobre procesos atmosféricos y que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo”, sostuvo durante la entrevista.

Los pedidos de información presentados en Uruguay

Salle explicó que, apenas asumió su banca parlamentaria, comenzó a presentar pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Ambiente de Uruguay.

Según relató, buscó conocer qué tipo de controles existen sobre posibles actividades relacionadas con tecnologías de modificación climática.

La diputada señaló que las respuestas oficiales le resultaron insuficientes.

Indicó que, según las contestaciones recibidas, el Ministerio de Defensa manifestó tener escaso conocimiento sobre esas tecnologías, mientras que el Ministerio de Ambiente respondió que no ejercía controles específicos sobre las sustancias eventualmente utilizadas.

Para Salle, esas respuestas motivaron una segunda etapa de pedidos de información mucho más detallados.

Explicó que decidió evitar incluso el uso del término “geoingeniería” para formular preguntas mucho más específicas relacionadas con vuelos privados, permisos otorgados, utilización de aeronaves, drones, globos estratosféricos y otros dispositivos.

Su objetivo, dijo, es construir un expediente documental que posteriormente pueda ser llevado al Parlamento uruguayo.

“Ese material va a ser fundamental, ya sea porque existan respuestas concretas o incluso por las omisiones que puedan aparecer. Lo importante es poder tratar este tema seriamente dentro del Parlamento”, expresó.

Empresas privadas y proyectos internacionales

Otro de los aspectos desarrollados durante la entrevista fue la actividad de empresas privadas dedicadas —según indicó— a proyectos de geoingeniería.

Entre otros ejemplos mencionó compañías como Make Sunsets, Stardust Solutions, Reflect Orbital y distintos emprendimientos que, afirmó, trabajan en tecnologías destinadas a intervenir sobre variables climáticas.

También se hizo referencia al proyecto SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment) impulsado desde la Universidad de Harvard para investigar técnicas de geoingeniería solar, a raíz del comentario de un oyente.

Para Salle, la existencia pública de estos proyectos demuestra que el debate sobre la modificación climática ya no pertenece exclusivamente al terreno académico.

Sostuvo que el verdadero interrogante pasa por conocer el alcance real de esas tecnologías y determinar si existen controles estatales suficientes sobre eventuales aplicaciones.

Asimismo recordó el caso de una propuesta presentada en Uruguay por una empresa chilena para desarrollar programas destinados a generar precipitaciones utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea.

Según explicó, ese episodio reforzó su decisión de solicitar mayor información oficial sobre las capacidades técnicas, los mecanismos de autorización y los posibles controles ambientales vinculados con ese tipo de iniciativas.

“La gente tiene que empezar a investigar por sí misma”

A lo largo de la conversación, Salle insistió en que uno de los principales problemas es la escasa participación ciudadana.

Sostuvo que muchas personas descartan automáticamente determinados temas debido a la forma en que son presentados en los grandes medios de comunicación.

En cambio, alentó a los ciudadanos a consultar información, formular preguntas y utilizar las herramientas legales disponibles para solicitar documentación pública.

En el caso de Uruguay destacó especialmente la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a cualquier ciudadano requerir datos oficiales.

Según explicó, esa herramienta fue utilizada durante la pandemia para obtener documentación relacionada con distintas decisiones sanitarias.

Para Salle, ese mismo mecanismo debería utilizarse ahora para conocer información sobre programas ambientales, autorizaciones de vuelos y posibles tecnologías de modificación climática.

“La gente tiene que empezar a mirar hacia arriba, hacerse preguntas e investigar por sí misma. No puede desestimar un tema solamente porque alguien le diga que es una teoría conspirativa”, manifestó.

La participación ciudadana como eje de su propuesta

Consultada sobre qué posibilidades reales existen de avanzar con iniciativas legislativas sobre estos temas, la diputada reconoció que su partido cuenta únicamente con dos bancas parlamentarias.

Por esa razón considera que cualquier cambio dependerá principalmente del involucramiento de la sociedad.

En su opinión, la política constituye apenas una parte de un proceso mucho más amplio que necesariamente debe nacer desde la ciudadanía organizada.

Por eso convocó a los ciudadanos a presentar pedidos de información, dialogar con sus legisladores, impulsar debates públicos y ejercer presión institucional para que determinadas cuestiones sean tratadas oficialmente.

“La política es solamente una pata de todo un movimiento que tiene que construirse desde la base. Si la ciudadanía no se mueve, estos temas no llegan a discutirse”, afirmó.

“La política es un medio, no un fin”

Hacia el cierre de la entrevista, Salle dejó una reflexión sobre su propia participación en política.

Aseguró que nunca imaginó ocupar un cargo legislativo y que no considera a la política como un objetivo personal.

Según explicó, entiende su banca parlamentaria como una herramienta circunstancial para instalar debates que considera importantes.

Incluso afirmó que, si algún día entiende que esos objetivos pueden alcanzarse mejor desde otro lugar, no tendría inconvenientes en abandonar la actividad parlamentaria.

“Mi intención no es perpetuarme en la política. Si mañana entiendo que el cambio puede hacerse desde otro lugar, lo haré desde allí”, señaló.

Una invitación a preguntar

La entrevista concluyó con un mensaje dirigido especialmente a la ciudadanía.

Salle sostuvo que una sociedad democrática necesita ciudadanos que formulen preguntas, soliciten información pública y participen activamente de los asuntos que consideran importantes.

Desde su perspectiva, el mayor riesgo no es sostener opiniones diferentes, sino dejar de ejercer el pensamiento crítico.

Con ese concepto cerró una conversación que recorrió desde la geopolítica internacional hasta la modificación climática, pasando por la tecnología, la soberanía, la salud pública y la participación ciudadana, todos temas que, según expresó, considera centrales para el futuro de Uruguay y de la región.

FM del Este 100.5 – Nicolle Salle

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