Milei vende la ciudadanía argentina a 350.000 dólares por persona y oferta descuentos para familias

RGM Política 11/10/2026 | 0

El nuevo régimen aprobado por decreto ofrece naturalización para extranjeros y no se limita a la residencia. La oposición intenta frenarlo en el Congreso.

En busca de inversiones para revitalizar la economía de Argentina, el Gobierno de Javier Milei apuesta a una nueva veta: la venta de la ciudadanía nacional. Con un aporte de 350.000 dólares al Estado, o con la suscripción de un título público de 800.000 dólares, los ciudadanos extranjeros que lo deseen podrán adquirir la nacionalidad argentina. Tendrán a su disposición, también, una oferta especial para grupos familiares: un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrán acceder al beneficio a cambio de 500.000 dólares. La iniciativa, puesta en marcha a través de un decreto de necesidad y urgencia del presidente ultra, despertó el rechazo de la oposición parlamentaria, que intenta frenarla en el Congreso. Juristas advierten que la medida es contraria al espíritu de la Constitución nacional y vulnera el derecho a la no discriminación.

En muchos países funciona un régimen de acceso a la residencia a través de inversiones significativas; en otros funcionaba y ha sido eliminado o restringido, como en España o Portugal. No es tan común, en cambio, que el aporte de dinero permita obtener directamente la ciudadanía: Argentina se suma a un grupo que incluye a países como Turquía, Egipto, Jordania, Dominica, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, entre otros.

El Programa de Ciudadanía por Inversión fue anunciado por el Gobierno de Milei durante la Semana Argentina, un encuentro celebrado en París hace diez días para propiciar el ingreso de capitales extranjeros. “Con esta medida se incentivarán las inversiones y la generación de empleo en nuestro país, lo que acabará por beneficiar a todos los argentinos”, indica el decreto firmado por Milei el año pasado y recién ahora instrumentado.

Al presentar el programa, el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien depende el programa, explicó que la idea nació hace dos años, durante un viaje presidencial a Sun Valley, EE UU: “Vimos a los más importantes popes de la industria tecnológica y surgió el pedido, desde muchos sectores, de la ciudadanía argentina”. Según Caputo, el interés por obtener la nacionalidad proviene de “la combinación de una situación geopolítica argentina óptima, particularmente en un mundo en conflicto”.

Si bien el decreto reglamentario de Milei menciona como llave de acceso “una inversión relevante”, en rigor, el programa lanzado no exige una inversión —inmobiliaria o productiva, por caso— como en otros países, sino “un aporte directo y no reembolsable” o la compra de un título público especialmente emitido. La primera opción fija un costo de 350.000 dólares para el solicitante principal. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años (solteros, sin hijos) podrán sumarse con un pago de 100.000 dólares cada uno. Los hijos menores de 18, con 25.000 dólares.

Luis Caputo en las oficinas centrales de la OECD, en París, el 1 de octubre.Teresa Suarez (AP Photo/Teresa Suarez)

El extranjero que aspire a naturalizarse deberá superar, además, “un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”, informó el Ejecutivo. La evaluación incluirá la verificación de identidad del aspirante, la licitud y la trazabilidad del dinero invertido, un análisis patrimonial y financiero, la revisión de antecedentes penales y del historial migratorio, entre otros requisitos. Los fondos recaudados, precisó el Ejecutivo, se destinarán a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.

Aunque el Gobierno no lo detalló en la información oficial, del anuncio realizado en París participaron representantes de un grupo de empresas privadas especializadas en la promoción y gestión de oportunidades de residencia y ciudadanía por inversión. Latitude Group, Arton Capital, Apex Capital Partners, Passport Legacy y AIM Global comunicaron que conformaron el consorcio Argentina Mobility for Investment and Global Opportunity Limited (AMIGO) y que en mayo pasado firmaron “un acuerdo de colaboración técnica no onerosa” con la agencia del Ministerio de Economía encargada de instrumentar la iniciativa. Todas esas empresas ya comenzaron a publicitar servicios de asesoría para sus potenciales clientes.

El lanzamiento del Programa de Ciudadanía por Inversión levantó revuelo en el país durante la última semana, con críticas desde diferentes perspectivas. Expertos en derecho advirtieron que la medida no se condice con el marco normativo nacional y que, por otra parte, puede poner en riesgo la validez del pasaporte argentino a nivel global.

“La Constitución nacional, en su artículo 20, es muy clara: la ciudadanía argentina por naturalización se obtiene con dos años de residencia o con la prestación de algún servicio excepcional al país. No admite una compra de ciudadanía”, explica el abogado y constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “El modelo argentino nunca vinculó la ciudadanía con la capacidad patrimonial”, agrega. “El presidente Milei pretende modificar eso con un decreto que no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia para sustituir al Congreso y legislar”. De hecho, el decreto en cuestión, que quita del ámbito de la justicia la definición de la ciudadanía y la establece como un acto administrativo, ya fue declarado nulo en dos casos particulares por la justicia.

Para Gil Domínguez, la medida es, además, “totalmente discriminatoria en función de la posición económica. Si un extranjero tiene plata, le dan la ciudadanía en forma inmediata. Si no tiene, tendrá que acreditar dos años de residencia”.

La oposición a la ultraderecha busca frenar la iniciativa desde el Congreso, con pedidos de informes al Ejecutivo y proyectos de derogación. “Es inadmisible que Argentina ponga en venta su ciudadanía”, plantea el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa. “La propuesta es clasista y es contradictoria tanto con el espíritu de nuestra Constitución como con el supuesto interés del Gobierno en aprobar una ley de defensa de la soberanía nacional”, apunta.

“El ministro Caputo reconoció que esto se originó en un pedido de empresario tecnológicos. El objetivo es atraer a un tipo de multimillonarios interesados en comprar la ciudadanía argentina para no tener ninguna de las limitaciones para actividades económicas que tienen los extranjeros. Por ejemplo, la compra masiva de tierras”. Según recordó Rossi, el nuevo programa de ciudadanía confluye con las exenciones impositivas ya aprobadas por el Gobierno, en el marco de la reforma laboral, para los extranjeros naturalizados por inversión.