Alerta nacional por la detención de una médica que garantizó un aborto legal

Una profesional de la medicina que revista en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, provincia de Salta fue llevada detenida por la policía al ser acusada de llevar una interrupción voluntaria del embarazo de forma irregular.

El accionar generó el rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos de todo el país. “Es una casusa armada para disciplinar”, sostuvo en diálogo con AIM una de las defensoras de la galena, Mónica Menini.

En la mañana de este viernes, un comisión policial salteña, se presentó en el efector sanitario público de Tartagal y se llevó detenida a una médica a quien se la acusó de llevar adelante un aborto a una ciudadana de forma irregular.

La médica fue liberada en horas de la tarde, luego que comenzara a correr la alarma por la arbitrariedad con la que se llevó adelante el proceso. “El movimiento de mujeres dio el alerta porque garantizar derechos no es delito”, sostuvo a esta Agencia Mónica Menini, de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante del equipo legal que defiende a la doctora en medicina acusada. La interrupción legal del embarazo “es ley en nuestro país”, insistió la abogada que planteó que “no es que hizo una aborto de forma clandestina. Lo hizo en un hospital pública y con los requisitos para cumplir la interrupción legal del embarazo”, argumentó.

Entre los detalles del caso, Menini contó que precisamente hoy se conoció que el Ministerio Público Fiscal penal, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo de Gonzalo Ariel Vega había requerido al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de la médica del Hospital Juan Domingo Perón, y que el mismo fue acogido por el magistrado.

La causa fue abierta por la familia de una mujer de 21 años que acudió al efector sanitario y manifestó su voluntad de llevar adelante un aborto legal de una gestación de 22 semanas. Pero que en ese proceso intervinieron sectores antiderechos que obstaculizaron esta decisión que finalmente se llevó a cabo. 

La ciudadana viajó 50 kilómetros, contó la letrada, “estaba decidida”, detalló para despejar las dudas y rumores que comenzaron a circular. Menini que antes de llevar a cabo la práctica, la joven comunicó su idea a un ginecólogo del hospital que le dijo que era objetor de conciencia, por lo cual se trasladó a la consejería del hospital, hasta que dio con la única profesional que no lo era. En el ínterin, el médico se comunicó con la familia de la chica para interferir y doblegar su voluntad, y es por eso que el caso deriva en una denuncia de algunos familiares. “Rompieron la confidencialidad e hicieron todo lo posible para entorpecer diciéndoles a parientes que vayan al hospital para que cambie su decisión pero la joven no cambió, ya que firmó el consentimiento, tuvo la reunión con psicóloga y cumplió con los requisitos”, señaló. Además, aportó que quien motorizó la denuncia es un “ginecólogo denunciado por abuso sexual, de pedir el intercambio de prácticas sexuales por acceso al aborto”, que realizó la médica hoy detenida.

El movimiento de mujeres ahora pide la absolución ya que ha sido llevada la IVE “de acuerdo a los protocolos de actuaciones que se requieren”, reiteró la abogada.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir también rechazó “el accionar de les actores antiderechos implicados” y planteó el respaldo a “nuestra compañera que desde su lugar de médica y desde el compromiso diario hace de la salud pública un medio para achicar brechas e incluir a les excluides”.

Desde el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también dieron su respaldo a la profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

Asimismo, plantearon que “este es un caso más en el que se persigue a quienes quieren hacer cumplir la ley de ILE ya que, a raíz de esta detención, Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos. Estas prácticas discriminatorias afectan los derechos de las mujeres y personas gestantes y pretenden infundir temor en el resto de los profesionales de la salud que garantizan que los mismos sean cumplidos”.

Finalmente señalaron que “desde el Inadi manifestamos nuestro repudio a este accionar discriminatorio y ponemos a disposición nuestros servicios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ampliamente discutida en el Congreso e impulsada por la sociedad desde la calle”.

Fuente: AIM

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